Ignacio Ortíz Sandoval
Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ignacio Ortíz Sandoval
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Ignacio Ortiz Sandoval, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con residencia en Veracruz, Veracruz; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito por la autorizada de la parte quejosa, recibido en línea el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. Atento a su contenido, dígasele que el suscrito se encuentra imposibilitado para acordar de conformidad su petición; toda vez que es necesario que proporcione el usuario, con la finalidad de registrarlo en el sistema antes citado y tenga acceso al expediente electrónico, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo citado en el párrafo que antecede; lo cual se torna indispensable a fin de evitar homonimias. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la razón actuarial de cuenta levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, mediante el cual informa sobre la imposibilidad de notificar de manera personal al Asesor Jurídico Federal, representante de la menor de identidad reservada ********************.********************.********************.********************., la sentencia autorizada el veintiuno de febrero del presente año, por la razón expuesta en la constancia actuarial de mérito; por lo anterior, se ordena realizar la notificación de dicho auto, así como las subsecuentes incluidas las personales, por medio de la lista de acuerdos, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale nuevo domicilio procesal. En consecuencia, como se encuentra ordenado líneas anteriores, con esta fecha se notifica a Manuel Alejandro Navarro Alanis en su calidad de representante especial del menor, la sentencia engrosada el veintiuno de febrero del año que transcurre, misma que a la letra dice: Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 792/2022, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, y turnado el día seis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, promovió el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Luego de que la parte quejosa subsanara la prevención de la demanda (fojas 15-19) mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (foja 31) se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; tener como tercero interesado a Mauricio Lantaro Acosta, a quien se ordenó emplazar al presente juicio por medio de la actuaria adscrita a este Juzgado, lo que así se hizo (foja 54) sin que hubiera comparecido al presente juicio; y se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de Representante para la menor. En auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó nombrar representante especial para la menor involucrada en el presente asunto (fojas 78-79) a quien finalmente se le tuvo aceptando el cargo que le fue designado (fojas 90-91). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 56-57); tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la resolución interlocutoria que recayó a la reclamación de la medida de depósito judicial de la menor hija del aquí quejoso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto al no ser recurrible mediante medio de impugnación ordinario. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós dictada dentro de los autos del expediente 122/2022 de la estadística del juzgado responsable, que resolvió la reclamación del depósito judicial de la menor hija del quejoso, y sus consecuencias. Resolución de la que se advierte que el quejoso fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de agosto de dos mil veintidós (foja 168 Cuaderno de pruebas anexo a constancias) sin que se encuentre desvirtuada tal manifestación. Ahora, por cuestión de método se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez y el 2. Oficial Administrativo, adscritos al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido del informe justificado que rindieron conjuntamente (foja 56-57). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 122/2022 de su índice (Cuaderno de pruebas anexo a constancias); documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de la interlocutoria que se reclama. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Procedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, ya que no se advierte de oficio ninguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni se hace valer alguna diversa por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, cuya transcripción se omite al ser innecesaria y no existir disposición que lo exija. QUINTO. Estudio. En un análisis conjunto, sistemático y armónico de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se concluye que estos son infundados, sin que se advierta queja que suplir, sobre todo en beneficio de la menor involucrada en el presente asunto, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, como se verá enseguida. Previo a exponer las razones que sustentan la presente sentencia, es pertinente atender el siguiente: MARCO NORMATIVO En principio, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2010, consideró que el depósito de persona atiende a la necesidad de contar con una medida prejudicial para otorgar seguridad y protección a quienes pudieran encontrarse en una situación difícil o apremiante, como sucede con las personas menores de edad, en virtud de un controvertido jurisdiccional entre sus progenitores. Así, para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente debe corroborarse que ésta se encuentra en una situación de riesgo; es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente, que es probable la materialización de un daño en la integridad de los mismos, aun cuando, debido al momento procesal en el que se solicita tal medida provisional, exista poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién del/la progenitores/as puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de las personas menores de edad. Ello encuentra armonía con el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el cual señala que los Estados Parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En ese sentido, debe hacerse especial énfasis en que el interés superior del niño o la niña amerita que la convivencia con alguno de los progenitores sea restringida cuando exista la posibilidad de riesgo hacia el mismo, de tal manera que pudiera verse afectado dicho interés superior; en el entendido de que, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultara más beneficiosa para el niño y/o la niña, no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Estas consideraciones se ven reflejadas en el criterio emitido por dicho Alto Tribunal, de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." De esta forma, se puede concluir que la carga de la prueba corresponde a quien argumente que la persona menor de edad se encuentra en un estado de riesgo; ello, al margen de la actividad probatoria que en esta clase de asuntos debe realizar el órgano jurisdiccional de forma oficiosa. Por otra parte, tenemos que los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "ARTICULO 158. En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley." "ARTICULO 159. Sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición." "ARTICULO 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida." "ARTICULO 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." "ARTICULO 163. En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario." "ARTICULO 164. Se dará al depositario copia certificada de la constitución del depósito, para su resguardo." "ARTICULO 166. Las providencias o medidas que propongan respecto al depósito, la mujer, el marido o el depositario, se resolverán de plano por el juez." De los aludidos artículos se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues, ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga, para quien la solicita, de señalar las causas en que sustente su petición; así como la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona. Ello es así, ya que ante la alta posibilidad de una decisión equivocada al respecto (dados los pocos medios de prueba con los que se cuenta) la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo que se corrobore una situación de riesgo para ésta. Así, en los casos de depósito de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un estado de riesgo para éstos, porque dado los pocos medios de prueba existentes en ese momento procesal, es muy alta la posibilidad de tomar una decisión errónea, lo cual significaría alterar su estabilidad de forma injustificada. Dichas premisas se contienen en la jurisprudencia VII.2o.C. J/1 C (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente, pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces; sin que ello signifique que la decisión relativa a esa medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento." Lo que también se respalda en el criterio emitido por el mismo tribunal colegiado en la tesis VII.2o.C.9 C (10a.) que se lee: "DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior." En dicha tesis el aludido órgano colegiado concluyó que el depósito o guarda y custodia provisional de una persona menor de edad, sólo procede cuando se corrobora el riesgo para ésta. De otra forma, debe primarse por mantener la estabilidad en la vida del niño o de la niña. En torno, a la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, es importante consultar el texto realizado por UNICEF intitulado "Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas", en el cual en su capítulo II denominado "El niño o niña necesita establecer un vínculo de afecto y amor", se señala: 1. El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño, cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar la seguridad y confianza básicas para sentirse querido. 2. Las relaciones afectivas son recíprocas. La calidad de la relación afectiva adulto-niño depende de la capacidad del adulto para responder al niño o niña y de las características de éste. 3. El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras personas cercanas, además de la madre, especialmente con el padre si está presente. 4. En la relación afectiva con las personas que lo rodean, el niño o niña adquiere seguridad, aprende a expresar sus sentimientos, a conocerse, a confiar en sí mismo y a desarrollar su autoestima. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha optado por mantener la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo riesgo debidamente corroborado. Así se advierte de lo considerado al resolver el amparo directo en revisión 2159/2012 en tanto se señaló: "se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración de este pueda tener en su personalidad y para su futuro." En esas condiciones, es claro que el estado tiene el deber de salvaguardar el derecho de los niños quienes vienen representados por alguno de sus progenitores, a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de los infantes a participar en los procedimientos judiciales donde pudieran sufrir afectación en su esfera jurídica, en particular, el derecho a ser escuchados previo a resolver lo atinente a las medidas cautelares solicitadas por sus progenitores, no debe considerarse como una regla irrestricta, pues asumir esa rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que pudieran rodear a los niños en casos particulares, y que en lugar de producirles algún beneficio en su bienestar conlleve propiamente un detrimento de su interés superior, dadas las características y circunstancias especiales del asunto en que se involucran sus derechos. Es decir, no por el simple hecho de tratarse de menores, implica que el juzgador deba resolver el asunto sólo atendiendo a su opinión, y menos que deba invariablemente aplazar la decisión sobre la medidas provisionales solicitadas en el procedimiento, hasta escuchar a los infantes considerando imperioso el respeto a ese derecho de audiencia sobre cualquier circunstancia surgida en el juicio; sino que se trata de una regla flexible que permite al juez, atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, determinar en qué casos las manifestaciones de los niños cobran relevancia para la resolución de las medidas de aseguramiento cautelar de los infantes, resolviendo siempre lo más benéfico para él, que no siempre coincidirá con su opinión. La consideración anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." Lo que se estima de esa manera, si se parte de la base que, por un lado, el dicho de los menores en relación con lo que pudieran externar en la audiencia de mérito no se erige como un factor determinante que, por sí mismo, defina la postura que deba adoptar el juzgador en torno al establecimiento o no de las medidas provisionales solicitadas por ambos progenitores; pues aún en el caso de que el infante manifestara que no desea estar con alguno de sus progenitores, lo cierto es que su elección en forma alguna podría ser considerada como una razón categórica y suficiente para decidir en torno a las providencias cautelares, pues sus manifestaciones en cualquier sentido no necesariamente implican que sea lo mejor para su bienestar. Es decir, que su decisión externada constituya el mejor escenario para su sano desarrollo físico, mental y emocional; sino que precisamente atendiendo al interés superior del niño, es obligación ineludible del juez realizar un escrutinio minucioso del acervo probatorio existente en autos hasta este momento procesal, a fin de emitir una decisión que real y objetivamente conlleve al mayor beneficio para los infantes, debiendo en todo caso valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor, a la luz de las necesidades de atención, cariño, educación, sosiego y clima de equilibrio para el desarrollo de los menores, o bien si existen indicios de violencia familiar conforme a las pruebas con que se cuenta hasta el momento; pues sólo así es como podría determinarse cuál es la decisión más propicia para el bienestar integral de los niños y, por tanto, cuál de las medidas cautelares solicitadas por los contendientes es la que debe prevalecer en la especie. En otro tema, respecto de las convivencias paterno-filiales que deben ser fijadas entre los menores y sus padres no custodios, en principio debe tenerse en cuenta que éste es un derecho que concierne a los menores, y no específicamente a los padres de éste, según se advierte del contenido del artículo 4º constitucional, así como los artículos 3.2, 9.1 y 9.3, estos de la "Convención sobre los Derechos del Niño", que fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y que son del contenido siguiente: "Art. 4º.- (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ." "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (.) 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Al respecto, en el Amparo Directo en Revisión 583/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el régimen de convivencias o derecho de visitas, asegura la continuación de las relaciones paterno-filiales entre progenitores e hijas o hijos de forma regular, por lo que, para fijar un régimen de convivencias entre un progenitor no custodio y sus hijas o hijos, quien juzga deberá considerar las circunstancias de tiempo, modo y lugar más benéficas para el niño, niña o adolescente. Igualmente, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta diversos elementos como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados, el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que le permita decidir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. En efecto, al respecto sostuvo: ".es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. ".Al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla. El juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas." Es decir, se concluyó que la decisión para establecer el régimen de convivencias o derecho de visitas, implica que el juzgador, al igual que para decretar la guardia y custodia, tiene la obligación de decretarla a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio de ese derecho de visitas, pero siempre velando por el bienestar del menor en cuestión, ya que esas circunstancias conformarán el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. Lo anterior es así, si tenemos en cuenta que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato. El criterio anterior, se orienta en lo conducente por la tesis aislada 1a. CI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor. Por otra parte, conviene referir que uno de los mecanismos de apoyo asistencial concierne a trabajos terapéuticos encaminados a revincular las relaciones paterno-filiales entre progenitores e hijas o hijos; sobre todo, si se tiene en cuenta que si bien el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin embargo, ello no resulta vinculante indefectiblemente en los procesos jurisdiccionales que dilucidan el régimen de convivencias paterno-filiales; máxime que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención. Lo anterior se ve orientado por la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte por el suscrito y que es del contenido siguiente: CONVIVENCIAS PATERNO-FILIALES. LA OPINIÓN DEL MENOR NO DEBE ACATARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES QUE DILUCIDAN SU RÉGIMEN, SINO QUE DEBEN PONDERARSE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se concluye que el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin que lo anterior signifique que deba acatarse indefectiblemente ésta en los procesos jurisdiccionales que dilucidan el régimen de convivencias paterno-filiales ya que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención. Al respecto, conviene precisar que en la revinculación familiar no solamente se refiere a recuperar el contacto madre/padre e hijo/a, sino al restablecimiento de la coparentalidad, o sea a la inclusión del padre/madre y las respectivas familias extensas en todas las áreas vitales del hijo/a, lo cual se lleva a cabo a través de la "Terapia de Revinculación", que se constituye como el espacio terapéutico que busca reestablecer la relación entre los niños y uno de sus padres que por una u otra razón han estado alejados y que puede ser ordenada judicialmente en miras de retomar la relación interrumpida. En muchos de los casos, ésta se desarrolla en un ambiente seguro y terapéutico, en el cual el niño es introducido o reintroducido gradualmente al contacto con su padre/madre alejado. Ambos exploran y desarrollan una nueva relación, mejoran el apego, comprenden y resuelven los problemas que preocupan tanto a los padres como a los hijos, lo que favorece el funcionamiento general de la familia. El proceso incluye apoyo individual a padres e hijos y terapia de Co-parentalidad, donde se pretende que los padres resuelvan sus diferencias y transmitan a los niños un mensaje común en torno a los beneficios de retomar el contacto con la figura parental alejada. Además, importa precisar que los procesos de revinculación también pueden ser extendidos a otros miembros de la familia. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (cuaderno de pruebas anexo a constancias): 1). El juicio ordinario civil 122/2022 del índice del juzgado responsable dio inicio por la demanda promovida por el aquí tercero interesado, Mauricio Lantaro Acosta, en contra del quejoso, IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, de quien demandó, entre otras prestaciones, el Depósito, Guarda y Custodia de la menor de identidad reservada y de iniciales M.Y.O.S., hermana del promovente, y en favor de él mismo; así como la pérdida de la patria potestad; el pago de una pensión alimenticia (fojas 1-17); lo que se sostuvo en las manifestaciones que son de la relación siguiente: Producto de la relación matrimonial que sostuvieron el aquí quejoso con la madre del actor del juicio natural tercero interesado (éste habido con diversa persona y con anterioridad del hecho aquí narrado) nació en el año de dos mil novecientos trece la menor de identidad reservada con iniciales M.Y.O.S. En mayo de dos mil catorce, el padre de la menor, aquí quejoso, abandonó el domicilio conyugal (en el que vivía incluso el actor del juicio natural) sin que se volviera a hacer cargo del cumplimiento de sus obligaciones de cuidado y alimentarias; respecto de lo cual, la madre de la menor levantó una constancia de abandono de domicilio conyugal; de ahí que la menor solo conoce al aquí quejoso por medio de fotografía. La madre de la menor falleció en agosto de dos mil veintiuno y, desde entonces, el actor del juicio natural se ha hecho cargo de su citada menor hermana, y continúan habitando el domicilio en que siempre vivieron al lado de su madre. 2). Dicha demanda fue admita mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós y, entre otras cuestiones, ordenó el desahogo de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de la menor (fojas 18-19). 3). El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la medida (fojas 20-33) en la que, entre otras cuestiones, se tomó la declaración de la citada menor -en la que adujo no conocer a su padre, más que sólo por fotografía, y que desde la muerte de su madre, es su hermano, actor del juicio, quien se hace cargo de ella- y en esa misma fecha se resolvió decretar de plano el depósito de la menor de edad involucrada, a favor de su hermano, aquí tercero interesado, y finalmente se precisaron las medidas necesarias para establecer el régimen de convivencia entre la menor y su padre, el demandado aquí quejoso. 4). Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 34-37) se fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la menor involucrada y a cargo del aquí quejoso, de quien se ordenó recabar la información que determine su capacidad económica. 5). Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós (foja 61-62) se tuvo por interpuesto el recurso de reclamación que hizo valer el demandado, aquí quejoso, en contra el depósito provisional de la menor (foja 64-79) en el que sostuvo sustancialmente su inconformidad: Porque es la persona que ha venido ejerciendo la guarda y custodia efectiva de la menor. Que el abandono del domicilio conyugal fue consecuencia de los actos de infidelidad y conductas violentas de la madre de la menor. Se pactó verbalmente entre ambos padres, en que el aquí quejoso conviviría y pernoctaría con la menor, en forma libre; lo que no se cumplió por la citada madre de la menor. En reiteradas ocasiones el reclamante se presentó en el domicilio de la menor, pero el actor del juicio natural le negó tener convivencia con ella y tuvo que hacer del conocimiento de aquel, el fallecimiento de la madre de la infante. En enero de dos mil veintidós, el quejoso volvió a constituirse en el domicilio de la menor, pero le fue negada nuevamente convivencia alguna con ésta; por tal razón es que acudió al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, a fin de conciliar respecto de la guarda y custodia de la menor, por lo que se fijó una fecha para febrero de dos mil veintidós, a la cual no acudió el actor del juicio natural. A finales del mes de febrero promovió la Jurisdicción Voluntaria, a fin de que se requiriera al aquí tercero interesado la entrega de la menor a su progenitor, lo cual le fue conferido por el diverso Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, quien acordó favorablemente y ordenó requerir la citada entrega de la menor, sin que se hubiera dado cumplimiento a ello. El quejoso también señala que es Pasante de Ingeniero Agrónomo; persona tranquila y de buenas costumbres, e incapaz de realizar actos que afecten a mujeres y niños; incluso, adujo tener constancias que acreditan que participó en proyectos de perspectiva de género, según lo acredita con las que le fueron expedidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social y que ofreció y exhibió para tal efecto, así como las diversas pruebas que estimó convenientes para ello. 6). Una vez que fuera desahogada la vista que se corrió a la parte actora, aquí tercero interesado (foja 153-158) por resolución de diez de agosto de dos mil veintidós se confirmó el auto materia del recurso de reclamación hecho valer por el aquí quejoso (fojas 159-166) lo que hizo bajo las consideraciones que son de la relación sustancial siguiente. Se decretaron infundados los agravios del recurrente, pues se consideró que éste no logró demostrar que la menor estuviera bajo su guarda y custodia; al contrario, manifestó que no vivía con él, sino con su progenitora; de ahí que se concluyó que la menor no ha tenido acercamiento con su padre. Además, se expuso que la finalidad de la medida se decretó para salvaguardar los derechos de la infante, pero sin vulnerarlos, y faltando únicamente fijar la convivencia de la menor con su padre, una vez que se apersonara el demandado; para ello se señaló como fecha el diez de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se celebrara la audiencia en la que se escuchara a los partícipes de ese juicio, así como a la menor de edad, quien debía ser presentada por el actor del juicio natural, y se les apercibió con una multa para el caso de incomparecencia. Finalmente se estableció que, para efectos de asegurar el cumplimiento de la medida de convivencia, se ordenó realizar trabajo psicológico y, o platicas de revinculación asistida por parte del Centro de Convivencia Familiar, para que, a través de su personal, se sugiriera un régimen inicial de convivencia y se llevaran a cabo las evaluaciones pertinentes y se comunicara su resultado al juzgado responsable. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este asunto, y hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso expone diversos motivos de disenso, los cuales serán atendidos incluso en su conjunto por su estrecha relación y en los que sostiene, sustancialmente, que el acto reclamado es ilegal, puesto que dice que se trasgredió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales, 2, párrafo segundo, y 13 de la Ley General de los derechos de los Niñas, Niños y Adolecentes; así como diversas disposiciones de Tratados internacionales celebrados por el Estado de Mexicano, ya que considera: Que el acto reclamado restringe el derecho a la convivencia personal que dice haber tenido el quejoso y la menor involucrada, desde los primeros días de vida de ésta; lo cual considera que constituye un reflejo de la oposición que presentó la finada madre de la menor y la solicitud de la menor para que le dejaran ver a su padre y que la citada infante hizo manifiesta en las ocasiones en que el padre intentó verla. Es infundado, pues como lo ha establecido la autoridad responsable en el acto que se reclama, el quejoso no acreditó haber tenido convivencia con la menor, con anterioridad a la separación del hogar conyugal; así como tampoco se advierte acreditada la aludida oposición a la convivencia argumentada, y menos aún que la referida menor haya hecho manifiesta de forma alguna, la solicitud para ver a su padre aquí quejoso. De ahí que también se sigue lo infundado de los diversos conceptos de violación en los que el quejoso sostiene que el juzgador responsable dispone de una serie de medidas previas para la autorización de la convivencia con la citada menor, soslayando que ésta ya ha perdido a su madre y que vive al amparo de sus "medios hermanos"; así como aquel en el que expone que los citados "medios hermanos" de la menor, tienen un lazo familiar insuficiente para velar por la protección de la infante, quien además convive con personas ajenas a dicha relación (la esposa de uno de ellos) y quienes tampoco cuentan con ingresos suficientes para mantenerla; sino que además tienen el riesgo de que les quiten la casa en la que habitan, consecuencia de la falta de