Ignacio Izquierdo Hernández

Expediente 852/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
852/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Izquierdo Hernández
  • Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "E"en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se aprecia el proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se ordenó el archivo en el presente asunto como totalmente concluido en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte que el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial de Veracruz, con residencia en Veracruz, remitió copia certificada de los autos del proceso penal 723/2021, con las que se ordenó formar un tomo de pruebas, por lo tanto, al resultar innecesaria su subsistencia, devuélvanse a la citada autoridad para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista a los terceros interesados la sentencia que a la letra dice: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Ignacio Izquierdo Hernández promovió juicio de amparo contra los actos del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (foja 39) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós (foja 97) se tuvo como terceros interesados a 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, a quienes se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se hizo por cuanto a los dos primeros, mediante exhorto que se giró para tal efecto y que se recibió en auto de treinta de marzo del presente dos mil veintitrés por vía electrónica (foja 111) y en cuanto al último, por medio de despacho que se giró y que se recibió en este juzgado, debidamente diligenciado (fojas 121-122) en auto de veinte de abril siguiente (foja 128); pero sin que hubieran comparecido al presente juicio. CUARTO. Finalmente, agotada la secuela procesal en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 71) así como las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados (fojas 111 y 121) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos derivados de un proceso penal que se considera que son de imposible reparación, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no es susceptible de ser ejecutado; además que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió de plano y declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de agosto de ese mismo año, en el que previamente desechó la solicitud formulada por el quejoso al Juez de Control responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, para revisar la actuación (por omisión) de la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, por no recabar u ordenar el desahogo de las diversas pruebas que fueron descritas por el aquí quejoso en el escrito petitorio. Respecto de dicho acto reclamado, el quejoso sostiene que le fue notificado el treinta de agosto de dos mil veintidós. Ahora, establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto. En principio, porque así lo reconoció la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe con justificación (foja 71). Pero, además, porque así se desprende de las constancias que remitió acompañadas de su informe justificado (fojas 73-88 y Tomo I del cuaderno de pruebas anexo a constancias) relativas a la carpeta administrativa del proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en las que obran el acuerdo impugnado (fojas 73-77). Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. CUARTO. Procedencia del juicio. Las causas de improcedencia de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son inoperantes, según se verá a continuación. MARCO NORMATIVO. En principio, se establece que la inoperancia de los agravios ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un fenómeno de carácter técnico jurídico que surge en relación con planteamientos concretos y crea un impedimento u obstáculo insalvable para su análisis. Criterio que se orienta por la jurisprudencia de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Entre las múltiples causas que pueden dar origen a la inoperancia destaca, para lo que aquí interesa, la reiteración de los argumentos, sea, ante la propia autoridad responsable, o que hayan sido materia de análisis en un medios ordinario o extraordinario de defensa y que, por tal virtud, exista un pronunciamiento que no deba variarse, en atención a la seguridad jurídica que debe prevalecer en atención a la institución de la cosa juzgada; así como, también, cuando los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la resolución reclamada y, por lo cual, el órgano de amparo no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad y, finalmente, cuando los efectos de los actos que dieron origen a la materia de la resolución impugnada en la vía constitucional, han dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso. En lo conducente, orientan a lo anterior las jurisprudencias que son de los rubros siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA." Por otra parte, atendiendo que el acuerdo combatido constituye la resolución de plano del recurso de revocación que se declaró infundado bajo la aplicación de los artículos 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) entonces es necesario hacer mención al marco normativo de dicho medio de impugnación (artículos 465 y 466 CNPP) así como a los artículos antes referidos que son del contenido siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Al respecto de dichos numerales se destaca en lo que al caso importa, que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Así también, se describe que el objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Ahora bien, por cuanto a su trámite se destaca que este recurso se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito y, en el último caso, cuando se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, debiendo expresar los motivos por los cuales se solicita, y el Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, o podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. En el entendido que la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; pero, en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Ahora bien, en cuanto a los diversos numerales mencionados, de estos se destaca, en lo que al caso importa, que la investigación debe ser objetiva y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Así también, durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; para tal efecto, el Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud y podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. Por otro lado, atendiendo el diverso acuerdo en el que se negó la solicitud del quejoso que solicitó revisar las omisiones del Ministerio Público, se estima necesario hacer referencia al contenido del artículo 105 del CNPP que, en ese orden, son del contenido siguiente. Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I.La víctima u ofendido; II.El Asesor jurídico; III.El imputado; IV.El Defensor; V.El Ministerio Público; VI.La Policía; VII.El Órgano jurisdiccional, y VIII.La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. De dichos numerales se destaca, en lo que al caso importa, que son sujetos del procedimiento penal, entre otros, la víctima u ofendido; el Asesor jurídico; el imputado; el Defensor; el Ministerio Público; la Policía; el Órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Así también se precisa que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. Finalmente, atendiendo a que la parte quejosa se duele en esencia del desechamiento que se hizo a la petición de que se revisaran los actos, por omisión, del ministerio público, en términos del artículo 258 del CNPP, se hace referencia a tal dispositivo, el cual es del contenido siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del trascrito numeral ha sido materia de interpretación por diversos órganos superiores y del que se destaca, en lo que al caso importa, que la víctima u ofendido podrán impugnar ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En el entendido de que tal derecho a impugnar no sólo se constriñe a las determinaciones a las que se hizo referencia en el párrafo anterior, sino también las omisiones o negligencias que el órgano ministerial cometa durante la etapa de investigación, incluyendo las omisiones de los entes policiacos que están bajo su mando y conducción en la investigación de los delitos, pues estos no tienen facultades de actuar independientemente durante la etapa de investigación, sino bajo la orden y supervisión de aquel. De ahí que el medio de defensa idóneo que tiene la víctima u ofendido para demostrar la ilegalidad en la investigación sea el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se sustanciará mediante la convocatoria que se realice por la autoridad judicial para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En el entendido de que, en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Finalmente, importa precisar que la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Orientan a lo anterior, jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Así como las tesis aisladas de los rubros siguientes: "OMISIONES DE LA POLICÍA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, YA QUE ACTÚA BAJO EL MANDO Y CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y NO DE FORMA INDEPENDIENTE." "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." "ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL AGOTARSE EN SU CONTRA EL RECURSO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL PROPIO CÓDIGO, ES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL RELATIVA DONDE DEBEN DESTACARSE LAS OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y QUE TRASCENDIERON AL SENTIDO DE AQUELLA DETERMINACIÓN MINISTERIAL." ANTECEDENTES Los antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (fojas 73-78 y Cuaderno de pruebas anexo a constancias) y reiteradas por las que ofreció la parte quejosa (fojas 26-38, 48-53 y 62-68); así como de las manifestaciones realizadas por éste en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente. I. Ante el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, se sigue el proceso penal número 723/2021 de su índice, por la probable intervención de los aquí terceros interesados, 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, en la comisión del hecho que la ley reconoce como delito de despojo, cometido en agravio del aquí quejoso. Luego que tuvo lugar la Audiencia Inicial de imputación (fojas 113-117 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) en la que se resolvió la situación jurídica de los citados terceros interesados, de quienes, sólo a los dos primeros se les vinculó a proceso (fojas 91-100 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) se les fijó el plazo para la investigación complementaria que, a ese momento se precisó que fenecería el diecinueve de junio de dos mil veintidós, y se les impuso como medida cautelar la de firma periódica. II. Posteriormente, en acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós (foja 178 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) se señaló nueva fecha para llevar a cabo la audiencia relativa a la investigación complementaria que se prorrogó en dos meses más, y por lo cual ésta concluiría el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por así haber sido solicitado por el aquí quejoso (foja 179 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias). III. Ahora bien, al haber considerado que la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, se ha negado y omitido realizar los actos tendentes a desahogar las pruebas que el quejoso adujo haber ofrecido, incluso, desde el escrito de la denuncia que generó la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la citada fiscalía, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP (fojas 184-187 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) solicitó al juez de control responsable que se fijara día y hora para celebrar la audiencia de control por omisiones de la citada fiscal; para ello, en lo que al caso importa, expuso: ".vengo a impugnar la omisión de la fiscal tercera de la subunidad integral de procuración de justicia del décimo séptimo distrito judicial, con sede en Cardel, Veracruz, por lo cual paso a exponer lo siguiente." y enseguida hizo referencia a una serie de datos y medios de prueba, en los que hizo referencia a diversas fechas en las que dijo haber ofrecido y, o solicitado su desahogo a la aludida Fiscal; pero sin acompañar anexo alguno que corrobore su dicho, así como tampoco hizo referencia a la respuesta que en su caso emitió la citada fiscal. IV. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós (fojas 182-183 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, se negó la petición formulada por el aquí quejoso en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, respecto de la revisión de las omisiones de la fiscal, sustancialmente bajo las consideraciones que son del tenor siguiente: Si bien el promovente alude que la fiscalía incurrió en omisiones en el desarrollo de la investigación judicializada, exponiendo para ello una serie de actos de investigación que no han sido incorporados a la carpeta de investigación; sin embargo, para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debe especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso precise la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, esto con la finalidad de conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición. Y citó para robustecer su consideración, la tesis que es del rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN", de la que posteriormente destacó, sustancialmente, ".no es dable que el inconforme pretenda que se lleve a cabo todo un procedimiento ante el Juez de control, con la manifestación inicial y genérica de que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones durante la etapa de investigación, pues ello conlleva el riesgo de retardo innecesario en la integración de la carpeta correspondiente, en la medida en que bastaría alegar, en términos generales, que la procuraduría ha sido omisa, para que en cualquier momento y sin mayor razón, la víctima u ofendido movilice el aparato judicial y sea hasta la audiencia, una vez agotados los recursos materiales, temporales y judiciales, que se advierta que la alegación es tan genérica que no es dable examinarla pues, de lo contrario, significaría que el Juez deba pronunciarse sobre el particular, con base en el análisis oficioso de todas las obligaciones que la representación social tiene al integrar carpetas de investigación." V. El acuerdo aludido en el antecedente anterior fue impugnado por la parte aquí quejosa, a través del recurso de revocación que interpuso ante el juez responsable (fojas 195-202 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) en el que, sin que tampoco acompañara anexo alguno que corrobore su postura fáctica, sustancialmente expuso como agravios los que son de la referencia siguiente: Con base en el derecho que el quejoso aduce le asiste en términos del artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, entonces se debe estar a la aplicación exacta de la ley y no mediante interpretación alguna. Para robustecer su argumento cita la tesis de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." Agregó, que hace manifiestas todas y cada una de las "flojeras" en las que ha incurrido la fiscal tercera investigadora, para que no haya más lentitud y se pueda desahogar la audiencia intermedia prevista entonces para el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Así también, reiteró los datos y medios de prueba (de los que hizo referencia en el escrito inicial de la petición que le fue negada) y que aduce no han sido recabados o desahogados para integrar debidamente la investigación complementaria. VI. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 190-194) dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, el citado medio de impugnación se resolvió de plano y se declaró infundado bajo el argumento siguiente: ".del contenido de la petición no se advirtió agravio alguno debidamente constituido en contra de la resolución impugnada, sin perjuicio de ello, tampoco se advierte .agravio operante tendente a cuestionar las razones que motivaron el auto de veintidós de agosto pasado. En consecuencia, el recurso es improcedente por inoperante. Conclusión que apoyó en las jurisprudencias de los rubros siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." y "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO." Así también, adujo que en confrontación al contenido del recurso por escrito que se atiende, no se aprecia que el recurrente exponga el por qué y cómo, es que la determinación. atenta a la legalidad y le generó un agravio a sus derechos. En ese sentido el recurrente expone en su recurso. (lo trascribe) Los argumentos .en nada se refieren a las razones aludidas en el auto impugnado, e incluso son incongruentes. En el auto de veintidós de agosto, se precisó que para poder atender el medio de impugnación previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustentado en la afirmación del promovente de supuestas omisiones en el ejercicio de atribuciones por parte de la fiscalía, era indispensable se precisaran cuáles eran las omisiones en las que había incurrido. En la solicitud para celebrar la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo afirmó que existían omisiones por parte de la fiscalía en el desahogo de actos de investigación, y se especificaba un listado de ellos, empero sin precisar si tales actos de investigación habían sido oportunamente propuestos por la asesoría jurídica o incluso por alguna otra de las partes en el proceso. Ello es así, pues las partes, y en estricto sentido la asesoría jurídica, no puede estimar que la sola circunstancia de tener identidad en los intereses para la procedencia de la acción penal ejercida por la fiscalía, le permitan sustituirlo en el ejercicio de determinadas atribuciones que le son exclusivas según el contenido del artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A contrario sentido de los argumentos del recurrente, el auto impugnado se sustentó en el contenido de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la facultad que tienen las partes para proponer a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, esto con la finalidad de atender sus intereses, sin embargo, esa facultad no se traduce -en el caso de la asesoría jurídica-, en la discreción para ordenar el desahogo de actos de investigación a la fiscalía, bajo el argumento de que a su criterio tales actos de investigación son los indispensables para el éxito en el ejercicio de la acción penal. Se reitera, el ejercicio de la acción penal es una facultad .de la fiscalía en términos del artículo 21 Constitucional, con algunas salvedades cuando se refiere al procedimiento específico de la acción penal por particulares. Entonces, analizar las supuestas omisiones incurridas por la fiscalía a la luz de una afirmación subjetiva, y sin especificar cuál es la acción omitida, impide poder analizar con objetividad sí existe negligencia en el cumplimiento de la obligación constitucional por parte de la fiscalía, pues se indicó que la falta de precisión implicaría un análisis oficioso en las atribuciones de la fiscalía, lo que además de ser inoperante podría incluso traducirse en un exceso en las atribuciones de control judicial al reasumir facultades que son exclusivas de la fiscalía. Luego, si el asesor jurídico estimó que la integración de la investigación complementaria, no sería suficiente probatoriamente para fundar la acción penal en la acusación, por deficiencia u omisiones, no es suficiente para ello exigir a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, pues entonces la relación procesal entre la asesoría jurídica y la fiscalía deja de ser horizontal, para constituirse en una relación de supra a subordinación, en la que la fiscalía se convierte en la autoridad que le permite a la asesoría jurídica ejercer acción penal, y ello no es posible jurídicamente, pues la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal es exclusivo de la fiscalía, con la única salvedad del procedimiento de acción penal por particulares, lo que en el caso particular no acontece. Además, los argumentos del recurrente son incongruentes pues exige de este unitario, que las determinaciones que emita se funden en una ley exacta, y en una aplicación tasada de la norma a la luz de la literalidad de su enunciado. En ese sentido, cuestionó de este tribunal la interpretación y aplicación que le dí al precedente judicial emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión 06/2019, pues dijo que su interpretación se aleja de la literalidad del artículo 258 en cita, que contempla la procedencia del medio de impugnación ante omisiones de la fiscalía en la investigación. Esto es incongruente, pues es falso que el texto literal del enunciado normativo en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca la procedencia del medio de impugnación ahí regulado, en contra de "omisiones" incurridas por la fiscalía. En el texto literal de dicho artículo establece que la impugnación es procedente contra las determinaciones de la fiscalía sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, para la procedencia de la impugnación por las "omisiones" subsumidas a las determinaciones de abstención por parte de la fiscalía, fue necesaria la interpretación a la luz de los precedentes emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubros indican: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." y "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." Por virtud de estos precedentes interpretativos pudo concluirse que las "omisiones" de la fiscalía en la investigación pueden ser impugnadas a la luz del procedimiento en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no así al tenor de la literalidad de la norma. Por ende, es incongruente que el recurrente exija la aplicación exacta y literal de los enunciados normativos, cuando su solicitud se sustenta en una interpretación ampliada del sentido y los efectos de un enunciado normativo. En conclusión, el recurrente incurrió en una omisión formal que impide cursar el procedimiento de impugnación según el artículo 258 en cita, pues la afirmación subjetiva de la existencia de "omisiones" por parte de la fiscalía en la investigación, y la enunciación de actos de investigación, impiden advertir si las omisiones pueden ser materia de impugnación por tratarse de determinaciones que nieguen o develen el ejercicio negligente de las atribuciones a cargo de la fiscalía, y por el contrario, permiten asumir que la asesoría jurídica interpreta y aplica incorrectamente la procedibilidad de dicho medio de impugnación, a la consideración de estimarse titular de la facultad de poder ordenar a la fiscalía cómo y de qué manera ejercer la acción penal, sin antes cumplir las formalidades para proponer los actos de investigación y no sólo pretender imponerlos, pues ello contraviene al sentido de la facultad de ejercer la acción penal a cargo de la fiscalía." VII. Al margen de lo anterior, importa precisar que de las constancias que forman parte de la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, que remitió (fojas 61-68) a petición del aquí quejoso (fojas 48-50) se advierte que mediante escrito presentado por el impetrante de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintidós (tres días antes a la promoción de la presente demanda de amparo) dirigido a la citada Fiscalía, aquel solicitó a ésta, copia certificada de diversas constancias relativas al desahogo de datos o medios de prueba que describió en ese mismo escrito. VIII. A la petición referida en el punto anterior, recayó el acuerdo de esa misma fecha (foja 62) en el que se adujo: "Hago de su conocimiento que por cuanto al punto número uno, se giró oficio número 3668/2022 de fecha veintiuno de septiembre del mes y año en curso -(foja 64)- mediante el cual se solicitó al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia CALIGRÁFICA", por lo cual se da por cumplido dicho punto. Por cuanto al punto número dos, la suscrita ya había realizado la solicitud de igual manera al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia a fin de que realizara la pericial en AGRIMENSURA", mediante oficio 3556/2022 de fecha veintiuno de septiembre del año en curso -con acuse de recibo de siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 63)-. Punto número tres, No ha lugar dicha solicitud de UNA ORDEN DE CATEO JUDICIAL. Toda vez que no se funda y motiva dicha solicitud, de una orden de cateo, ya que si bien es cierto en su punto número 3 solicita una pericial en Agrimensura, el cual ya fue solicitada, motivo por el cual NO HA LUGAR dicha solicitud. Punto número 4, no se funda ni motiva dicha solicitud sobre dictamen pericial valuatorio de pérdidas y perjuicio usufructo, ya que no se funda ni motiva dicha petición. Punto número cinco, la suscrita informa que dentro de la carpeta de investigación ya obra informe de dicha solicitud, motivo por el cual, toda vez que ya fue desahogada dicha solicitud, no ha lugar a volver a solicitarlo -(foja 66)-. Punto número seis, citatorio del ciudadano C. Lorenzo Ortiz Baez (alias la Burra) la suscrita acuerda No ha lugar a dicha solicitud, ya que me permito informar a usted que dentro de la presente carpeta de investigación ya fue solicitado a través de la policía ministerial que acudiera ante el ciudadano para notificarle dicha cita, misma que vía informe contestaron -(foja 67)- que no pudieron localizarlo, ya que no conocen a la persona en mención." La resolución a que se refiere el antecedente VI de esta relatoría constituye el acto reclamado en el presente juicio, y hasta aquí la narración de los actos reclamados en el presente asunto. SUBSUNCIÓN De la demanda de amparo se puede advertir que la parte quejosa, reitera las manifestaciones relativas a la existencia de pruebas pendientes por recabar y desahogar -mismas que considera que son necesarias para acreditar no los hechos investigados, sino determinantes para la acusación en ese proceso y que señala, algunas de éstas fueron ofrecidas oportunamente desde el escrito de denuncia y, otras, posteriormente, incluso al dictado del auto de vinculación a proceso y apertura de la investigación complementaria); también, que la fiscal no ha agotado los medios de apremio para recabar y lograr el desahogo de dichos datos y medios de prueba, con ello ha impedido la debida integración de la investigación complementaria; y además que es a la fiscal a la que le corresponde la responsabilidad exclusiva de dirigir y desahogar la carpeta de investigación, así como el desahogo de las pruebas que le fueron ofrecidas oportunamente, entonces expone como conceptos de violación aquellos en los que señala medularmente: Es ilegal que el juez responsable haya concluido que no existen las omisiones atribuidas a la fiscal a cargo de la integración de la carpeta de investigación, porque el aquí quejoso no especificó que, previa solicitud de la audiencia de control que solicitó en términos del artículo 258 del CNPP, formalmente había propuesto a la fiscalía el desahogo de los actos de investigación a los que hizo referencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 216 del citado CNPP, a fin de poder conocer si se actualizaron las omisiones atribuidas a la Fiscal; así como también resulta ilegal, dice, que haya considerado que no es dable que el aquí quejoso pretenda que se lleve a cabo todo un procedimiento ante el juez responsable, con la manifestación genérica de que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones durante la etapa de la investigación porque ello conlleva al riesgo de un retardo innecesario en la integración de la carpeta de investigación; cuando el retardo corresponde a la falta de desahogo o recabo de los datos o medios de prueba. De ahí que considera, que con la postura del juez responsable se solapa la inactividad de la fiscalía a cargo de la investigación complementaria, trasgrediendo en su perjuicio sus derechos humanos y garantías constitucionales. Además, aduce que carece de fundamentación y motivación la resolución impugnada, porque el juez responsable afirma que existe un exceso del quejoso al pretender que la ley se cumpla a su literalidad; lo que además contraviene lo dispuesto por el artículo 131 del CNPP que impone como obligación a la Fiscal, investigar y agotar el desahogo de las prueba que fueron aportadas por las partes y, de ser necesario, en términos del diverso 104 de dicho ordenamiento procesal, imponer las medidas de apremio a fin de lograr tal fin; máxime que todavía no se han incorporado dichos datos o medios de prueba. Pero sobre todo considera que es incongruente tal sentido, puesto que, por un lado precisa que corresponde al Ministerio Público investigar y llevar a cabo la integración de la carpeta de investigación en términos de lo dispuesto en el artículo 131 del CNPP; sin embargo, cuando la víctima u ofendido, en el ejercicio del derecho que le confieren los diversos numerales 109, 110, 131 y 258 del mismo ordenamiento, para ofrecer pruebas y que éstas sean desahogadas por la ministerio público, y que ante la omisión de éste para cumplir con lo dispuesto en el aludido 131 mencionado, entonces es que el artículo 125 mencionado le otorga el derecho a la víctima para solicitar la audiencia de control a fin de valorar si existen o no las omisiones que le fueron precisadas por la víctima y la asesoría jurídica, que según se advierte de los escritos y de la audiencia misma, se centran en que la fiscal no ha cumplido con el desahogo de las pruebas torales que le fueron ofrecidas. Así, destaca que es ilegal la conclusión del juez ya que si consideró que por el simple hecho de que la víctima se inconforme en términos del artículo 258 del CNPP, entonces ante las omisiones de la fiscal, incluso por el hecho de que no desahogue las pruebas, concluyó que ello no implica que incurra en omisiones, pues considera que es la fiscal la que cuenta con la capacidad y la atribución de integrar la carpeta de investigación y ella es quien decide qué prueba es la que se debe desahogar, pues tiene la capacidad de identificar la idoneidad y la oportunidad de los datos de prueba; empero, en la especie es claro que la fiscal ni el juez están capacitados para tal efecto, o que actúan con mala fe en contra de la legalidad, pues a su criterio denotan que carecen de capacidad, honestidad, eficacia, conocimiento y ética en el ejercicio de sus cargos. Sobre todo, porque considera que las pruebas faltantes por desahogar son las medulares, acordes al tipo penal que la misma fiscalía calificó y precisó en su imputación, esto es, el despojo de un inmueble, lo cual requiere la prueba pericial de agrimensura para identificar dicho bien, con el bien materia del delito, que tuvo la víctima al momento de cometerse el ilícito; de ahí que, concluye, que si esas pruebas no se han desahogado, entonces resulta ilegal que el juez de control impute esa responsabilidad a la asesoría jurídica cuando señala que si a consideración de la asesoría jurídica, las pruebas desahogadas a ese momento resultarán insuficientes para fundar la acción penal en la acusación, entonces ello no es suficiente para exigir a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, pues entonces la relación entre la asesoría jurídica y la fiscalía se tornaría en una de supra a subordinación, porque facultaría a la fiscalía permitirle a la asesoría jurídica la posibilidad de ejercer acción penal. Con lo cual, considera que se soslaya la obligación y responsabilidad de la fiscalía para cumplir con el desahogo de las pruebas en la investigación complementaria, y no a la asesoría jurídica, quien cumple puntualmente con su encomienda al solicitar a la fiscalía que se desahoguen las pruebas oportunamente ofrecidas por la víctima y, más aún, solicitar la audiencia de control prevista en el artículo 258 del CNPP, previsto para impedir que la fiscalía actúe de manera deshonesta, corrupta, inepta y de mala fe por su inactividad en dicha función investigadora. Además, en una interpretación armónica, teleológica y gramatical de los artículos 1 y 17 constitucionales, y 16 (Justicia pronta); 105 (sujetos del procedimiento penal); 109 (Derechos de la víctima u ofendido); 110 (Designación de asesor jurídico); 111 (Restablecimiento de las cosas al estado previo); 131 (Obligaciones del Ministerio Público) y 134 (Deberes comunes de los jueces) destaca que el asesor jurídico tiene el derecho de proponer las acciones necesarias para para la defensa de los intereses de la víctima, y que el Ministerio Público tiene la obligación de recibir y desahogar los datos de prueba que hubieren sido ofrecidos por las partes, lo cual no es potestativo, sino imperativo; de ahí que considera que es indebidamente fundado que el juez responsable haya concluido que la asesoría jurídica carece de derecho para para solicitar el desahogo de los datos prueba aportadas por la víctima por su conducto, pues los numerales del CPP otorgan y reconocen ese derecho a la víctima como al asesor jurídico en correlación con la obligación del ministerio público para recibirlos y desahogarlos. También considera ilegal que el juez responsable haya concluido que por el hecho de que el Ministerio Público no hubiera desahogado los datos de prueba que le hubiesen sido aportados por la asesoría jurídica, y que se le ha reiterado en diversas ocasiones para el desahogo de la pericial en materia de agrimensura, ello no representa una omisión, porque es al Ministerio Público al que le corresponde la dirección de la investigación y tiene la capacidad y facultad para determinar cuáles de los datos de prueba de los aportados por la asesoría jurídica son los que se deben desahogar, cuando es una obligación del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en el artículo 131 del CNPP; más, cuando