Ignacio Quintero Díaz

Expediente 749/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
749/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Quintero Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos únicamente para que obren como correspondan los sobres de cuenta que remite el Administrador Postal, con residencia en Tepic, Nayarit, por medio del cual devuelve los oficios 2374-V y 3053-V de uno de septiembre y ocho de octubre de dos mil veinte remitidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, por lo motivos que en los mismos se exponen. En virtud de lo anterior, y a fin de evitar mayores dilaciones en el presente juicio de amparo, reexpídanse los oficios de referencia mediante atento oficio que al efecto se le gire a la referida autoridad adjuntando copia de la sentencia dictada, así como del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, a fin de que se imponga del contenido de ellos. Ahora, resulta un hecho notorio para este juzgador de conformidad al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, el acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19,1 expedido por dicha comisión y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veinte, en específico su artículo segundo del cual se desprende que las solicitudes a dicha comisión se tendrán que mandar vía correo electrónico, por lo tanto, los oficios que se reexpiden se tendrán que mandar vía correo electrónico a la dirección comunicaciónAA@cnbv.gob.mx, por lo cual se le solicita a dicha autoridad acuse recibo de su recepción al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo24ctoaj@correo.cjf.gob.mx) como lo establece el artículo segundo del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, signado por IGNACIO QUINTERO DÍAZ, en su carácter de apoderado legal de "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de cinco de julio del año en curso, exhibiendo copia certificada del instrumento público 102,276, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez Pruneda, Notario Público número ciento veintisiete, con residencia en el entonces Distrito Federal, con el cual acredita ser apoderado de la moral quejosa "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE". Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia de la demanda de amparo la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 749/2021 de este juzgado de Distrito y su escrito aclaratorio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto reclamado, que se hace consistir en la resolución interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en los autos del expediente 381/2020 de su índice, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte aquí quejosa, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra del laudo definitivo, en términos de los artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente que se continúe con la tramitación del referido sumario; sin embargo, ello no implica que por tal circunstancia se transgredan de manera inmediata derechos sustantivos, sino que -en todo caso- esa afectación surgiría por virtud de lo que al efecto pudiera decretar la junta al pronunciar su laudo definitivo. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en los autos del expediente 381/2020 de su índice, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte aquí quejosa, haya afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 37/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo, promovida por IGNACIO QUINTERO DÍAZ, en su carácter de apoderado legal de "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, signado por IGNACIO QUINTERO DÍAZ, en su carácter de apoderado legal de "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", a través del cual da cumplimiento a la prevención realizada por auto de cinco de julio del año en curso, exhibiendo copia certificada del instrumento público 102,276, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Sánchez Pruneda, Notario Público número ciento veintisiete, con residencia en el entonces Distrito Federal, con el cual acredita ser apoderado de la moral quejosa "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE". Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia de la demanda de amparo la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 749/2021 de este juzgado de Distrito y su escrito aclaratorio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. El primero de los numerales establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Por excepción, sólo serán impugnables en amparo indirecto, aquellos actos dictados dentro del juicio cuya ejecución sea irreparable, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:.(.) .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El dispositivo transcrito es preciso -para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación- al señalar que dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Con tal precisión, el legislador secundario proporcionó seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de naturaleza irreparable, pues mediante esa fórmula legal estableció que esos actos -para ser calificados como irreparables- necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una afectación de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; esto es, que recaigan sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior se deduce de las dos condiciones que el citado legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento; la primera, atinente a la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que implica situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", lo que de suyo implica deben ser antagónicos a los de naturaleza formal o adjetiva -procesales-, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio cuando se emite sentencia definitiva, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Atento a lo anterior, es claro que las violaciones procesales no causan una afectación irreparable, dada su naturaleza adjetiva y tampoco enmarcan un derecho sustantivo, ya que al tratarse de simples infracciones del procedimiento, sus efectos pueden ser subsanados con la obtención de una sentencia favorable; de ahí que su impugnación pueda esperar hasta el amparo directo, siempre que sean controvertidas previamente a través del recurso ordinario procedente, a menos que se esté en un caso de excepción de este requisito. Por virtud de lo anterior, se concluye que el acto reclamado, que se hace consistir en la resolución interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en los autos del expediente 381/2020 de su índice, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte aquí quejosa, constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva en contra del laudo definitivo, en términos de los artículos 171 y 172, ambos de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente y de forma inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, establecidos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que México es parte. Es así, porque los efectos lógicos que derivan de ese acto, son precisamente que se continúe con la tramitación del referido sumario; sin embargo, ello no implica que por tal circunstancia se transgredan de manera inmediata derechos sustantivos, sino que -en todo caso- esa afectación surgiría por virtud de lo que al efecto pudiera decretar la junta al pronunciar su laudo definitivo. De ahí, que no se pueda pretender que por virtud del acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Junta Especial número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en los autos del expediente 381/2020 de su índice, en la que se declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte aquí quejosa, haya afectaciones irreparables sobre sus derechos sustantivos, y que por ello deba admitirse su amparo indirecto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 37/2014 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 377/2013, de datos y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006589 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 37/2014 (10a.) Página: 39 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J 4/5001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laborar desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede firmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirime los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado contrario sensu, ambos de la ley de la materia, procede desechar la presente demanda de amparo, promovida por IGNACIO QUINTERO DÍAZ, en su carácter de apoderado legal de "XHPY FM" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal concedido no se inconformaron con la resolución dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. Por tanto, hágase del conocimiento el presente proveído a la autoridad señalada como responsable, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Asimismo, en atención al citado acuerdo general, déjese por separado el duplicado del incidente de suspensión respectivo y una vez transcurridos seis meses, procédase a su destrucción. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años, por tanto, agréguese al presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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