pago de las mensualidades generadas por el crédito de la vivienda que adquirió la madre de la menor; y de igual forma, el diverso motivo de consenso en que argumenta la ilegalidad del acto reclamado, ya que considera que ratifica la custodia de la menor en favor de su "medio hermano" tercero interesado, sobre el derecho preferente del padre, aquí quejoso, cuando soslaya que éste tiene un derecho preferencial sobre aquel; máxime que la figura de medios hermanos no está prevista en ley como familiares y que fueron preferidos por su señora madre en lugar de la menor al momento de asignar su pliego testamentario laboral, según fue exhibido por el aquí quejoso. Esto es así, pues debe tenerse en cuenta que que la ley no establece un lazo familiar preferente sobre otro, cuando, como en la circunstancia fáctica que impera en el presente asunto, y que se determina por la inexistente convivencia del aquí quejoso con su menor hija, después de la separación del domicilio conyugal, y que se infiere que aquella, por su mínima edad, no tenía aún conciencia de la existencia de aquel, entonces es dable sostener que, a este momento procesal en nada afecta el derecho de la menor a encontrarse depositada y bajo la guarda y custodia provisional a cargo de su hermano, mayor de edad, con quien ha convivido desde siempre con ella. De ahí que la obligación de satisfacer el interés superior de la menor en cuanto a su estabilidad, sobre todo, emocional y psicológica, impera para considerar que el mejor lugar, a este momento, lo determina estar al lado de su hermano, tal como así lo estableció el juez responsable. Ahora bien, en cuanto al diverso motivo de oposición que expone como ilegalidad del acto reclamado el aquí quejoso, y que concierne al retardo que implica haber fijado como fecha el diez de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se celebrara la audiencia en la que se escuchara a los partícipes de ese juicio, así como a la menor de edad, quien debía ser presentada por el actor del juicio natural, pero sin considerar la lejanía de la fecha fijada y aquella en que se dictó la resolución impugnada (más de cuatro meses); así como del diverso en el que expone la parcialidad manifiesta de la autoridad responsable, al establecer un apercibimiento al tercero interesado para el caso de incumplir con la presentación de la menor a la audiencia que señaló para el mes de enero de dos mil veintitrés, con una simple multa, cuando ya había decretado que el incumplimiento de la presentación de la menor, tantas cuantas veces fuera notificado por la autoridad responsable, sería causa de levantamiento de la medida de depósito solicitada por el tercero interesado; máxime que la medida de depósito no priva del derecho a la convivencia. Los anteriores motivos de disenso son infundados, ya que, según el marco normativo que precede, se considera que el juez responsable tuvo en cuenta las circunstancias del caso en específico, y que se constriñen medularmente a la inexistente convivencia de la menor con su padre; lo cual determinó la necesaria revinculación de la menor con su padre y, consecuentemente, el trabajo psicológico previo a determinar el régimen de convivencia respectivo, para su debido encausamiento. Ahora bien, en todo caso a este momento resultaría inoperante el citado concepto de violación, en cuanto a la lejanía de las fechas establecidas por el juez primario para realizar la audiencia y el apercibimiento de multa que se hizo al tercero interesado para el caso de no presentar a la citada menor a esa audiencia, en la que, de hecho, ya fue presentada la referida menor, a fin de desahogar esa diligencia en sus términos, y en la que también compareció el aquí quejoso, según se advierte de las constancias que el juez responsable allegó con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional que precede, y que se citan como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. Sobre todo, porque a partir de dichas constancias es que se puede advertir que en el presente asunto se ha dado consecución a la práctica de las diligencias y actuaciones necesarias, entre ellas el ordenamiento de la práctica de los estudios necesarios a fin de colmar la revinculación de la menor y establecer el régimen de convivencia que sea más adecuado para ésta, en cumplimiento al interés superior que le asiste constitucionalmente. De lo anterior deviene lo infundado el diverso concepto de violación en el que el quejoso sostiene la ilegalidad del acto reclamado, en virtud de que condiciona la asistencia de la menor al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, para establecer la convivencia con el aquí quejoso, a un trabajo psicológico previo, cuando es un derecho la convivencia y que debe ser personal y directa y no por medio de representantes o mediadores. Lo anterior es así, pues se itera justificada la práctica previa de los estudios y trabajos en materia de psicología, a fin de proveer de la mejor revinculación de las convivencias que determinarán el régimen de convivencia entre la menor y su padre, aquí quejoso; sobre todo, ante la inexistente convivencia del aquí quejoso con su menor hija. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, y sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 792/2022, y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, y turnado el día seis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito, IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, promovió el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Luego de que la parte quejosa subsanara la prevención de la demanda (fojas 15-19) mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós (foja 31) se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; dar la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; tener como tercero interesado a Mauricio Lantaro Acosta, a quien se ordenó emplazar al presente juicio por medio de la actuaria adscrita a este Juzgado, lo que así se hizo (foja 54) sin que hubiera comparecido al presente juicio; y se fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. TERCERO. Designación de Representante para la menor. En auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó nombrar representante especial para la menor involucrada en el presente asunto (fojas 78-79) a quien finalmente se le tuvo aceptando el cargo que le fue designado (fojas 90-91). CUARTO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de las autoridades responsables (fojas 56-57); tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la resolución interlocutoria que recayó a la reclamación de la medida de depósito judicial de la menor hija del aquí quejoso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto al no ser recurrible mediante medio de impugnación ordinario. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que la ejecución del acto reclamado tendrá lugar dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós dictada dentro de los autos del expediente 122/2022 de la estadística del juzgado responsable, que resolvió la reclamación del depósito judicial de la menor hija del quejoso, y sus consecuencias. Resolución de la que se advierte que el quejoso fue notificado a la parte quejosa el veintitrés de agosto de dos mil veintidós (foja 168 Cuaderno de pruebas anexo a constancias) sin que se encuentre desvirtuada tal manifestación. Ahora, por cuestión de método se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al 1. Juez y el 2. Oficial Administrativo, adscritos al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido del informe justificado que rindieron conjuntamente (foja 56-57). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 122/2022 de su índice (Cuaderno de pruebas anexo a constancias); documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia de la interlocutoria que se reclama. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Procedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, ya que no se advierte de oficio ninguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni se hace valer alguna diversa por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, cuya transcripción se omite al ser innecesaria y no existir disposición que lo exija. QUINTO. Estudio. En un análisis conjunto, sistemático y armónico de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se concluye que estos son infundados, sin que se advierta queja que suplir, sobre todo en beneficio de la menor involucrada en el presente asunto, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, como se verá enseguida. Previo a exponer las razones que sustentan la presente sentencia, es pertinente atender el siguiente: MARCO NORMATIVO En principio, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/2010, consideró que el depósito de persona atiende a la necesidad de contar con una medida prejudicial para otorgar seguridad y protección a quienes pudieran encontrarse en una situación difícil o apremiante, como sucede con las personas menores de edad, en virtud de un controvertido jurisdiccional entre sus progenitores. Así, para que proceda el depósito provisional de una persona menor de edad, necesariamente debe corroborarse que ésta se encuentra en una situación de riesgo; es decir, debe corroborarse que