Ignacio Ruiz Bastien

Expediente 825/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
825/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Ruiz Bastien
  • José Feliciano Mendiola Guijosa
  • Enrique Benitez Santanmaría

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Adrián Rojas Benito, en cuanto apoderado jurídico de los quejosos y con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles expídansele a su costa las copias en los términos que solicita, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Octavio / Denisse

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró con el número 260/2019. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por Adrián Rojas Benito, apoderado jurídico de los quejosos, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 825/2019, promovido por Ignacio Ruíz Bastien y otros, por conducto de su apoderado jurídico Adrián Rojas Benito; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 2-12), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Ignacio Ruíz Bastien, Enrique Benítez Santamaría, Gabino Estrada Ruíz, Félix Villanueva Pérez, José Feliciano Mendiola Guijosa, Jorge Ramírez Juárez, Yolanda García Sierra, Marbella González Huipio, Jose Elías Morales Arroyo, Miguel Villa García, José Vázquez, Bertha Alicia Ruíz Alejo, Leticia Rodríguez Verduzco, Ma. Rigobertha Gómez Toribio, Roberto Flores Jiménez, José Arturo Servín Bernal, Rafael Contreras Álvarez, Agustín Hernández Suarez, Francisco Rueda Mariano, Ma. Bertha Guzmán Guía, Eulalio Sosa Duarte, Alejandro Ceballos Corona, Antonio Lara Villa, Rene García Barrera, Yareli Beatriz Campos Alvarado, Ana María Toledo Pineda, Martha Aguilar Gutiérrez, Bertha Valdovinos Rosas y Patricia Mora Alvarado, por conducto de su apoderado jurídico Adrián Rojas Benito, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta esta ciudad. Actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 123 apartado b, fracción V y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 21-25), este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo -previo cumplimiento a requerimiento- la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó acordar la existencia de terceros interesados; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 105), se reconoció el carácter de tercera interesada a la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, el nueve de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito así como sus modificaciones, toda vez que el acto reclamado fue emitido por una autoridad con residencia dentro del territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado por los quejosos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, es: El auto dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 73/2010, en el cual -entre otras cuestiones- tuvo por cumplida totalmente la parte económica del laudo; y, requirió a la demandada para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que quedara notificada, exhibiera las claves presupuestales de los trabajadores, apercibida que no de hacerlo dentro del término concedido, se haría acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 35). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la referida autoridad responsable, consistente en copias certificadas de diversas constancias del juicio laboral 73/2010, promovido por Ignacio Ruiz Bastien y otros, frente a la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán [constante de dos tomos]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permite tener por acreditado el acto reclamado, ya que entre las constancias que lo integran se encuentra el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Mediante escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve (foja 116), el Titular de Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado y apoderado jurídico del Secretario de Educación en el Estado -tercero interesado- adujo que resultaba improcedente el juicio de amparo toda vez que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no se ha pronunciado sobre el cumplimiento total del laudo dictado el dieciocho de diciembre de dos mil trece dentro del juicio laboral 73/2010, sino únicamente respecto a la cuantía económica. Para apoyar su argumento, citó la jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la Contradicción de tesis 23/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito], publicada en la página 3542 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, registro 2020323, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS". Ahora bien, dicha parte tercera interesada no mencionó cuál causal estima se actualiza, por lo que este juzgador en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, advierte que se trata de la contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, del citado ordenamiento legal. Causal de improcedencia que se estima fundada. En efecto, el artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, instituye que cuando se reclaman actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior, significa que si la parte quejosa no reclama la última resolución en la fase de ejecución de sentencia, el amparo indirecto resultará improcedente, ya que la intención del legislador fue la de evitar la proliferación de un número indefinido de amparos promovidos contra resoluciones intermedias en ejecución de sentencia, como en el presente caso que nos encontramos en la fase de cumplimiento, limitando a la última resolución la oportunidad para solicitar la protección federal; lo anterior, permite sostener que el acto reclamado de ninguna manera constituye la última resolución en la fase ejecutiva del juicio de origen, pues ésta debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se explica. A efecto de dar sustento a la anterior premisa, debe distinguirse entre procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado y procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia. En el primer caso -procedimientos autónomos que tienden a sentar las bases para la ejecución de lo sentenciado- el amparo sólo procede cuando sea dictada la última resolución en ese procedimiento autónomo. En el segundo caso -procedimientos que tienden a ejecutar directa e inmediatamente la sentencia dictada en el juicio natural- el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en dichos procedimientos, que es aquélla en la que se declara expresa o tácitamente el cumplimiento total de lo sentenciado o la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. Así, en tratándose de actos en ejecución de sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios ha sostenido que existen dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: La primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y, La regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías. Por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías. En ese mismo sentido, la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", indica que el juicio de amparo es procedente de manera excepcional en el siguiente supuesto: Cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural; ello, de acuerdo con la interpretación por analogía del artículo 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "...contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o desconoce el cumplimiento total de lo sentenciado...", debe considerarse que, en relación con la ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan acerca del cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero no de la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo. Lo anterior, porque de sustentar lo contrario y estimar que, contra los autos o resoluciones que se pronuncien respecto del cumplimiento de algunos puntos de la condena contenidas en el laudo, no así de su totalidad, procede el amparo indirecto, permitiría la proliferación de juicios de esa naturaleza, cuyo abuso, es indudable, se trató de evitar por el legislador al consignar en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, qué debe entenderse por "última resolución" en el procedimiento de ejecución de una sentencia, lo que evidentemente acogió el criterio que, en ese sentido, se sostuvo en la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que, por la razón indicada, se justifica el por qué el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución que apruebe o desapruebe "el cumplimiento total de lo sentenciado". Una vez establecido lo anterior, debe precisarse que de las constancias que remitió la responsable, se advierte que el laudo dictado el dieciocho de diciembre de dos mil trece, dentro del juicio laboral 73/2010, contiene dos prestaciones, una de carácter económico y otra de carácter administrativo, pues por una parte se condenó a la parte patronal Secretaría de Educación en el Estado, a pagar a los trabajadores la cantidad de diez millones veintiséis mil quinientos diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, por diferentes conceptos y, por otra parte, se le condenó a realizar los trámites correspondientes a efecto de que a los trabajadores les sean homologados sus salarios, sean recategorizados, basificados y les sean asignadas las claves correspondientes de Directores Técnicos con carreras magisteriales. Por su parte, los quejosos comparecen a solicitar la tutela constitucional contra el auto dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve dentro del expediente laboral 73/2010, en el cual -entre otras cuestiones- tuvo por cumplida totalmente la parte económica del laudo; y, requirió a la demandada para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente en que quedara notificado, exhibiera las claves presupuestales de los trabajadores, apercibida que no de hacerlo dentro del término concedido, se haría acreedor a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Estado de Michoacán. Es decir, en dicho auto no determinó el cumplimiento total del laudo, sino únicamente se pronunció respecto de las prestaciones económicas, tan es así que en dicho proveído requirió a la demandada para que exhibiera las claves presupuestales de los trabajadores, por lo que en contra de dicho auto es improcedente el juicio biinstancial. Es aplicable, la jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver la Contradicción de tesis 23/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito], publicada en la página 3542 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, registro 2020323, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuya parte relativa señala que, en relación con los actos de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto "... contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ...", debe considerarse que, tratándose de actos de ejecución de un laudo que imponga el cumplimiento de diversas prestaciones reclamadas en el juicio laboral, los autos o resoluciones que se emitan sobre el cumplimiento de uno o varios puntos de condena establecidos en el fallo, pero que no son la totalidad de ellos, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, sino que ello procederá hasta que se realice el pronunciamiento que califique el cumplimiento total (no parcial) de todos los puntos de condena establecidos en el laudo, pues de no cumplirse la exigencia prevista en el precepto legal indicado, se estará en presencia de una notoria e indudable causa de improcedencia que producirá el desechamiento de la demanda". En las anotadas condiciones, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, primer párrafo, del citado ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Lo anterior, sin soslayar que los quejosos en la demanda de amparo aducen que la resolución impugnada afecta sus derechos humanos, porque el hecho de que el amparo contra el acto dictado dentro del procedimiento de ejecución referido, se haya promovido por la parte vencedora en el juicio natural, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la multicitada sentencia. Apoya plenamente lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 75 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, registro 181144, que reza: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Finalmente, cabe decirse, la presente determinación no contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a un recurso judicial o positivo, sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. El precepto aludido, ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: A efectos de cumplir su obligación convencional de establecer en el ordenamiento jurídico interno un recurso efectivo en los términos de la Convención, los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos. Si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo. (.) Un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. Igualmente ha señalado que el artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos y que de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar; subrayando que para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla y agregando que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. En efecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En el mismo sentido se ha pronunciado la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el artículo 17 Constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. En este orden de ideas, resulta claro que si bien el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales; lo cierto es que, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos por una de las partes, en el caso la parte quejosa, no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Tomo I, Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ignacio Ruíz Bastien, Enrique Benítez Santamaría, Gabino Estrada Ruíz, Félix Villanueva Pérez, José Feliciano Mendiola Guijosa, Jorge Ramírez Juárez, Yolanda García Sierra, Marbella González Huipio, Jose Elías Morales Arroyo, Miguel Villa García, José Vázquez, Bertha Alicia Ruíz Alejo, Leticia Rodríguez Verduzco, Ma. Rigobertha Gómez Toribio, Roberto Flores Jiménez, José Arturo Servín Bernal, Rafael Contreras Álvarez, Agustín Hernández Suarez, Francisco Rueda Mariano, Ma. Bertha Guzmán Guía, Eulalio Sosa Duarte, Alejandro Ceballos Corona, Antonio Lara Villa, Rene García Barrera, Yareli Beatriz Campos Alvarado, Ana María Toledo Pineda, Martha Aguilar Gutiérrez, Bertha Valdovinos Rosas y Patricia Mora Alvarado, por conducto de su apoderado jurídico Adrián Rojas Benito, respecto del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta ejecutoria, por las razones contenidas en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano