Ignacio López Peña

Expediente 870/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
870/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Ignacio López Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado legal de la sociedad mercantil denominada 6. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, en Veracruz, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. En atención a lo anterior, toda vez que de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el diez de noviembre del año en curso, es claro que el plazo de ocho días de vista a que se refiere el artículo 117 de la ley de la materia se encontraría transcurriendo; por tanto, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que este juzgador determina diferirla anticipadamente, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el apoderado legal de la 8. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con residencia en esta localidad, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama signado por la 4. Directora de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con quince minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 870/2023, promovido por Ignacio López Peña, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Asimismo, da cuenta con las promociones registradas bajo los números 17580, 17685 y 17686, signados respectivamente por la 4. Directora de la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, el apoderado legal de las autoridades 6. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz y 8. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con residencia en esta localidad. Ahora bien, oficios por medio de los cuales rinden informes previos y la autoridad identificada con el número 6 ofrece pruebas de su parte. A continuación, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. Asimismo, en relación a los oficios de cuenta, se tienen por rendidos los INFORMES PREVIOS de las citadas autoridades responsables oficiantes señaladas con los números 4, 6 y 8, sin que haya lugar a diferir la presente audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual forma, se les tiene señalando como domicilios para oír y recibir notificaciones los que citan en sus informes y designando como delegados de su parte a las personas que aluden en los mismos, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Por cuanto hace a las pruebas que ofrece la autoridad señalada con el número 6, se proveerá lo conducente en el apartado correspondiente de la presente audiencia. Asimismo, en relación a la autoridad señalada con el número 4, de conformidad con Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta vía internet, con el usuario "ed7210", registrado en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda. Así como las constancias remitidas por el apoderado legal de la autoridad 6. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz, que ofreció la responsable junto con su informe de cuenta. Asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 870/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Ignacio López Peña, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Congreso del Estado de Veracruz Vía electrónica Cierto 2. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 78 - 79 Cierto 3. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz 77 Niega 4. Director de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 82 - 83 Cierto Xalapa, Veracruz 5. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz 72 Niega 6. Empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Grupo Más 84 - 86 Presume Cierto Veracruz, Veracruz 7. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz Vía electrónica Niega 8. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI) 90 Niega Boca del Río, Veracruz De la que reclama: La inconstitucionalidad del artículo 105 segundo párrafo y 106 de la ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, así como su emisión, promulgación y publicación, así como su aplicación; esto es, el corte del servicio de agua potable en el domicilio que habita ubicado en calle Dr. Víctor Sánchez Tapia, número 275, colonia María Esther Zuno de Echeverría, código postal 91769, en Veracruz, Veracruz. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes, y se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, a las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable y relacionada en la audiencia incidental, por haber sido expedidas por un fedatario público en ejercicio de sus funciones. Al no existir más pruebas, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 3. Secretario General de Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, 5. Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, Apoderada General para Pleitos y Cobranzas del 7. Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, y 8. Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con residencia en esta localidad, negaron la existencia de los actos reclamados. La inexistencia referida, deriva de que las autoridades mencionadas, al rendir sus informes previos, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. En consecuencia, ante la negativa expresa de las autoridades responsables mencionadas, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades 1. Congreso del Estado de Veracruz, 2. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y 4. Director del Periódico Oficial del Estado de Veracruz, todas con sede en Xalapa, reconocieron la existencia de los actos reclamados, como se advierte de sus informes previos. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA en virtud de que los actos atribuidos a las mismas son de carácter legislativo los cuales ya se llevaron a cabo, y por ende, contra el mismo es improcedente conceder la medida cautelar; además que la materia de la suspensión es la ejecución del decretado reclamado, y no éste en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la parte quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Aunado a que la parte quejosa, solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no le sea suspendido el servicio de agua potable, y no respecto de los actos reclamados de carácter legislativo. Sobre el particular resultan aplicables los criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de texto y rubro siguientes: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo. "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. SEXTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable 6. Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe previo negó categóricamente la existencia de los actos que se le atribuyen. Sin embargo, de la lectura del propio informe previo se advierte que la autoridad afirma que existe un adeudo de $29,261.66 (veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional) lo cual corresponde a setenta meses sin pagar por el servicio que viene utilizando la parte quejosa, sin embargo la citada autoridad responsable no ha solicitado el procedimiento administrativo para la ejecución del cobro de dicho adeudo. De ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. SÉPTIMO. Pronunciamiento de la suspensión. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, cuya interpretación sistemática revela que para el otorgamiento de la medida cautelar se debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) Que lo solicite la parte quejosa; 2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público En esas condiciones, sin pasar por alto el contenido del artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que señala que el otorgamiento de la medida cautelar no es constitutiva de derechos que la parte quejosa no haya tenido antes de la presentación de la demanda de amparo, lo cierto es que no puede soslayarse la naturaleza de la violación alegada, esto es, la afectación de un derecho fundamental del vital líquido que tutela el artículo 4° Constitucional a favor de todo ser humano, y a que su interés quedó acreditado con las constancias que anexó a su escrito de demanda. En esa medida, debe tenerse por satisfecho el segundo de los requisitos que prevé el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que a juicio del suscrito no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, en atención especial al derecho fundamental que se pretende se tutele en sede constitucional. Lo anterior, nos obliga a remitirnos a lo dispuesto por el artículo 4°, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (.). El numeral antes trascrito establece el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. En esas condiciones, si la intención última que persigue la parte quejosa al solicitar la suspensión del acto reclamado, es para el efecto de que no se le realice el corte del suministro de agua potable, o bien, en caso de ya haberse llevado a cabo se le reinstale el abasto suficiente del agua a que tiene derecho; tal medida no puede producir una afectación al interés social y al orden público, justamente al estar sustentado en un derecho constitucional del acceso al agua para consumo humano y doméstico; y en cambio, se le causarían notorios perjuicios, si se restringiera el suministro de agua en su vivienda, porque se estaría en riesgo no sólo la higiene personal de la parte quejosa, sino también la salubridad pública se resentiría, si se prolongara la falta del servicio de agua, al generar posibles focos de infección o epidemias, que se propagarían a las fincas contiguas; lo cual desde luego, trae como consecuencia la protección a un interés social. Consecuentemente, al quedar acreditado su interés con las constancias anexadas a su escrito de demanda, y al quedar justificado que con el otorgamiento de la suspensión definitiva no se violan disposiciones de orden público ni se produce una afectación al interés social, y tomando en consideración que la autoridad responsable bajo el número 6. manifestó en su respectivo informe que a la fecha no se ha realizado la suspensión del servicio del bien inmueble número 85529 de la parte quejosa; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga del corte de suministro de agua potable en el domicilio de la quejosa, el cual se encuentra ubicado en calle Dr. Víctor Sánchez Tapia, número 275, colonia María Esther Zuno de Echeverría, código postal 91769, en Veracruz, Veracruz, hasta en tanto se dicte sentencia dentro del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, en el entendido de que la autoridad señalada como responsable, deberá velar porque no se restrinja el suministro de agua a la amparista; sin que lo anterior implique en modo alguno excluir a la impetrante de amparo o exentarla del pago de los derechos por consumo de agua potable; ni tampoco puede tener por efecto constituir derechos de los que se carece. MEDIDAS DE SEGURIDAD Sin embargo, con fundamento en los artículos 132, 139 y 135 de la Ley de Amparo, la medida surtirá efectos una vez que la parte quejosa exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, la cantidad de $29,261.66 (veintinueve mil doscientos sesenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional) consistente en la impresión del sistema informático registral de su base de datos, que corresponde a setenta meses sin pagar el servicio de suministro de agua potable; lo anterior, a fin de asegurar el pago del consumo del líquido vital; que por virtud de la suspensión deberá seguir suministrando el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, en Veracruz, Veracruz, a favor de la parte quejosa; es decir, para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros. Del mismo modo, la parte quejosa deberá acreditar dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día que sea exigible el importe relativo al mes que corresponda, por todo el tiempo que dure el juicio, haber pagado a la autoridad responsable la cantidad que le pretenda cobrar, por el servicio de suministro de agua potable que disfrute con motivo de la suspensión, o garantizar suficientemente su pago ante este Juzgado de Distrito; por tanto, la autoridad responsable, tendrá la obligación de comunicar a este juzgado, si la parte quejosa realizó el pago del agua consumida, para acordar lo procedente. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: Para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso), concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente), y precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Ignacio López Peña, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto y quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en los considerandos cuarto y quinto. SEGUNDO. Se CONCEDE al Ignacio López Peña, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando sexto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el considerando séptimo. Notifíquese en términos de ley.

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