aconteció un hecho que hace inferir, fundadamente, que es probable la materialización de un daño en la integridad de los mismos, aun cuando, debido al momento procesal en el que se solicita tal medida provisional, exista poco espacio para realizar la actividad probatoria necesaria para allegarse de los medios de prueba pertinentes que corroboren quién del/la progenitores/as puede ejercer de "mejor manera" la guarda y custodia de las personas menores de edad. Ello encuentra armonía con el artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, el cual señala que los Estados Parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En ese sentido, debe hacerse especial énfasis en que el interés superior del niño o la niña amerita que la convivencia con alguno de los progenitores sea restringida cuando exista la posibilidad de riesgo hacia el mismo, de tal manera que pudiera verse afectado dicho interés superior; en el entendido de que, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultara más beneficiosa para el niño y/o la niña, no sólo cuando se evite una situación perjudicial. Estas consideraciones se ven reflejadas en el criterio emitido por dicho Alto Tribunal, de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS." De esta forma, se puede concluir que la carga de la prueba corresponde a quien argumente que la persona menor de edad se encuentra en un estado de riesgo; ello, al margen de la actividad probatoria que en esta clase de asuntos debe realizar el órgano jurisdiccional de forma oficiosa. Por otra parte, tenemos que los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, disponen: "ARTICULO 158. En los casos previstos por el artículo 156 del Código Civil y en todo aquél en que alguna persona intente demandar a su cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, podrá dictarse provisionalmente el depósito o guarda del cónyuge que esté en el caso de ser protegido física o moralmente de acuerdo con la ley." "ARTICULO 159. Sólo los jueces de primera instancia pueden decretar el depósito de que habla el artículo anterior, a no ser que, por circunstancias especiales, no pueda ocurrirse al juez competente, pues entonces el juez del lugar donde ocurra la emergencia podrá decretar el depósito provisionalmente, remitiendo las diligencias al competente y poniendo la persona a su disposición." "ARTICULO 160. La solicitud de depósito puede ser escrita o verbal, y en ella se señalaran las causas en que se funda, el domicilio para su habitación, la existencia de hijos menores y las demás circunstancias del caso. El juez acompañado del secretario del juzgado debe proceder de inmediato, trasladándose al lugar de los hechos, para cerciorarse de la necesidad de la medida, y designará desde luego, en su caso, la persona o institución que habrá de encargarse del depósito y vigilará el cumplimiento del mismo. Si la solicitud de depósito se origina por causa de violencia familiar, el juez, acompañado del secretario del juzgado, podrá practicar las diligencias que a su juicio sean necesarias para declarar la práctica de la medida." "ARTICULO 162. En los casos previstos por la fracción III, del artículo 156 del Código Civil, el Juez dictará las medidas que crea convenientes para que, sin perjuicio de la resolución que recaiga en la sentencia de divorcio, los acreedores alimentarios, inclusive el cónyuge en su caso, queden protegidos y asegurados en la percepción de alimentos. Igualmente dictará las medidas adecuadas, de acuerdo con las restantes fracciones del precepto citado del Código Civil, para el aseguramiento y cuidado de los hijos, para evitar perjuicio de un cónyuge al otro, para cumplir con las precauciones establecidas en el caso de que la mujer quede encinta, y las demás que prevenga la Ley. Los derechos contemplados en el presente capítulo también podrán ejercerlos los concubinos, así como los parientes por ambas líneas hasta el cuarto grado de la persona que pretendan demandar. Cualquiera reclamación sobre las medidas a que se refiere este Capítulo, se resolverán con un solo escrito de cada parte, sin ulterior recurso." "ARTICULO 163. En el caso de que el depósito se haya constituido para demandar o acusar un cónyuge, concubino o pariente por ambas líneas hasta el cuarto grado, la providencia se considerará sin efectos, si dentro de diez días hábiles siguientes, la parte interesada no acredita haber presentado la demanda. La declaración respectiva se hará de oficio por el tribunal y se notificará personalmente a los cónyuges, concubinos o parientes interesados y al depositario." "ARTICULO 164. Se dará al depositario copia certificada de la constitución del depósito, para su resguardo." "ARTICULO 166. Las providencias o medidas que propongan respecto al depósito, la mujer, el marido o el depositario, se resolverán de plano por el juez." De los aludidos artículos se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente; pues, ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces. Sin que ello signifique que la decisión relativa a tal medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga, para quien la solicita, de señalar las causas en que sustente su petición; así como la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona. Ello es así, ya que ante la alta posibilidad de una decisión equivocada al respecto (dados los pocos medios de prueba con los que se cuenta) la norma busca privilegiar la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo que se corrobore una situación de riesgo para ésta. Así, en los casos de depósito de las personas menores de edad, lo que determina su procedencia es la corroboración de un estado de riesgo para éstos, porque dado los pocos medios de prueba existentes en ese momento procesal, es muy alta la posibilidad de tomar una decisión errónea, lo cual significaría alterar su estabilidad de forma injustificada. Dichas premisas se contienen en la jurisprudencia VII.2o.C. J/1 C (11a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: "DEPÓSITO O GUARDA DE PERSONAS COMO ACTO PREJUDICIAL. PARA QUE SE DECRETE ES NECESARIO ACREDITAR TANTO LA URGENCIA COMO EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE JUSTIFIQUEN LA NECESIDAD DE LA MEDIDA, DERIVADO DE LA ACREDITACIÓN OBJETIVA DE LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE SEÑALE SU SOLICITANTE Y EL CERCIORAMIENTO DEL JUEZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 158, 159, 160, 162, 163, 164 y 166 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se advierte que el depósito de personas es una medida que puede solicitarse, previo ejercicio de una acción de carácter judicial, siempre que sea urgente, pues ante la situación de riesgo, se requiere que la persona, objeto del depósito, sea protegida inmediatamente. Así, para que se decrete el depósito o la guarda de una persona como acto prejudicial es necesario que se acrediten tanto la urgencia como el peligro en la demora, entendidas como la necesidad de la medida, sobre todo tratándose del caso de menores de edad o incapaces; sin que ello signifique que la decisión relativa a esa medida pueda adoptarse de manera arbitraria y con el simple dicho de quien la solicita, pues la decisión correspondiente habrá de estar respaldada por elementos objetivos que la sustenten. Para ello, el legislador previó la carga para quien la solicita de señalar las causas en que sustente su petición; y la obligación a cargo del juzgador de cerciorarse de la necesidad de la medida, trasladándose para ello al lugar de los hechos, a fin de constatar la existencia de elementos objetivos que, en su caso, justifiquen el depósito de persona como acto prejudicial. Por lo que, acorde con los artículos señalados, corresponde al juzgador, bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse que la persona objeto de la medida que se solicita necesita de protección ante lo apremiante del riesgo que incide sobre su persona. Por tanto, es una diligencia espontánea en la que se plasmará lo que en ese momento el juzgador capte con sus sentidos, lo que deberá concatenar con lo que motivó a la práctica de dicha diligencia, esto es, las razones por las cuales se solicitó la medida, consistente en corroborar la urgencia y el peligro en que pueden encontrarse las personas a depositar, vinculando los elementos objetivos que tenga en ese momento." Lo que también se respalda en el criterio emitido por el mismo tribunal colegiado en la tesis VII.2o.C.9 C (10a.) que se lee: "DEPÓSITO JUDICIAL O GUARDA DE MENORES COMO ACTO PREJUDICIAL O MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE ALIMENTOS. PARA SU PROCEDENCIA EL JUZGADOR DEBE CERCIORARSE DE LA NECESIDAD DE LA PROTECCIÓN, POR LO QUE TIENE QUE VERIFICAR Y CORROBORAR, EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, LO APREMIANTE DE LA URGENCIA Y QUE HAYA RELACIÓN DIRECTA CON EL DERECHO CONTROVERTIDO, PONDERÁNDOSE ÉSTE, EN FUNCIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De los artículos 16, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 5, 8, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que es un derecho humano del niño mantener sus relaciones familiares y desarrollarse en el núcleo familiar al que pertenece, el que sólo podrá afectarse en caso de excepción y previa resolución