Iker Palacio Rodríguez

Expediente 2371/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2371/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
16/01/2018

Partes del expediente

  • Iker Palacio Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Iker Palacios Rodríguez promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar la sentencia correspondiente en el expediente 1394/2016. La Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado advirtiéndose de las constancias adjuntas éste -a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, que el once de diciembre de dos mil diecisiete, dictó la sentencia respectiva en el expediente 1394/2016, notificando a las partes el trece y catorce del mes y año indicados. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por el impetrante, cesó en sus efectos. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla con fecha once de diciembre de dos mil diecisiete dictó la sentencia correspondiente en el expediente 1394/2016, notificando a la partes el trece y catorce del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del once de enero de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultando del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuando dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Iker Palacios Rodríguez promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar la sentencia correspondiente en el expediente 1394/2016. La Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado advirtiéndose de las constancias adjuntas éste -a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, que el once de diciembre de dos mil diecisiete, dictó la sentencia respectiva en el expediente 1394/2016, notificando a las partes el trece y catorce del mes y año indicados. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por el impetrante, cesó en sus efectos. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla con fecha once de diciembre de dos mil diecisiete dictó la sentencia correspondiente en el expediente 1394/2016, notificando a la partes el trece y catorce del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del once de enero de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultando del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuando dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente al quejoso

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