Ignacio Rincón García
Expediente 2073/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2073/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Ignacio Rincón García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno se levantó una certificación en la que se hizo constar que el último edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación para emplazar al tercero interesado , se efectuó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por lo que dicho término para apersonarse le corrió de treinta de junio a diez de agosto ambos de dos mil veintiuno y sin que se haya apersonado a juicio; se hace efectivo el apercibimiento de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se le hizo el apercibimiento al tercero interesado , de que una vez emplazado y de no apersonarse en el presente juicio, las subsecuentes notificaciones se realizarían por medio de lista. En razón de lo anterior y en vista de que a la fecha no obra en autos la constancia de notificación al tercero interesado , de la sentencia emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, consecuentemente, túrnense los autos al Actuario Judicial que corresponde a fin de que lleve a cabo la notificación aludida, por medio lista, conforme a lo dispuesto por el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, de las constancias se advierte que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la sentencia de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, en razón de lo anterior se ordena notificar a la citada autoridad la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por medio de oficio que para tal se efecto se envíe, copia de la aludida resolución, para los efectos legales correspondientes. POR ESTE MEDIO SE NOTIFÌCA AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÒS: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1508/2019-IV-B, promovido por, y, Presidente, secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado del Municipio de la Huerta, Jalisco, contra actos del Tribunal Superior Agrario, Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en términos de la expedición del nuevo Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo., Presidente, secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado Jalisco, por su propio derecho, el veintiséis de junio del dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades descritas, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La sentencia dictada por el Tribunal Superior Agrario el, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2001, dictada en el juicio agrario, relativo a la dotación de tierras promovida por campesinos del poblado "", municipio de, en el Estado de Jalisco, únicamente en cuanto a que no afectó los predios denominados "", que fueron señalados como afectables en la solicitud de dotación de tierras que formulamos y que debieron afectarse para la acción del poblado quejoso. Así como del Titular de la Secretaría de desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la expedición del Título de Propiedad, de fecha siete de abril de dos mil siete, en favor de, respecto del predio denominado "" y la inminente expedición del título de propiedad a favor de respecto del predio denominado ".". SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento al Juzgado Octavo de distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y la misma fue remitida por Incompetencia el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, misma que fue turnada el cuatro de julio de dos mil diecinueve y recibida en este Juzgado, el entonces titular, previas aclaraciones, dictó proveído el catorce de agosto de dos mil diecinueve, en que ordenó admitir la demanda y ampliación de demanda, registrarla bajo el expediente 1508/2019-IV-B; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención a la entonces Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que los actos reclamados, se atribuye a una autoridad especializada en materia de trabajo, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 14/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: Al Tribunal Superior Agrario, reclama: La sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de junio de dos mil uno, en el juicio agrario, relativo a la solicitud de dotación de tierras por parte del quejoso Comisariado Ejidal del Poblado del Municipio de la, Jalisco, denominadas La Barranca de los, , La Barranca de, La Barranca del, La Barranca, en aquella parte donde aún no se afectan los dos últimos predios mencionados y que fueron señalados como afectables en la resolución mencionada. Las consecuencias que derivaron del acta de ejecución de la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, que dota al poblado quejoso de, mil setecientas treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas y setenta y cuatro punto cincuenta y cuatro centiáreas, debiendo ser 2,028-50-00 hectáreas, denotando una diferencia, por la falta de entrega de doscientas noventa hectáreas diez áreas y veinticinco punto cuarenta y seis centiáreas. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, reclama: a) La expedición del título de propiedad de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, en favor de respecto del predio denominado "". b).- La inminente expedición del título de propiedad a favor de, respecto del predio denominado "", en el expediente. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables Tribunal Superior Agrario con residencia en la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, al rendir sus informes con justificación reconocieron la existencia de los actos que se atribuyen. CUARTO. Antecedentes del juicio.- Para mejor comprensión del asunto es necesario hacer una relación de antecedentes de los actos reclamados derivados del juicio agrario, de lo que se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dictó sentencia relativa a la solicitud de dotación de tierras a favor del ejido quejoso por una superficie de dos mil veintiocho hectáreas y cincuenta áreas. 2. El tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se materializa la ejecución de la sentencia de solicitud de dotación de tierras al quejoso, haciendo entrega por una superficie de mil setecientos treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas y setenta y cuatro punto cincuenta y cuatro centiáreas, con una diferencia faltante de entrega por doscientos noventa hectáreas diez áreas y veinticinco punto cuarenta y seis centiáreas, lo anterior por sobreponerse dicha ejecución en algunas partes en los planos definitivos o posesiones materiales de los ejidos; en su dotación, Municipio de Cihuatlán y en el proyecto de dotación del nuevo centro de población Agrícola. El trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la autoridad señalada como responsable Tribunal Superior Agrario, tuvo por recibido el despacho, proveniente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, en que se ordenó notificar a las partes la sentencia emitida en los autos del juicio agrario, y su ejecución así como los antecedentes de ésta, según consta en el acta de tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que fue cerrada el diez de diciembre del mismo año y acta de aclaración de datos técnicos de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y de su revisión técnica Realizada por la Subsecretaría de Integración y Ejecución de Resoluciones, quedó asentado que las 2,028-50-00 (dos mil veintiocho hectáreas, cincuenta áreas) que ordena entregar la sentencia por concepto de dotación de tierras, una vez hecho el levantamiento topográfico efectuado por el método de medición directa de ángulos y distancias utilizando una estación total con precisión angular de más menos dos segundos y medición de distancias con una desviación estándar de más menos tres milímetros, más tres partes por millón, solamente se entregaron 1,738-39- 54 (mil setecientas treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas, setenta y cuatro centiáreas, cincuenta y cuatro miliáreas) de agostadero, ya que del deslinde efectuado, resultó ser la superficie real de los predios afectados, existiendo una diferencia de 290-10-25-46 (doscientas noventa hectáreas, diez áreas, veinticinco centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) que no se entregaron por imposibilidad jurídica y material, en virtud de las razones y circunstancias que se desprenden del acta de ejecución referida, ya que el plano proyecto sobreponía en algunas partes con los planos definitivos o posesiones materiales de los ejidos colindantes "*** respetándose dichos planos definitivos y posesiones, resultando una superficie menor, que es la efectivamente deslindada, en la que todos los colindantes señalados tienen definidos sus linderos, además, la mayor precisión de equipo utilizado en el deslinde por el topógrafo comisionado por los Tribunales Agrarios, respecto de los métodos aplicados en la elaboración de trabajos técnicos informativos, conlleva a concluir que lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, que beneficia a 55 (cincuenta y cinco) campesinos capacitados, superficie que fue recibida por los integrantes del Comisariado Ejidal, , PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, respectivamente, quienes además manifestaron inconformidad en el sentido de que tienen en posesión otras tierras del predio "" que no están contemplados en el plano proyecto de ejecución, por lo que dicha sentencia se declaró cumplida y se ordenó archivar el juicio. Sin embargo, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, hizo un análisis sobre la inconformidad manifiesta por el Comisariado ejidal ahora quejoso, y estableció que de las consideraciones relatadas en dicho acuerdo, advirtió que la Secretaría de la Reforma Agraria, no dio cumplimiento a lo señalado en el cuarto resolutivo de la sentencia e hizo efectivo apercibimiento imponiéndole multa, y requirió por el cumplimiento de la sentencia, requiriendo al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir de su recepción, informe sobre la instauración del procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria y que fuera determinado en la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio (foja 183 del cuaderno de pruebas). 3. Es necesario acotar que desde la fecha referida en el párrafo inmediato anterior hasta el veintinueve de abril de dos mil diez, se advierte que el juicio agrario de origen, se encuentra pendiente de cumplimiento respecto de la instauración del procedimiento ordenado en el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria. 4.- Es necesario destacar que el juicio de origen al encontrarse en etapa de ejecución, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diez, requirió al Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria por el cumplimiento de la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, en específico respecto del resolutivo Cuarto que determinó: "Dése vista a la Secretaría de la Reforma Agraria para que dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 309 de la Ley Federal de la Reforma Agraria.". 