Ignacio Rafael Consuelo Báez

Expediente 962/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
962/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Rafael Consuelo Báez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Así, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se desechó la demanda.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por... por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 962/2020-III. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: El cobro excesivo de una cantidad para realizar la devolución del vehículo marca Yamaha tipo motocicleta, motor E387E-028486, serie LBPKE095280084590, color negro, modelo 2008, atribuido al encargado del encierro oficial denominado "Grúas Chavarría, sociedad anónima de capital variable". DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1 , al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reprochado. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, indican respectivamente, que contra los actos y resoluciones de las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los numerales transcritos establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad contra actos de las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo. Ahora, previo a la promoción del juicio de amparo contra el acto que se reclama en esta instancia, la parte quejosa debió combatirlo mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186 y 229, fracción IX, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; máxime que ese ordenamiento legal no establece mayores requisitos que la legislación de la materia para conceder la suspensión. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.)2, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO". Por ello, se reitera, en el caso la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, previo a acudir a esta instancia en reclamo de los actos de los que se duele. Es aplicable por analogía la tesis XXII.3o.A.C.3 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2487, de la Décima Época, cuyo rubro y texto es: "SERVICIOS DE SALVAMENTO, ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DECRETA LA NULIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA AL PARTICULAR, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA EL PAGO RELATIVO O, EN SU CASO, SU DEVOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El precepto citado dispone que la liberación de vehículos ordenada por autoridad judicial o administrativa, no exenta al "interesado" de la obligación de pago por los servicios de salvamento, arrastre y depósito, aun ante la revocación o declaración de nulidad del acto que los generó. En estas condiciones, si bien en términos generales debe considerarse que el particular sujeto de la sanción administrativa es el "interesado", por ser el usuario indirecto del servicio, al provocar la actividad sancionadora estatal de la que derivó la prestación de esos servicios auxiliares, lo cierto es que de una interpretación conforme de dicho numeral, apoyada en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de completitud, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona y atento a que en los artículos 8 y 58, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, fue intención del legislador restituir al particular en el goce de sus derechos violados y hacer a la autoridad responsable de las faltas en que incurra, se colige que cuando en el juicio contencioso administrativo se decreta la nulidad de la sanción impuesta al particular, la autoridad demandada se coloca como usuario directo del servicio y, por ende, como el "interesado" en recuperar el vehículo, con la consecuente obligación de cubrir el pago por los servicios de salvamento, arrastre y depósito de vehículos, por haber incurrido en una actuación viciada en perjuicio de aquél y, en caso de que se hubiera cubierto el costo correspondiente, debe condenarse a su devolución, ya que de esa manera no se exenta de pago al "interesado" ni se priva al concesionario, ajeno a la controversia, de su derecho a cobrarlos. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACION A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea".

  3. Principal

    De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, el suscrito Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, habilitado en términos del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa..., la determinación de diez de diciembre de dos mil veinte; PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Doy fe. SÍNTESIS DE LA DETERMINACIÓN DE DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veinte. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por... por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 962/2020-III. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: El cobro excesivo de una cantidad para realizar la devolución del vehículo marca Yamaha tipo motocicleta, motor ***, serie ****, color negro, modelo 2008, atribuido al encargado del encierro oficial denominado "Grúas Chavarría, sociedad anónima de capital variable". DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo1 , al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reprochado. El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, indican respectivamente, que contra los actos y resoluciones de las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los numerales transcritos establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad contra actos de las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo. Ahora, previo a la promoción del juicio de amparo contra el acto que se reclama en esta instancia, la parte quejosa debió combatirlo mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186 y 229, fracción IX, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; máxime que ese ordenamiento legal no establece mayores requisitos que la legislación de la materia para conceder la suspensión. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.)2, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO". Por ello, se reitera, en el caso la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, previo a acudir a esta instancia en reclamo de los actos de los que se duele. Es aplicable por analogía la tesis XXII.3o.A.C.3 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2487, de la Décima Época, cuyo rubro y texto es: "SERVICIOS DE SALVAMENTO, ARRASTRE Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE DECRETA LA NULIDAD DE LA SANCIÓN IMPUESTA AL PARTICULAR, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA EL PAGO RELATIVO O, EN SU CASO, SU DEVOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El precepto citado dispone que la liberación de vehículos ordenada por autoridad judicial o administrativa, no exenta al "interesado" de la obligación de pago por los servicios de salvamento, arrastre y depósito, aun ante la revocación o declaración de nulidad del acto que los generó. En estas condiciones, si bien en términos generales debe considerarse que el particular sujeto de la sanción administrativa es el "interesado", por ser el usuario indirecto del servicio, al provocar la actividad sancionadora estatal de la que derivó la prestación de esos servicios auxiliares, lo cierto es que de una interpretación conforme de dicho numeral, apoyada en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de completitud, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona y atento a que en los artículos 8 y 58, fracciones II y IV, inciso b), de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, fue intención del legislador restituir al particular en el goce de sus derechos violados y hacer a la autoridad responsable de las faltas en que incurra, se colige que cuando en el juicio contencioso administrativo se decreta la nulidad de la sanción impuesta al particular, la autoridad demandada se coloca como usuario directo del servicio y, por ende, como el "interesado" en recuperar el vehículo, con la consecuente obligación de cubrir el pago por los servicios de salvamento, arrastre y depósito de vehículos, por haber incurrido en una actuación viciada en perjuicio de aquél y, en caso de que se hubiera cubierto el costo correspondiente, debe condenarse a su devolución, ya que de esa manera no se exenta de pago al "interesado" ni se priva al concesionario, ajeno a la controversia, de su derecho a cobrarlos. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACION A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 2 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea"..."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano