Ignacio Rincón García

Expediente 1960/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1960/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Rincón García

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 640/2022-V, promovido por Gabriel Valencia López, apoderado legal de Graciela Campos Gutiérrez, contra actos de la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Gabriel Valencia López, apoderado legal de Graciela Campos Gutiérrez, el cinco de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco y otras autoridades, que se precisan en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular dictó proveído en siete de abril de dos mil veintidós, en que ordenó: admitirla a trámite y registrarla bajo expediente 640/2022-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que la omisión reclamada, se atribuye a autoridad especializada en materia administrativa, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, cuyo texto y rubro, dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se obtiene que los actos reclamados se hacen consistir en: De la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco: La resolución de incoación de procedimiento de responsabilidad administrativa de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del P.R.A. 45/2020, por el Contralor Interno de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en cumplimiento de la sentencia de amparo indirecto 751/2020, del índice de este órgano jurisdiccional. De la Agente del Ministerio Público Instructor de Procedimiento de la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco: La ejecución de dicha resolución. Del Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco y Titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco: El acuerdo mediante el cual se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, con respecto a los artículos 89, fracción IV, 97, fracción II y IV, y punto 2 y 100, fracción II. De la Congreso y Gobernador del Estado de Jalisco, Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco y Director de Publicaciones del Periódico Oficial El Estado de Jalisco: La promulgación, refrendo y publicación del decreto 27214/LXII/18, mediante el cual se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y expide la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, con respecto a los artículos 9, fracción IV, inciso i, en relación con el numeral 36, punto 1, fracción IV y 26, punto 1 fracción II y punto 2. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público e Instructor de Procedimiento adscrito a dicha Dirección, emitido por el Director de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría Interna de la Fiscalía Estatal, en ausencia del primero (fojas 82 a 84 de autos); sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa con constancia fehaciente. Dicha negativa cobra relevancia jurídica sin necesidad de mayores elementos, pues, la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su constitucionalidad, más no, cuando esa autoridad negó categóricamente los actos que se le imputan, pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto, es aplicable la tesis VI.2o.32 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 763, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". Asimismo, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que dispone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". Así las cosas, del análisis de las constancias que integran el sumario, no se desprende con certeza algún medio de convicción que demuestre la existencia del acto reclamado a la precitada autoridad. Por tanto, ante la omisión de demostrar el acto reclamado a la referida responsable, lo conducente es SOBRESEER en el juicio, respecto a la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público, conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco (foja 60 y 61) y el Secretario General de Gobierno (foja 60 y 61), así como, el Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Congreso del Estado de Jalisco (foja 72 a 74); al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la certeza de los actos que se les reclamaron, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." En tanto que, el Director General Jurídico de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en representación del Fiscal del Estado de Jalisco (foja 87 a 98) y el Director de Responsabilidad Administrativa adscrito a la Contraloría Interna de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en representación del Contralor Interno de la Fiscalía del Estado de Jalisco (foja 100 a 125), al rendir sus informes justificados, manifestaron la certeza de los actos que se les reclaman y que precisados quedaron en el considerando segundo. Por su parte el Director de Publicaciones del Periódico Oficial El Estado de Jalisco, fue omiso en rendir su informe con justificación, no obstante de habérselo solicitado oportunamente según se advierte del acuse de recibo del oficio 12893/2022, recibido por la responsable el diecinueve de abril de dos mil veintidós (foja 159), con el que se le remitió copia de la demanda de garantías, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente cierto el acto que se le imputa y que precisado quedó en el considerando segundo. QUINTO. Causales de improcedencia. El estudio de la procedencia del juicio de amparo es de orden público y preferente a la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 814, localizable en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 553, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". El Congreso del Estado de Jalisco y el Contralor Interno de la Fiscalía del Estado de Jalisco, al rendir sus informes justificados precisan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa tiene tramitando el juicio de amparo número 561/2022, del índice del Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo, pendiente de resolver, en el cual señaló los mismos actos reclamados y las mismas autoridades como responsables, mismo que se señala en ese momento. Dichos argumentos son infundados. Lo anterior es así, toda vez que, contrario a lo manifestado por las autoridades responsables, en primer término, el acto reclamado en el presente juicio lo constituye, entre otros, la resolución de incoación del procedimiento de responsabilidad administrativa de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, dictada en el P.R.A. 45/2020; en tanto que, el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 561/2022, lo constituyó la resolución de incoación del procedimiento de responsabilidad administrativa de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el P.R.A 158/2020. Luego, en el juicio de amparo 561/2022 del índice de ese Juzgado de Distrito, se dictó sentencia el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo solicitado para efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo de incoación de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, así como todo lo actuado con posterioridad en el procedimiento de responsabilidad administrativa 158/2020, instaurado contra la quejosa Graciela Campos Gutiérrez. En el entendido de que, al tratarse de facultades discrecionales de la autoridad responsable, la concesión del amparo no la obliga a dictar una nueva determinación que sustituya al acto reclamado, pero tampoco le impide hacerlo, siempre y cuando resulte material y jurídicamente posible, y en su caso subsane los vicios aquí destacados. Es decir, de estimar procedente dictar un nuevo acuerdo con igual sentido de afectación, dicha autoridad deberá citar las disposiciones legales y las razones específicas que sustenten la valoración formal de cada prueba tomada en consideración, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, además de ponderar que el acta de entrega-recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve resulta ilegal por no haberse levantado con la presencia del representante del órgano interno de control; por lo que, no puede servir de sustento en la resolución que para tal efecto emita. Así pues, es evidente que no versa sobre el mismo acto reclamado, aunado a que la concesión de la que se habla fue para el efecto de que la autoridad responsable actuara con libertad de jurisdicción, lo que posibilita el análisis constitucional, debido a que el acto reclamado no resulta ser el mismo. SEXTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes diversa causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Es fundado y suficiente para conceder el amparo, el concepto de violación en el que la quejosa argumenta que se violenta el derecho de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso ya que no se puede incoar procedimientos con pruebas ilícitas, por lo que se le vulneran sus derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, esgrime que la Dirección General Jurídica de la Fiscalía del Estado de Jalisco no efectuó el procedimiento establecido en la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que de conformidad con el artículo 16 de la citada ley corresponde a la Contraloría Interna de la Fiscalía señalar un representante del órgano interno de control del organismo o ente respectivo; lo cual no sucedió en la especie y denota la ilicitud de la prueba consistente en el acta de entrega recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Es fundado el concepto de violación sintetizado. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Luego, el derecho de la legalidad consiste, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, en la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a los preceptos legales que norman sus actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier orden o mandato que afecte a un particular en su persona o en sus derechos; es decir, la garantía de legalidad requiere sustancialmente que las autoridades se atengan precisamente a la ley, en sus procedimientos y en sus decisiones. Por su parte, la seguridad jurídica, es el derecho dado al individuo de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. En general, las garantías de seguridad jurídica son limitaciones de procedimiento a la autoridad para afectar a un gobernado. Atento a lo anterior, tenemos que los artículos 14 y 16 constitucionales se encuentran íntimamente relacionados, pues para que un acto de autoridad cumpla con el debido proceso, que contempla el primero de los mencionados, debe contener, entre otros requisitos, los previstos por el numeral 16 párrafo segundo, consistente en la legalidad, esto es, el acto debe ser emitido por autoridad competente, dictarlo por escrito y estar debidamente fundado y motivado. Luego, resulta pertinente, en razón de las circunstancias del caso concreto traer a colación lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece que lo siguiente: "Artículo 26. El acta de entrega-recepción deberá contener, por lo menos: I. Lugar y fecha del acto de entrega-recepción; II. Hora en la que se inicia el acto de entregarecepción; III. Entidad o dependencia que se entrega; IV. Nombre y carácter de los servidores públicos entrante y saliente que comparecen al acto o, en su caso, las personas que para el efecto se designen, así como el documento con el que se identifican para el efecto; V. Nombre del representante del órgano interno de control; VI. Descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan y, en su caso, la referencia clara de anexos si los contiene; VII. Descripción del proceso de verificación y, en su caso, las manifestaciones que en dicho proceso realicen los servidores públicos que comparecen; VIII. Declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos, bienes y documentos al servidor público entrante o la persona que se designe para el efecto; IX. Hora del cierre del acto de entrega-recepción; X. Nombre de los testigos; y XI. Firma al calce y en cada hoja de los que intervinieron. La información a que se refiere el presente artículo, una vez que se encuentre verificada y validada, será considerada información pública de conformidad con las disposiciones en materia de transparencia e información pública". Dicha disposición, no permite ser interpretada en el sentido de que el cumplimiento de todos o alguno de los requisitos antes precisados es de carácter optativo o potestativo; cuenta habida que su redacción no contiene elemento alguno que así lo evidencie y por lo contrario, en lo que se refiere específicamente a la intervención del representante del órgano interno de control de la dependencia correspondiente, su obligatoriedad deriva también de que dicho representante es uno de los sujetos que invariablemente deben tener participación en el procedimiento de entrega-recepción, según lo establece el diverso numeral 16 de aquella legislación, que dice: "Artículo 16. En todo procedimiento administrativo de entrega-recepción de los poderes y entidades a los que se refiere el artículo 1º., de la presente ley deberán intervenir: I. El servidor público titular saliente o a la persona que el superior jerárquico designe en los supuestos de los artículos 12 y 13 de la presente ley; II. El servidor público titular entrante o la persona que éste designe; III. Un representante del órgano interno de control del organismo o ente respectivo; y IV. Cuando menos un testigo por cada uno de los servidores públicos obligados". Esta conclusión queda aún más de manifiesto al tomar en consideración el artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios que dice: "Artículo 17. En el procedimiento de entrega-recepción, los órganos de control interno tendrán las atribuciones siguientes: I. Expedir los manuales, formatos de acta y demás formatos necesarios de entrega-recepción de la administración pública, cuando menos con seis meses de anticipación a la fecha de terminación del encargo; II. Auxiliar a los servidores públicos sujetos a esta y en el procedimiento de entrega-recepción; III. Coordinar la instrumentación de la entrega- recepción; IV. Revisar y supervisar el cumplimento del procedimiento de entregarecepción; y V. Fincar, en su caso, las responsabilidades que correspondan". De lo que se desprende que una de las atribuciones con las que cuentan los órganos de control interno consiste en revisar y supervisar el cumplimento del procedimiento de entrega recepción. Razón por la cual ese precepto legal, pone en evidencia la trascendencia que tiene la intervención del referido representante de los órganos de control interno en el proceso de entrega-recepción, como base para constatar su legalidad. Lo anterior es así, debido a que la intervención de dicho representante no es una cuestión potestativa, sino una obligación, porque una de sus funciones consiste en revisar y supervisar ese acto de entrega-recepción, según lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios. Luego, al ser esto así, la falta de participación de un representante del órgano interno de control interno en el acta de entrega recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, denota que su levantamiento no se ajustó a los parámetros previstos en la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y, en esa medida, no puede ni debe servir válidamente como uno de los sustentos probatorios del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020. En consecuencia, ante las violaciones apuntadas, es inconcuso que el referido acuerdo reclamado atenta contra las garantías de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de la parte quejosa; al haberse sustentado en pruebas [acta de entrega recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve] ilegales; por lo que, a fin de reparar dicha trasgresión, lo que se impone es conceder el amparo solicitado. Vista la conclusión alcanzada, se torna innecesario analizar los restantes conceptos de violación tendentes a evidenciar la ilegalidad del acta de entrega recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve y los diversos actos reclamados en la presente instancia constitucional; ya que, por lo que ve a la referida acta de entrega recepción se evidenció la falta de cumplimiento formal en términos de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios y por tanto, se declaró la ilegalidad del acuerdo de incoación de procedimiento de responsabilidad administrativa de veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En congruencia con las anteriores consideraciones, se concluye que se contravinieron en perjuicio de la parte quejosa los derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Graciela Campos Gutiérrez. Para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales, en atención al artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, deberán: Dejar insubsistente el acuerdo de incoación de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, así como todo lo actuado con posterioridad en el procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020, instaurado contra la quejosa Graciela Campos Gutiérrez, sin que ello permita a la responsable iniciar un nuevo procedimiento con base al acta de entrega recepción de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, que aquí se estimó ilegal. Finalmente, en lo tocante a los diversos actos reclamados, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyos artículos 9, fracción IV, inciso i en relación con el numeral 36 punto 1 fracción IV y 26 punto I, fracción II y punto 2, 89 fracción IV, 97 fracción II y IV y punto 2 y 100 fracción II, tilda de inconstitucional; atribuido al Titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco; Gobernador del Estado de Jalisco; Secretario General de Gobierno del Estado de Jalisco; y Director de Publicaciones y Periódico Oficial del Estado de Jalisco, sus efectos han quedado destruidos en forma total e incondicional, pues por obvias razones, al dejarse insubsistente el acuerdo inicial del procedimiento de responsabilidad administrativa 45/2020, también dejaron de tener vida jurídica los citados actos que se reclaman. Es decir, la insubsistencia del acuerdo inicial del procedimiento acarrea necesaria e invariablemente la inexistencia de todas las actuaciones posteriores y, por ende, el perjuicio jurídico que éstas pudieran ocasionar a la impetrante del amparo; pues atendiendo a los efectos de la concesión del amparo, existe la posibilidad de que las autoridades responsables ya no emitan otro acto con igual sentido de afectación, en caso de que determinen que no existen pruebas o fundamentos legales para reprocharle a la quejosa la falta de cumplimiento de las obligaciones con las que supuestamente cuenta. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido Por esa misma razón, aun cuando se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyos artículos 9, fracción IV, inciso i en relación con el numeral 36 punto 1 fracción IV y 26 punto I, fracción II y punto 2, 89 fracción IV, 97 fracción II y IV y punto 2 y 100 fracción II, tilda de inconstitucionales a final de cuentas, dichas porciones normativas fueron controvertidas con motivo del acto de aplicación que se hizo consistir en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, por lo que aquel reclamo debe seguir la misma suerte que este último. Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan la 1a. XXX/98 emitida por la Primera Sala, visible en la página 55, registro digital 195973, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ. No procede el examen de la constitucionalidad de una ley reclamada como heteroaplicativa cuando se concede el amparo a efecto de que se reponga el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del acto de aplicación. Lo anterior obedece a que, cuando se promueve un amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento; de tal manera que si el acto de aplicación queda insubsistente por virtud de que el procedimiento del que emanó debe reponerse por estar viciado, no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido". Similar criterio fue confirmado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el catorce de enero de dos mil veintidós, al resolver el recurso de revisión 108/2021, de su índice. Así como la diversa consideración vertida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós el recurso de Revisión Principal 318/2021 derivado del juicio de amparo promovido por la misma quejosa. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Graciela Campos Gutiérrez, en contra del acto reclamado y autoridad responsable señalados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Graciela Campos Gutiérrez contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos y para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco; cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta, suscrito por la quejosa Elisa Concepción Celis González, mediante el cual, solicita se le autorice la consulta del expediente; por consiguiente, conforme a la solicitud se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa a través de la modalidad del expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto por el Considerando Quinto, en relación con los numerales 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la clave de usuario "ElisaCelis". En atención a lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la suspensión definitiva, informa las gestiones y diligencias realizadas dentro del expediente 1505/2022 y al efecto, remite copias certificadas de las diligencias realizadas el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; por consiguiente, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, con lo que se ordena dar vista a las partes, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que se impongan de su contenido. Pues bien, de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable en copia certificada, en específico de la diligencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós (a la que se le concede valor demostrativo pleno al tenor del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), se evidencia lo siguiente: "(.) siendo atendidos en primer término por una persona del sexo femenino de nombre Gabriela Patricia González de Santiago, quien refiere ser abuela paterna de los adolescentes de iniciales M.G.R.V. y P.R.C., quien exhibe el testimonio público 2,798 dos mil setecientos noventa y ocho, otorgada a su favor, así como de Joaquín Antonio Gaspar Orozco, y de fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, extendido por el notario público noventa y uno de Guadalajara Jalisco Licenciado Oscar Álvarez del Toro, refiriendo la antes citada que no se encuentra presente su poderdante, motivo por el cual hago de su conocimiento la razón y motivo de nuestra presencia, a efecto de que se ponga a disposición de esta autoridad a los adolescentes en comento, por lo que refiere, en compañía del diverso apoderado, que pone a disposición de esta autoridad a los adolescentes en representación de su mandante (.) (.) los cuales son puestos a disposición y vista de esta autoridad , solicito la intervención en conjunto de la psicóloga para que instruida que es para que en narrativa libre tome su parecer así como lo haga en presencia del personal autorizado, agente de la procuraduría de niñas, niños y adolescentes por lo que después de alrededor de cuarenta y cinco minutos de que la psicóloga y el representante de los adolescentes dialogaran, según indican en lo individual con cada uno de ellos y hacen del conocimiento del juzgador que los mismos no desean volver al lado de su madre por la agresiones que ella les infiere y que de forma más especifica se encuentran asentada en la diversa acta levantada por el secretario ejecutor adscrito a este juzgado (.) (.) por lo que atento a lo anterior a pregunta expresa del titular, tanto al representante de la procuraduría de niñas, niños y adolescentes y la psicóloga si de la escucha y entrevista que y entrevista que realizaron a los mismos, pueden referir si en el respeto a su derecho de manifestar y ser escuchados, los mismos conforme a sus edades biológicas evidencian capacidad y madurez para referir las situaciones narrativas de cada uno de ellos a lo que el primero de los reseñados agente de la procuraduría de niñas, niños y adolescentes, refiere que desde su parecer tanto M.G.R.C y P.R.C. cuentan con capacidad y madurez suficiente para que sea tomada en cuenta sus manifestaciones como adolescentes que son; en el mismo sentido la psicóloga auxiliar del titular en la presente diligencia refiere idéntica circunstancia, indicando que los mismos manifiestan de forma consiente (sic) y libre su deseo de no ser reintegrados a su progenitora, externando la preocupación y alteración emocional del mayor de los adolescentes por su menor hermano a que en caso de que se le obligue a regresar con su mamá está dispuesto a escaparse (.). (.) derivado de que han sido puestos a disposición de esta autoridad los adolescentes de iniciales M.G.R.C y P.R.C., es que el titular de este juzgado expresó: "temporalmente y jurídicamente me veo imposibilitado a entregar a los menores a su progenitora dado que como se podrá advertir de la diligencia del secretario ejecutor y que la misma fue concluida por el mismo, donde me es informado que la madre de los menores se retiró sin esperar al suscrito y a la secretario de acuerdos, por lo que en tal sentido y a efecto de no vulnerar los derechos de los adolescentes e informar a la autoridad federal mi imposibilidad, es por lo que en este acto se le haga del conocimiento de los apoderados del señor Diego Romo González, que los mismos se encuentran a disposición de este juzgador y ante la negativa reiterada y manifiesta de los referidos adolescentes de irse del domicilio donde se actúa, dando cuenta de la evidente alteración en su estado de ánimo del mayor de ellos y su preocupación por su hermano, es que constituyo en este acto a la Señora Gabriela Patricia González de Santiago, quien manifiesta ser, bajo protesta de decir verdad, abuela paterna de los adolescentes y reiterando el estado de ánimo de los menores y su negativa de irse con el suscrito le requiero de forma expresa a efecto de que manifieste su posibilidad de custodiar a los adolescentes, indicándole que de ser así, los mismos, se encuentran a disposición del suscrito y que en caso de requerirlo se obliga de forma inmediata a su entrega a la progenitora de los mismos; por lo que la citada responde textualmente que acepta el resguardo de los menores, así como que al momento de ser requerida se obliga a entregar a los adolescentes a su progenitora a lo que también asiente de conformidad; derivado de lo anterior en estos momentos le solicito indique el domicilio donde resguardara a los menores donde esta autoridad puede requerir por la entrega materia de los adolescentes a su progenitora refiriendo que es el número 20 veinte de la privada teniente coronel Vicente mendoza, colonia el bajío, Zapopan, Jalisco (.). (Lo subrayado es por este Juzgado). De lo relatado, se evidencia que el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, al momento de realizar la diligencia de restitución de los menores, realizó los actos siguientes: Realizó una diligencia de escucha de los menores. Determina la imposibilidad de restituir a los menores, en virtud de que la progenitora de los mismos, se retiró sin esperar al Juez y Secretario de Acuerdos. Valora la opinión de los menores y dada la negativa reiterada a regresar con su madre, determina que su resguardo quedará a cargo de la abuela paterna de los mismos. En ese sentido, cabe precisar a manera de antecedentes que en el presente incidente de suspensión el once de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la media cautelar para el