Ignacio Rentería Estrada
Expediente 1487/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1487/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2022
Partes del expediente
- Ignacio Rentería Estrada
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó por su notable e indudable improcedencia su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la hipótesis "d", del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, remite la demanda de amparo promovida por IGNACIO RENTERÍA ESTRADA, y constancias relativas, toda vez que mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, dictada en el amparo directo 362/2020, el referido Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo, en razón de que consideró que la impetrante reclama la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones en el juicio ejecutivo mercantil 450/2018, el cual, no es de aquellas que puedan considerarse como sentencias definitivas o laudos, ni tampoco resoluciones que pongan fin al juicio. Y, dado el volumen de las constancias que acompaña la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, fórmese el tomo I de pruebas, por separado, para el mejor manejo del presente expediente, mismas que quedan a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional para su consulta, en tanto las labores de este Juzgado y la tecnología necesaria permitan digitalizarlas e integrarlas en el expediente electrónico, de conformidad con el artículo 3°, fracción IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En esas condiciones, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, acepta la competencia declinada y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO de la referida demanda. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1487/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de su escrito inicial de demanda, este juzgado de Distrito advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa en su demanda de amparo, que hace consistir en la interlocutoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia con residencia en Santiago, Ixcuintla, Nayarit, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 450/2018, en la que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, hecha valer por la parte demandada -aquí quejosa-, no afecta de modo directo o inmediato alguno de los derechos sustantivos de la parte promovente ni trasciende de un modo irreparable en su esfera jurídica, pues sólo constituye una afectación de carácter procesal, ya que, en todo caso la afectación o violación a sus derechos se podría materializar hasta que la autoridad responsable resuelva en definitiva, que finalmente puede resultar favorable o no a los intereses de la parte quejosa. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del señalado acto reclamado habrá afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable al caso la Tesis Aislada XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1180, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo. Al igual, tiene aplicación la jurisprudencia I.a./J. 94/2008 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia Civil, página 256, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario a sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo. En otro aspecto, y en atención a lo que solicita la parte quejosa, en el sentido que se le tenga señalando el correo electrónico isanchezcamacho@hotmail:com para recibir notificaciones, dígasele que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no ha lugar a acordar de conformidad, dado que para la autorización de dichas notificaciones es necesario contar con firma electrónica y nombre de usuario. Sin embargo, téngase a la parte quejosa proporcionando dicha cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen pertinentes. En consecuencia, al no haber señalada la parte quejosa domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Tepic, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, y en los numerales 305 y 306, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa del numeral 2° de esta última codificación, se le tiene los estrados de este Juzgado Federal para ese efecto. Como lo solicita la parte quejosa se le tiene por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, a ISRAEL SANCHEZ CAMACHO, toda vez que dicho autorizado no tiene inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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