judicial a fin de proteger su interés superior. Por tanto, para que proceda el depósito judicial, ya sea como acto prejudicial o como medida cautelar, el juzgador deberá, en cada caso, acorde con los artículos 158, 159, 160 y 162 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y bajo su más estricta responsabilidad, cerciorarse de que el menor necesita protección, para lo que habrá de verificar y corroborar, en el lugar de los hechos, lo apremiante de la urgencia en la medida. Además, tratándose del depósito o guarda de menores como medida cautelar, habrá de cerciorarse que tenga relación directa con el derecho controvertido en el juicio debiendo ponderarse éste, en función del interés superior del niño, pues no encontraría justificación alguna afectar tal derecho humano del menor, cuando se solicita la medida en un juicio de alimentos, sin acreditarse que existe un riesgo a su interés superior." En dicha tesis el aludido órgano colegiado concluyó que el depósito o guarda y custodia provisional de una persona menor de edad, sólo procede cuando se corrobora el riesgo para ésta. De otra forma, debe primarse por mantener la estabilidad en la vida del niño o de la niña. En torno, a la estabilidad en la vida de las personas menores de edad, es importante consultar el texto realizado por UNICEF intitulado "Desarrollo psicosocial de los niños y las niñas", en el cual en su capítulo II denominado "El niño o niña necesita establecer un vínculo de afecto y amor", se señala: 1. El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, esto es, una relación de cariño, cálida y cercana, con los padres o las personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar la seguridad y confianza básicas para sentirse querido. 2. Las relaciones afectivas son recíprocas. La calidad de la relación afectiva adulto-niño depende de la capacidad del adulto para responder al niño o niña y de las características de éste. 3. El niño o niña necesita establecer vínculos afectivos con otras personas cercanas, además de la madre, especialmente con el padre si está presente. 4. En la relación afectiva con las personas que lo rodean, el niño o niña adquiere seguridad, aprende a expresar sus sentimientos, a conocerse, a confiar en sí mismo y a desarrollar su autoestima. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha optado por mantener la estabilidad en la vida de la persona menor de edad, salvo riesgo debidamente corroborado. Así se advierte de lo considerado al resolver el amparo directo en revisión 2159/2012 en tanto se señaló: "se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración de este pueda tener en su personalidad y para su futuro." En esas condiciones, es claro que el estado tiene el deber de salvaguardar el derecho de los niños quienes vienen representados por alguno de sus progenitores, a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el derecho de los infantes a participar en los procedimientos judiciales donde pudieran sufrir afectación en su esfera jurídica, en particular, el derecho a ser escuchados previo a resolver lo atinente a las medidas cautelares solicitadas por sus progenitores, no debe considerarse como una regla irrestricta, pues asumir esa rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que pudieran rodear a los niños en casos particulares, y que en lugar de producirles algún beneficio en su bienestar conlleve propiamente un detrimento de su interés superior, dadas las características y circunstancias especiales del asunto en que se involucran sus derechos. Es decir, no por el simple hecho de tratarse de menores, implica que el juzgador deba resolver el asunto sólo atendiendo a su opinión, y menos que deba invariablemente aplazar la decisión sobre la medidas provisionales solicitadas en el procedimiento, hasta escuchar a los infantes considerando imperioso el respeto a ese derecho de audiencia sobre cualquier circunstancia surgida en el juicio; sino que se trata de una regla flexible que permite al juez, atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, determinar en qué casos las manifestaciones de los niños cobran relevancia para la resolución de las medidas de aseguramiento cautelar de los infantes, resolviendo siempre lo más benéfico para él, que no siempre coincidirá con su opinión. La consideración anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 12/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo." Lo que se estima de esa manera, si se parte de la base que, por un lado, el dicho de los menores en relación con lo que pudieran externar en la audiencia de mérito no se erige como un factor determinante que, por sí mismo, defina la postura que deba adoptar el juzgador en torno al establecimiento o no de las medidas provisionales solicitadas por ambos progenitores; pues aún en el caso de que el infante manifestara que no desea estar con alguno de sus progenitores, lo cierto es que su elección en forma alguna podría ser considerada como una razón categórica y suficiente para decidir en torno a las providencias cautelares, pues sus manifestaciones en cualquier sentido no necesariamente implican que sea lo mejor para su bienestar. Es decir, que su decisión externada constituya el mejor escenario para su sano desarrollo físico, mental y emocional; sino que precisamente atendiendo al interés superior del niño, es obligación ineludible del juez realizar un escrutinio minucioso del acervo probatorio existente en autos hasta este momento procesal, a fin de emitir una decisión que real y objetivamente conlleve al mayor beneficio para los infantes, debiendo en todo caso valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor, a la luz de las necesidades de atención, cariño, educación, sosiego y clima de equilibrio para el desarrollo de los menores, o bien si existen indicios de violencia familiar conforme a las pruebas con que se cuenta hasta el momento; pues sólo así es como podría determinarse cuál es la decisión más propicia para el bienestar integral de los niños y, por tanto, cuál de las medidas cautelares solicitadas por los contendientes es la que debe prevalecer en la especie. En otro tema, respecto de las convivencias paterno-filiales que deben ser fijadas entre los menores y sus padres no custodios, en principio debe tenerse en cuenta que éste es un derecho que concierne a los menores, y no específicamente a los padres de éste, según se advierte del contenido del artículo 4º constitucional, así como los artículos 3.2, 9.1 y 9.3, estos de la "Convención sobre los Derechos del Niño", que fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y que son del contenido siguiente: "Art. 4º.- (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. ." "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (.) 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." Al respecto, en el Amparo Directo en Revisión 583/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el régimen de convivencias o derecho de visitas, asegura la continuación de las relaciones paterno-filiales entre progenitores e hijas o hijos de forma regular, por lo que, para fijar un régimen de convivencias entre un progenitor no custodio y sus hijas o hijos, quien juzga deberá considerar las circunstancias de tiempo, modo y lugar más benéficas para el niño, niña o adolescente. Igualmente, los órganos jurisdiccionales deben tomar en cuenta diversos elementos como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados, el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio, los orígenes del conflicto familiar, la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio, la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio y, en general, cualquier otro factor que le permita decidir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores de edad involucrados. En efecto, al respecto sostuvo: ".es innegable que esta institución goza de una gran trascendencia en el ámbito de crisis intrafamiliares, puesto que se erige como una medida excepcional tendiente a reactivar la convivencia familiar con el progenitor que no ostenta la titularidad de la guarda y custodia y así asegurar la continuación de las relaciones paterno-filiales con ambos progenitores de forma regular. Al momento de implementar el régimen de convivencia a favor del progenitor no custodio, la autoridad judicial debe tener en consideración que se trata de un derecho a favor de los menores, independiente a los intereses o derechos de cualquiera de sus padres. Por tanto, cualquier decisión judicial que recaiga sobre el derecho de visitas deberá tener como eje rector el principio de interés superior del menor, buscando en todo momento incentivar y preservar la convivencia del grupo familiar. En este sentido, se ha considerado que el ejercicio del derecho de visitas no es absoluto ni está sujeto a la decisión arbitraria de cualquiera de los padres, sino que atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, el mencionado derecho podrá estar limitado de forma temporal, espacial e inclusive modal, de tal manera que sea posible asegurar el bienestar y la estabilidad emocional de los menores involucrados. ".Al igual que la decisión sobre la asignación de la guarda y custodia a uno de los progenitores, la determinación sobre el contenido