Ignacio Izquierdo Hernández

Expediente 645/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
645/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Izquierdo Hernández
  • Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral Sala "E" en Veracruz, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 645/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 41-45 del original del incidente de suspensión), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley."Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 41-45 del original del incidente de suspensión), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General. En cuanto a los autos del incidente original de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto del acto reclamado, como se advierte de la resolución emitida en data de cuatro de agosto de dos mil veintitrés (fojas 41-45 del original del incidente de suspensión), con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el catorce siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Ignacio Izquierdo Hernández promovió juicio de amparo contra los actos del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós (foja 27) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, y dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Terceros interesados. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós (foja 60) se tuvo como terceros interesados a 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, a quienes se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se hizo mediante exhorto que se giró para tal efecto y que se recibió en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por vía electrónica (foja 81). Así también, mediante diverso auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (foja 83) se tuvo como diverso tercero interesado al Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Cardel, Veracruz, a quien se ordenó emplazar al presente juicio; lo que finalmente se realizó a través de la autoridad substituta de la ministerial buscada, esto es, a través de la Fiscal Primera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en la misma ciudad de Cardel, Veracruz, a quien se tuvo por reconocido tal carácter; y sin que, en ningún caso, los terceros interesados hubieran comparecido al presente juicio. CUARTO. Finalmente, agotada la secuela procesal, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 37) así como las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados (electrónicas y por cumplidas a fojas 81 y 110) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos derivados de un proceso penal que se considera que son de imposible reparación, al estar vinculados con la negativa de la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objeto del delito que se sigue en el citado proceso penal, solicitada por la víctima u ofendido, aquí quejoso; lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Apoya a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETOS DEL DELITO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME SU SOLICITUD ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 119/2011 (9a.)]. El artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los que procede el recurso de apelación, entre los cuales, no se encuentra prevista expresamente la determinación que dirime la solicitud de la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objetos del delito a favor de la víctima u ofendido, toda vez que si bien en su fracción V se prevé ese recurso contra las resoluciones que se pronuncien sobre providencias precautorias o medidas cautelares, lo cierto es que dicha medida de restitución de bienes a que refiere el precepto 111 del propio código, no participa de esa naturaleza, pues conforme a sus diversos 138, 153 y 155, las primeras tienen por objeto garantizar la reparación del daño referentes al embargo de bienes y a la inmovilización de cuentas o valores; mientras que las segundas, la de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; en consecuencia, contra dicha determinación es improcedente el recurso de apelación y, por ende, es innecesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Estimar lo contrario, implicaría imponer una obligación en un supuesto no previsto expresamente por la ley, mediante una interpretación adicional de diversas disposiciones legales; de ahí que sea inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), porque en tal criterio no se interpretaron las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por razón de la materia (mixta) se es competente porque no sólo se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, sino, sobre todo, como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no es susceptible de ser ejecutado; además que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: El acuerdo emitido en audiencia de control prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, celebrada el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se negó la solicitud oral formulada por la víctima u ofendido, aquí quejoso, respecto de la restitución del bien inmueble materia del delito de despojo que se sigue en el proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable. Respecto de dicho acto reclamado, el quejoso sostiene que le fue notificado el mismo día de su emisión. Ahora, establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto. En principio, porque la autoridad responsable, 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 37) así lo reconoció al rendir su informe con justificación. Además, porque así se desprende de las constancias que remitió acompañadas de su informe justificado (fojas 38-59) relativas a la carpeta administrativa del proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en las que obra el acuerdo impugnado (fojas 54-57) y que también se desprende del contenido del CD en que obra el audio y vídeo de la audiencia en que se emitió dicho auto. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. CUARTO. Procedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son inoperantes, al no combatir uno de los argumentos torales que sostiene la resolución impugnada, y que tampoco se advierte queja que suplir en favor de la parte aquí quejosa, según se verá a continuación. MARCO NORMATIVO. En principio, se establece que la inoperancia de los agravios (como también aplica analógicamente con los conceptos de violación) ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un fenómeno de carácter técnico jurídico que surge en relación con planteamientos concretos y crea un impedimento u obstáculo insalvable para su análisis. Criterio que se orienta por la jurisprudencia de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Entre las múltiples causas que pueden dar origen a la inoperancia destaca, para lo que aquí interesa, cuando los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la resolución reclamada y, por lo cual, el órgano de amparo no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad. En lo conducente, orientan a lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por otra parte, atendiendo que el acuerdo combatido constituye la resolución que declaró infundada la solicitud de restitución del bien inmueble que constituye el objeto material del hecho que se investiga en el proceso penal de origen, la cual fue solicitada como una medida provisional, entonces es conveniente hacer referencia, en principio, al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece la restitución provisional de bienes involucrados en los hechos con apariencia de delito; así como a los diversos 138, 153 y 155 del mismo ordenamiento procesal en cita que son del contenido siguiente: Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la victima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: El embargo de bienes, y La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles." "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." Al respecto de los numerales antes trascritos se ha destacado que las providencias precautorias en los procesos penales tienen por objeto garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido y pueden consistir en el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas o de valores. En cambio, las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de algunas de las partes en el proceso como son la víctima, ofendido o testigos y también tienden a evitar la obstaculización o entorpecimiento del proceso. Ahora bien, es importante destacar que la restitución provisional de bienes a la víctima u ofendido no está precisada dentro del catálogo de las providencias precautorias o medidas cautelares descritas en dichos numerales, sino que se encuentra prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una medida provisional. De esta guisa, dicha medida provisional tiende a la restitución temporal de los bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo, en favor de la víctima o parte ofendida, a diferencia de una providencia precautoria o medida cautelar; pero en el entendido de que dicha restitución resultará procedente sólo cuando haya suficientes elementos que permitan así decidirlo. En la especie, esto último resulta de significativa trascendencia, puesto que el referido artículo 111 no precisa que dicha concesión se genere con la simple petición que la víctima u ofendido formule al Órgano jurisdiccional, pues para ello se requiere, además, que la naturaleza del hecho lo permita, pero sobre todo, que siempre haya suficientes elementos para decidirlo, como se ha dicho. Importa precisar también, que la distinción a la que se alude en torno a las medidas cautelares y providencias precautorias, así como la medida provisional que en el caso genera la presente litis constitucional, se deprende de la ejecutoria que dirimió la procedencia del juicio constitucional de amparo indirecto en contra de la resolución que niega la medida provisional solicitada para la restitución provisional de bienes en el proceso penal acusatorio, sin que previamente sea necesario agotar el recurso de apelación que establece dicha norma procesal penal, puesto que ese medio de impugnación no resulta aplicable a supuestos que no están expresamente previstos en la norma y, por lo cual, no es exigible agotar el recurso ordinario en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES Los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (fojas 38-59) y reiteradas por las que ofreció la parte quejosa (fojas 16-26); así como de las manifestaciones realizadas por éste en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente. I. Ante el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, se sigue el proceso penal número 723/2021 de su índice, por la probable intervención de los aquí terceros interesados, 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, en la comisión del hecho con apariencia de delito que la ley reconoce como despojo, cometido en agravio del aquí quejoso. II. Luego que tuvo lugar la Audiencia Inicial de imputación en la que, en audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós se resolvió la situación jurídica de los citados terceros interesados, de quienes, sólo a los dos primeros se les vinculó a proceso (fojas 16-25) se les fijó el plazo para la investigación complementaria que, se precisó a ese momento, fenecería el diecinueve de junio de dos mil veintidós, y se les impuso como medida cautelar la de firma periódica. III. Posteriormente, en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós (fojas 55 a 57) se desahogó la audiencia respecto de la solicitud de restitución del inmueble objeto del delito de despojo que se investiga, en términos de lo que dispone el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que se negó, sustancialmente, entre otras consideraciones, porque no era posible concederla ya que no había identidad en el bien materia del delito; lo que se precisó al tenor de la paráfrasis siguiente: ".no podremos determinar en este momento procesal cuál es la fracción del terreno o cuáles son las fracciones de terreno que le correspondan a Ignacio Izquierdo Hernández; esa falta de identidad no otorga los suficientes elementos para decidir cuál es el predio que le corresponde a Ignacio Izquierdo Hernández; existen antecedentes que develan que Ignacio Izquierdo Hernández usufructuó unas fracciones de terreno que se encuentran en ese lugar, esto con motivo de los contratos de compraventa con un ingenio en ese lugar, y que además hay 2 planos que ustedes dicen que realizó el ingeniero Daniel Hernandez Aguilar; sin embargo, estos planos, y como usted los refirió en las colindancias, hace alusión a posesiones o propiedades de personas sin establecer límites específicos con base en un título de propiedad o en un título ya legitimado; esto, al margen de que ustedes establezcan que este predio de 150 hectáreas, correspondiente al predio Jarero, fue establecido en una resolución ejecutoria por un Tribunal Unitario Agrario, porque eso sólo corrobora lo que estoy afirmando, que esas 150 hectáreas que correspondieron al ejido, por determinación del Tribunal Unitario Agrario, están pendientes de distribuirse adecuadamente, y si las personas han ejercido posesión como poder de hecho, ya que usufructuó algunas fracciones, esto no establece claramente cuáles son los derechos que están reclamando." La resolución a que se refiere el antecedente anterior de esta relatoría constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la narración de los antecedentes vinculados con los actos reclamados. SUBSUNCIÓN Como se anticipó, se considera que los conceptos de violación que esgrime la parte quejos, son inoperantes, al no combatir las consideraciones torales que sustentan el acto reclamado. Esto es así, pues aun cuando no se soslaya que la parte quejosa pretende desvirtuar las consideraciones respecto a la inexactitud del argumento que se expuso en torno a que no se puede restituir el bien materia del delito porque, en la especie, el hecho que se investiga en forma de delito es el despojo y ordenar la restitución del bien inmueble involucrado con el mismo equivale a los efectos de una sentencia condenatoria, pues al respecto adujo que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales no excluye al delito de despojo ni a los bienes materia de dicho delito para poder llevar a cabo la medida provisional de la restitución del bien materia del delito; y que tampoco se precisó cuál es el precepto legal contenido en la ley que le ordene que, por tratarse de un bien inmueble materia del delito de despojo, dicho bien no puede ser restituido porque ello implica un efecto igual al que se dicte en la sentencia definitiva. Sin embargo, no expuso argumento alguno que determinara por qué razón es que en la especie no resultaba necesaria la identificación de los bienes que se pretende le sean restituidos o, que precisara cuál o cuáles son los datos o medios de prueba a través de los cuales se desprende la identificación de dichos bienes. En efecto, se concluye en tales términos, pues de lo conceptos de violación se deprende que, en el PRIMERO de ellos, la parte quejosa sostiene la carencia de fundamentación y motivación, además de la incongruencia por contener argumentos contradictorios, ya que a su consideración: El juez responsable adujo, por un lado, que no cuenta con los elementos necesarios para conceder la medida precautoria solicitada y, por otra parte, reconoce la vinculación a proceso de los imputados por la posible comisión del hecho delictivo de despojo. Además, es inexacto que no se puede restituir el bien materia del delito, porque se trata del delito de despojo y que, ordenar la restitución, equivale a los efectos de una sentencia condenatoria, cuando tal aserto contraviene lo que dispone el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dicho precepto no excluye al delito de despojo ni a los bienes materia de dicho delito para poder llevar a cabo la medida provisional de la restitución del bien material del delito. Por otra parte, el juez responsable tampoco precisa cuál es el precepto legal que ordene que, por tratarse de un bien inmueble materia del delito de despojo, dicho bien no puede ser restituido, sobre todo, porque ello implique un efecto igual al que se dicte en la sentencia definitiva, lo que resulta infundado e inmotivado, pues en todo caso, de haber quedado acreditada la conducta delictiva del procesado, la sentencia traerá como consecuencia, no solo la restitución del bien, de manera definitiva, sino, además, llevará consigo la orden de reparar el daño causado a la víctima con motivo de la afectación generada por la comisión del delito de despojo, lo cual hace diferente el sentido de la sentencia a la orden de una medida provisional. Además, considera que con sus argumentos el juez responsable se contrapone a los criterios jurisprudenciales adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha sostenido reiteradamente que la restitución del bien materia del delito, prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es inconstitucional; en principio, porque sólo es una medida provisional y no definitiva que se debe dictar durante el proceso, con la finalidad de restituir a la víctima de la posesión que venía ejerciendo del bien antes de la comisión del ilícito. Por otro lado, contrario a lo sostenido por el juez de Control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la medida provisional, contemplada en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prejuzga de forma alguna sobre la culpabilidad penal del imputado en la comisión del delito por el que se le sigue proceso, sino que únicamente busca el restablecimiento de las cosas al estado que tenían previamente a la comisión del ilícito, a favor de la víctima, siempre que, como lo señala la disposición impugnada, la naturaleza del hecho lo permita y haya suficientes elementos para así decidirlo Sobre todo, porque de no prosperar la sentencia condenatoria, el resultado de ello conllevaría levantar dicha medida provisional, y el procesado podrá acudir a la autoridad competente para que ésta sea quien le reconozca el derecho que dice tener, en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Además, contrario a lo sostenido por el Juez de Control responsable, considera el quejoso que sí existen elementos suficientes para decretar la restitución solicitada, como es la vinculación a proceso de los imputados, impuesta por el mismo juez responsable, la que no puede ser desvalorada, ya que resultaría contradictorio considerar que existen elementos para vincular a proceso a los imputados, con lo que se presume la comisión del hecho delictivo por ellos. Por otro lado, señala que fue reconocido su carácter de posesionario en la resolución del juicio agrario 688/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI en la ciudad de Xalapa, Veracruz, lo cual resulta ser un elemento suficiente para ordenar la restitución del bien a quien legalmente lo venía poseyendo, lo que el juez de control soslayó en perjuicio del aquí quejoso. Además, la resolución afecta gravemente su esfera jurídica y a la de su familia, pues dicho bien es y ha venido siendo durante los últimos nueve años, materia de sustento para la familia de la víctima, aquí quejoso, con motivo de la siembra de la caña de azúcar que, incluso, quedó demostrado en la carpeta de investigación, ha sido contratada por el aquí quejoso con el ingenio, desde hace varios años y que, al no poder seguir sembrando, por la privación ilegal del uso del inmueble materia del delito, trasciende a la manutención no sólo de la víctima, sino, además, de su familia. Así también, por la propia naturaleza provisional de la medida, no constituye una pena anticipada sobre la reparación del daño, como equivocadamente lo afirmó el Juez de Control responsable, pues si bien es cierto que con la misma, bien pudiera prevenirse e incluso anticiparse, aparte de la ejecución del cumplimiento, de una eventual condena, sería hasta que se resolviera en definitiva cuando finalmente se decidiera, mediante la valoración probatoria, si el acusado efectivamente es plenamente responsable del hecho ilícito que se le imputa y, conforme a ello, determinar lo concerniente a la imposición de sanciones; dicha medida sólo devuelve las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de la ejecución del ilícito y con ello no se genera afectación alguna al principio de presunción de inocencia y, menos aún, al cumplimiento anticipado de una sentencia al imputado. Y en el SEGUNDO de los conceptos de violación, el impetrante de amparo sostuvo la ilegalidad de la resolución combatida, pues considera: Resulta infundado y discorde a la realidad jurídica, que el otorgamiento de la medida sería tanto coma generar una sentencia anticipada y que ello daría pie propiamente a dejar sin materia del juicio penal, porque la sentencia en materia penal tiene coma finalidad fundamental la de sancionar punitivamente a quien quede demostrado ejecutó una conducta típica, prevista en la ley penal, pero no tiene como finalidad la restitución de los bienes materia del delito, ya que esta última es una de las consecuencias que se generan cuando así lo permita el juicio, cuando existe una sentencia condenatoria en contra del procesado; lo que denota desatino en el juez de control sobre la identificación del objeto del proceso penal, pues se advierte de dicho precepto legal, que basta que la víctima u ofendido, en cualquier estado del procedimiento, solicite al órgano jurisdiccional coma medida provisional la restitución de sus bienes, para alcanzar el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, lo cual, así lo hizo la victima u ofendido Ignacio Izquierdo Hernández. También aduce que quedó en evidencia, que el quejoso venía poseyendo dichos inmuebles, tal como quedó corroborado en el juicio agrario 688/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI en Xalapa; incluso, que lo venía sembrando, cultivando y contratando con el Ingenio el Modelo del municipio de la Antigua. Además, reitera que la condena penal tiene como finalidad sustancial la de sancionar conductas tipificadas como delitos y no la de resolver sobre la reparación del daño, ya que ésta es la consecuencia de la afectación que generó a la víctima la ejecución del hecho delictivo y, en la especie, la reparación del daño no está supeditada a la devolución material del bien despojado, sino a la afectación. Así como también, que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la restitución inmediata del bien objeto del delito, lo que no está limitado o restringido a determinados bienes, pues dicho precepto legal no lo distingue, por lo que resulta aplicable para el análisis de dicho precepto el principio de derecho que reza "donde la ley no distingue, el juzgador no puede hacerlo", De ahí que si el legislador consideró que debía instituir una vía ágil para restituir a la víctima u ofendido el bien objeto del delito, como en la especie lo es el inmueble del que fue despojado la victima aquí quejoso, es claro que dicho precepto debe ser aplicado en sus términos, MAXIME QUE EXISTEN elementos suficientes para ejecutar la medida provisional, puesto que ya se vinculó a proceso a los imputados. Así pues, se itera que los motivos de disenso antes referidos devienen inoperantes, pues en estos no expuso argumento alguno que desvirtúe la posición que estableció el juez de los autos del proceso penal de origen del que emana la resolución incidental que aquí se combate; específicamente, respecto de la falta de elementos que determinen la identidad de los bienes inmuebles de los que se solicitó su restitución provisional; pero sin precisar por qué razón es que en la especie no resultaba necesaria la identificación de los bienes que se pretende le sean restituidos o, que precisara cuál o cuáles son los datos o medios de prueba a través de los cuales se desprende la identificación de dichos bienes. Sobre todo, porque se