dicha prueba resulta ser medular para justificar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. También sostiene, que el actuar del juez responsable no cumple con la obligación de respetar los principios de su función jurisdiccional, es decir, ser imparcial y actuar ajustado a derecho, respetando el debido proceso. Finalmente, sostiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP es la víctima u ofendido quien tiene derecho a impugnar la abstención de investigar del Ministerio Público, pero sobre todo de desahogar los datos de prueba, como lo prevén los artículos 105, 109 y 131 ya mencionados; de ahí que concluya como evidente la abstención del fiscal, sobre todo porque la víctima fue quien ofreció las pruebas a desahogar, y es parte en el proceso penal. Los anteriores motivos de disenso devienen inoperantes. Esto es así, puesto que se puede advertir que la gran parte de ellos son reiterativos de los argumentos que se expusieron, no sólo en la petición que se hizo para la revisión de los actos de la fiscal investigadora, en términos del artículo 258 del CNPP; sino también de aquellos que se contiene el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revocación, pues nuevamente hace referencia a la existencia de pruebas pendientes por recabar y desahogar y que insiste en que son necesarias para acreditar no los hechos investigados, sino determinantes para la acusación en ese proceso y que señala, algunas de éstas fueron ofrecidas oportunamente desde el escrito de denuncia y, otras, posteriormente, incluso al dictado del auto de vinculación a proceso y apertura de la investigación complementaria. También reitera que la fiscal no ha agotado los medios de apremio para recabar y lograr el desahogo de dichos datos y medios de prueba, con ello ha impedido la debida integración de la investigación complementaria y, además, que es a la fiscal a la que le corresponde la responsabilidad exclusiva de dirigir y desahogar la carpeta de investigación, así como el desahogo de las pruebas que le fueron ofrecidas oportunamente; pero sin precisar circunstancias fácticas de esto último. De ahí que, si dichos argumentos no constituyen más que la reiteración de los que fueron expuestos ante la propia autoridad ministerial y sobre todo, ante el juez responsable, entonces de ello deviene su inoperancia. Ahora, por cuanto a los restantes argumentos, también se califican como inoperantes, puesto que debe tenerse en cuenta que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP (fojas 184-187 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) el ahora quejoso solicitó al juez de control responsable que se fijara día y hora para celebrar la audiencia de control por omisiones de la fiscal investigadora; para ello expuso en lo que al caso importa: ".vengo a impugnar la omisión de la fiscal tercera de la subunidad integral de procuración de justicia del décimo séptimo distrito judicial, con sede en Cardel, Veracruz, por lo cual paso a exponer lo siguiente." y enseguida hizo referencia a una serie de datos y medios de prueba, en los que hizo referencia a diversas fechas en las que dijo haber ofrecido y, o solicitado su desahogo a la aludida Fiscal; pero sin acompañar anexo alguno que corrobore su dicho, así como tampoco hizo referencia a la respuesta que en su caso emitió la citada fiscal. Por ello es que, en relación con dicha petición, el juez responsable negó la petición formulada por el aquí quejoso en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, respecto de la revisión de las omisiones de la fiscal, sustancialmente bajo la consideración de que si bien el promovente adujo que la fiscalía incurrió en omisiones en el desarrollo de la investigación judicializada, exponiendo para ello una serie de actos de investigación que no han sido incorporados a la carpeta de investigación; sin embargo, para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debe especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso precise la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, esto con la finalidad de conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición. No obstante tal consideración, se advierte que el aquí quejoso interpuso el recurso de revocación (fojas 195-202 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) sin que acompañara anexo alguno que corrobore su postura fáctica exigida por el juez responsable, ya que sustancialmente expuso como agravios aquellos en los que sostuvo: Con base en el derecho que el quejoso aduce le asiste en términos del artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, entonces se debe estar a la aplicación exacta de la ley y no mediante interpretación alguna. Para robustecer su argumento cita la tesis de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." Agregó, que hace manifiestas todas y cada una de las "flojeras" en las que ha incurrido la fiscal tercera investigadora, para que no haya más lentitud y se pueda desahogar la audiencia intermedia prevista entonces para el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Así también, reiteró los datos y medios de prueba (de los que hizo referencia en el escrito inicial de la petición que le fue negada) y que aduce no han sido recabados o desahogados para integrar debidamente la investigación complementaria. De ésta forma es que el juez responsable, al resolver el aludido recurso de revocación, lo consideró infundado puesto que manifestó sustancialmente que los agravios expuestos resultaban inoperantes, al no haber combatido frontalmente las consideraciones que expuso para negar la petición que en revocación se impugnó. Por ello es que si en esta vía de amparo, el aquí quejoso insiste en controvertir el sentido de la resolución del juez responsable, pero sin que a este momento redarguya que resultaba inexacta la consideración del juez responsable, para concluir que para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debió especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en cuyo caso, precisar la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, entonces sus argumentos deviene inoperantes por no confrontar directamente dicha consideración. Máxime que se dijo por el juez responsable, que dichas precisiones resultaban necesarias para conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición, pero sin que hayan sido directamente atacadas; de ahí la inoperancia de sus concepto de violación. Ahora bien, al margen de lo anterior se considera que en todo caso devienen inoperantes los motivos de disenso, puesto que si la pretensión final del aquí quejoso es que la fiscal proceda a realizar actos que considera son necesarios a fin de allegarse de los datos o medios de prueba necesarios para acreditar la acusación en la causa penal de origen, entonces no se puede soslayar que de las constancias que forman parte de la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la Fiscal Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, que remitió (fojas 61-68) a petición del aquí quejoso (fojas 48-50) se advierte que mediante escrito presentado por el impetrante de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintidós (tres días antes a la promoción de la presente demanda de amparo) dirigido a la citada Fiscalía, aquel solicitó a ésta, copia certificada de diversas constancias relativas al desahogo de datos o medios de prueba que describió en ese mismo escrito. Ahora bien, a esa petición recayó el acuerdo de esa misma fecha (foja 62) en el que se adujo: "Hago de su conocimiento que por cuanto al punto número uno, se giró oficio número 3668/2022 de fecha veintiuno de septiembre del mes y año en curso -(foja 64)- mediante el cual se solicitó al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia CALIGRÁFICA", por lo cual se da por cumplido dicho punto. Por cuanto al punto número dos, la suscrita ya había realizado la solicitud de igual manera al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia a fin de que realizara la pericial en AGRIMENSURA", mediante oficio 3556/2022 de fecha veintiuno de septiembre del año en curso -con acuse de recibo de siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 63)-. Punto número tres, No ha lugar dicha solicitud de UNA ORDEN DE CATEO JUDICIAL. Toda vez que no se funda y motiva dicha solicitud, de una orden de cateo, ya que si bien es cierto en su punto número 3 solicita una pericial en Agrimensura, el cual ya fue solicitada, motivo por el cual NO HA LUGAR dicha solicitud. Punto número 4, no se funda ni motiva dicha solicitud sobre dictamen pericial valuatorio de pérdidas y perjuicio usufructo, ya que no se funda ni motiva dicha petición. Punto número cinco, la suscrita informa que dentro de la carpeta de investigación ya obra informe de dicha solicitud, motivo por el cual, toda vez que ya fue desahogada dicha solicitud, no ha lugar a volver a solicitarlo -(foja 66)-. Punto número seis, citatorio del ciudadano C. Lorenzo Ortiz Baez (alias la Burra) la suscrita cuerda No ha lugar a dicha solicitud, ya que me permito informar a usted que dentro de la presente carpeta de investigación ya fue solicitado a través de la policía ministerial que acudiera ante el ciudadano para notificarle dicha cita, misma que vía informa contestaron -(foja 67)- que no pudieron localizarlo, ya que no conocen a la persona en mención." Entonces, como se ve del acuerdo antes trascrito, se puede advertir que la Fiscal investigadora ha hecho manifiesto que tomó las medidas necesarias para ordenar el desahogó y allegarse de los datos o medios de prueba que le fueron referidos. Bajo ese tenor de ideas, se considera que la omisión que en su caso eventualmente pudo haber existido, aún sin haber sido acreditada ante el juez responsable, ha dejado de afectar en sus términos a la parte aquí quejosa; de ahí que sus motivos de inconformidad en su caso actualizan la inoperancia de los mismos. Lo anterior en el entendido que ello no exime, en el caso de la ineficacia de dichas medidas para obtener el desahogo y obtención de los datos y medios de prueba, que el actuar de la fiscal investigadora pueda actualizar una causa de responsabilidad en el desempeño de su función; lo que en tal caso, se considera que deberá ser materia de la promoción que, al respecto, queda expedita en favor de la parte aquí quejosa. CONCLUSIÓN Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal NO ampara NI protege a Ignacio Izquierdo Hernández, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió de plano y declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de agosto de ese mismo año; lo anterior, por los motivos y razones expuestos en los considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    ...Con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia que a la letra dice: R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Ignacio Izquierdo Hernández promovió juicio de amparo contra los actos del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós (foja 39) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Mediante acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós (foja 97) se tuvo como terceros interesados a 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, a quienes se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se hizo por cuanto a los dos primeros, mediante exhorto que se giró para tal efecto y que se