Ignacio Tellez Martinez.

Expediente 857/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
857/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Tellez Martinez.

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que anexa testimonio de la resolución pronunciada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno en el recurso de queja civil 172/2021, cuyo punto resolutivo establece: "Único. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo a la superioridad por vía electrónica, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de gobierno relativo como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Agréguese el oficio del actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, por el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de desechamiento dictado por este juzgado, el que registró bajo el recurso de queja ******.

  3. Principal

    Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo signada por ***************, en contra de actos del juez Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 857/2021-II. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende la actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, la parte quejosa reclama: "IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. De la autoridad responsable señalada como ordenadora y ejecutora, reclamo: A).- Del Juzgado señalado como ordenadora y ejecutora reclamo, la resolución judicial de fecha 18 de octubre de 2021, mismo que fue notificado el día veinte de octubre del dos mil veintiuno, dentro del expediente número ************** Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. **************** en su carácter de endosatario en procuración de la C. ***************** en contra del C. ***************** radicado ante el C. Juez Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. B).- Del juzgado señalado como ordenadora y ejecutoria reclamo, la resolución judicial de fecha 18 de octubre de 2021, mismo que fue notificado el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, así como a la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse, con la finalidad de tenerme por ratificado el escrito de contestación de demanda, quedando por ella perfecta la confesión en ella contenga CONSTITUYENDO UN ACTO PRIVATIVO QUE SE EJECUTE; SE ESTE EJECUTANDO; SE ORDENE EJECUTARSE O ESTE POR EJECUTARSE SOBRE DERECHO DE TITULARIDAD EN MI CARÁCTER DE DEMANDADO Y PARTE DEUDORA, AL EXISTIR VIOLACIONES ESENCIALES A LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO, ACTO DE AUTORIDAD QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÒN AL ARTICULO 107 FRACCIÒN vii, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÒN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPONSABLES QUE VULNERAN EN MI PERJUICIO LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DE AUDIENCIA, SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURIDICA."." De lo que se obtiene, que el accionante de la tutela federal reclama la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de los autos de siete y nueve de julio de dos mil veintiuno, confirmándolos. Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda -manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°-, se desprenden como antecedentes del acto reclamado: Que en el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil **************, en diez de marzo de dos mil veintiuno. Que en el aludido juicio ejecutivo mercantil, el aquí quejoso tiene el carácter de deudor y fue emplazado al mismo el catorce de junio del presente año. Que por escrito de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el demandado, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y por auto de veinticinco de junio del año en curso, se dictó auto respecto de la admisión y desahogo de pruebas, en dicho auto le fue desechada la probanza de reconocimiento de escrito de contestación a la parte actora oferente. Que por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se acordó que no ha lugar a tener por aceptando el cargo de perito de la parte demandada, toda vez que lo hace en forma extemporánea. Que por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se determinó que en virtud de que la perito designada de la parte demandada presentó su escrito de aceptación del cargo conferido en forma extemporánea, por lo que se declara desierta dicha prueba pericial. Que el trece de julio de dos mil veintiuno, la parte demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación contra los autos antes mencionados. El dieciocho de octubre del presente año, el juez Primero Civil de Partido Judicial en esta ciudad, dictó resolución judicial en la que los confirma. Lo cual constituye el acto reclamado en esta vía. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios». El criterio anterior resulta aplicable al caso concreto. De lo anterior se deduce que, el amparo en la vía indirecta, procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; de ahí que habrá que distinguirse si el derecho que se pretende proteger a través del juicio de amparo, tiene el carácter de derecho sustantivo reconocido constitucionalmente o por algún tratado internacional suscrito por nuestro país. Así, los derechos sustantivos que son materia de protección por la Constitución y los tratados internacionales y, cuya afectación hace procedente el juicio de amparo son la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, etcétera. De modo que si un acto de autoridad afecta en forma directa y material cualquiera de estos derechos, el amparo es el medio de defensa extraordinario de protección procedente, puesto que aunque se obtuviera una sentencia favorable en el juicio ordinario, la huella de la afectación no desaparecería dada la inherencia de los derechos sustantivos a la persona. Sirve de fundamento la jurisprudencia I.4o.C.2 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, página 827, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." De ese modo, no es suficiente que la parte quejosa señale un acto que estime violatorio de sus derechos para que proceda el amparo indirecto, sino que debe cumplir con el requisito de que ese acto afecte derechos materialmente sustantivos, pues de lo contrario, el amparo sería improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****************, del índice del juzgado Primero Civil de Partido, en esta ciudad, que resuelve el recurso de revocación en contra de los autos de siete y nueve de julio de la presente anualidad -en los que se tuvo al perito designado por el demandado, aquí quejoso presentado su escrito de aceptación y protesta en forma extemporánea y se declara desierta la aludida prueba pericial-, confirmándolos. Así, este juzgado federal estima que el acto reclamado en estudio versa sobre una afectación a un derecho puramente adjetivo, es decir procesal. Ello, toda vez que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****************, en esta ciudad. De igual forma, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************** y ******************, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que tienen registrada su cédula profesional inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados; mientras que a *******************, se tiene por autorizada en términos restringidos del citado numeral, dado que no se proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, respecto del proveído que a la letra dice: "Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo signada por ***************, en contra de actos del juez Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 857/2021-II. Desechamiento. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende la actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito, se desprende que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 1°, 107, fracción V y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. En el caso, la parte quejosa reclama: "IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. De la autoridad responsable señalada como ordenadora y ejecutora, reclamo: A).- Del Juzgado señalado como ordenadora y ejecutora reclamo, la resolución judicial de fecha 18 de octubre de 2021, mismo que fue notificado el día veinte de octubre del dos mil veintiuno, dentro del expediente número ************** Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por el C. **************** en su carácter de endosatario en procuración de la C. ***************** en contra del C. ***************** radicado ante el C. Juez Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato. B).- Del juzgado señalado como ordenadora y ejecutoria reclamo, la resolución judicial de fecha 18 de octubre de 2021, mismo que fue notificado el día veinte de octubre de dos mil veintiuno, así como a la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializarse, con la finalidad de tenerme por ratificado el escrito de contestación de demanda, quedando por ella perfecta la confesión en ella contenga CONSTITUYENDO UN ACTO PRIVATIVO QUE SE EJECUTE; SE ESTE EJECUTANDO; SE ORDENE EJECUTARSE O ESTE POR EJECUTARSE SOBRE DERECHO DE TITULARIDAD EN MI CARÁCTER DE DEMANDADO Y PARTE DEUDORA, AL EXISTIR VIOLACIONES ESENCIALES A LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ESTABLECIDO, ACTO DE AUTORIDAD QUE SE TRADUCE EN UNA VIOLACIÒN AL ARTICULO 107 FRACCIÒN vii, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÒN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPONSABLES QUE VULNERAN EN MI PERJUICIO LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DE AUDIENCIA, SEGURIDAD Y LEGALIDAD JURIDICA."." De lo que se obtiene, que el accionante de la tutela federal reclama la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de los autos de siete y nueve de julio de dos mil veintiuno, confirmándolos. Ahora, de lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda -manifestaciones que adquieren eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°-, se desprenden como antecedentes del acto reclamado: Que en el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil **************, en diez de marzo de dos mil veintiuno. Que en el aludido juicio ejecutivo mercantil, el aquí quejoso tiene el carácter de deudor y fue emplazado al mismo el catorce de junio del presente año. Que por escrito de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el demandado, aquí quejoso, dio contestación a la demanda instaurada en su contra y por auto de veinticinco de junio del año en curso, se dictó auto respecto de la admisión y desahogo de pruebas, en dicho auto le fue desechada la probanza de reconocimiento de escrito de contestación a la parte actora oferente. Que por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se acordó que no ha lugar a tener por aceptando el cargo de perito de la parte demandada, toda vez que lo hace en forma extemporánea. Que por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se determinó que en virtud de que la perito designada de la parte demandada presentó su escrito de aceptación del cargo conferido en forma extemporánea, por lo que se declara desierta dicha prueba pericial. Que el trece de julio de dos mil veintiuno, la parte demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación contra los autos antes mencionados. El dieciocho de octubre del presente año, el juez Primero Civil de Partido Judicial en esta ciudad, dictó resolución judicial en la que los confirma. Lo cual constituye el acto reclamado en esta vía. Sobre esa línea de pensamiento, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los preceptos citados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De la disposición normativa transcrita emerge que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que de no revestir dicha característica, el juicio de derechos fundamentales será improcedente. En esa medida, habrá de resaltarse que el acto reclamado en la presente instancia no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio por el cual determinó que para ser calificados como irreparables -los actos reclamados-, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce -acotó el Pleno de la Corte- de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios». El criterio anterior resulta aplicable al caso concreto. De lo anterior se deduce que, el amparo en la vía indirecta, procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; de ahí que habrá que distinguirse si el derecho que se pretende proteger a través del juicio de amparo, tiene el carácter de derecho sustantivo reconocido constitucionalmente o por algún tratado internacional suscrito por nuestro país. Así, los derechos sustantivos que son materia de protección por la Constitución y los tratados internacionales y, cuya afectación hace procedente el juicio de amparo son la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, etcétera. De modo que si un acto de autoridad afecta en forma directa y material cualquiera de estos derechos, el amparo es el medio de defensa extraordinario de protección procedente, puesto que aunque se obtuviera una sentencia favorable en el juicio ordinario, la huella de la afectación no desaparecería dada la inherencia de los derechos sustantivos a la persona. Sirve de fundamento la jurisprudencia I.4o.C.2 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, página 827, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." De ese modo, no es suficiente que la parte quejosa señale un acto que estime violatorio de sus derechos para que proceda el amparo indirecto, sino que debe cumplir con el requisito de que ese acto afecte derechos materialmente sustantivos, pues de lo contrario, el amparo sería improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución emitida el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****************, del índice del juzgado Primero Civil de Partido, en esta ciudad, que resuelve el recurso de revocación en contra de los autos de siete y nueve de julio de la presente anualidad -en los que se tuvo al perito designado por el demandado, aquí quejoso presentado su escrito de aceptación y protesta en forma extemporánea y se declara desierta la aludida prueba pericial-, confirmándolos. Así, este juzgado federal estima que el acto reclamado en estudio versa sobre una afectación a un derecho puramente adjetivo, es decir procesal. Ello, toda vez que no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. Por tanto, en el particular al reclamarse actos dentro de un procedimiento que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ****************, en esta ciudad. De igual forma, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************** y ******************, toda vez que de la certificación de cuenta, se desprende que tienen registrada su cédula profesional inscrita en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados; mientras que a *******************, se tiene por autorizada en términos restringidos del citado numeral, dado que no se proporcionó dato alguno con el que se acredite que tiene facultades para ejercer la profesión de licenciada en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita".

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