considera, como así se advierte que fue la consideración del juez responsable, no se puede determinar cuál es la, o las fracciones de terreno de las que se solicita su restitución provisional por corresponder su posesión al aquí quejoso y, por ello, la falta de identidad de los bienes determina la insuficiencia de elementos para decidir cuál es el predio que le corresponde a Ignacio Izquierdo Hernández. Además, no pasa inadvertido que el juez responsable tampoco soslayó la existencia de antecedentes o datos de pruebas que a su criterio develan que el aquí quejoso usufructuó unas fracciones de terreno que se encuentran en ese lugar, lo cual se dedujo de los contratos de compraventa celebrados con un ingenio en ese lugar; además de la existencia de dos planos que el mismo impetrante de amparo informó fueron realizados por el ingeniero Daniel Hernandez Aguilar. Sin embargo, recogiendo la propia referencia que al respecto hizo el aquí quejoso, el juez responsable concluyó que esos planos hacen alusión a posesiones o propiedades de personas, pero sin establecer límites específicos con base en un título de propiedad o en un título ya legitimado. Lo anterior, según se concluyó, de que al margen de haberse informado por el quejoso que el predio de ciento cincuenta hectáreas, correspondiente al predio Jarero, fue establecido en una resolución ejecutoria por un Tribunal Unitario Agrario, porque a su consideración eso sólo corrobora que esas hectáreas están pendientes de distribuirse adecuadamente, por lo que si las personas han ejercido posesión como poder de hecho, ya que usufructuó algunas fracciones, eso no establece claramente cuáles son los derechos que están reclamando. Sin embargo, como se vio en la paráfrasis de los conceptos de violación que se esgrimen en este juicio de amparo, ninguno de ellos desvirtúa dichas consideraciones, es decir, no se precisa cuál o cuáles son los datos o medios de prueba que permiten identificar con precisión los bienes que pretende el quejoso le sean restituidos y, sobre todo, que estos fueron omisamente o inexactamente valorados por el juez aquí señalado como responsable. Además, importa precisar que en la especie, y de acuerdo al contenido de la audiencia que obra en audio y vídeo de la audiencia en al que se emitió la resolución que aquí se combate, el suscrito tampoco logra identificar el dato de prueba o medio de convicción, de aquellos que fueron aportados en dicha incidencia por la parte quejosa, y que permita advertir que las fracciones de terreno que se pretenden restituir provisionalmente están plenamente identificadas, a fin de estar en condiciones de determinar que su soslayo justifica la ilegalidad de la resolución impugnada. CONCLUSIÓN Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal NO ampara NI protege a Ignacio Izquierdo Hernández, contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió lo concerniente a la solicitud de restitución del bien inmueble involucrado en la causa penal de origen; lo anterior, por los motivos y razones expuestos en los considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica a los terceros interesados por estar ordenado en autos.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de acuerdos a IGNACIO IZQUIERDO HERNÁNDEZ, en su carácter de parte quejosa en el presente asunto, la sentencia autorizada de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el catorce siguiente a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, Ignacio Izquierdo Hernández promovió juicio de amparo contra los actos del 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz. SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós (foja 27) se acordó admitir a trámite la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, y dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. TERCERO. Terceros interesados. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós (foja 60) se tuvo como terceros interesados a 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, a quienes se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se hizo mediante exhorto que se giró para tal efecto y que se recibió en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por vía electrónica (foja 81). Así también, mediante diverso auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés (foja 83) se tuvo como diverso tercero interesado al Fiscal Tercero de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en Cardel, Veracruz, a quien se ordenó emplazar al presente juicio; lo que finalmente se realizó a través de la autoridad substituta de la ministerial buscada, esto es, a través de la Fiscal Primera de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial, con residencia en la misma ciudad de Cardel, Veracruz, a quien se tuvo por reconocido tal carácter; y sin que, en ningún caso, los terceros interesados hubieran comparecido al presente juicio. CUARTO. Finalmente, agotada la secuela procesal, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 37) así como las constancias relativas al emplazamiento de los terceros interesados (electrónicas y por cumplidas a fojas 81 y 110) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de actos derivados de un proceso penal que se considera que son de imposible reparación, al estar vinculados con la negativa de la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objeto del delito que se sigue en el citado proceso penal, solicitada por la víctima u ofendido, aquí quejoso; lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Apoya a lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que es del contenido siguiente: MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN DE BIENES INMUEBLES OBJETOS DEL DELITO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 111 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME SU SOLICITUD ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 119/2011 (9a.)]. El artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los que procede el recurso de apelación, entre los cuales, no se encuentra prevista expresamente la determinación que dirime la solicitud de la medida provisional de restitución de bienes inmuebles objetos del delito a favor de la víctima u ofendido, toda vez que si bien en su fracción V se prevé ese recurso contra las resoluciones que se pronuncien sobre providencias precautorias o medidas cautelares, lo cierto es que dicha medida de restitución de bienes a que refiere el precepto 111 del propio código, no participa de esa naturaleza, pues conforme a sus diversos 138, 153 y 155, las primeras tienen por objeto garantizar la reparación del daño referentes al embargo de bienes y a la inmovilización de cuentas o valores; mientras que las segundas, la de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; en consecuencia, contra dicha determinación es improcedente el recurso de apelación y, por ende, es innecesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Estimar lo contrario, implicaría imponer una obligación en un supuesto no previsto expresamente por la ley, mediante una interpretación adicional de diversas disposiciones legales; de ahí que sea inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 119/2011 (9a.), porque en tal criterio no se interpretaron las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por razón de la materia (mixta) se es competente porque no sólo se actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, sino, sobre todo, como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, atento a que el acto reclamado no es susceptible de ser ejecutado; además que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que los actos reclamados en el presente juicio son: El acuerdo emitido en audiencia de control prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, celebrada el veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante el cual se negó la solicitud oral formulada por la víctima u ofendido, aquí quejoso, respecto de la restitución del bien inmueble materia del delito de despojo que se sigue en el proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable. Respecto de dicho acto reclamado, el quejoso sostiene que le fue notificado el mismo día de su emisión. Ahora, establecida la fijación clara y precisa de los actos que se reclaman, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos su existencia se encuentra o no probada respecto de las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta resolución es cierto. En principio, porque la autoridad responsable, 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz (foja 37) así lo reconoció al rendir su informe con justificación. Además, porque así se desprende de las constancias que remitió acompañadas de su informe justificado (fojas 38-59) relativas a la carpeta administrativa del proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en las que obra el acuerdo impugnado (fojas 54-57) y que también se desprende del contenido del CD en que obra el audio y vídeo de la audiencia en que se emitió dicho auto. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, ya que se trata de documentos que fueron expedidos por servidores públicos en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. CUARTO. Procedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa son inoperantes, al no combatir uno de los argumentos torales que sostiene la resolución impugnada, y que tampoco se advierte queja que suplir en favor de la parte aquí quejosa, según se verá a continuación. MARCO NORMATIVO. En principio, se establece que la inoperancia de los agravios (como también aplica analógicamente con los conceptos de violación) ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un fenómeno de carácter técnico jurídico que surge en relación con planteamientos concretos y crea un impedimento u obstáculo insalvable para su análisis. Criterio que se orienta por la jurisprudencia de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.". Entre las múltiples causas que pueden dar origen a la inoperancia destaca, para lo que aquí interesa, cuando los conceptos de violación no atacan las consideraciones y fundamentos de la resolución reclamada y, por lo cual, el órgano de amparo no está en condiciones de poder estudiar su constitucionalidad. En lo conducente, orientan a lo anterior la jurisprudencia que es del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por otra parte, atendiendo que el acuerdo combatido constituye la resolución que declaró infundada la solicitud de restitución del bien inmueble que constituye el objeto material del hecho que se investiga en el proceso penal de origen, la cual fue solicitada como una medida provisional, entonces es conveniente hacer referencia, en principio, al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece la restitución provisional de bienes involucrados en los hechos con apariencia de delito; así como a los diversos 138, 153 y 155 del mismo ordenamiento procesal en cita que son del contenido siguiente: Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. "Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la victima Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: El embargo de bienes, y La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. Las providencias precautorias serán canceladas si el imputado garantiza o paga la reparación del daño; si fueron decretadas antes de la audiencia inicial y el Ministerio Público no las promueve, o no solicita orden de aprehensión en el término que señala este Código; si se declara fundada la solicitud de cancelación de embargo planteada por la persona en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño. La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la víctima u ofendido cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles." "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; II. La exhibición de una garantía económica; III. El embargo de bienes; IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero; V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; IX. La