Ignacio Ramirez Vargas

Expediente 1007/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1007/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Ramirez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio en el que se actúa, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1007/2023, sin la asistencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 15698, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, atento a su contenido se acuerda: Vista la cuenta precedente se tienen por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este órgano jurisdiccional. Asimismo, se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al Juez con las documentales exhibidas por las autoridades responsables. El Juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas, admitidas y desahogadas debido a su propia y especial naturaleza las referidas probanzas y se tiene por perdido el derecho para ofrecer algún otro medio de convicción. Abierto el periodo de alegatos la Secretaria certifica que únicamente presentó escrito de alegatos Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 6-10), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Municipal, Síndica Municipal, Director de Seguridad Pública, Comandante de la Dirección de Seguridad Pública; y, Elemento adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, todas del Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró con el número de expediente 999/2023 y en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés (foja 11); determinó que este juzgado conoció del amparo 995/2023, en el cual se reclamaron los mismos actos de autoridad y el mismo quejoso, por lo que ordenó remitir el cuaderno de amparo formado con motivo de la demanda en cuestión. Tercero. Acepta returno y admite demanda. En auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés (foja 19), este juzgado de distrito aceptó el returno planteado; registró la demanda con el número 1007/2023; la admitió; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, de la lectura integral de la demanda así como del contenido de los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso al Presidente Municipal, a la Síndica Municipal, al Director de Seguridad Pública, al Comandante de la Dirección de Seguridad Pública; y, Elemento de Seguridad adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, todas del Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán, consisten en: La orden de privación de la libertad fuera de procedimiento y su ejecución. La detención realizada el ocho de julio de dos mil veintitrés. Tercero. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de privación de la libertad fuera de procedimiento y su ejecución. El Presidente Municipal, la Síndica Municipal, el Director de Seguridad Pública, el Comandante de la Dirección de Seguridad Pública; y, el Elemento de Seguridad adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, todas del Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados (fojas 35 y 49). Al respecto, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán, adujo que no ha emitido ninguna orden de detención en contra de ********************, toda vez que no está legalmente facultado para llevar a cabo la ejecución de una orden de esa naturaleza. Además de eso, dicha autoridad y las restantes, fueron coincidentes en precisar que el veinticuatro de junio del presente año, a las veinte horas se recibió una llamada vía "C5", en la Dirección de Seguridad Pública de Acuitzio, Michoacán, en la que se indicó que una mujer estaba siendo agredida físicamente por su pareja, por lo que los oficiales acudieron al lugar, en el cual se encontraba ********************, quien comentó que su esposo la estaba violentando corporalmente; persona que al ver a los oficiales se comportó de manera agresiva; que al día siguiente se le dejó salir de barandilla por cuestiones de salud. Para acreditar su dicho, ambos jueces remitieron copias certificadas de las documentales siguientes: Con dichos informes y las constancias que se adjuntaron a los mismos se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar las negativas de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Aunado de lo anterior, de las documentales cuyas imágenes se insertaron en párrafos precedentes, se advierte que el quejoso fue ingresado el veinticuatro de junio del año en curso al "Área de Estancia Temporal para resguardo" de la Dirección de Acuitzio del Canje, derivado de una falta administrativa así como que salió de ahí al día siguiente por cuestiones de salud; sin embargo, de las mismas no se constata la existencia de una orden de privación de la libertad fuera de procedimiento y menos de su ejecución. En esas condiciones, quien esto resuelve no está en condiciones de llevar a cabo el análisis correspondiente y por ende, los actos reclamados consistentes en la orden de privarlo de su libertad de forma ilegal o y su ejecución, deben declararse inexistentes. Es aplicable la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro digital 187728, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En ese estado de cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado consistente en la detención de ocho de julio de dos mil veintitrés. El Presidente Municipal, la Síndica Municipal, el Director de Seguridad Pública, el Comandante de la Dirección de Seguridad Pública; y, el Elemento de Seguridad adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, todas del Ayuntamiento de Acuitzio del Canje, Michoacán al rendir su informe justificado, fueron omisas en pronunciarse respecto de la existencia o inexistencia del acto consistente en la detención de ocho de julio de dos mil veintitrés; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, debe presumirse su certeza. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal de justicia, consultable en la página 74, de la tercera parte CXX, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, DEBEN PRESUMIRSE CIERTOS LOS ACTOS SI EN EL NO SE EXPRESA SI SON O NO CIERTOS. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, deben presumirse ciertos los actos reclamados cuando la autoridad responsable no rinde informe justificado, lo que no sólo se presenta cuando materialmente no se rinde dicho informe, sino también cuando, habiéndose presentado, en él simplemente se transcriben los actos reclamados en la demanda, sin manifestarse si los mismos fueron o no ciertos." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, este Juzgador de oficio, considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. A efecto de explicar la razón de dicha actualización, se estima necesario traerla a glosa la referida porción normativa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;; [.]" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado. Tal circunstancia hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora bien, de la narrativa realizada por el quejoso en su demanda de amparo, se advierte que el ocho de julio del presente año, como a las diecinueve horas, dos policías llegaron a bordo de una patrulla, irrumpieron en su domicilio en el rancho del "Terrero", municipio de Acuitzio, sin orden de cateo ni orden de captura, que después de golpearlo en el estómago y esposarlo, lo subieron a la patrulla, lo llevaron detenido a la cárcel municipal de Acuitzio, donde durmió esa noche y al día siguiente le cobraron una multa de quinientos pesos, sin expedirle recibo correspondiente, dejándolo libre sin explicación alguna y mucho menos acreditarle los cargos por los cuales lo detuvieron. En ese sentido, es evidente que al momento de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintisiete de julio del año en curso, ya se había consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal de la que se duele el quejoso, porque aun de concederse la protección constitucional, sería física y materialmente imposible restituir al afectado en el goce de los derechos violados, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes. Es decir, en el plano material de los hechos, no habría manera de que al quejoso se le dejara de detener, encarcelar y retener, porque se trata de cuestiones que ya sucedieron y que no pueden retrotraerse por los efectos de una sentencia, lo cual no implica que, en un momento dado, dichos actos puedan ser objeto de algún análisis de legalidad o constitucionalidad, como antecedente y fuente inmediata de algún acto privativo de la libertad, o como violaciones procesales trascendentales a un diverso acto reclamable en amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XVI de la citada ley, lo cual conduce a sobreseer en el juicio constitucional, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables materia de este considerando. Apoya lo anterior por identidad jurídica substancial la jurisprudencia 2a./J.171/2007, registro digital 171537, de rubro y texto siguiente: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". El criterio invocado es aplicable por no oponerse con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el artículo 217 en relación con el 6° transitorio de dicho ordenamiento legal. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el ********************, por los actos, autoridades y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que la autoridad responsable a la fecha no ha cumplido cabalmente con el fallo protector. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, se sirva cumplir con el fallo protector. Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de ser conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Ahora bien, por lo que ve al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General en cita, toda vez que se negó la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 17, 24 y 29 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ORF

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano