Ignacio Muñoz Gómez

Expediente 1204/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1204/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Muñoz Gómez

Actuaciones

  1. Incidental

    Formación del incidente. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y el auto admisorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número ***, promovido por ********** , en contra de actos del juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, y otras autoridades. Solicitud de informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, en el que deberán informar, en su caso, si el hecho ilícito que se atribuye al quejoso es delito patrimonial y a cuánto asciende el monto de la reparación del daño, para cuyo efecto remítaseles copia simple de la demanda. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que en caso de que sea cierto el acto que se reclama, en su informe previo señalen: La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; En forma expresa informen si el delito que se le imputa al quejoso es de aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; y, El estado procesal en que se encuentra la causa penal de origen. Apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada en cien días, en la sentencia que resuelva el presente juicio, conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a que, con apego en el numeral 142 de la ley de la materia, la falta de su informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Finalmente, hágase saber a las responsables que en caso de que nieguen el acto que se les atribuye deberán, preferentemente, rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx o al número de fax 01 461 156 77 41. Audiencia incidental. Se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del tres de enero de dos mil veinte, para el verificativo de la audiencia de este incidente. Hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del juicio, así como lo atiende a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrán consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://dpepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_iniasp. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253. Libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Sumario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Materia de la suspensión. Ahora bien, a efecto de proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado, es menester puntualizar que el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar la suspensión del acto reclamado consistente en la orden de traslado emitida por el juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato y su ejecución; en tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 138, 162, 163 y 166 de la Ley de Amparo, procede conceder al quejoso **********, la suspensión provisional de los actos reclamados, ya que fue solicitada por parte agraviada, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. En la medida de que la sociedad está interesada en el respeto de los derechos humanos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, dando oportunidad al gobernado de comparecer con la responsable a hacer valer las garantías para su protección evitando que se sustraiga de la acción de la justicia y la suspensión de un procedimiento. Además, tras una ponderación de la apariencia del buen derecho, de ejecutarse el acto reclamado se ocasionaría al promovente un daño de difícil reparación al no poder restituírsele su libertad personal, en su caso por el tiempo que se le privara de ella. Efectos de la suspensión. La suspensión otorgada por cuanto al acto reclamado consistente en la orden de traslado emitida por el juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato y su ejecución, procede para el solo efecto de que el quejoso no sea trasladado a diverso centro penitenciario; hasta en tanto las responsables reciban notificación de la suspensión definitiva, acorde con lo establecido por el ordinal 139 de la ley de la materia, siempre y cuando reúna las siguientes condiciones para que surta efectos la medida cautelar: Suspensión que no surtirá efectos en caso de que se trate de un acto consumado, puesto que de hacerlo equivaldría a dar efectos restitutorios que son materia del juicio en lo principal y por tanto, son propios, en su caso, de la sentencia definitiva que se llegue a dictar en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión. Tiene aplicación al respecto, la tesis de Jurisprudencia número II.3°.J/37 que aparece en la página 759, octava poca, tomo 51, Tribuales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, 1992, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE" La medida cautelar no surte efecto alguno si el traslado del quejoso se lleva a cabo en acatamiento a un diagnóstico aportado por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Estatal de Prevención Social, toda vez que, en ese supuesto, no procede otorgar la medida cautelar, ya que no se reúne el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de concederse la medida suspensiva se contravendrían disposiciones de orden público, como lo son los artículos 12, 14 y 15 del Reglamento Interior para los Centros de Readaptación Social en el Estado de Guanajuato, de los que se desprende que el interno sujeto a prisión preventiva, una vez clasificado y realizado el estudio de personalidad y con aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario, deberá ser ubicado en la instancia que le corresponde y, en caso de tratarse de internos clasificados como de extrema peligrosidad o difícil reinserción, se les recluirá en el área de máxima seguridad en donde estarán sujetos a las medidas necesarias, para evitar menoscaben la seguridad del Centro, se procurará que se les recluya en otro donde si cuenten con las medidas de seguridad pertinentes. En efecto, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión del acto reclamado se decretara, entre otros casos, cuando no se contravengan disposiciones de orden público; por lo cual, se insiste que si en el caso el traslado referido está sustentado en una medida de seguridad que se fundamenta en disposiciones de orden público dicha medida no surtirá efecto legal alguno, pues el traslado solo constituye una ejecución provisional que no deja sin materia el juicio de amparo ni contraviene lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez de que, al margen que se verifica dicho traslado en estricta observancia a las disposiciones de orden público citadas, el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado no dependerá de esa ejecución provisional sino de las razones y fundamentos emitidas por la responsable; que desde luego son reparables en la sentencia que sobre el fondo del amparo llegara a dictarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se insiste, de llegar a ejecutarse el traslado, sería factible recluir al quejoso en el goce de las garantías violadas, al retraerse las cosas al estado en que guardaban al momento de la violación, pues como se precisó no es un acto de imposible reparación que deje sin materia el fondo del amparo. Sin que lo antes expuesto se contraponga con lo referido en el párrafo en el cual se concedió la medida cautelar respecto del acto reclamado que ocupa la atención, porque en el supuesto de que el traslado de mérito obedezca a razón de seguridad en las prisiones, en atención a la persona de que se trata, o a las características del hecho imputado, y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, independientemente de que se trate de un acto de difícil reparación, se contravendrían disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en el cumplimiento de las normas de orden público que rigen las prisiones de máxima seguridad, y el interés particular del aquí quejoso, por ello en ese supuesto, la medida cautelar no puede surtir efecto legal alguno. No se desconoce la existencia de la tesis aislada que sustentó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en sentido opuesto que aquí se establece, pues en primer término no es obligatoria para el suscrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la ley de la materia, y por otra parte quien resuelve no comparte las razones en que sustenta dicho criterio que son del tenor literal siguiente: "ORDEN DE TRASALADO. ES PROCEDENTE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL AUN CUANDO OBEDEZCA A LAS RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES. Si la autoridad efectuara el traslado del quejoso solo sería de forma provisional, en razón que en cualquier momento al analizarse la materia del juicio de que emana el presente incidente, como se refirió con antelación, se le podría restituir en el goce de las garantías violadas, pues este juzgado federal seguiría estando en facultad de analizar la constitucionalidad del acto de molestia reclamado, que de resultar contrario a la Carta Magna, podría restituirse al quejoso en los derechos que estima violados; esto es, retrotraer las cosas que guardaban al momento en que se presentó la demanda de amparo. De ahí que no se considere que, al no surtir efecto legal alguno la suspensión en comento, si se funda en disposiciones de orden público por razones de seguridad en las prisiones, en atención a la persona de que se trata o a las características del hecho imputado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el acto reclamado estará consumado irreparablemente; pues lo que realmente se planteó en la demanda de amparo es la inconstitucionalidad del acto impugnado; consecuentemente es manifiesto que acordar de manera diversa implicaría que se soslaye en perjuicio del interés de la sociedad, la administración de las instituciones de máxima seguridad y además implicaría que este órgano federal se sustituyera en las facultades propias de las autoridades responsables; ya que con ello, se decidiría respecto de la competencia originaria de autoridades judiciales y administrativas que en el caso, son las únicas facultadas para ordenar, ejecutar y vigilar el traslado de una persona por los motivos indicados. Asimismo, la presente suspensión no suerte efecto legal alguno si la orden de traslado aquí recamada fue dictada con motivo y en cumplimiento de una sentencia que haya causado ejecutoria, pues la sociedad está interesada en que las sentencias ejecutoriadas se cumplan en sus términos, y de conceder la suspensión se contravendrían disposiciones del orden público, lo cual prohíbe el artículo 128 fracción II de la Ley de Amparo; tal como lo establece el criterio sostenido en la Jurisprudencia I.4°.c. J/11, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, visible en la página 800, con número de registro 194816, de rubro: "SUSPENSIÓN DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE UNA SENTENCIA EJECUTORIA, CASOS DE PROCEDENCIA" Esta medida de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada en tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia, en su caso, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico. La medida provisional otorgada no surtirá efectos si la orden de traslado reclamada fue dictada por autoridades diversas a las señaladas como responsables, como tampoco, si fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este incidente, pues no debe perderse de vista que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1° fracción I, 63 fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, y en esa mediad de igual forma en los autos incidentales no podrá surtir efectos las suspensión en relación con la ejecución de un acto cuya orden no se ha emitido. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 57/95, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, junio de 1998, novena época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ORDENES DE APREHENSIÓN." De igual forma, en este mismo acto, se solicita a las responsables que al rendir sus informes previos manifiestan si existe algún otro motivo que sustente el acto que reclama el quejoso, respecto a ser cambiado del lugar en el que actualmente se encuentra recluido. Esta medida cautelar debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. Finalmente, la medida cautelar surte efectos desde luego, sin necesidad de fijar garantía al quejoso, al no encontrarse en la hipótesis descrita en el artículo 169 de la Ley de Amparo. Expedición de copias. Con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase al quejoso copia certificada del presente proveído, en un solo tanto, ya que con eso se ve satisfecha su petición y no justifica la necesidad de más juegos de copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 20/2017 (10a.), Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 19 de mayo de 2017, Registro 2014287, que se intitula: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO."