siguiente efecto: "En consecuencia procede conceder la suspensión definitiva a fin de que de inmediato se ordene la restitución de los menores a la madre y permanezca ahí hasta que se resuelva sobre el fondo del amparo, estos, se ordene a la autoridad responsable para que en un término de 48 horas a partir de que sea notificada, e (sic) informe a este Juzgado federal el cumplimiento dado a esta suspensión definitiva, en el entendido de que deberá hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley para lograr su ejecución (la restitución de los menores a la madre); siendo obligación de este Juzgador estar vigilante a que se cumpla con este fallo al estarse involucrado interés de menores de edad.". Contra la cual el tercero interesado Diego Romo González, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo el registro 374/2019 de su índice; el cual, el tres de junio de dos mil veinte, confirmó la suspensión definitiva dictada en esta incidencia. Luego, en proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, de oficio se ordenó la revocación de la medida cautelar definitiva otorgada en el presente cuaderno incidental, por las siguientes razones: ".. g. Mediante oficio 10,418/2019, registrado con el número 30227, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el nueve de diciembre en curso, informa que ya causó estado el acuerdo por el que tuvo por desistida a la parte actora en el juicio de origen y remite constancia fehaciente de lo informado.- - - - h. Del contenido de la constancia aludida se advierte que efectivamente, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora en el juicio de origen -1233/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco- desistiéndose de la acción reclamada a la aquí quejosa, y en diverso acuerdo de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriado, al no haber sido recurrido.- - - - i. Atento a lo anterior, procede oficiosamente, con apoyo en el artículo 154 de la Ley de Amparo, ante la indudable existencia de un hecho superviniente, esto es, el ocurrido el seis de noviembre de dos mil diecinueve, al dictarse en autos del juicio de origen 1233/2019 del índice del Juzgado (sic) de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, acuerdo en el que se declara ejecutoriado el diverso de dieciocho de octubre anterior, en el que se tuvo al actor desistiéndose de la acción intentada.- - - - Ahora bien, atendiendo a la indudable e inmodificable (por haber causado estado) existencia del hecho superviniente a que se ha hecho alusión, este juzgador estima que: sin que constituya inobservancia de lo prescrito en el referido artículo 154 de la Ley de la Materia, resolver de plano LA REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA OTORGADA A LA PARTE QUEJOSA EN RESOLUCIÓN DICTADA EL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE". Inconforme la parte quejosa con la anterior determinación, presentó recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, bajo la revisión incidental 55/2020 de su registro, quien el once de marzo de dos mil veinte, revocó la determinación adoptada, por las siguientes razones: ". Bajo ese contexto, a fin de revocar la suspensión, ya sea de oficio o a petición de parte, el juzgador debe dar vista a las partes del hecho superviniente y abrir una dilación procesal a efecto de que se ofrezcan pruebas para constatar su actualización y una vez superado el procedimiento, resolver lo que en derecho proceda respecto a si modifica o revoca los términos en que concedió la suspensión. Sin embargo, en el caso a estudio el juez de distrito resolvió de plano la revocación de la suspensión definitiva, sin abrir el incidente respectivo con lo que privó a las partes de la posibilidad de que pudieran ofrecer pruebas y realizaran manifestaciones de acuerdo a las reglas del incidente de suspensión contenidas en los artículos del 125 al 147 de la Ley de Amparo". Por tanto, en acatamiento a lo ordenado por el órgano superior, en acuerdo de trece de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite del incidente de revocación a la suspensión definitiva otorgada en interlocutoria de once de septiembre de dos mil diecinueve; se solicitó informe a la autoridad responsable; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia incidental. En ese tenor en resolución de doce de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materias, Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, determinó declarar fundada la incidencia de revocación a la suspensión definitiva. Inconforme con tal determinación la parte quejosa impugnó ésta y mediante resolución dictada en los autos del toca de revisión incidental 112/2021, dictada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ordenó revocar la resolución recurrida para declarar la incidencia de revocación a la suspensión definitiva infundada; y de la cual se destaca lo siguiente: "102. Así, no cabe duda que el incidente de revocación a la suspensión a estudio no puede resolverse con sustento a una causa superveniente distinta a la que le dio origen. En todo caso, si durante el trámite de dicho incidente el juzgador federal advierte la actualización de otra causa superveniente para revocar la suspensión, debe invocarla de manera expresa, dar vista a las partes y pedir informe a las autoridades responsables para cumplir con las formalidades de ley a fin de estar en posibilidad de resolver con base en ella, de acuerdo con las razones que este tribunal colegiado expuso al resolver el recurso de revisión incidental 55/2020, sin que en el caso a estudio se hubieran cumplido esas formalidades, pues, como se narró en este veredicto, tanto las partes, como la autoridad federal, precisaron que el incidente de revocación de la suspensión a estudio se sustentó en que existe resolución firme que declaró el desistimiento de la acción en el juicio que se dictó el acto reclamado en el amparo indirecto del que deriva el incidente a estudio. 103. Lo anterior es suficiente para revocar la sentencia impugnada, sin necesidad de analizar el resto de los agravios formulados; sin embargo, con independencia de lo expuesto y a mayor abundamiento, cabe precisar que la suspensión concedida en el juicio de amparo indirecto 195/2020 del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que no se dejen sin efectos las medidas cautelares decretadas en el expediente 1953/2019 del índice del Juzgado Décimo Segundo de lo Familiar local, en el que se dio intervención al adolescente **** y, que se decretaron, entre otras cosas, para que los menores de edad involucrados en la contienda constitucional de la que deriva la resolución a estudio no fueran separados del padre. 104. Es así, porque el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco no puede revocar de facto, la suspensión concedida por otro juez federal en un diverso juicio de amparo indirecto, esto es, la suspensión definitiva concedida desde el once de septiembre de dos mil diecinueve en el juicio de amparo indirecto 1724/2019 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, actualmente expediente 173/2021 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; máxime porque esa suspensión fue analizada y confirmada por este Tribunal Colegiado, en sentencia dictada el tres de junio de dos mil veinte en el recurso de revisión incidental 374/2019 105. Además, como ya se dijo en este veredicto, existe constancia de que se sobreseyó en el indirecto 195/2020 del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco y que esa determinación quedó firme, con lo cual quedó sin efectos la suspensión concedida en ese juicio constitucional. 106. Conforme a lo expuesto, son ilegales los argumentos que la juez federal expuso en la resolución de doce de mayo del año en curso, para revocar la suspensión definitiva decretada desde el once de septiembre de dos mil diecinueve, en el incidente de suspensión relativa al juicio de amparo que actualmente se tramita con el número 173/2021 del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. 107. Por otra parte, en cuanto al hecho superveniente que el juez federal advirtió de oficio para abrir el trámite del incidente de revocación de la suspensión definitiva, cabe precisar que aun cuando se llagara a considerar que la determinación que tuvo a ***** **** ********, por desistido de la acción intentada en el expediente 1233/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que actualmente se tramita ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con el número de expediente 1351/2020, tal circunstancia es insuficiente para revocar la suspensión definitiva a estudio. 108. Es así, porque aun cuando existiera declaración firme del desistimiento de la acción en el juicio del que deriva el acto reclamado en el amparo indirecto que dio origen a la suspensión definitiva en estudio, no existiría restitución de las cosas al estado que guardaban antes de que iniciara ese trámite judicial, sino hasta que los menores de edad involucrados en la contienda regresen con su madre para que se ejerza la custodia bajo las condiciones que prevalecían antes de que se decretaran las providencias precautorias autorizadas en el expediente 1233/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que actualmente se tramita ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco con el número de expediente 1351/2020. 109. De acuerdo con todo lo expuesto procede revocar la resolución impugnada y declarar infundado el incidente de revocación de la suspensión definitiva a estudio (.)".(Lo subrayado es por este Juzgado). El quince de marzo de dos mil veintidós se resolvió el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, mismo que se declaró procedente y fundado y en el que se precisó que la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva, debía realizar lo siguiente: Adopte las medidas para la reintegración inmediata de los menores M.G.R.C y P.R.C con su progenitora, en los términos establecidos en la suspensión definitiva. Realice los requerimientos y prevenciones correspondientes a efecto de evitar que sean trasladados a otra ciudad, entidad o país, por lo que deberá tomar las medidas correspondientes para el aseguramiento de los pasaportes de sus hijos, así como tome las medidas necesarias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, para impedir salir a éstos a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; en tanto, se resuelva sobre el fondo del amparo. Realice los apercibimientos necesarios y haga efectivos los medios de apremio, en caso de ser necesario, para la ejecución de la medida suspensional previa certificación que se deje en autos, cuidando siempre la integridad de dichos menores y procurando hacerlo en las condiciones óptimas, además, aperciba al tercero interesado, que de no cumplir en los términos antes indicados, dará vista al Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen. Adopte las medidas necesarias para que durante el desahogo de la diligencia proteja la integridad física de M.G.R.C y P.R.C. así como de la propia madre, y el resto de las personas que se encuentren en dicho lugar. Al momento de la diligencia se permita la intervención e ingreso tanto de Elisa Concepción Celis González como de su autorizados, representante especial de los menores designados en actuaciones y agentes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes. Otorgue asistenca psicológica a M.G.R.C y P.R.C., una vez que sean restituidos a su progenitora, sin que lo anterior implique que la designación del perito retrase la práctica de la diligencia encomendada. En caso de no practicarse la diligencia de mérito por ocultamiento de los propios menores, realice de inmediato las gestiones tendientes a su localización, debiendo girar los oficios necesarios a los órganos municipales, estatales y nacionales que estime pertinentes y actúe en consecuencia. Diligencia a la que deberá citar a la parte quejosa y a Silvia Ariadna Pérez Fraga, designada como asesora jurídica y representante especial de los menores de edad, para que comparezcan al desahogo de la diligencia antes mencionada; cuyo resultado deberá informar al juzgado federal mediante oficio. Medida suspensional que deberá subsistir hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, por lo que en el término de cuarenta y ocho horas deberá informar el cumplimiento a la aludida suspensión definitiva, en el entendido que se está facultando para hacer uso de los medios de apremio que establece la ley para lograr su ejecución, y durante el lapso que se encuentren bajo la custodia de la madre, se determine la convivencia de los menores con su padre, en los términos indicados en la suspensión definitiva. Asimismo el dieciocho de abril de dos mil veintidós, se declaró infundado el incidente de imposibilidad para cumplir con la suspensión definitiva, en lo que aquí interesa determinó lo siguiente: "Así, el incidentista plantea la aplicación del control difuso de convencionalidad ante la ausencia de reglas implementadas en el derecho interno para la optimización de los derechos humanos de sus hijos, que pretende sustentar en los diversos aspectos: a) La edad de uno de los menores quien cumplió dieciséis años. b) El derecho a la participación de los menores, al expresar su oposición a ser entregados a su progenitora con motivo de la medida suspensional. c) El derecho humano a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Sin embargo, para que proceda el estudio de dicha convencionalidad, debe advertirse la transgresión de alguno de los derechos humanos previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, a partir de la exposición del ordenamiento secundario a contrastar. Ciertamente, los artículos 1° y 133 constitucionales, establecen lo siguiente: "Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.". "Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.". De la interpretación armónica de los artículos constitucionales transcritos, se sigue en la parte que interesa, lo siguiente: a) En los Estados Unidos Mexicanos las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México es parte. b) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas. c) El Estado mexicano se obliga a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley d) Los jueces se arreglarán a la Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los distintos Estados de la República. Así, la obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, de velar por los derechos humanos de las personas, contenidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en los que México es parte, debiendo adoptar la interpretación más favorable al derecho humano correspondiente, por ende, están facultados para inaplicar de oficio una norma inferior cuando ésta resulte trasgresora de los derechos humanos de la persona contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es aplicable al caso la tesis P. LXVII/2011(9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 535 del Libro III, diciembre de 2011, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 160589, que establece lo siguiente: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.". En ese tenor, no queda la menor duda de que en el sistema jurídico mexicano, está previsto un mecanismo que permite a los jueces dejar de aplicar disposiciones secundarias contrarias al contenido de la Constitución o de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (previo ejercicio de interpretación conforme); sin embargo, en el caso a estudio, el incidente planteado pretende el incumplimiento a una medida suspensional sin que por una parte, hubiese proporcionado los elementos mínimos para su procedencia, dado que no expuso la disposición de la ley secundaria en la que se advierta la trasgresión de derecho humano protegido a través de los citados cuerpos legales, que justifique la aplicación en su favor del control de convencionalidad, razón por la que no se justifica la aplicación del principio pro persona que pretende el incidentista. Es aplicable al caso la jurisprudencia XXVII.1º. (VIII Región) J/8 (10ª.), de la Décima Época, que aparece publicada en la página 953 del libro I, diciembre de 2013, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con registro 2005057, que establece lo siguiente: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA. Aun cuando el control difuso de constitucionalidad - connotación que incluye el control de convencionalidad- que ejercen los órganos jurisdiccionales en la modalidad ex officio no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, pues se sustenta en el principio iura novit curia, ello no implica que deba ejercerse siempre, pues existen presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia que deben tenerse en cuenta. La ley, la jurisprudencia y la práctica muestran que algunos de esos presupuestos, que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de manera enunciativa son: a) que el juzgador tenga competencia legal para resolver el procedimiento o proceso en el que vaya a contrastar una norma; b) si es a petición de parte, que se proporcionen los elementos mínimos, es decir, debe señalarse con toda claridad cuál es el derecho humano o garantía que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce, pues de otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor del derecho, el juzgador no está obligado a emprender un estudio expreso oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que de manera genérica se invoquen como pertenecientes al sistema; c) debe existir aplicación expresa o implícita de la norma, aunque en ciertos casos también puede ejercitarse respecto de normas que, bien sea expresa o implícitamente, deban emplearse para resolver alguna cuestión del procedimiento en el que se actúa; d) la existencia de un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza oficiosamente; e) inexistencia de cosa juzgada respecto del tema en el juicio, pues si el órgano jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando que la norma es constitucional, no puede realizarlo nuevamente, máxime si un juzgador superior ya se pronunció sobre el tema; f) inexistencia de jurisprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad de la norma que emiten los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación, porque de existir, tal criterio debe respetarse, pues el control concentrado rige al control difuso y, g) inexistencia de criterios vinculantes respecto de la convencionalidad de la norma general, ya que conforme a las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales del Estado Mexicano.". Máxime que la protección al derecho de acceso a la justicia y la aplicación del principio pro homine o pro persona, no implica que quien acude a los tribunales, obtenga en todos los casos una resolución favorable a sus intereses, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de derechos cuando la interpretación más favorable, que aduce el promovente de la incidencia, no encuentre sustento en las reglas de derecho aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), visible en la página 906, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2004748 de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes.". Además, debe decirse que las disposiciones contenidas en la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores no resultan aplicables para establecer, como pretende, la imposibilidad para cumplir una medida suspensional porque en el presente supuesto, no se está ante la restitución de un menor con objeto de que sea trasladado a un diverso país que conlleva indefectiblemente, un cambio radical en su entorno al producir un distanciamiento en el que afecte sus relaciones familiares y sociales, posiblemente de vínculos afectivos (amigos, maestros, etcétera), un cambio en el ambiente social al que ya se encontraba adaptado al someterlo a un proceso de adaptación de un nuevo lugar de residencia, con diferentes costumbres, idiosincrasia, incluso el idioma, con todas las implicaciones físicas y psicoemocionales que ello conlleva. Situación que en la especie no acontece al tratarse únicamente de cambio de domicilio dentro de la misma zona conurbada que en modo alguno podría trastocar los afectos y costumbres que los menores de edad tienen actualmente, ya que aun cuando implicaría no vivir en el entorno paterno no afectaría siquiera la convivencia con su progenitor, en virtud del derecho humano de los propios menores de edad de seguir en comunicación y contacto con aquél. En efecto, para estar en aptitud de aplicar las disposiciones convencionales, debe situarse en un panorama jurídicamente equiparable con la norma internacional a efecto de poder determinar que la normativa secundaria aplicable atenta los derechos humanos de los menores y, por ende, dejar a un lado esta última para lograr salvaguardar sus derechos sustantivos a través del instrumento internacional. De manera que pretender el incumplimiento a la suspensión definitiva adoptada, con objeto de que no se ejecute una medida cautelar de custodia provisional para ser reintegrados, como en el presente caso, a la madre de los menores de edad, ello no implicaría un cambio de residencia de país que afecte determinantemente, en su entorno afectivo y emocional, por tanto, no resulta jurídicamente suficiente para aplicar las reglas específicas para la restitución internacional de menores como lo expone el incidentista porque, como se indicó con anterioridad, los lazos fraternos con el padre no se verían trastocados a partir de la posibilidad material y jurídica de continuar su convivencia a través de la figura jurídica que dispone la ley ordinaria. Lo anterior, si se tiene en consideración además que contra la suspensión definitiva existen los medios de impugnación respectivos a través de los cuales estuvo en posibilidad de combatir dicha determinación (revisión incidental), o bien, de plantear los incidentes que la propia Ley de Amparo dispone para su modificación o revocación, o bien, el exceso o defecto en el cumplimiento de dicha medida suspensional y los medios de defensa procedentes contra las determinaciones que al efecto se emitan. Lo anterior, en su momento, fue expuesto en la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión incidental 46/2021, interpuesta contra la revocación a la suspensión definitiva emitida el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, estableció: "44. Por cuanto al tema, es inaplicable el artículo 12 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, que corresponde a otra situación distinta. En la especie, no hay una situación de sustracción internacional. Tampoco se aprecia que los cónyuges tengan dispares culturas, pues los dos residen en el mismo medio sociocultural en el Estado de Jalisco." En esa tesitura, no resulta jurídicamente viable que a través del presente incidente se pretenda decretar la imposibilidad que aduce el incidentista, para cumplir la medida suspensional actualmente firme. Por virtud de lo anterior, es que no le resultan favorables los criterios jurisprudenciales y tesis invocadas en el incidente en estudio. En razón de lo anterior, resulta improcedente el incidente innominado de imposibilidad material de cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en el presente incidente de suspensión." (lo subrayado es de este juzgado) En esa línea de pensamiento, es claro que la suspensión definitiva fue concedida para el efecto de que de inmediato se ordene la restitución de los menores a la madre y permanezca ahí hasta que se resuelva sobre el fondo del amparo, y para lograr ello las responsables tienen la obligación de hacer uso de los medios de apremio establecidos en la ley para lograr su ejecución; sin embargo, dicha situación a la fecha en que se actúa no se ha logrado. Aunado a lo anterior, mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, a fin de dar puntual cumplimiento a la suspensión del acto que nos ocupa, determinó realizar las siguientes diligencias: Ordenó requerir a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, para que en auxilio de ese juzgado localicen y aseguren a los niños M.G.R.C. y P.R.C. - Requirió al Fiscal del Estado de Jalisco, para el efecto de que de igual forma localicen y aseguren a los menores M.G.R.C. y P.R.C. - Además, de ser localizados y asegurados en lugar público, ordenó que debían ser auxiliados con un Psicólogo de su dependencia y ser trasladados al Instituto de Asistencia Social "Hogar Cabañas" para el efecto de ponerlos en resguardo. - De igual manera que en caso de localizar a los menores, en el domicilio, se haga del conocimiento del Secretario Ejecutor Adscrito al Juzgado Oficiante, para el efecto de hacer uso de la fuerza pública y en su caso, fracture cerraduras de ser necesario, dándole a la resolución citada, efectos de cateo civil. Ahora bien, como se adelantó el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, al momento de realizar la diligencia de restitución de los menores, tuvo a la vista a los menores de edad cuya restitución está ordenada mediante resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve, que dicho sea de paso, a la fecha se encuentra firme, sin embargo, lejos de tomar todas las medidas necesarias que tuvo a su alcance para cumplimentarla, realizó lo siguiente: Realizó una diligencia de escucha de los menores. Determina la imposibilidad de restituir a los menores, en virtud de que la progenitora de los mismos, se retiró sin esperar al Juez y Secretario de Acuerdos. Valora la opinión de los menores y dada la negativa reiterada a regresar con su madre, determina que su resguardo quedará a cargo de la abuela paterna de los mismos. De lo anterior, resulta evidente que el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, incumplió de manera contundente con la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, así como con el propio acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós dictado en el juicio de origen, que al no ser revocado sigue vigente. En efecto, como fue asentado a lo largo del presente acuerdo, del que se destaca que el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, ha incumplido con la suspensión definitiva decretada en el sumario en que se actúa, derivado de que no restituyó a los menores de edad a su madre, no obstante de haberlos tenido a su disposición. Habida cuenta que -y esto es lo relevante- en la resolución de once de septiembre de dos mil diecinueve de manera contundente se fijó como efectos de la suspensión, la inmediata restitución de los menores a la madre, asimismo en la resolución que determinó el exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva, se ordenó entre otros efectos: Adopte las medidas para la reintegración inmediata de los menores M.G.R.C y P.R.C con su progenitora, en los términos establecidos en la suspensión definitiva. Realice los requerimientos y prevenciones correspondientes a efecto de evitar que sean trasladados a otra ciudad, entidad o país, por lo que deberá tomar las medidas correspondientes para el aseguramiento de los pasaportes de sus hijos, así como tome las medidas necesarias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, para impedir salir a éstos a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; en tanto, se resuelva sobre el fondo del amparo. Realice los apercibimientos necesarios y haga efectivos los medios de apremio, en caso de ser necesario, para la ejecución de la medida suspensional previa certificación que se deje en autos, cuidando siempre la integridad de dichos menores y procurando hacerlo en las condiciones óptimas, además, aperciba al tercero interesado, que de no cumplir en los