Ileana del Socorro Pacho Castillo
Expediente 2258/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Ileana del Socorro Pacho Castillo
- ILEANA MARIEL URBINA PACHO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por ******************** quien se ostenta Defensor Particular de********************e********************, mediante el cual atiende la prevención formulada en auto de siete de noviembre pasado. Ahora bien, en atención al contenido de su escrito de cuenta, téngase por cumplida la prevención de mérito, dado que bajo formal protesta de decir verdad, narra los antecedentes del acto reclamado y precisa en qué fase de investigación se encuentra la carpeta ********************, así como el estado procesal en el que se encuentra la carpeta administrativa ********************, del índice de la responsable. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. (...)DESECHAMIENTO.(...) En el presente caso, se considera que la demanda de amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados no tienen sobre la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. (...) Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en la misma, se aprecia que la fase procesal en la que se instó el control judicial que constituye el acto reclamado es la etapa de investigación, la cual tiene como finalidad reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, como lo disponen los artículos 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintitrés dictado en la carpeta administrativa ********************, a la cual se acumuló el expedientillo ******************** del índice de la responsable, se trata de un acto autónomo, ajeno a la carpeta de investigación ********************, lo cierto es que se encuentra vinculado a la continuación de dicha indagatoria, pues el hecho de que no se haya accedido a ese medio de control judicial se traduce en que se siga integrando la carpeta de investigación con los datos de prueba que hasta ese momento se contaban en la misma. (...) Seguidamente, debe decirse que, por regla general, la integración de una carpeta de investigación por parte de autoridades ministeriales, no lesionan directamente derechos fundamentales del quejoso, entendiéndose como tales la libertad, la vida, la salud, la educación, etcétera. Lo anterior, porque se trata de la obligación del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la indicada obligación constitucional no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica de las indiciadas********************e********************, por lo que en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto, ya que de estimar lo contrario se contravendría el orden público y el interés social. (...) (...) Sin que en el presente caso la parte quejosa haya alegado alguna transgresión directa a sus prerrogativas fundamentales, ni se advierta alguna otra con motivo de alguno de los actos que requieren control judicial, enumerados en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como la orden de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. (...) Esto es así, ya que si bien la parte quejosa señala que solicitó el auxilio de un perito tercero de la Fiscalía General de la República para que practique un nuevo dictamen grafoscópico respecto diversas documentales que obran en la carpeta de investigación de origen, lo cual fue negado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de Trámite de la Fiscalía General del Estado, y con motivo de lo anterior, el Defensor aquí promovente solicitó el control judicial respecto dicha negativa. Sin embargo, se estima que con el simple hecho de que se haya instado el control judicial que prevé el código adjetivo de la materia (el cual fue negado por haber sido materia de una diversa intervención judicial), no se constituye o se actualiza de forma alguna un acto de imposible reparación, pues no obstante que es una resolución independiente de la carpeta de investigación ********************, en esencia, la consecuencia de esa negativa incide en la continuación de los actos de investigación, lo cual no lesiona directamente los derechos fundamentales de********************e********************. Máxime que, incluso en el caso de que el Fiscal responsable estimara ejercitar acción penal en contra de las directas quejosas y, con motivo de ello, solicitara al Juez de Control respectivo, se le cite para audiencia inicial, en la que, en su caso, habrá de formularse imputación en su contra, por sí solo, dicho acto tampoco constituye un acto judicial que afecte la libertad personal de las aludidas ********************y********************. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************Defensor Particular de********************e********************, de conformidad con el artículo 113 de la citada ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos del "Poder Judicial" del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional el once de octubre del año en curso, informa que no han sido devueltos los oficios 27909/2023 y 27914/2023 de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por lo que solicita una prórroga para remitir las piezas postales de los acuses de recibo de mérito. Por tanto, al no existir impedimento legal alguno, se le concede una prórroga de tres días hábiles para que remita la citada pieza postal, la cual comenzará a correr a partir de la notificación realizada por lista del presente acuerdo, en virtud de la trascendencia del presente auto; asimismo, se le reitera a la autoridad el apercibimiento decretado en auto de once de octubre de la presente anualidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.
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