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por *********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 1204/2019-II.A. Admisión. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Intervención del fiscal adscrito. Dese la intervención que corresponda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Solicitud de informes justificados. Pídase a las responsables sus informes con justificación, que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, y adjuntar copia certificada de las constancias que tomaron en cuenta para emitir el acto que se les reclama. Sin embargo, deberán de tomar en consideración el artículo 17 Constitucional, así como el diverso 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. En la inteligencia que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a cien días, en términos de los artículos 117 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otro lado, hágase saber a las autoridades responsables que en caso de que nieguen el acto que se les atribuye deberán, preferentemente, rendir su informe vía electrónica al correo institucional 8jdo16cto@correo.cjf.gob.mx o al número de fax 01 461 156 77 41. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte. Causales de sobreseimiento. Asimismo, con fundamento en el ordinal 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada a treinta días, en términos de los artículos 251 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Suspensión de plano. Sin que en el caso sea procedente decretar la suspensión de plano dado que, acorde con lo manifestado por el promovente, el traslado reclamado fue emitido por el juez de Control de Oralidad de la Tercera Región del Estado con sede en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, y por tanto no se surte el caso previsto por la jurisprudencia 2013066, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, intitulada: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA Incidente de suspensión. Por duplicado y por cuerda separada, se ordena la tramitación del incidente de suspensión respectivo. Domicilio y autorizados. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Prevención Social de Celaya, Guanajuato, pues así lo señala en su demanda de amparo, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíqueseles esta y las subsecuentes actuaciones de forma personal en el lugar de su reclusión. Se le tiene designando como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que sí tienen inscritas sus respectivas cédulas profesionales federales en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas para notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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