Ignacio Vaquero Eustaquio
Expediente 1245/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1245/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Ignacio Vaquero Eustaquio
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente del cual se advierte que el tres de junio del año en curso, se suspendió la audiencia constitucional y se señalaron las nueve horas con veintiún minutos del veintiuno de junio del año en curso, para su continuación, por tanto, se provee: Con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, se difiere la aludida audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta y un minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve para la continuación de la audiencia constitucional. Ahora bien, de autos se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes mediante proveído de tres de junio del año en curso (fojas 1079 y 1080), para el efecto de que ofrecieran pruebas en relación a la objeción de documentos hecha valer por la parte tercero interesada Olga Consuelo de la Hoz Romero en relación con la autenticidad de la escritura pública número veinte mil novecientos noventa y tres (20,993) de veintiocho de junio de dos mil once, emitido por el Titular de la notaría pública 8 de la Ciudad de Puebla. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito y se tiene a las autoridades responsables por perdido el derecho de ofrecer pruebas dentro el presente sumario. Asimismo, de autos se advierte que en proveído de dieciocho de junio del año en curso, se reservó el acuerdo correspondiente al escrito del quejoso Francisco Romero Villegas, presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, hasta en tanto transcurriera el término de tres días concedido a las partes mediante acuerdo de tres de junio del año en curso, lo que en la especie ha sucedido; por tanto se provee: Téngase al quejoso ofreciendo como pruebas de su parte, en relación con la objeción de mérito las documentales que refiere; así como la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, y la inspección judicial o reconocimiento que refiere en el escrito en cuestión. En consecuencia, en relación con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza. Por cuanto a la inspección judicial, córrase traslado a las partes con los puntos respecto de los cuales se llevará a cabo, a efecto de que dentro del término de tres días y de estimarlo pertinente, amplíen el cuestionario para el desahogo de dicha probanza. En otro aspecto, en relación con la pericial en documentoscopía y grafoscopía ofrecida por la tercero interesada Olga Consuelo de la Hoz Romero, en términos del artículo 120 de la Ley de Amparo, se concede a las partes un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que se encuentren en condiciones si así lo desean, adicionar el cuestionario exhibido por la tercero interesada, previniéndoles que de no hacer manifestación al respecto, se les tendrá por precluido ese derecho y por conformes con el dictamen pericial que emita el perito oficial que para tal efecto se designe por este juzgado. Una vez que fenezcan los términos concedidos, provéase lo conducente para la preparación de la inspección judicial y pericial en cuestión. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1a./J.44/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, septiembre de dos mil dos, página 212, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE DEL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles que en materia de amparo establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido el criterio de que respecto de instituciones contempladas en dicha ley que no tengan reglamentación o que teniéndola sea insuficiente, procede la supletoriedad, con la única limitación de que las disposiciones que se apliquen supletoriamente no estén en contradicción con el conjunto de normas que se deba suplir, sino que sean congruentes con los principios del juicio de amparo. En este tenor, si las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles no contravienen lo dispuesto en la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, resultan acordes con el principio de economía procesal bajo el cual se constituye el juicio de garantías, a efecto de tener procedimientos ágiles, que se desenvuelvan en el menor tiempo posible y con el menor empleo de recursos, en fiel seguimiento de la garantía de pronta administración de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, se concluye que procede la aplicación supletoria del artículo 146 del mencionado código, para otorgar a las contrapartes del oferente de la prueba pericial el derecho de adicionar el cuestionario exhibido al efecto, pues con ello se privilegia la economía procesal y la pronta administración de justicia, lo que no acontece en el supuesto contrario, pues de negarse la aplicación supletoria señalada, implicaría que las contrapartes del oferente de la prueba pericial tendrían que ofrecer también esa probanza, a efecto de que se pudiera emitir un dictamen que, aunque se refiriera a la misma materia del debate, comprendiera puntos distintos de los abarcados en el primer cuestionario.". En ese sentido, se ordena girar oficio al Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República, para que facilitando al Poder Judicial de la Federación el auxilio que le es menester para el expedito ejercicio de sus funciones, proporcione el nombre de un perito de los adscritos a esa dependencia para que funja como tal por parte de este juzgado federal, en la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía. Con el apercibimiento que de no comparecer o manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 236, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el dictamen del perito oficial Juan Alberto Oviedo Vélez. En consecuencia, gírese atento oficio a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, a fin de que por su conducto notifique al perito mencionado para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante este juzgado debidamente identificado en día y horas hábiles a ratificar el contenido del estudio requerido. Con el apercibimiento que de no comparecer o manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Finalmente, se requiere a la Coordinadora Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en el Estado, remita a la brevedad las constancias de notificación de este acuerdo al perito antes mencionado, para efecto de estar en condiciones de realizar el cómputo respectivo.
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