del derecho de visitas en cada caso concreto tampoco es una tarea sencilla. El juez de lo familiar deberá tener en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados. Así las cosas, tomando como base los anteriores elementos, el juez de lo familiar deberá establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho de visitas, velando siempre por el bienestar del menor en cuestión. Dichas circunstancias conformarán propiamente el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas." Es decir, se concluyó que la decisión para establecer el régimen de convivencias o derecho de visitas, implica que el juzgador, al igual que para decretar la guardia y custodia, tiene la obligación de decretarla a partir de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio de ese derecho de visitas, pero siempre velando por el bienestar del menor en cuestión, ya que esas circunstancias conformarán el contenido del régimen de convivencia o derecho de visitas. Lo anterior es así, si tenemos en cuenta que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato. El criterio anterior, se orienta en lo conducente por la tesis aislada 1a. CI/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor. Por otra parte, conviene referir que uno de los mecanismos de apoyo asistencial concierne a trabajos terapéuticos encaminados a revincular las relaciones paterno-filiales entre progenitores e hijas o hijos; sobre todo, si se tiene en cuenta que si bien el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin embargo, ello no resulta vinculante indefectiblemente en los procesos jurisdiccionales que dilucidan el régimen de convivencias paterno-filiales; máxime que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención. Lo anterior se ve orientado por la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte por el suscrito y que es del contenido siguiente: CONVIVENCIAS PATERNO-FILIALES. LA OPINIÓN DEL MENOR NO DEBE ACATARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES QUE DILUCIDAN SU RÉGIMEN, SINO QUE DEBEN PONDERARSE TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. De la interpretación de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se concluye que el interés superior del menor implica el derecho de éste a expresar su opinión, la cual será tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, sin que lo anterior signifique que deba acatarse indefectiblemente ésta en los procesos jurisdiccionales que dilucidan el régimen de convivencias paterno-filiales ya que, en aras de su protección integral, el juzgador debe ponderar todas las circunstancias del caso como podrían ser dictámenes periciales en psicología desahogados, tanto del menor como del padre, con el cual se pretende establecer el régimen de convivencias -con inclusión de la opinión del menor del porqué no desea establecer dicha convivencia-, para emitir una resolución armónica y respetuosa de sus derechos humanos y con el principio en mención. Al respecto, conviene precisar que en la revinculación familiar no solamente se refiere a recuperar el contacto madre/padre e hijo/a, sino al restablecimiento de la coparentalidad, o sea a la inclusión del padre/madre y las respectivas familias extensas en todas las áreas vitales del hijo/a, lo cual se lleva a cabo a través de la "Terapia de Revinculación", que se constituye como el espacio terapéutico que busca reestablecer la relación entre los niños y uno de sus padres que por una u otra razón han estado alejados y que puede ser ordenada judicialmente en miras de retomar la relación interrumpida. En muchos de los casos, ésta se desarrolla en un ambiente seguro y terapéutico, en el cual el niño es introducido o reintroducido gradualmente al contacto con su padre/madre alejado. Ambos exploran y desarrollan una nueva relación, mejoran el apego, comprenden y resuelven los problemas que preocupan tanto a los padres como a los hijos, lo que favorece el funcionamiento general de la familia. El proceso incluye apoyo individual a padres e hijos y terapia de Co-parentalidad, donde se pretende que los padres resuelvan sus diferencias y transmitan a los niños un mensaje común en torno a los beneficios de retomar el contacto con la figura parental alejada. Además, importa precisar que los procesos de revinculación también pueden ser extendidos a otros miembros de la familia. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (cuaderno de pruebas anexo a constancias): 1). El juicio ordinario civil 122/2022 del índice del juzgado responsable dio inicio por la demanda promovida por el aquí tercero interesado, Mauricio Lantaro Acosta, en contra del quejoso, IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, de quien demandó, entre otras prestaciones, el Depósito, Guarda y Custodia de la menor de identidad reservada y de iniciales M.Y.O.S., hermana del promovente, y en favor de él mismo; así como la pérdida de la patria potestad; el pago de una pensión alimenticia (fojas 1-17); lo que se sostuvo en las manifestaciones que son de la relación siguiente: Producto de la relación matrimonial que sostuvieron el aquí quejoso con la madre del actor del juicio natural tercero interesado (éste habido con diversa persona y con anterioridad del hecho aquí narrado) nació en el año de dos mil novecientos trece la menor de identidad reservada con iniciales M.Y.O.S. En mayo de dos mil catorce, el padre de la menor, aquí quejoso, abandonó el domicilio conyugal (en el que vivía incluso el actor del juicio natural) sin que se volviera a hacer cargo del cumplimiento de sus obligaciones de cuidado y alimentarias; respecto de lo cual, la madre de la menor levantó una constancia de abandono de domicilio conyugal; de ahí que la menor solo conoce al aquí quejoso por medio de fotografía. La madre de la menor falleció en agosto de dos mil veintiuno y, desde entonces, el actor del juicio natural se ha hecho cargo de su citada menor hermana, y continúan habitando el domicilio en que siempre vivieron al lado de su madre. 2). Dicha demanda fue admita mediante acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós y, entre otras cuestiones, ordenó el desahogo de la diligencia de cercioramiento de la necesidad de la medida de depósito de la menor (fojas 18-19). 3). El veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la diligencia de cercioramiento de la medida (fojas 20-33) en la que, entre otras cuestiones, se tomó la declaración de la citada menor -en la que adujo no conocer a su padre, más que sólo por fotografía, y que desde la muerte de su madre, es su hermano, actor del juicio, quien se hace cargo de ella- y en esa misma fecha se resolvió decretar de plano el depósito de la menor de edad involucrada, a favor de su hermano, aquí tercero interesado, y finalmente se precisaron las medidas necesarias para establecer el régimen de convivencia entre la menor y su padre, el demandado aquí quejoso. 4). Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós (foja 34-37) se fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la menor involucrada y a cargo del aquí quejoso, de quien se ordenó recabar la información que determine su capacidad económica. 5). Por auto de treinta de mayo de dos mil veintidós (foja 61-62) se tuvo por interpuesto el recurso de reclamación que hizo valer el demandado, aquí quejoso, en contra el depósito provisional de la menor (foja 64-79) en el que sostuvo sustancialmente su inconformidad: Porque es la persona que ha venido ejerciendo la guarda y custodia efectiva de la menor. Que el abandono del domicilio conyugal fue consecuencia de los actos de infidelidad y conductas violentas de la madre de la menor. Se pactó verbalmente entre ambos padres, en que el aquí quejoso conviviría y pernoctaría con la menor, en forma libre; lo que no se cumplió por la citada madre de la menor. En reiteradas ocasiones el reclamante se presentó en el domicilio de la menor, pero el actor del juicio natural le negó tener convivencia con ella y tuvo que hacer del conocimiento de aquel, el fallecimiento de la madre de la infante. En enero de dos mil veintidós, el quejoso volvió a constituirse en el domicilio de la menor, pero le fue negada nuevamente convivencia alguna con ésta; por tal razón es que acudió al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, a fin de conciliar respecto de la guarda y custodia de la menor, por lo que se fijó una fecha para febrero de dos mil veintidós, a la cual no acudió el actor del juicio natural. A finales del mes de febrero promovió la Jurisdicción Voluntaria, a fin de que se requiriera al aquí tercero interesado la entrega de la menor a su progenitor, lo cual le fue conferido por el diverso Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, quien acordó favorablemente y ordenó requerir la citada entrega de la menor, sin que se hubiera dado cumplimiento a ello. El quejoso también señala que es Pasante de Ingeniero Agrónomo; persona tranquila y de buenas costumbres, e incapaz de realizar actos que afecten a mujeres y niños; incluso, adujo tener constancias que acreditan que participó en proyectos de perspectiva de género, según lo acredita con las que le fueron expedidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social y que ofreció y exhibió para tal efecto, así como las diversas