Ignacio Jimenez Sanchez
Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 660/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ignacio Jimenez Sanchez
Actuaciones
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual informa que en el juicio de amparo directo 480/2018, solicito a la autoridad responsable: Certifique la demanda de amparo en términos del artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Corra traslado a la parte tercero interesada, en caso de que lo hubiera. Rinda su informe justificado y envíe el expediente laboral J.8/828/2015, de donde deriva el acto reclamado, en el plazo de diez días de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar..."
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual informa que acepta la competencia declinada por este Juzgado de Distrito; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuadernillo de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. En ese sentido, en acatamiento al punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido Acuerdo General Conjunto, procédase a su destrucción, toda vez que se determinó declinar la competencia del juicio de amparo 1830/2017 del índice de este juzgado a diverso órgano, se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental. Por otra parte, vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, respecto al acto reclamado consistente en la notificación del laudo arbitral o resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente J.8/828/2015 del índice de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."
- Principal
"...ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve...se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 660/2018-V-A. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: - El laudo arbitral o resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho del juicio J.8/828/2015. - El acta donde se omitió asentar la contestación de demanda oral, el acta donde se privó al quejoso de su derecho de ofrecer prueba en contrario, el acta de sesión donde se discutió, se votó y se aprobó el laudo arbitral o resolución definitiva y que lo han dejado en completo y absoluto estado de indefensión. INCOMPETENCIA Así, este órgano jurisdiccional, estima que carece de competencia legal para resolver respecto a los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes." Por su parte el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece en su parte conducente: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate..." A su vez, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." En el caso, los actos reclamados no son susceptibles de reclamarse en amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, como pretende el promovente, sino que corresponde su conocimiento a un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en virtud de que el acto que reclama consistente en el laudo arbitral o resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho del juicio J.8/828/2015, puso fin a la litis planteada, por lo que se ubica en la hipótesis precisada en los artículos 34 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por ello la controversia de que se trata debe plantearse en el juicio de amparo directo. Sin soslayar a lo anterior de que igual forma reclama el acta donde se omitió asentar la contestación de demanda oral, el acta donde se privó al quejoso de su derecho de ofrecer prueba en contrario, el acta de sesión donde se discutió, se votó y se aprobó el laudo arbitral o resolución definitiva y que lo han dejado en completo y absoluto estado de indefensión, emitidos por la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México, sin embargo por la naturaleza del acto reclamado que puso fin al juicio laboral, estos últimos actos deben tomarse en cuenta como violaciones procesales. Por lo que, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada por... Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 16/2014 (10a.), visible en la página 611, de la Primera Sala Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo I, libro 5, Abril de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro siguiente: "COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL. De acuerdo con los artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y sus similares en otros ordenamientos, los tribunales están facultados para inhibirse del conocimiento de asuntos cuando consideren no tener competencia para ello, siempre y cuando lo hagan en el primer proveído respecto de la demanda. El ejercicio de esa facultad significa desechar ese escrito inicial y ponerlo a disposición del actor con sus anexos, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente. Lo anterior es así porque en el contexto de la disposición, la palabra "inhibirse" está usada en su acepción más simple de abstenerse o dejar de actuar, lo cual se cumple con el abandono del conocimiento del asunto mediante el desechamiento de la demanda, pues considerar que en tal caso debe remitirse el escrito inicial a otro tribunal que se considere competente, conduciría a un contrasentido, porque implicaría suscitar una cuestión de competencia por el propio tribunal, lo cual está prohibido en los citados preceptos." Así como en la diversa jurisprudencia por analogía, número 2a./J. 87/98, visible en la página 56, de la Segunda Sala Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IX, Enero 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA DESECHA PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, constitucional; 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia de los órganos jurisdiccionales a los que corresponde resolverlo. Esta Suprema Corte de Justicia ha estimado, en reiteradas ocasiones, que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, atendiendo a las reformas constitucionales y legales del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda laboral, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que en su contra procede el amparo directo, porque las pruebas para analizar la constitucionalidad del acto deben obrar en el expediente de la responsable y, por ello, no se justifica el trámite de un juicio que admite dos instancias y una audiencia que prevé el periodo de pruebas, atentando contra los principios de economía procesal y celeridad en la administración de justicia." En consecuencia, de conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Federal, en relación con el diverso numeral 37 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, promovida por...contra actos de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México y otras autoridades. Por tanto, se ordena remitir la demanda y sus traslados al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, en turno, para lo que tenga a bien determinar, y de no tener inconveniente legal alguno comparta esta determinación, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Con una copia de la papeleta, de la demanda de amparo y autógrafa del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. OTRO ACTO RECLAMADO Por otra parte se tiene que el quejoso de igual forma se duele de la notificación del laudo arbitral o resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente J.8/828/2015 del índice de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México. DESECHAMIENTO Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la notificación del laudo arbitral o resolución definitiva de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente J.8/828/2015 del índice de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México, este juzgador estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo de la ley de la materia, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; . De conformidad con la disposición reproducida, es improcedente el juicio de amparo cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar, de donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los aludidos recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones II, penúltimo párrafo, III, IV, último párrafo, VII y XII, de la Constitución Federal; 17, fracción IV, 20, 61, fracciones XVIII, incisos a), b) y c), y XX, segundo párrafo y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, se desprende que tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En razón de lo anterior, respecto al acto reclamado consistente en la ilegal notificación del laudo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente J.8/828/2015 del índice de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México, previo a la interposición del juicio de amparo, el solicitante debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previsto en la Ley laboral. Para evidenciar esta determinación, conviene traer a contexto el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; . Del anterior precepto se desprende que las partes pueden promover incidente de previo y especial pronunciamiento de nulidad, cuando una notificación no se encuentre apegada a los lineamientos establecidos en la ley obrera. Efectivamente, respecto de la notificación reclamada por el quejoso, el ordenamiento procesal aplicable prevé como medio defensa el incidente de nulidad de actuaciones, que puede decretar precisamente la nulidad de la notificación del laudo de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente J.8/828/2015 del índice de la Junta Especial número ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán, Texcoco, con residencia en Cuautitlán, México, si es que no fue realizado conforme a derecho. Este recurso se funda como un medio ordinario de defensa que procede en contra de las notificaciones que se estimen efectuadas en contravención a las reglas de notificación aplicables al juicio laboral. En la circunstancia apuntada, si la parte quejosa no intentó el medio de defensa ordinario contra del acto en estudio antes de acudir al juicio de amparo; éste resulta improcedente al no haber agotado el principio de definitividad a que refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ahora, en relación con las excepciones al principio aludido, que señala el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; debe decirse que, en el presente caso no se actualizan, dado que los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, no impugna una resolución que niegue la libertad bajo caución, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la quejosa, no se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. De igual forma, no se actualiza la relativa a que el promovente le revista el carácter de tercero extraño, debido a que como lo sostuvo bajo protesta de decir verdad, en el propio escrito de demanda el quejoso es parte demandada en el juicio de origen e incluso compareció a defender sus intereses, pues aduce entre otras cosas que de manera verbal en la audiencia de tres de mayo de dos mil quince, de manera oral procedió a dar contestación a la demanda entablada en su contra; por lo que sus afirmaciones adquieren eficacia probatoria plena, de acuerdo a los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que, con mayor razón, al ser parte en el juicio de origen, se encontraba obligado a agotar el medio de defensa previsto en la ley ordinaria, antes de acudir al amparo contra el acto en estudio. A mayor abundamiento, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL, ha establecido como enunciado jurídico, que la definitividad deba ser agotado, siempre y cuando el medio de defensa previsto en la ley secundaria reúna como requisitos lo siguiente: - Sea efectivo; - Idóneo; y - Resuelto en un plazo razonable. Sobre estos conceptos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ha sostenido que la efectividad refiere a la posibilidad real de interponer un recurso sencillo . Lo idóneo a que dicho medio tenga como fin modificar, extinguir o anular el acto que se impugne o se reclame. El plazo razonable significa que estos deban resolverse rápido, es decir, en breve término. En el caso, el medio de defensa reúne dicho requisito, pues este es efectivo en razón que está previsto en la norma; es sencillo su trámite, pues basta con interponerlo en audiencia o mediante un escrito en el que se haga valer lo que en derecho corresponda; es idóneo, ya que conforme a la norma reproducida tiene como fin nulificar la notificación reclamada por la parte quejosa; y de plazo razonable, ya que, el numeral 763 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que una vez interpuesto se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. De ahí que, no hay excepción que permita suprimir la definitividad para acudir al juicio de amparo indirecto; consecuentemente al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, por lo que respecta a este último acto reclamado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este recinto judicial. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de resultar incorrecta la denominación de la autoridad responsable, se dejará de tener con ese carácter. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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