términos antes indicados, dará vista al Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen. Adopte las medidas necesarias para que durante el desahogo de la diligencia proteja la integridad física de M.G.R.C y P.R.C. así como de la propia madre, y el resto de las personas que se encuentren en dicho lugar. Al momento de la diligencia se permita la intervención e ingreso tanto de Elisa Concepción Celis González como de su autorizados, representante especial de los menores designados en actuaciones y agentes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes. Otorgue asistenca psicológica a M.G.R.C y P.R.C., una vez que sean restituidos a su progenitora, sin que lo anterior implique que la designación del perito retrase la práctica de la diligencia encomendada. En caso de no practicarse la diligencia de mérito por ocultamiento de los propios menores, realice de inmediato las gestiones tendientes a su localización, debiendo girar los oficios necesarios a los órganos municipales, estatales y nacionales que estime pertinentes y actúe en consecuencia. Diligencia a la que deberá citar a la parte quejosa y a Silvia Ariadna Pérez Fraga, designada como asesora jurídica y representante especial de los menores de edad, para que comparezcan al desahogo de la diligencia antes mencionada; cuyo resultado deberá informar al juzgado federal mediante oficio. Además, de que el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, en cumplimiento a las citadas resoluciones tomó lo siguientes lineamientos: Ordenó requerir a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, para que en auxilio de ese juzgado localicen y aseguren a los niños M.G.R.C. y P.R.C. - Requirió al Fiscal del Estado de Jalisco, para el efecto de que de igual forma localicen y aseguren a los menores M.G.R.C. y P.R.C. - Además, de ser localizados y asegurados en lugar público, ordenó que debían ser auxiliados con un Psicólogo de su dependencia y ser trasladados al Instituto de Asistencia Social "Hogar Cabañas" para el efecto de ponerlos en resguardo. - De igual manera que en caso de localizar a los menores, en el domicilio, se haga del conocimiento del Secretario Ejecutor Adscrito al Juzgado Oficiante, para el efecto de hacer uso de la fuerza pública y en su caso, fracture cerraduras de ser necesario, dándole a la resolución citada, efectos de cateo civil. En tales condiciones, se advierte que el Juez responsable, no atendió ninguno de los lineamientos establecidos por las resoluciones citadas, ni tampoco los impuestos por el Juez Séptimo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en los que como quedó claro, de ninguna manera se otorgó libertad de jurisdicción para actuar, antes bien éstas fueron precisas, directas y contundentes en establecer que la ejecución de las resoluciones, no era más que la restitución de los menores con su madre. En ese orden de ideas, se tiene claro que el juez responsable actuó en autonomía y de manera deliberada en acciones distintas a las impuestas por este juzgado, pues al momento del desahogo de la diligencia de restitución de menores, realizó una escucha de menores; determinó la imposibilidad de restituir a los menores, en virtud de que la progenitora de los mismos, se retiró sin esperar al Juez y Secretario de Acuerdos y finalmente valoró la opinión de los menores y dada la negativa reiterada a regresar con su madre, determinó que su resguardo quedará a cargo de la abuela paterna de los mismos; sin embargo, dichas acciones fueron tomadas por mutuo propio (sin contar con facultades para ello), y no en cumplimiento a la suspensión definitiva, provocando la obstrucción de una orden judicial, al haber tenido ante su presencia a los menores de que se trata y no realizar todas las diligencias pertinentes, para lograr en ese momento la restitución de los mismos con su progenitora o en su caso, como está ordenado en acuerdo de fecha veintitrés de junio de dos mil veintidós, del índice del expediente de origen, ante la ausencia de la madre, lo que debió hacer el juez a quo fue ordenar el traslado de los menores al Instituto de Asistencia Social "Hogar Cabañas" para el efecto de ponerlos en resguardo y de manera inmediata, restituirlos a su madre; ello con el debido auxilio del psicólogo y del representante de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que actuaron en la diligencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. En tales condiciones, ante el actuar indebido del juez responsable se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se impone a Melchor Augusto Gómez Cordova, en su carácter de Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, una multa, de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Multa que se impone respetando el contenido del el artículo 22 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, ya que de autos se advierte que dicho funcionario ha sido contumaz en cumplir con la suspensión definitiva decretada en autos, no obstante de que se ha requerido por ello en diversas ocasiones, además de que es un hecho notorio que éste cuenta con la capacidad económica necesaria para solventar la medida de apremio pues es Juez Familiar del Primer Partido Judicial y por ende cuenta con un salario asequible para cubrir con esa sanción, misma que se encuentra justificada pues en razón de la naturaleza del incidente de suspensión en que se actúa, en el que se encuentran inmersos intereses de menores, y dadas sus omisiones no ha sido posible restituirlos con su madre, conducta que resulta grave ante el desacato de una orden judicial. En razón de lo anterior, gírese atento oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Jalisco "1", a fin de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta a las citadas autoridades, debiendo remitir la constancia que acredite su cumplimiento. Con independencia de lo anterior, gírese oficio al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para el efecto de hacerle del conocimiento las omisiones en las que ha incurrido el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en no dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión que ocupa la atención, para que si de resultar fundada alguna conducta anómala por parte del funcionario actúe en consecuencia. Derivado de lo anterior de conformidad con la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, ante la actitud contumaz de la responsable en acatar la suspensión definitiva, para que provea lo que en derecho corresponda. Además de lo anterior y toda vez que el Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, señaló nueva fecha para la diligencia de restitución de los menores, esto es, las catorce horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, deberá llevar a cabo la misma, y en caso de que exista impedimento legal para ello; con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del oficio que de este proveído derive, a efecto de que Informe las gestiones realizadas a fin de cumplir con la medida cautelar, debiendo acreditar su dicho con constancias fehacientes; esto es, en la manera y términos establecidos en la interlocutoria de quince de marzo de dos mil veintidós, que resolvió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva: Adopte las medidas para la reintegración inmediata de los menores M.G.R.C y P.R.C con su progenitora, en los términos establecidos en la suspensión definitiva. Realice los requerimientos y prevenciones correspondientes a efecto de evitar que sean trasladados a otra ciudad, entidad o país, por lo que deberá tomar las medidas correspondientes para el aseguramiento de los pasaportes de sus hijos, así como tome las medidas necesarias ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, para impedir salir a éstos a través de los puntos legalmente establecidos, del territorio nacional; en tanto, se resuelva sobre el fondo del amparo. Realice los apercibimientos necesarios y haga efectivos los medios de apremio, en caso de ser necesario, para la ejecución de la medida suspensional previa certificación que se deje en autos, cuidando siempre la integridad de dichos menores y procurando hacerlo en las condiciones óptimas, además, aperciba al tercero interesado, que de no cumplir en los términos antes indicados, dará vista al Ministerio Público adscrito al Juzgado de origen. Adopte las medidas necesarias para que durante el desahogo de la diligencia proteja la integridad física de M.G.R.C y P.R.C. así como de la propia madre, y el resto de las personas que se encuentren en dicho lugar. Al momento de la diligencia se permita la intervención e ingreso tanto de Elisa Concepción Celis González como de su autorizados, representante especial de los menores designados en actuaciones y agentes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Otorgue asistencia psicológica a M.G.R.C y P.R.C., una vez que sean restituidos a su progenitora, sin que lo anterior implique que la designación del perito retrase la práctica de la diligencia encomendada. En caso de no practicarse la diligencia de mérito por ocultamiento de los propios menores, realice de inmediato las gestiones tendientes a su localización, debiendo girar los oficios necesarios a los órganos municipales, estatales y nacionales que estime pertinentes y actúe en consecuencia. Diligencia a la que deberá citar a la parte quejosa y a Silvia Ariadna Pérez Fraga, designada como asesora jurídica y representante especial de los menores de edad, para que comparezcan al desahogo de la diligencia antes mencionada; cuyo resultado deberá informar al juzgado federal mediante oficio. Medida suspensional que deberá subsistir hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo, por lo que en el término de cuarenta y ocho horas deberá informar el cumplimiento a la aludida suspensión definitiva, en el entendido que se está facultado para hacer uso de los medios de apremio que establece la ley para lograr su ejecución, y durante el lapso que se encuentren bajo la custodia de la madre, se determine la convivencia de los menores con su padre, en los términos indicados en la suspensión definitiva. De igual manera se requiere al Juez Octavo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para el efecto de que de puntual seguimiento a lo proveído por el Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, es decir: Realice las gestiones necesarias para obtener información respecto del oficio girado a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, para que en auxilio de ese juzgado localicen y aseguren a los niños M.G.R.C. y P.R.C. - Realice las gestiones necesarias para obtener información del oficio girado al Fiscal del Estado de Jalisco, para el efecto de que de igual forma localicen y aseguren a los menores M.G.R.C. y P.R.C. - Además, de ser localizados y asegurados en lugar público, deben ser auxiliados con un Psicólogo de su dependencia y ser trasladados al Instituto de Asistencia Social "Hogar Cabañas" para el efecto de ponerlos en resguardo. - De igual manera en caso de localizar a los menores, en el domicilio, se haga del conocimiento del Secretario Ejecutor Adscrito al Juzgado Oficiante, para el efecto de hacer uso de la fuerza pública y en su caso, fracture cerraduras de ser necesario, dándole a la resolución citada, efectos de cateo civil. Se le apercibe que de no cumplir con la suspensión definitiva en los términos precisados se hará acreedor a las sanciones establecidas en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, es decir, se formulará la denuncia correspondiente en su contra. Con independencia de lo anterior, se apercibe que de no cumplir con lo peticionado, se le impondrá una multa de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, toda vez que en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, este juzgado se reservó proveer lo conducente respecto de los diversos requerimientos formulados tanto por la parte quejosa como de su autorizado, mismos que fueron registrados con los números 23518 y 23519, hasta en tanto el Juzgado Octavo de lo Familiar de ese Primer Partido Judicial, remitiera las copias certificadas de las documentales derivadas de la diligencia llevó a cabo el veintiocho de septiembre pasado y toda vez que lo anterior ya aconteció, se provee: En cuanto a los puntos en donde el autorizado de la parte quejosa, solicita textualmente lo siguiente: I. RESPECTO AL ESCRITO DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022.- El cual obra en actuaciones, de nuestra parte se solicito que se requiriera al Juez responsable sobre el envío de los informes que deberían haber entregado: LA PERITO PSICOLOGA, LA REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES Y LA AUTORIDAD DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, allí señalada en obvio de repeticiones; su señoría acordó requerir como lo fue a dicha responsable sin embargo hasta el día de hoy HA SIDO OMISO EN CUMPLIR con el requerimiento, por lo que se ruega a su señoría se hagan efectivos apercibimientos y se requiera con mayor fuerza, ya que la actitud de esa responsable es de no cumplir. II. RESPECTO A LOS INFORMES QUE DEBEN RENDIR LAS AUTORIDADES GUARDIA NACIONAL, FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEL ESTADO DE NAYARIT, dichos oficios fueron ordenados y emitidos por el Juez Séptimo Familiar ordenando la búsqueda y localización de los menores MGRC Y PRC, (como obran en constancias del expediente en que se actúa), sin embargo el actual Juez Responsable Juez Octavo de lo Familiar, HA SIDO OMISO EN CUMPLIR con el requerimiento, esto es: para que de seguimiento y solicite los informes de que acciones se están haciendo para localizar a los menores desaparecidos, por lo que se ruega a su señoría se hagan efectivos apercibimientos y se requiera con mayor fuerza, ya que la actitud de esa responsable es de no cumplir. Así como las medidas de protección indicadas en el ocurso registrado con el número 23519, en los que solicitó: "A) QUE SE LE TENGA POR INCUMPLIDA LA EJECUTORIA EN SUS TERMINOS, determinando que dicha diligencia en lo más mínimo seguido los lineamientos de la ejecutoria del incidente por cumplimento defectuoso del 15 de marzo de 2022, por lo que DICHA DILIGENCIA NO SURTE EFECTO ALGUNO, esto es muy importante su señoría pues el padre en contubernio con el juez responsable, va a pretender deslegitimar la denuncia de desaparición forzada, QUERIENDO DARLE UN ALCANCE LEGITIMO A UN ACTO QUE NO LO ES, pues los menores continúan ilocalizables"; B) En términos de la ejecutoria del 15 de marzo de 2022 que obra en autos, se haga efectivo de una vez por todas y cabalidad al JUEZ OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO LIC. MELCHOR AUGUSTO GOMEZ CORDOVA, así como a su Secretario Ejecutor los apercibimientos de multa así como denunciarlo por desacato de acuerdo a la fracción III, del artículo 262, de la Ley de Amparo, y dado que el propio artículo permite aperturar otras denuncias a dicho funcionario, solicitando de nuestra parte que también se ordene a la FISCALIA ANTICORRUPCION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, reciba la denuncia penal contra dicho juez, y demás personas que resulten responsables; en el mismo tenor se ordene al CONSEJO DE JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO, se oficio se aperture una investigación sobre la probable responsabilidad del juez y su secretario, por no haber acatado la ejecución en sus términos pero sobre todo, emitir y dicta actos tendientes a desviar la ejecución de la suspensión ordenada, dado la gravedad de dichos actos se dicte la separación sin goce de sueldo de estas personas hasta que se resuelvan los procesos indicados; se informe todo lo actuado en dichos procesos, incluyendo el avance de las denuncias penales, a su señoría de forma periódica, esto es cada 15 días. (.) E) Dado que la negligencia del juez responsable y del resto de los anteriores jueces familiares, con la honrosa salvedad del Juez Séptimo de lo Familiar, que se han negado a ejecutar en sus términos, PRIMERO.- Requerir a las autoridades de la GUARDIA NACIONAL Y FISCALIAS GENERALES DE LA REPUBLICA Y ESTATALES, que informen cada 7 días sobre las acciones que han venido realizando para buscar y localizar a los menores MGRC Y PRC, para que localizados estos, sean puestos a disposición de su señoría o del Centro de Niñez más próximo; El ocursante deberá estarse a lo ordenado en los párrafos que anteceden de este proveído; en tanto que respecto a las peticiones formuladas en los inciso C) y D) (referente a la denuncia del tercero interesado), fueron debidamente atendidas en auto de tres de octubre pasado. En cuanto a que "En términos del artículo 211, de la Ley de Amparo, por interés superior de los menores, se ordene notificar al padre de los menores en su domicilio, para que se cite día y hora para que presente a los menores al local de este H. Juzgado Federal, a efecto de que sean restituidos a su madre, de no hacerlo, se ordenara la presentación de una denuncia penal en su contra por la retención y ocultamiento de menores y los que resulten, DE ESTA FORMA SE VINCULA DIRECTAMENTE AL PADRE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, pudiendo el Ministerio Público Federal, dictar todos las medidas necesarias para la localización de esta persona"; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que dicha diligencia compete al Juez de origen desahogarla en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada, por lo que de hacerlo en la forma solicitada, este órgano jurisdiccional se estaría substituyendo en las facultades de la autoridad responsable; además, que al momento en que se emite el presente acuerdo, los menores no se encuentran con su padre, si no, en resguardo de su abuela paterna y a disposición del Juez responsable, por lo que no sería dable realizar el requerimiento en los términos que precisa. Finalmente, en cuanto a la solicitud formulada en el inciso "F) Se requiera informes a la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, sobre los avances en la investigación por el delito de desaparición forzada, en donde de nuestra parte ahora vincularemos al titular del Juzgado Octavo Familiar", tampoco resulta factible requerir dicha información, en tanto que la denuncia formulada por su parte, resulta ser una investigación independiente de la cual no se tiene injerencia en el cumplimiento a la suspensión que nos ocupa. Notifíquese.

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