recibió en auto de treinta de marzo del presente dos mil veintitrés por vía electrónica (foja 111) y en cuanto al último, por medio de despacho que se giró y que se recibió en este juzgado, debidamente diligenciado (fojas 121-122) en auto de veinte de abril siguiente (foja 128); pero sin que hubieran comparecido al presente juicio. CUARTO. Finalmente, agotada la secuela procesal en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 71) así como las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados (fojas 111 y 121) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos derivados de un proceso penal que se considera que son de imposible reparación, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no es susceptible de ser ejecutado; además que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: El auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió de plano y declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de agosto de ese mismo año, en el que previamente desechó la solicitud formulada por el quejoso al Juez de Control responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, para revisar la actuación (por omisión) de la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, por no recabar u ordenar el desahogo de las diversas pruebas que fueron descritas por el aquí quejoso en el escrito petitorio. Respecto de dicho acto reclamado, el quejoso sostiene que le fue notificado el treinta de agosto de dos mil veintidós. Ahora, establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto. En principio, porque así lo reconoció la autoridad responsable 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe con justificación (foja 71). Pero, además, porque así se desprende de las constancias que remitió acompañadas de su informe justificado (fojas 73-88 y Tomo I del cuaderno de pruebas anexo a constancias) relativas a la carpeta administrativa del proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en las que obran el acuerdo impugnado (fojas 73-77). Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. CUARTO. Procedencia del juicio. Las causas de improcedencia de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son inoperantes, según se verá a continuación. MARCO NORMATIVO. En principio, se establece que la inoperancia de los agravios ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un fenómeno de carácter técnico jurídico que surge en relación con planteamientos concretos y crea un impedimento u obstáculo insalvable para su análisis. Criterio que se orienta por la jurisprudencia de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Entre las múltiples causas que pueden dar origen a la inoperancia destaca, para lo que aquí interesa, la reiteración de los argumentos, sea, ante la propia autoridad responsable, o que hayan sido materia de análisis en un medios ordinario o extraordinario de defensa y que, por tal virtud, exista un pronunciamiento que no deba variarse, en atención a la seguridad jurídica que debe prevalecer en atención a la institución de la cosa juzgada; así como, también, cuando los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la resolución reclamada y, por lo cual, el órgano de amparo no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad y, finalmente, cuando los efectos de los actos que dieron origen a la materia de la resolución impugnada en la vía constitucional, han dejado de afectar la esfera jurídica del quejoso. En lo conducente, orientan a lo anterior las jurisprudencias que son de los rubros siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SÓLO REPRODUCEN LOS AGRAVIOS ADUCIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA." Por otra parte, atendiendo que el acuerdo combatido constituye la resolución de plano del recurso de revocación que se declaró infundado bajo la aplicación de los artículos 129 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) entonces es necesario hacer mención al marco normativo de dicho medio de impugnación (artículos 465 y 466 CNPP) así como a los artículos antes referidos que son del contenido siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto en este Código. Durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud. Para tal efecto, podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. Al respecto de dichos numerales se destaca en lo que al caso importa, que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Así también, se describe que el objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Ahora bien, por cuanto a su trámite se destaca que este recurso se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito y, en el último caso, cuando se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, debiendo expresar los motivos por los cuales se solicita, y el Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, o podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. En el entendido que la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; pero, en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta. Ahora bien, en cuanto a los diversos numerales mencionados, de estos se destaca, en lo que al caso importa, que la investigación debe ser objetiva y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Así también, durante la investigación, tanto el imputado como su Defensor, así como la víctima o el ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; para tal efecto, el Ministerio Público dentro del plazo de tres días resolverá sobre dicha solicitud y podrá disponer que se lleven a cabo las diligencias que se estimen conducentes para efectos de la investigación. Por otro lado, atendiendo el diverso acuerdo en el que se negó la solicitud del quejoso que solicitó revisar las omisiones del Ministerio Público, se estima necesario hacer referencia al contenido del artículo 105 del CNPP que, en ese orden, son del contenido siguiente. Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I.La víctima u ofendido; II.El Asesor jurídico; III.El imputado; IV.El Defensor; V.El Ministerio Público; VI.La Policía; VII.El Órgano jurisdiccional, y VIII.La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. De dichos numerales se destaca, en lo que al caso importa, que son sujetos del procedimiento penal, entre otros, la víctima u ofendido; el Asesor jurídico; el imputado; el Defensor; el Ministerio Público; la Policía; el Órgano jurisdiccional, y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Así también se precisa que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico. Finalmente, atendiendo a que la parte quejosa se duele en esencia del desechamiento que se hizo a la petición de que se revisaran los actos, por omisión, del ministerio público, en términos del artículo 258 del CNPP, se hace referencia a tal dispositivo, el cual es del contenido siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del trascrito numeral ha sido materia de interpretación por diversos órganos superiores y del que se destaca, en lo que al caso importa, que la víctima u ofendido podrán impugnar ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En el entendido de que tal derecho a impugnar no sólo se constriñe a las determinaciones a las que se hizo referencia en el párrafo anterior, sino también las omisiones o negligencias que el órgano ministerial cometa durante la etapa de investigación, incluyendo las omisiones de los entes policiacos que están bajo su mando y conducción en la investigación de los delitos, pues estos no tienen facultades de actuar independientemente durante la etapa de investigación, sino bajo la orden y supervisión de aquel. De ahí que el medio de defensa idóneo que tiene la víctima u ofendido para demostrar la ilegalidad en la investigación sea el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual se sustanciará mediante la convocatoria que se realice por la autoridad judicial para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En el entendido de que, en caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Finalmente, importa precisar que la resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Orientan a lo anterior, jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Así como las tesis aisladas de los rubros siguientes: "OMISIONES DE LA POLICÍA DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN. EN SU CONTRA PROCEDE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, YA QUE ACTÚA BAJO EL MANDO Y CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y NO DE FORMA INDEPENDIENTE." "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." "ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR DEL MINISTERIO PÚBLICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. AL AGOTARSE EN SU CONTRA EL RECURSO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 258 DEL PROPIO CÓDIGO, ES EN LA AUDIENCIA DE CONTROL RELATIVA DONDE DEBEN DESTACARSE LAS OMISIONES EN QUE HAYA INCURRIDO LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS Y QUE TRASCENDIERON AL SENTIDO DE AQUELLA DETERMINACIÓN MINISTERIAL." ANTECEDENTES Los antecedentes de los actos reclamados, que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (fojas 73-78 y Cuaderno de pruebas anexo a constancias) y reiteradas por las que ofreció la parte quejosa (fojas 26-38, 48-53 y 62-68); así como de las manifestaciones realizadas por éste en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente. I. Ante el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, se sigue el proceso penal número 723/2021 de su índice, por la probable intervención de los aquí terceros interesados, 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, en la comisión del hecho que la ley reconoce como delito de despojo, cometido en agravio del aquí quejoso. Luego que tuvo lugar la Audiencia Inicial de imputación (fojas 113-117 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) en la que se resolvió la situación jurídica de los citados terceros interesados, de quienes, sólo a los dos primeros se les vinculó a proceso (fojas 91-100 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) se les fijó el plazo para la investigación complementaria que, a ese momento se precisó que fenecería el diecinueve de junio de dos mil veintidós, y se les impuso como medida cautelar la de firma periódica. II. Posteriormente, en acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós (foja 178 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) se señaló nueva fecha para llevar a cabo la audiencia relativa a la investigación complementaria que se prorrogó en dos meses más, y por lo cual ésta concluiría el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por así haber sido solicitado por el aquí quejoso (foja 179 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias). III. Ahora bien, al haber considerado que la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, se ha negado y omitido realizar los actos tendentes a desahogar las pruebas que el quejoso adujo haber ofrecido, incluso, desde el escrito de la denuncia que generó la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la citada fiscalía, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP (fojas 184-187 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) solicitó al juez de control responsable que se fijara día y hora para celebrar la audiencia de control por omisiones de la citada fiscal; para ello, en lo que al caso importa, expuso: ".vengo a impugnar la omisión de la fiscal tercera de la subunidad integral de procuración de justicia del décimo séptimo distrito judicial, con sede en Cardel, Veracruz, por lo cual paso a exponer lo siguiente." y enseguida hizo referencia a una serie de datos y medios de prueba, en los que hizo referencia a diversas fechas en las que dijo haber ofrecido y, o solicitado su desahogo a la aludida Fiscal; pero sin acompañar anexo alguno que corrobore su dicho, así como tampoco hizo referencia a la respuesta que en su caso emitió la citada fiscal. IV. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil veintidós (fojas 182-183 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, se negó la petición formulada por el aquí quejoso en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, respecto de la revisión de las omisiones de la fiscal, sustancialmente bajo las consideraciones que son del tenor siguiente: Si bien el promovente alude que la fiscalía incurrió en omisiones en el desarrollo de la investigación judicializada, exponiendo para ello una serie de actos de investigación que no han sido incorporados a la carpeta de investigación; sin embargo, para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debe especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso precise la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, esto con la finalidad de conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición. Y citó para robustecer su consideración, la tesis que es del rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN", de la que posteriormente destacó, sustancialmente, ".no es dable que el inconforme pretenda que se lleve a cabo todo un procedimiento ante el Juez de control, con la manifestación inicial y genérica de que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones durante la etapa de investigación, pues ello conlleva el riesgo de retardo innecesario en la integración de la carpeta correspondiente, en la medida en que bastaría alegar, en términos generales, que la procuraduría ha sido omisa, para que en cualquier momento y sin mayor razón, la víctima u ofendido movilice el aparato judicial y sea hasta la audiencia, una vez agotados los recursos materiales, temporales y judiciales, que se advierta que la alegación es tan genérica que no es dable examinarla pues, de lo contrario, significaría que el Juez deba pronunciarse sobre el particular, con base en el análisis oficioso de todas las obligaciones que la representación social tiene al integrar carpetas de investigación." V. El acuerdo aludido en el antecedente anterior fue impugnado por la parte aquí quejosa, a través del recurso de revocación que interpuso ante el juez responsable (fojas 195-202 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) en el que, sin que tampoco acompañara anexo alguno que corrobore su postura fáctica, sustancialmente expuso como agravios los que son de la referencia siguiente: Con base en el derecho que el quejoso aduce le asiste en términos del artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, entonces se debe estar a la aplicación exacta de la ley y no mediante interpretación alguna. Para robustecer su argumento cita la tesis de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." Agregó, que hace manifiestas todas y cada una de las "flojeras" en las que ha incurrido la fiscal tercera investigadora, para que no haya más lentitud y se pueda desahogar la audiencia intermedia prevista entonces para el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Así también, reiteró los datos y medios de prueba (de los que hizo referencia en el escrito inicial de la petición que le fue negada) y que aduce no han sido recabados o desahogados para integrar debidamente la investigación complementaria. VI. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós (fojas 190-194) dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, el citado medio de impugnación se resolvió de plano y se declaró infundado bajo el argumento siguiente: ".del contenido de la petición no se advirtió agravio alguno debidamente constituido en contra de la resolución impugnada, sin perjuicio de ello, tampoco se advierte .agravio operante tendente a cuestionar las razones que motivaron el auto de veintidós de agosto pasado. En consecuencia, el recurso es improcedente por inoperante. Conclusión que apoyó en las jurisprudencias de los rubros siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO." y "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO." Así también, adujo que en confrontación al contenido del recurso por escrito que se atiende, no se aprecia que el recurrente exponga el por qué y cómo, es que la determinación. atenta a la legalidad y le generó un agravio a sus derechos. En ese sentido el recurrente expone en su recurso. (lo trascribe) Los argumentos .en nada se refieren a las razones aludidas en el auto impugnado, e incluso son incongruentes. En el auto de veintidós de agosto, se precisó que para poder atender el medio de impugnación previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustentado en la afirmación del promovente de supuestas omisiones en el ejercicio de atribuciones por parte de la fiscalía, era indispensable se precisaran cuáles eran las omisiones en las que había incurrido. En la solicitud para celebrar la audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sólo afirmó que existían omisiones por parte de la fiscalía en el desahogo de actos de investigación, y se especificaba un listado de ellos, empero sin precisar si tales actos de investigación habían sido oportunamente propuestos por la asesoría jurídica o incluso por alguna otra de las partes en el proceso. Ello es así, pues las partes, y en estricto sentido la asesoría jurídica, no puede estimar que la sola circunstancia de tener identidad en los intereses para la procedencia de la acción penal ejercida por la fiscalía, le permitan sustituirlo en el ejercicio de determinadas atribuciones que le son exclusivas según el contenido del artículo 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A contrario sentido de los argumentos del recurrente, el auto impugnado se sustentó en el contenido de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan la facultad que tienen las partes para proponer a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, esto con la finalidad de atender sus intereses, sin embargo, esa facultad no se traduce -en el caso de la asesoría jurídica-, en la discreción para ordenar el desahogo de actos de investigación a la fiscalía, bajo el argumento de que a su criterio tales actos de investigación son los indispensables para el éxito en el ejercicio de la acción penal. Se reitera, el ejercicio de la acción penal es una facultad .de la fiscalía en términos del artículo 21 Constitucional, con algunas salvedades cuando se refiere al procedimiento específico de la acción penal por particulares. Entonces, analizar las supuestas omisiones incurridas por la fiscalía a la luz de una afirmación subjetiva, y sin especificar cuál es la acción omitida, impide poder analizar con objetividad sí existe negligencia en el cumplimiento de la obligación constitucional por parte de la fiscalía, pues se indicó que la falta de precisión implicaría un análisis oficioso en las atribuciones de la fiscalía, lo que además de ser inoperante podría incluso traducirse en un exceso en las atribuciones de control judicial al reasumir facultades que son exclusivas de la fiscalía. Luego, si el asesor jurídico estimó que la integración de la investigación complementaria, no sería suficiente probatoriamente para fundar la acción penal en la acusación, por deficiencia u omisiones, no es suficiente para ello exigir a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, pues entonces la relación procesal entre la asesoría jurídica y la fiscalía deja de ser horizontal, para constituirse en una relación de supra a subordinación, en la que la fiscalía se convierte en la autoridad que le permite a la asesoría jurídica ejercer acción penal, y ello no es posible jurídicamente, pues la discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal es exclusivo de la fiscalía, con la única salvedad del procedimiento de acción penal por particulares, lo que en el caso particular no acontece. Además, los argumentos del recurrente son incongruentes pues exige de este unitario, que las determinaciones que emita se funden en una ley exacta, y en una aplicación tasada de la norma a la luz de la literalidad de su enunciado. En ese sentido, cuestionó de este tribunal la interpretación y aplicación que le dí al precedente judicial emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión 06/2019, pues dijo que su interpretación se aleja de la literalidad del artículo 258 en cita, que contempla la procedencia del medio de impugnación ante omisiones de la fiscalía en la investigación. Esto es incongruente, pues es falso que el texto literal del enunciado normativo en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca la procedencia del medio de impugnación ahí regulado, en contra de "omisiones" incurridas por la fiscalía. En el texto literal de dicho artículo establece que la impugnación es procedente contra las determinaciones de la fiscalía sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, para la procedencia de la impugnación por las "omisiones" subsumidas a las determinaciones de abstención por parte de la fiscalía, fue necesaria la interpretación a la luz de los precedentes emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de Circuito, cuyos rubros indican: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." y "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN." Por virtud de estos precedentes interpretativos pudo concluirse que las "omisiones" de la fiscalía en la investigación pueden ser impugnadas a la luz del procedimiento en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no así al tenor de la literalidad de la norma. Por ende, es incongruente que el recurrente exija la aplicación exacta y literal de los enunciados normativos, cuando su solicitud se sustenta en una interpretación ampliada del sentido y los efectos de un enunciado normativo. En conclusión, el recurrente incurrió en una omisión formal que impide cursar el procedimiento de impugnación según el artículo 258 en cita, pues la afirmación subjetiva de la existencia de "omisiones" por parte de la fiscalía en la investigación, y la enunciación de actos de investigación, impiden advertir si las omisiones pueden ser materia de impugnación por tratarse de determinaciones que nieguen o develen el ejercicio negligente de las atribuciones a cargo de la fiscalía, y por el contrario, permiten asumir que la asesoría jurídica interpreta y aplica incorrectamente la procedibilidad de dicho medio de impugnación, a la consideración de estimarse titular de la facultad de poder ordenar a la fiscalía cómo y de qué manera ejercer la acción penal, sin antes cumplir las formalidades para proponer los actos de investigación y no sólo pretender imponerlos, pues ello contraviene al sentido de la facultad de ejercer la acción penal a cargo de la fiscalía." VII. Al margen de lo anterior, importa precisar que de las constancias que forman parte de la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, que remitió (fojas 61-68) a petición del aquí quejoso (fojas 48-50) se advierte que mediante escrito presentado por el impetrante de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintidós (tres días antes a la promoción de la presente demanda de amparo) dirigido a la citada Fiscalía, aquel solicitó a ésta, copia certificada de diversas constancias relativas al desahogo de datos o medios de prueba que describió en ese mismo escrito. VIII. A la petición referida en el punto anterior, recayó el acuerdo de esa misma fecha (foja 62) en el que se adujo: "Hago de su conocimiento que por cuanto al punto número uno, se giró oficio número 3668/2022 de fecha veintiuno de septiembre del mes y año en curso -(foja 64)- mediante el cual se solicitó al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia CALIGRÁFICA", por lo cual se da por cumplido dicho punto. Por cuanto al punto número dos, la suscrita ya había realizado la solicitud de igual manera al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia a fin de que realizara la pericial en AGRIMENSURA", mediante oficio 3556/2022 de fecha veintiuno de septiembre del año en curso -con acuse de recibo de siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 63)-. Punto número tres, No ha lugar dicha solicitud de UNA ORDEN DE CATEO JUDICIAL. Toda vez que no se funda y motiva dicha solicitud, de una orden de cateo, ya que si bien es cierto en su punto número 3 solicita una pericial en Agrimensura, el cual ya fue solicitada, motivo por el cual NO HA LUGAR dicha solicitud. Punto número 4, no se funda ni motiva dicha solicitud sobre dictamen pericial valuatorio de pérdidas y perjuicio usufructo, ya que no se funda ni motiva dicha petición. Punto número cinco, la suscrita informa que dentro de la carpeta de investigación ya obra informe de dicha solicitud, motivo por el cual, toda vez que ya fue desahogada dicha solicitud, no ha lugar a volver a solicitarlo -(foja 66)-. Punto número seis, citatorio del ciudadano C. Lorenzo Ortiz Baez (alias la Burra) la suscrita acuerda No ha lugar a dicha solicitud, ya que me permito informar a usted que dentro de la presente carpeta de investigación ya fue solicitado a través de la policía ministerial que acudiera ante el ciudadano para notificarle dicha cita, misma que vía informe contestaron -(foja 67)- que no pudieron localizarlo, ya que no conocen a la persona en mención." La resolución a que se refiere el antecedente VI de esta relatoría constituye el acto reclamado en el presente juicio, y hasta aquí la narración de los actos reclamados en el presente asunto. SUBSUNCIÓN De la demanda de amparo se puede advertir que la parte quejosa, reitera las manifestaciones relativas a la existencia de pruebas pendientes por recabar y desahogar -mismas que considera que son necesarias para acreditar no los hechos investigados, sino determinantes para la acusación en ese proceso y que señala, algunas de éstas fueron ofrecidas oportunamente desde el escrito de denuncia y, otras, posteriormente, incluso al dictado del auto de vinculación a proceso y apertura de la investigación complementaria); también, que la fiscal no ha agotado los medios de apremio para recabar y lograr el desahogo de dichos datos y medios de prueba, con ello ha impedido la debida integración de la investigación complementaria; y además que es a la fiscal a la que le corresponde la responsabilidad exclusiva de dirigir y desahogar la carpeta de investigación, así como el desahogo de las pruebas que le fueron ofrecidas oportunamente, entonces expone como conceptos de violación aquellos en los que señala medularmente: Es ilegal que el juez responsable haya concluido que no existen las omisiones atribuidas a la fiscal a cargo de la integración de la carpeta de investigación, porque el aquí quejoso no especificó que, previa solicitud de la audiencia de control que solicitó en términos del artículo 258 del CNPP, formalmente había propuesto a la fiscalía el desahogo de los actos de investigación a los que hizo referencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 216 del citado CNPP, a fin de poder conocer si se actualizaron las omisiones atribuidas a la Fiscal; así como también resulta ilegal, dice, que haya considerado que no es dable que el aquí quejoso pretenda que se lleve a cabo todo un procedimiento ante el juez responsable, con la manifestación genérica de que el Ministerio Público ha incurrido en omisiones durante la etapa de la investigación porque ello conlleva al riesgo de un retardo innecesario en la integración de la carpeta de investigación; cuando el retardo corresponde a la falta de desahogo o recabo de los datos o medios de prueba. De ahí que considera, que con la postura del juez responsable se solapa la inactividad de la fiscalía a cargo de la investigación complementaria, trasgrediendo en su perjuicio sus derechos humanos y garantías constitucionales. Además, aduce que carece de fundamentación y motivación la resolución impugnada, porque el juez responsable afirma que existe un exceso del quejoso al pretender que la ley se cumpla a su literalidad; lo que además contraviene lo dispuesto por el artículo 131 del CNPP que impone como obligación a la Fiscal, investigar y agotar el desahogo de las prueba que fueron aportadas por las partes y, de ser necesario, en términos del diverso 104 de dicho ordenamiento procesal, imponer las medidas de apremio a fin de lograr tal fin; máxime que todavía no se han incorporado dichos datos o medios de prueba. Pero sobre todo considera que es incongruente tal sentido, puesto que, por un lado precisa que corresponde al Ministerio Público investigar y llevar a cabo la integración de la carpeta de investigación en términos de lo dispuesto en el artículo 131 del CNPP; sin embargo, cuando la víctima u ofendido, en el ejercicio del derecho que le confieren los diversos numerales 109, 110, 131 y 258 del mismo ordenamiento, para ofrecer pruebas y que éstas sean desahogadas por la ministerio público, y que ante la omisión de éste para cumplir con lo dispuesto en el aludido 131 mencionado, entonces es que el artículo 125 mencionado le otorga el derecho a la víctima para solicitar la audiencia de control a fin de valorar si existen o no las omisiones que le fueron precisadas por la víctima y la asesoría jurídica, que según se advierte de los escritos y de la audiencia misma, se centran en que la fiscal no ha cumplido con el desahogo de las pruebas torales que le fueron ofrecidas. Así, destaca que es ilegal la conclusión del juez ya que si consideró que por el simple hecho de que la víctima se inconforme en términos del artículo 258 del CNPP, entonces ante las omisiones de la fiscal, incluso por el hecho de que no desahogue las pruebas, concluyó que ello no implica que incurra en omisiones, pues considera que es la fiscal la que cuenta con la capacidad y la atribución de integrar la carpeta de investigación y ella es quien decide qué prueba es la que se debe desahogar, pues tiene la capacidad de identificar la idoneidad y la oportunidad de los datos de prueba; empero, en la especie es claro que la fiscal ni el juez están capacitados para tal efecto, o que actúan con mala fe en contra de la legalidad, pues a su criterio denotan que carecen de capacidad, honestidad, eficacia, conocimiento y ética en el ejercicio de sus cargos. Sobre todo, porque considera que las pruebas faltantes por desahogar son las medulares, acordes al tipo penal que la misma fiscalía calificó y precisó en su imputación, esto es, el despojo de un inmueble, lo cual requiere la prueba pericial de agrimensura para identificar dicho bien, con el bien materia del delito, que tuvo la víctima al momento de cometerse el ilícito; de ahí que, concluye, que si esas pruebas no se han desahogado, entonces resulta ilegal que el juez de control impute esa responsabilidad a la asesoría jurídica cuando señala que si a consideración de la asesoría jurídica, las pruebas desahogadas a ese momento resultarán insuficientes para fundar la acción penal en la acusación, entonces ello no es suficiente para exigir a la fiscalía el desahogo de determinados actos de investigación, pues entonces la relación entre la asesoría jurídica y la fiscalía se tornaría en una de supra a subordinación, porque facultaría a la fiscalía permitirle a la asesoría jurídica la posibilidad de ejercer acción penal. Con lo cual, considera que se soslaya la obligación y responsabilidad de la fiscalía para cumplir con el desahogo de las pruebas en la investigación complementaria, y no a la asesoría jurídica, quien cumple puntualmente con su encomienda al solicitar a la fiscalía que se desahoguen las pruebas oportunamente ofrecidas por la víctima y, más aún, solicitar la audiencia de control prevista en el artículo 258 del CNPP, previsto para impedir que la fiscalía actúe de manera deshonesta, corrupta, inepta y de mala fe por su inactividad en dicha función investigadora. Además, en una interpretación armónica, teleológica y gramatical de los artículos 1 y 17 constitucionales, y 16 (Justicia pronta); 105 (sujetos del procedimiento penal); 109 (Derechos de la víctima u ofendido); 110 (Designación de asesor jurídico); 111 (Restablecimiento de las cosas al estado previo); 131 (Obligaciones del Ministerio Público) y 134 (Deberes comunes de los jueces) destaca que el asesor jurídico tiene el derecho de proponer las acciones necesarias para para la defensa de los intereses de la víctima, y que el Ministerio Público tiene la obligación de recibir y desahogar los datos de prueba que hubieren sido ofrecidos por las partes, lo cual no es potestativo, sino imperativo; de ahí que considera que es indebidamente fundado que el juez responsable haya concluido que la asesoría jurídica carece de derecho para para solicitar el desahogo de los datos prueba aportadas por la víctima por su conducto, pues los numerales del CPP otorgan y reconocen ese derecho a la víctima como al asesor jurídico en correlación con la obligación del ministerio público para recibirlos y desahogarlos. También considera ilegal que el juez responsable haya concluido que por el hecho de que el Ministerio Público no hubiera desahogado los datos de prueba que le hubiesen sido aportados por la asesoría jurídica, y que se le ha reiterado en diversas ocasiones para el desahogo de la pericial en materia de agrimensura, ello no representa una omisión, porque es al Ministerio Público al que le corresponde la dirección de la investigación y tiene la capacidad y facultad para determinar cuáles de los datos de prueba de los aportados por la asesoría jurídica son los que se deben desahogar, cuando es una obligación del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en el artículo 131 del CNPP; más, cuando dicha prueba resulta ser medular para justificar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado. También sostiene, que el actuar del juez responsable no cumple con la obligación de respetar los principios de su función jurisdiccional, es decir, ser imparcial y actuar ajustado a derecho, respetando el debido proceso. Finalmente, sostiene que conforme a lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP es la víctima u ofendido quien tiene derecho a impugnar la abstención de investigar del Ministerio Público, pero sobre todo de desahogar los datos de prueba, como lo prevén los artículos 105, 109 y 131 ya