pruebas que estimó convenientes para ello. 6). Una vez que fuera desahogada la vista que se corrió a la parte actora, aquí tercero interesado (foja 153-158) por resolución de diez de agosto de dos mil veintidós se confirmó el auto materia del recurso de reclamación hecho valer por el aquí quejoso (fojas 159-166) lo que hizo bajo las consideraciones que son de la relación sustancial siguiente. Se decretaron infundados los agravios del recurrente, pues se consideró que éste no logró demostrar que la menor estuviera bajo su guarda y custodia; al contrario, manifestó que no vivía con él, sino con su progenitora; de ahí que se concluyó que la menor no ha tenido acercamiento con su padre. Además, se expuso que la finalidad de la medida se decretó para salvaguardar los derechos de la infante, pero sin vulnerarlos, y faltando únicamente fijar la convivencia de la menor con su padre, una vez que se apersonara el demandado; para ello se señaló como fecha el diez de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se celebrara la audiencia en la que se escuchara a los partícipes de ese juicio, así como a la menor de edad, quien debía ser presentada por el actor del juicio natural, y se les apercibió con una multa para el caso de incomparecencia. Finalmente se estableció que, para efectos de asegurar el cumplimiento de la medida de convivencia, se ordenó realizar trabajo psicológico y, o platicas de revinculación asistida por parte del Centro de Convivencia Familiar, para que, a través de su personal, se sugiriera un régimen inicial de convivencia y se llevaran a cabo las evaluaciones pertinentes y se comunicara su resultado al juzgado responsable. Dicha determinación constituye el acto reclamado en este asunto, y hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso expone diversos motivos de disenso, los cuales serán atendidos incluso en su conjunto por su estrecha relación y en los que sostiene, sustancialmente, que el acto reclamado es ilegal, puesto que dice que se trasgredió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales, 2, párrafo segundo, y 13 de la Ley General de los derechos de los Niñas, Niños y Adolecentes; así como diversas disposiciones de Tratados internacionales celebrados por el Estado de Mexicano, ya que considera: Que el acto reclamado restringe el derecho a la convivencia personal que dice haber tenido el quejoso y la menor involucrada, desde los primeros días de vida de ésta; lo cual considera que constituye un reflejo de la oposición que presentó la finada madre de la menor y la solicitud de la menor para que le dejaran ver a su padre y que la citada infante hizo manifiesta en las ocasiones en que el padre intentó verla. Es infundado, pues como lo ha establecido la autoridad responsable en el acto que se reclama, el quejoso no acreditó haber tenido convivencia con la menor, con anterioridad a la separación del hogar conyugal; así como tampoco se advierte acreditada la aludida oposición a la convivencia argumentada, y menos aún que la referida menor haya hecho manifiesta de forma alguna, la solicitud para ver a su padre aquí quejoso. De ahí que también se sigue lo infundado de los diversos conceptos de violación en los que el quejoso sostiene que el juzgador responsable dispone de una serie de medidas previas para la autorización de la convivencia con la citada menor, soslayando que ésta ya ha perdido a su madre y que vive al amparo de sus "medios hermanos"; así como aquel en el que expone que los citados "medios hermanos" de la menor, tienen un lazo familiar insuficiente para velar por la protección de la infante, quien además convive con personas ajenas a dicha relación (la esposa de uno de ellos) y quienes tampoco cuentan con ingresos suficientes para mantenerla; sino que además tienen el riesgo de que les quiten la casa en la que habitan, consecuencia de la falta de pago de las mensualidades generadas por el crédito de la vivienda que adquirió la madre de la menor; y de igual forma, el diverso motivo de consenso en que argumenta la ilegalidad del acto reclamado, ya que considera que ratifica la custodia de la menor en favor de su "medio hermano" tercero interesado, sobre el derecho preferente del padre, aquí quejoso, cuando soslaya que éste tiene un derecho preferencial sobre aquel; máxime que la figura de medios hermanos no está prevista en ley como familiares y que fueron preferidos por su señora madre en lugar de la menor al momento de asignar su pliego testamentario laboral, según fue exhibido por el aquí quejoso. Esto es así, pues debe tenerse en cuenta que que la ley no establece un lazo familiar preferente sobre otro, cuando, como en la circunstancia fáctica que impera en el presente asunto, y que se determina por la inexistente convivencia del aquí quejoso con su menor hija, después de la separación del domicilio conyugal, y que se infiere que aquella, por su mínima edad, no tenía aún conciencia de la existencia de aquel, entonces es dable sostener que, a este momento procesal en nada afecta el derecho de la menor a encontrarse depositada y bajo la guarda y custodia provisional a cargo de su hermano, mayor de edad, con quien ha convivido desde siempre con ella. De ahí que la obligación de satisfacer el interés superior de la menor en cuanto a su estabilidad, sobre todo, emocional y psicológica, impera para considerar que el mejor lugar, a este momento, lo determina estar al lado de su hermano, tal como así lo estableció el juez responsable. Ahora bien, en cuanto al diverso motivo de oposición que expone como ilegalidad del acto reclamado el aquí quejoso, y que concierne al retardo que implica haber fijado como fecha el diez de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se celebrara la audiencia en la que se escuchara a los partícipes de ese juicio, así como a la menor de edad, quien debía ser presentada por el actor del juicio natural, pero sin considerar la lejanía de la fecha fijada y aquella en que se dictó la resolución impugnada (más de cuatro meses); así como del diverso en el que expone la parcialidad manifiesta de la autoridad responsable, al establecer un apercibimiento al tercero interesado para el caso de incumplir con la presentación de la menor a la audiencia que señaló para el mes de enero de dos mil veintitrés, con una simple multa, cuando ya había decretado que el incumplimiento de la presentación de la menor, tantas cuantas veces fuera notificado por la autoridad responsable, sería causa de levantamiento de la medida de depósito solicitada por el tercero interesado; máxime que la medida de depósito no priva del derecho a la convivencia. Los anteriores motivos de disenso son infundados, ya que, según el marco normativo que precede, se considera que el juez responsable tuvo en cuenta las circunstancias del caso en específico, y que se constriñen medularmente a la inexistente convivencia de la menor con su padre; lo cual determinó la necesaria revinculación de la menor con su padre y, consecuentemente, el trabajo psicológico previo a determinar el régimen de convivencia respectivo, para su debido encausamiento. Ahora bien, en todo caso a este momento resultaría inoperante el citado concepto de violación, en cuanto a la lejanía de las fechas establecidas por el juez primario para realizar la audiencia y el apercibimiento de multa que se hizo al tercero interesado para el caso de no presentar a la citada menor a esa audiencia, en la que, de hecho, ya fue presentada la referida menor, a fin de desahogar esa diligencia en sus términos, y en la que también compareció el aquí quejoso, según se advierte de las constancias que el juez responsable allegó con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional que precede, y que se citan como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º. Sobre todo, porque a partir de dichas constancias es que se puede advertir que en el presente asunto se ha dado consecución a la práctica de las diligencias y actuaciones necesarias, entre ellas el ordenamiento de la práctica de los estudios necesarios a fin de colmar la revinculación de la menor y establecer el régimen de convivencia que sea más adecuado para ésta, en cumplimiento al interés superior que le asiste constitucionalmente. De lo anterior deviene lo infundado el diverso concepto de violación en el que el quejoso sostiene la ilegalidad del acto reclamado, en virtud de que condiciona la asistencia de la menor al Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, para establecer la convivencia con el aquí quejoso, a un trabajo psicológico previo, cuando es un derecho la convivencia y que debe ser personal y directa y no por medio de representantes o mediadores. Lo anterior es así, pues se itera justificada la práctica previa de los estudios y trabajos en materia de psicología, a fin de proveer de la mejor revinculación de las convivencias que determinarán el régimen de convivencia entre la menor y su padre, aquí quejoso; sobre todo, ante la inexistente convivencia del aquí quejoso con su menor hija. CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, y sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a IGNACIO ORTIZ SANDOVAL, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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