5.- Luego en septiembre de dos mil dieciocho, según antecedentes narrados por la parte quejosa, sus representantes comparecieron al Registro Público de la Propiedad, a fin de obtener información sobre antecedentes registrales de los predios denominados, que son los que tendrán que ser sometidos al procedimiento establecido en el numeral 309 referido, materia de uno de los actos reclamados en el presente juicio constitucional, percatándose de la existencia de un título de propiedad, de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, a favor de respecto del predio denominado "". 6. Asimismo en la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, los representantes del comisariado acudieron a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado de Jalisco, para consultar sobre la declaratoria de terreno nacional "" y advirtieron que se encuentra en trámite para ser enajenado a solicitud de el expediente. QUINTO.- Causales de improcedencia.- La improcedencia en el juicio de amparo, debe estudiarse de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, consistente en la expedición del título de propiedad, de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, en favor de, respecto del predio denominado "", el juicio de amparo deviene improcedente atento a las siguientes consideraciones De lo anterior, se colige que en atención al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, su procedencia está condicionada a que si contra del acto reclamado está sujeto a la posibilidad de interponer algún medio de defensa legal previsto en forma expresa en la misma ley que lo fundó o el procedimiento del que emanó, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la legislación agraria, lo contenga para que esté a disposición del interesado y pueda ejercitarlo o, en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de que se trata para la procedencia del amparo. Así pues, como se dijo el acto reclamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, consistente en la expedición del título de propiedad, de fecha diecisiete de abril de dos mil siete, en favor de, respecto del predio denominado "", así como sus consecuencias, se estima que en apoyo de lo previsto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, resulta impugnable a través del medio ordinario de defensa ante Tribunal Unitario, de acuerdo a lo siguiente: Ahora, del texto de la porción normativa que ha sido transcrita, se colige que el acto reclamado, puede ser combatido en el juicio de origen mediante el juicio de nulidad, previsto en la fracción IV, del citado ordenamiento; que prevé que contra las resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; procederá el juicio de nulidad. Asimismo el juicio de amparo es improcedente en torno al acto atribuido la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, consistente en la inminente expedición del título de propiedad a favor de respecto del predio denominado "", en el expediente En el caso se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que impide estudiar el fondo del asunto. Con el propósito de demostrar que se actualiza la causal de improcedencia citada, se impone hacer un análisis del contenido del precepto invocado que al respecto señala: El interés jurídico a que alude el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; se refiere al derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular. Estos conceptos se vinculan con uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, del agravio personal y directo, que explica que la acción constitucional sólo podrá ser promovida por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Luego es necesario establecer que para promover un juicio de amparo, al atender a la naturaleza del acto que se reclama; es necesario demostrar la existencia de ese derecho en su haber patrimonial o jurídico, y por otra parte el perjuicio que al mismo ocasione el acto autoritario, lo que legitima al gobernado para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el respeto a sus derechos. De los numerales que se trasuntan, artículos 107, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º, 73, 77, fracción I, y 61, fracción XII de la Ley de Amparo,1 se infiere con claridad que uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, concepto de perjuicio que para los efectos del amparo tiene una connotación más profunda y difiere del previsto a las leyes civiles, entendido como privación de la ganancia lícita que pudiese haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa a los derechos de una persona, pues el interés no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos conculcados. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo que, dice, fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos impugnados, o sea, mediante el derecho de acción, que es instrumental, se pretende el respeto del derecho público subjetivo y, en su caso, la restitución en su goce, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto o que opere a su favor la presunción de su existencia ante la omisión de la autoridad de rendir su informe de ley, para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto se reclama mediante la acción constitucional. Por tanto, quien ejercita la acción de amparo siempre se ostenta titular de un derecho subjetivo amenazado por algún acto u omisión de las responsables, y en tal evento requiere acudir ante los tribunales para solicitar la protección federal, es decir, tiene necesidad de que se respeten las garantías individuales otorgadas por la Constitución Federal que han sido infringidas, por el perjuicio, menoscabo u ofensa en su esfera jurídica. Además, es menester que la parte agraviada demuestre indubitablemente la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado, esto es, el acreditamiento del interés jurídico en sí mismo y el perjuicio padecido por tal acto, el cual debe ser real, actual, directo, objetivo, amén que la demostración debe ser en forma plena, indubitable y fehaciente; no inferida de simples presunciones Así entonces, con relación al acto reclamado consistente en la inminente expedición del título de propiedad a favor de, respecto del predio denominado "", en el expediente ; en donde los quejosos refieren que se conculcan sus derechos en virtud de que el terreno que es materia de dicha solicitud es de aquéllos que le fueron dotados, debe decirse que no le genera un perjuicio. Ahora, como quedó precisado en párrafos que anteceden, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte, por quien perjudique el acto que se reclama, es decir, prevén el ejercicio de la acción constitucional, la que se encuentra reservada a quien o quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad y que presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado; sin embargo, no todos los intereses de las personas que concurran ante el órgano jurisdiccional merecen el calificativo de jurídicos, pues para que ello acontezca es menester que se acredite fehacientemente a través de pruebas aptas y que dicha afectación sea de manera directa e inmediata. Para efectos de la procedencia del juicio de garantías, debe entenderse, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente protegido, De lo anterior, se advierte que el interés jurídico no depende de la existencia del acto autoritario que se reclame, ni de los vicios que se atribuyan a éste, ni de la conveniencia económica o personal que tenga la parte quejosa en que ese acto no subsista, sino de que la parte promovente de amparo, acredite que el acto reclamado le afecta en forma directa e inmediata algún derecho legítimamente tutelado. En ese orden de ideas, debe decirse que el trámite formulado por, a fin de que se les expida el título de propiedad respecto del predio denominado "", en el expediente, de momento no les irroga un perjuicio, pues tal y como lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, aún se encuentra pendiente de resolver la pertinencia o no de la expedición de dicho título de propiedad. Así entonces, el trámite de solicitud de expedición de título del terreno denominado "", no genera una afectación real, directa e inmediata a los quejosos, pues estará pendiente a la aprobación y expedición del referido título de propiedad; y en caso de ser procedente, tendrán como ya se vio en el cuerpo de esta sentencia, expeditas sus facultades para hacer valer el juicio de nulidad correspondiente, contra dicha determinación. Por ende, si el interés jurídico a que hace referencia el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, y se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, es decir, aquél que debe guardar una relación inmediata y directa con este último, situación que resulta independiente de la existencia propia del acto reclamado; pues es claro que los impetrantes del amparo, únicamente reclaman el trámite de solicitud de expedición del título de propiedad respecto del terreno denominado ""; empero, no acreditaron de modo alguno la afectación que a su esfera jurídica de derechos, que dicen acarrea dicha solicitud; lo que conduce a este Juzgado de Distrito a determinar la ausencia de interés jurídico por parte de los hoy quejosos y en consecuencia, a decretar la improcedencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseerse en el juicio de amparo, de conformidad con la fracción 63 de la referida ley, el cual se hace extensivo a los actos y consecuencias derivados a la autoridad ejecutora Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural. SEXTO. Estudio del acto reclamado. Fijación de la Litis2 . En principio, es menester señalar que la litis en 2 Se establece después de imponerse de los conceptos de violación y de los fundamentos el juicio de amparo, se centra en determinar si ha sido cumplida la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Tribunal Superior Agrario, dentro del expediente Agrario número. SÉPTIMO.- Conceptos de violación. La quejosa aduce, en esencia, que la autoridad responsable al dictar la resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, reclamada, violó en su perjuicio, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues afirma que: 1. La resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Tribunal Superior Agrario, dentro del expediente Agrario número , promovido por el Comisariado Ejidal del Poblado, por el que en resolución de Dotación de Tierras, ilegalmente no se afectan los predios denominados "", mismos que fueron señalados como afectables en la solicitud de dotación de tierras (en ejecución de dicha resolución a la solicitud de dotación de tierras). Las consecuencias que derivan de la firmeza del acuerdo de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete que ordena dotar y se dota al poblado referido con una superficie de dos mil veintiocho hectáreas cincuenta áreas, sin embargo la dotación fue de mil setecientas treinta y ocho hectáreas, treinta del acto reclamado, lo cual será evidenciado con posterioridad en la presente resolución. y nueve áreas y setenta y cuatro punto cincuenta y cuatro centiáreas, con una diferencia por la falta de entrega de doscientas noventa hectáreas diez áreas y veinticinco punto cuarenta y seis centiáreas. OCTAVO.- Estudio del fondo del asunto. Ahora bien, son fundados los conceptos de violación formulados por el ejido quejoso y suficientes para conceder el amparo solicitado, ellos suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b), pues estos vulneran los derechos fundamentales de audiencia y defensa consagrados en el artículo 17 Constitucional, toda vez que por una parte la resolución de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio agrario, desde el veintisiete de abril de dos mil diez, no ha sido cumplida en sus términos ya que no obstante los requerimientos continuos, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, no ha llevado a cabo lo ordenado en el resolutivo cuarto de la sentencia referida, que determinó: "Dése vista a la Secretaría de la Reforma Agraria para que dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 309 de la Ley Federal de la Reforma Agraria.". Así es, de las actuaciones del juicio de origen que se tienen a la vista, se desprende lo siguiente: El veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dictó sentencia relativa a la solicitud de dotación de tierras a favor del ejido quejoso por una superficie de dos mil veintiocho hectáreas y cincuenta áreas. El tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se materializa la ejecución de la sentencia de solicitud de dotación de tierras al quejoso, haciendo entrega por una superficie de mil setecientos treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas y setenta y cuatro punto cincuenta y cuatro centiáreas, con una diferencia faltante de entrega por doscientos noventa hectáreas diez áreas y veinticinco punto cuarenta y seis centiáreas, lo anterior por sobreponerse dicha ejecución en algunas partes en los planos definitivos o posesiones materiales de los ejidos; Municipio de Cihuatlán y en el proyecto de dotación del nuevo centro de población Agrícola. El trece de octubre de mil novecientos noventa y ocho, la autoridad señalada como responsable Tribunal Superior Agrario, tuvo por recibido el despacho , proveniente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, en que se ordenó notificar a las partes la sentencia emitida en los autos del juicio agrario, y su ejecución así como los antecedentes de ésta, según consta en el acta de tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que fue cerrada el diez de diciembre del mismo año y acta de aclaración de datos técnicos de cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y de su revisión técnica Realizada por la Subsecretaría de Integración y Ejecución de Resoluciones, quedó asentado que las 2,028-50-00 (dos mil veintiocho hectáreas, cincuenta áreas) que ordena entregar la sentencia por concepto de dotación de tierras, una vez hecho el levantamiento topográfico efectuado por el método de medición directa de ángulos y distancias utilizando una estación total con precisión angular de más menos dos segundos y medición de distancias con una desviación estándar de más menos tres milímetros, más tres partes por millón, solamente se entregaron 1,738-39- 54 (mil setecientas treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas, setenta y cuatro centiáreas, cincuenta y cuatro miliáreas) de agostadero, ya que del deslinde efectuado, resultó ser la superficie real de los predios afectados, existiendo una diferencia de 290-10-25-46 (doscientas noventa hectáreas, diez áreas, veinticinco centiáreas, cuarenta y seis miliáreas) que no se entregaron por imposibilidad jurídica y material, en virtud de las razones y circunstancias que se desprenden del acta de ejecución referida, ya que el plano proyecto sobreponía en algunas partes con los planos definitivos o posesiones materiales de los ejidos colindantes "", respetándose dichos planos definitivos y posesiones, resultando una superficie menor, que es la efectivamente deslindada, en la que todos los colindantes señalados tienen definidos sus linderos, además, la mayor precisión de equipo utilizado en el deslinde por el topógrafo comisionado por los Tribunales Agrarios, respecto de los métodos aplicados en la elaboración de trabajos técnicos informativos, conlleva a concluir que lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, que beneficia a 55 (cincuenta y cinco) campesinos capacitados, superficie que fue recibida por los integrantes del Comisariado Ejidal, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, respectivamente, quienes además manifestaron inconformidad en el sentido de que tienen en posesión otras tierras del predio "" que no están contemplados en el plano proyecto de ejecución, por lo que dicha sentencia se declaró cumplida y se ordenó archivar el juicio. Sin embargo, en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, hizo un análisis sobre la inconformidad manifiesta por el Comisariado ejidal ahora quejoso, y estableció que de las consideraciones relatadas en dicho acuerdo, advirtió que la Secretaría de la Reforma Agraria, no dio cumplimiento a lo señalado en el cuarto resolutivo de la sentencia e hizo efectivo apercibimiento imponiéndole multa, y requirió por el cumplimiento de la sentencia, requiriendo al Director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, para que dentro del término de diez días hábiles contados a partir de su recepción, informe sobre la instauración del procedimiento para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria y que fuera determinado en la sentencia de veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio. En proveído de veintitrés de octubre de dos mil ocho, la autoridad responsable requirió por primera ocasión a la Secretaria de la Reforma Agraria por el cumplimiento del resolutivo cuarto de la sentencia dictada en el expediente agrario, y llevara los trámites y gestiones necesarias a efecto de iniciar el procedimiento establecido en el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria. Asimismo, el once de marzo de dos mil nueve, por segunda ocasión requirió a la Secretaria de la Reforma Agraria a fin de que remitiera las constancias con las cuales se corroborara la gestión contenida en el oficio, apercibiéndolo que de no hacerlo se haría acreedora a los medios de apremio previstos por el numeral 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley que rige el acto reclamado. De igual forma en acuerdo de trece de mayo de dos mil nueve, se tuvo a la Secretaría de la Reforma Agraria informando gestiones tendentes al cumplimiento, como se advierte de la foja 279 del cuaderno de pruebas que se tienen a la vista y la autoridad responsable requirió nuevamente. El veintidós de junio de dos mil nueve, se tuvo por recibido oficio del Director Jurídico Contencioso de la Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, informando gestiones de cumplimiento. Lo mismo ocurrió en proveídos de doce de agosto de dos mil nueve, veintiséis de agosto de dos mil nueve, y veintinueve de abril de dos mil nueve, sin que a la fecha se advierta que ha sido cumplida la sentencia definitiva, por lo que ve al cuarto resolutivo antes citado, esto es que la Secretaría de la Reforma Agraria dé cumplimiento a lo señalado en el artículo 309 de la Ley Federal de la Reforma Agraria e inicie el procedimiento contemplado en dicho numeral pues únicamente ha informado gestiones tendientes a cumplir con lo determinado en dicho numeral, sin haber siquiera iniciado el procedimiento indicado. Conforme al precepto aludido, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo cual, constituye una obligación de la autoridad encargada de esa función, de actuar en el procedimiento de que se trate sin dilatar injustificadamente su cause legal. Ahora, acorde al primero de los preceptos legales transcritos, el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. Por tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución. Esto último, debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado. Al respecto, la parte quejosa se duele fundamentalmente de que el Tribunal responsable ha omitido proveer lo necesario para hacer cumplir sus determinaciones, así como la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia al no haber dado inicio y conclusión al procedimiento señalado en el artículo 309 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, que dice: De lo anterior se sigue que el juicio de origen, aun no se encuentra cumplido en su totalidad ya que de lo narrado y de las constancias que se tienen a la vista se advierte que por resolución de solicitud de dotación de tierras de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dotó al Ejido quejoso de tierras por una superficie de dos mil veintiocho hectáreas y cincuenta áreas. El tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se materializa la ejecución de la sentencia de solicitud de dotación de tierras al quejoso, haciendo entrega por una superficie de mil setecientos treinta y ocho hectáreas, treinta y nueve áreas y setenta y cuatro punto cincuenta y cuatro centiáreas, con una diferencia faltante de entregar por doscientos noventa hectáreas diez áreas y veinticinco punto cuarenta y seis centiáreas, lo anterior por dejar sin afectar a los predios denominados "". En ese sentido, si de la norma jurídica transcrita, se obtiene que cuando la resolución presidencial fuese negativa al núcleo agrario solicitante y éste, en virtud de mandamiento del gobernador de la entidad, se encontrara en posesión provisional de las tierras, la Secretaría de la Reforma Agraria estará obligada, a: Negociar con los propietarios del o los predios la compra en favor de esos campesinos de la superficie que se encuentren ocupando en posesión provisional. De no conseguirlo, a localizar a su favor, con prelación a los demás núcleos o grupos de población, otras tierras de semejante calidad y extensión a las cuales trasladar a los campesinos afectados, preferentemente en la misma entidad, y dentro de un plazo que no exceda a los establecidos en el párrafo siguiente. Lo anterior, siempre que la ejecución de una resolución presidencial negativa o el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada implique la desocupación de terrenos que los campesinos tengan en virtud de una posesión provisional o definitiva. Directrices que a la fecha no han sido llevadas a cabo, pues no obstante los múltiples requerimientos por parte del Tribunal Superior Agrario, ya que no se advierte que se haya iniciado el procedimiento de dotación de tierras de manera física, conforme al cuarto resolutivo de la resolución materia del acto reclamado, por lo que forzosamente deberá iniciar el procedimiento aludido, ya que de no ser así el ejido quejoso no tienen un derecho consolidado, con lo cual se transgrede en su perjuicio la garantía de seguridad jurídica prevista en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Luego, si no obstante los anteriores requerimientos y el uso de medios de apremio, no se cumplimenta la resolución, es clara la obligación del Tribunal Superior Agrario, que tiene para hacer respetar sus resoluciones, dictar las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio, sean procedentes, para el inmediato y eficaz cumplimiento de sus sentencias. Por tanto, los conceptos de violación son, en esencia, fundados, toda vez que se ha retrasado sin causa justificada la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario de origen, lo que resulta violatorio del derecho de acceso a la justicia pronta y expedita en su etapa de ejecución de sentencia, consagrado en el artículo 17 Constitucional. Por lo tanto, al haber incurrido en dilación y retardo en la impartición de justicia y cumplir con lo establecido en los derechos fundamentales establecidos en el artículo 17 Constitucional, implica evidentemente un obstáculo en la administración de justicia, por tanto el Tribunal Superior Agrario, debe de garantizar los medios para ejecutar sus respectivas decisiones y laudos definitivos emitidos, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto último, debido a que la sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. De lo anterior, lo fundado del concepto de violación expresado por el quejoso, ya que es clara, la conducta omisa de la autoridad responsable, al no lograr el cumplimiento de la sentencia, no obstante que el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria y Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, contemplan diversas medidas de apremio para logar su puntual cumplimiento y ejecución; lo cual implica evidentemente un obstáculo en la administración de justicia. Atendiendo a las consideraciones expuestas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia a, Presidente, secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado del Municipio de la, Jalisco y en acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, haga lo siguiente: JUICIO DE AMPARO 1508/2019-IV-A EFECTOS DE LA CONCESIÓN: Como en el caso concreto el acto reclamado es de carácter positivo, para que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho violado, acorde con lo dispuesto en el diverso artículo 77, fracción I, de la citada ley, la autoridad responsable Tribunal Superior Agrario, requiera a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a fin de que sustancie y concluya el procedimiento establecido en el artículo 309 de la Ley de la Reforma Agraria, a que fue ordenado por la propia responsable en acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro; en el entendido que el citado Tribunal responsable cuenta con libertada de jurisdicción para resolver el citado procedimiento. No es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que respecto a las autoridades responsables Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, se hubiese sobreseído el presente asunto, en virtud de que en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo de cumplimiento de la referida norma. NÓVENO.- Firma electrónica (FIREL). Con fundamento en los artículos 3o de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, la presente sentencia se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado del Municipio de la, contra los actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial y Directora de la Propiedad Rural en la actualidad asumiendo las funciones de ambas autoridades la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, en términos de JUICIO DE AMPARO 1508/2019-IV-A la expedición del nuevo Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil diecinueve, por las razones y motivos expuestos en el considerando QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO.- La justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a, Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal del Poblado *** del Municipio de la Huerta, contra los actos del Tribunal Superior Agrario, por las razones y motivos expuestos en el PENULTIMO considerando de esta sentencia
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Visto el oficio suscrito por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento y al efecto remite copias certificadas de diversas constancias que obran dentro del juicio laboral 531/2010-D1; agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar y se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: Bajo apercibimiento DE LEY CUMPLAN CON LO REQUERIDO
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Vistos los oficios signados por la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del Titular de la citada Secretaria y por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante los cuales informan las gestiones realizadas para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual se agrega para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar a requerir a las diversas autoridades que están vinculadas al cumplimiento pues ya fueron requeridas en acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós
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