mencionados; de ahí que concluya como evidente la abstención del fiscal, sobre todo porque la víctima fue quien ofreció las pruebas a desahogar, y es parte en el proceso penal. Los anteriores motivos de disenso devienen inoperantes. Esto es así, puesto que se puede advertir que la gran parte de ellos son reiterativos de los argumentos que se expusieron, no sólo en la petición que se hizo para la revisión de los actos de la fiscal investigadora, en términos del artículo 258 del CNPP; sino también de aquellos que se contiene el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revocación, pues nuevamente hace referencia a la existencia de pruebas pendientes por recabar y desahogar y que insiste en que son necesarias para acreditar no los hechos investigados, sino determinantes para la acusación en ese proceso y que señala, algunas de éstas fueron ofrecidas oportunamente desde el escrito de denuncia y, otras, posteriormente, incluso al dictado del auto de vinculación a proceso y apertura de la investigación complementaria. También reitera que la fiscal no ha agotado los medios de apremio para recabar y lograr el desahogo de dichos datos y medios de prueba, con ello ha impedido la debida integración de la investigación complementaria y, además, que es a la fiscal a la que le corresponde la responsabilidad exclusiva de dirigir y desahogar la carpeta de investigación, así como el desahogo de las pruebas que le fueron ofrecidas oportunamente; pero sin precisar circunstancias fácticas de esto último. De ahí que, si dichos argumentos no constituyen más que la reiteración de los que fueron expuestos ante la propia autoridad ministerial y sobre todo, ante el juez responsable, entonces de ello deviene su inoperancia. Ahora, por cuanto a los restantes argumentos, también se califican como inoperantes, puesto que debe tenerse en cuenta que el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP (fojas 184-187 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) el ahora quejoso solicitó al juez de control responsable que se fijara día y hora para celebrar la audiencia de control por omisiones de la fiscal investigadora; para ello expuso en lo que al caso importa: ".vengo a impugnar la omisión de la fiscal tercera de la subunidad integral de procuración de justicia del décimo séptimo distrito judicial, con sede en Cardel, Veracruz, por lo cual paso a exponer lo siguiente." y enseguida hizo referencia a una serie de datos y medios de prueba, en los que hizo referencia a diversas fechas en las que dijo haber ofrecido y, o solicitado su desahogo a la aludida Fiscal; pero sin acompañar anexo alguno que corrobore su dicho, así como tampoco hizo referencia a la respuesta que en su caso emitió la citada fiscal. Por ello es que, en relación con dicha petición, el juez responsable negó la petición formulada por el aquí quejoso en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del CNPP, respecto de la revisión de las omisiones de la fiscal, sustancialmente bajo la consideración de que si bien el promovente adujo que la fiscalía incurrió en omisiones en el desarrollo de la investigación judicializada, exponiendo para ello una serie de actos de investigación que no han sido incorporados a la carpeta de investigación; sin embargo, para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debe especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuyo caso precise la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, esto con la finalidad de conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición. No obstante tal consideración, se advierte que el aquí quejoso interpuso el recurso de revocación (fojas 195-202 del Cuaderno de pruebas anexo a constancias) sin que acompañara anexo alguno que corrobore su postura fáctica exigida por el juez responsable, ya que sustancialmente expuso como agravios aquellos en los que sostuvo: Con base en el derecho que el quejoso aduce le asiste en términos del artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, entonces se debe estar a la aplicación exacta de la ley y no mediante interpretación alguna. Para robustecer su argumento cita la tesis de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, AL ACUDIR AL JUEZ DE CONTROL DEL CONOCIMIENTO, DEBE INFORMARLE LA OMISIÓN CONCRETA EN LA QUE ESTIMA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HA INCURRIDO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN." Agregó, que hace manifiestas todas y cada una de las "flojeras" en las que ha incurrido la fiscal tercera investigadora, para que no haya más lentitud y se pueda desahogar la audiencia intermedia prevista entonces para el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Así también, reiteró los datos y medios de prueba (de los que hizo referencia en el escrito inicial de la petición que le fue negada) y que aduce no han sido recabados o desahogados para integrar debidamente la investigación complementaria. De ésta forma es que el juez responsable, al resolver el aludido recurso de revocación, lo consideró infundado puesto que manifestó sustancialmente que los agravios expuestos resultaban inoperantes, al no haber combatido frontalmente las consideraciones que expuso para negar la petición que en revocación se impugnó. Por ello es que si en esta vía de amparo, el aquí quejoso insiste en controvertir el sentido de la resolución del juez responsable, pero sin que a este momento redarguya que resultaba inexacta la consideración del juez responsable, para concluir que para estar en aptitud de verificar la procedibilidad de su solicitud, debió especificar si previo a solicitar audiencia prevista en el artículo 258 en cita, propuso formalmente a la fiscalía el desahogo de dichos actos de investigación, en términos de los artículos 129 y 216, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en cuyo caso, precisar la fecha de su formalización y el acuerdo que emitió al respecto la fiscalía sobre su propuesta, entonces sus argumentos deviene inoperantes por no confrontar directamente dicha consideración. Máxime que se dijo por el juez responsable, que dichas precisiones resultaban necesarias para conocer si se actualiza la procedencia de su impugnación, puesto que la sola referencia genérica a la existencia de omisiones en el ejercicio de las funciones a cargo de la fiscalía, no satisface los requisitos de procedencia de su petición, pero sin que hayan sido directamente atacadas; de ahí la inoperancia de sus concepto de violación. Ahora bien, al margen de lo anterior se considera que en todo caso devienen inoperantes los motivos de disenso, puesto que si la pretensión final del aquí quejoso es que la fiscal proceda a realizar actos que considera son necesarios a fin de allegarse de los datos o medios de prueba necesarios para acreditar la acusación en la causa penal de origen, entonces no se puede soslayar que de las constancias que forman parte de la carpeta de investigación 201/2021 del índice de la Fiscal Fiscal Tercera de la Sub Unidad Integral de Cardel del XVII Distrito Judicial, con residencia en José Cardel, Veracruz, que remitió (fojas 61-68) a petición del aquí quejoso (fojas 48-50) se advierte que mediante escrito presentado por el impetrante de amparo el veinte de septiembre de dos mil veintidós (tres días antes a la promoción de la presente demanda de amparo) dirigido a la citada Fiscalía, aquel solicitó a ésta, copia certificada de diversas constancias relativas al desahogo de datos o medios de prueba que describió en ese mismo escrito. Ahora bien, a esa petición recayó el acuerdo de esa misma fecha (foja 62) en el que se adujo: "Hago de su conocimiento que por cuanto al punto número uno, se giró oficio número 3668/2022 de fecha veintiuno de septiembre del mes y año en curso -(foja 64)- mediante el cual se solicitó al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia CALIGRÁFICA", por lo cual se da por cumplido dicho punto. Por cuanto al punto número dos, la suscrita ya había realizado la solicitud de igual manera al "Jefe Regional de la zona centro-Veracruz con residencia en la ciudad de Veracruz, Veracruz, designara perito experto en la materia a fin de que realizara la pericial en AGRIMENSURA", mediante oficio 3556/2022 de fecha veintiuno de septiembre del año en curso -con acuse de recibo de siete de septiembre de dos mil veintidós (foja 63)-. Punto número tres, No ha lugar dicha solicitud de UNA ORDEN DE CATEO JUDICIAL. Toda vez que no se funda y motiva dicha solicitud, de una orden de cateo, ya que si bien es cierto en su punto número 3 solicita una pericial en Agrimensura, el cual ya fue solicitada, motivo por el cual NO HA LUGAR dicha solicitud. Punto número 4, no se funda ni motiva dicha solicitud sobre dictamen pericial valuatorio de pérdidas y perjuicio usufructo, ya que no se funda ni motiva dicha petición. Punto número cinco, la suscrita informa que dentro de la carpeta de investigación ya obra informe de dicha solicitud, motivo por el cual, toda vez que ya fue desahogada dicha solicitud, no ha lugar a volver a solicitarlo -(foja 66)-. Punto número seis, citatorio del ciudadano C. Lorenzo Ortiz Baez (alias la Burra) la suscrita cuerda No ha lugar a dicha solicitud, ya que me permito informar a usted que dentro de la presente carpeta de investigación ya fue solicitado a través de la policía ministerial que acudiera ante el ciudadano para notificarle dicha cita, misma que vía informa contestaron -(foja 67)- que no pudieron localizarlo, ya que no conocen a la persona en mención." Entonces, como se ve del acuerdo antes trascrito, se puede advertir que la Fiscal investigadora ha hecho manifiesto que tomó las medidas necesarias para ordenar el desahogó y allegarse de los datos o medios de prueba que le fueron referidos. Bajo ese tenor de ideas, se considera que la omisión que en su caso eventualmente pudo haber existido, aún sin haber sido acreditada ante el juez responsable, ha dejado de afectar en sus términos a la parte aquí quejosa; de ahí que sus motivos de inconformidad en su caso actualizan la inoperancia de los mismos. Lo anterior en el entendido que ello no exime, en el caso de la ineficacia de dichas medidas para obtener el desahogo y obtención de los datos y medios de prueba, que el actuar de la fiscal investigadora pueda actualizar una causa de responsabilidad en el desempeño de su función; lo que en tal caso, se considera que deberá ser materia de la promoción que, al respecto, queda expedita en favor de la parte aquí quejosa. CONCLUSIÓN Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal NO ampara NI protege a Ignacio Izquierdo Hernández, contra el auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió de plano y declaró infundado el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veintidós de agosto de ese mismo año; lo anterior, por los motivos y razones expuestos en los considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez del Juzgado Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, mediante el cual devuelve DILIGENCIADO el despacho 334/2023- D/II/AP, el cual se libró a efecto de emplazar al tercero interesado ********************en términos de ley. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite, el oficio en comento; ya que en proveído de veinte de abril del presente, se proveyó al respecto.

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