separación inmediata del domicilio; X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; XII. La colocación de localizadores electrónicos; XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o XIV. La prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." Al respecto de los numerales antes trascritos se ha destacado que las providencias precautorias en los procesos penales tienen por objeto garantizar la reparación del daño a la víctima u ofendido y pueden consistir en el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas o de valores. En cambio, las medidas cautelares tienen por objeto asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como garantizar la seguridad de algunas de las partes en el proceso como son la víctima, ofendido o testigos y también tienden a evitar la obstaculización o entorpecimiento del proceso. Ahora bien, es importante destacar que la restitución provisional de bienes a la víctima u ofendido no está precisada dentro del catálogo de las providencias precautorias o medidas cautelares descritas en dichos numerales, sino que se encuentra prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una medida provisional. De esta guisa, dicha medida provisional tiende a la restitución temporal de los bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho delictivo, en favor de la víctima o parte ofendida, a diferencia de una providencia precautoria o medida cautelar; pero en el entendido de que dicha restitución resultará procedente sólo cuando haya suficientes elementos que permitan así decidirlo. En la especie, esto último resulta de significativa trascendencia, puesto que el referido artículo 111 no precisa que dicha concesión se genere con la simple petición que la víctima u ofendido formule al Órgano jurisdiccional, pues para ello se requiere, además, que la naturaleza del hecho lo permita, pero sobre todo, que siempre haya suficientes elementos para decidirlo, como se ha dicho. Importa precisar también, que la distinción a la que se alude en torno a las medidas cautelares y providencias precautorias, así como la medida provisional que en el caso genera la presente litis constitucional, se deprende de la ejecutoria que dirimió la procedencia del juicio constitucional de amparo indirecto en contra de la resolución que niega la medida provisional solicitada para la restitución provisional de bienes en el proceso penal acusatorio, sin que previamente sea necesario agotar el recurso de apelación que establece dicha norma procesal penal, puesto que ese medio de impugnación no resulta aplicable a supuestos que no están expresamente previstos en la norma y, por lo cual, no es exigible agotar el recurso ordinario en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. ANTECEDENTES Los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (fojas 38-59) y reiteradas por las que ofreció la parte quejosa (fojas 16-26); así como de las manifestaciones realizadas por éste en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente. I. Ante el 1. Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVII Distrito Judicial Sala "E", con residencia en Veracruz, Veracruz, se sigue el proceso penal número 723/2021 de su índice, por la probable intervención de los aquí terceros interesados, 1. Rafael Montiel Cervantes, 2. David Hernández Aguilar y 3. Arturo Gómez Méndez, en la comisión del hecho con apariencia de delito que la ley reconoce como despojo, cometido en agravio del aquí quejoso. II. Luego que tuvo lugar la Audiencia Inicial de imputación en la que, en audiencia de diecinueve de abril de dos mil veintidós se resolvió la situación jurídica de los citados terceros interesados, de quienes, sólo a los dos primeros se les vinculó a proceso (fojas 16-25) se les fijó el plazo para la investigación complementaria que, se precisó a ese momento, fenecería el diecinueve de junio de dos mil veintidós, y se les impuso como medida cautelar la de firma periódica. III. Posteriormente, en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintidós (fojas 55 a 57) se desahogó la audiencia respecto de la solicitud de restitución del inmueble objeto del delito de despojo que se investiga, en términos de lo que dispone el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que se negó, sustancialmente, entre otras consideraciones, porque no era posible concederla ya que no había identidad en el bien materia del delito; lo que se precisó al tenor de la paráfrasis siguiente: ".no podremos determinar en este momento procesal cuál es la fracción del terreno o cuáles son las fracciones de terreno que le correspondan a Ignacio Izquierdo Hernández; esa falta de identidad no otorga los suficientes elementos para decidir cuál es el predio que le corresponde a Ignacio Izquierdo Hernández; existen antecedentes que develan que Ignacio Izquierdo Hernández usufructuó unas fracciones de terreno que se encuentran en ese lugar, esto con motivo de los contratos de compraventa con un ingenio en ese lugar, y que además hay 2 planos que ustedes dicen que realizó el ingeniero Daniel Hernandez Aguilar; sin embargo, estos planos, y como usted los refirió en las colindancias, hace alusión a posesiones o propiedades de personas sin establecer límites específicos con base en un título de propiedad o en un título ya legitimado; esto, al margen de que ustedes establezcan que este predio de 150 hectáreas, correspondiente al predio Jarero, fue establecido en una resolución ejecutoria por un Tribunal Unitario Agrario, porque eso sólo corrobora lo que estoy afirmando, que esas 150 hectáreas que correspondieron al ejido, por determinación del Tribunal Unitario Agrario, están pendientes de distribuirse adecuadamente, y si las personas han ejercido posesión como poder de hecho, ya que usufructuó algunas fracciones, esto no establece claramente cuáles son los derechos que están reclamando." La resolución a que se refiere el antecedente anterior de esta relatoría constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la narración de los antecedentes vinculados con los actos reclamados. SUBSUNCIÓN Como se anticipó, se considera que los conceptos de violación que esgrime la parte quejos, son inoperantes, al no combatir las consideraciones torales que sustentan el acto reclamado. Esto es así, pues aun cuando no se soslaya que la parte quejosa pretende desvirtuar las consideraciones respecto a la inexactitud del argumento que se expuso en torno a que no se puede restituir el bien materia del delito porque, en la especie, el hecho que se investiga en forma de delito es el despojo y ordenar la restitución del bien inmueble involucrado con el mismo equivale a los efectos de una sentencia condenatoria, pues al respecto adujo que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales no excluye al delito de despojo ni a los bienes materia de dicho delito para poder llevar a cabo la medida provisional de la restitución del bien materia del delito; y que tampoco se precisó cuál es el precepto legal contenido en la ley que le ordene que, por tratarse de un bien inmueble materia del delito de despojo, dicho bien no puede ser restituido porque ello implica un efecto igual al que se dicte en la sentencia definitiva. Sin embargo, no expuso argumento alguno que determinara por qué razón es que en la especie no resultaba necesaria la identificación de los bienes que se pretende le sean restituidos o, que precisara cuál o cuáles son los datos o medios de prueba a través de los cuales se desprende la identificación de dichos bienes. En efecto, se concluye en tales términos, pues de lo conceptos de violación se deprende que, en el PRIMERO de ellos, la parte quejosa sostiene la carencia de fundamentación y motivación, además de la incongruencia por contener argumentos contradictorios, ya que a su consideración: El juez responsable adujo, por un lado, que no cuenta con los elementos necesarios para conceder la medida precautoria solicitada y, por otra parte, reconoce la vinculación a proceso de los imputados por la posible comisión del hecho delictivo de despojo. Además, es inexacto que no se puede restituir el bien materia del delito, porque se trata del delito de despojo y que, ordenar la restitución, equivale a los efectos de una sentencia condenatoria, cuando tal aserto contraviene lo que dispone el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dicho precepto no excluye al delito de despojo ni a los bienes materia de dicho delito para poder llevar a cabo la medida provisional de la restitución del bien material del delito. Por otra parte, el juez responsable tampoco precisa cuál es el precepto legal que ordene que, por tratarse de un bien inmueble materia del delito de despojo, dicho bien no puede ser restituido, sobre todo, porque ello implique un efecto igual al que se dicte en la sentencia definitiva, lo que resulta infundado e inmotivado, pues en todo caso, de haber quedado acreditada la conducta delictiva del procesado, la sentencia traerá como consecuencia, no solo la restitución del bien, de manera definitiva, sino, además, llevará consigo la orden de reparar el daño causado a la víctima con motivo de la afectación generada por la comisión del delito de despojo, lo cual hace diferente el sentido de la sentencia a la orden de una medida provisional. Además, considera que con sus argumentos el juez responsable se contrapone a los criterios jurisprudenciales adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que ha sostenido reiteradamente que la restitución del bien materia del delito, prevista en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es inconstitucional; en principio, porque sólo es una medida provisional y no definitiva que se debe dictar durante el proceso, con la finalidad de restituir a la víctima de la posesión que venía ejerciendo del bien antes de la comisión del ilícito. Por otro lado, contrario a lo sostenido por el juez de Control, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la medida provisional, contemplada en el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prejuzga de forma alguna sobre la culpabilidad penal del imputado en la comisión del delito por el que se le sigue proceso, sino que únicamente busca el restablecimiento de las cosas al estado que tenían previamente a la comisión del ilícito, a favor de la víctima, siempre que, como lo señala la disposición impugnada, la naturaleza del hecho lo permita y haya suficientes elementos para así decidirlo Sobre todo, porque de no prosperar la sentencia condenatoria, el resultado de ello conllevaría levantar dicha medida provisional, y el procesado podrá acudir a la autoridad competente para que ésta sea quien le reconozca el derecho que dice tener, en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Además, contrario a lo sostenido por el Juez de Control responsable, considera el quejoso que sí existen elementos suficientes para decretar la restitución solicitada, como es la vinculación a proceso de los imputados, impuesta por el mismo juez responsable, la que no puede ser desvalorada, ya que resultaría contradictorio considerar que existen elementos para vincular a proceso a los imputados, con lo que se presume la comisión del hecho delictivo por ellos. Por otro lado, señala que fue reconocido su carácter de posesionario en la resolución del juicio agrario 688/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI en la ciudad de Xalapa, Veracruz, lo cual resulta ser un elemento suficiente para ordenar la restitución del bien a quien legalmente lo venía poseyendo, lo que el juez de control soslayó en perjuicio del aquí quejoso. Además, la resolución afecta gravemente su esfera jurídica y a la de su familia, pues dicho bien es y ha venido siendo durante los últimos nueve años, materia de sustento para la familia de la víctima, aquí quejoso, con motivo de la siembra de la caña de azúcar que, incluso, quedó demostrado en la carpeta de investigación, ha sido contratada por el aquí quejoso con el ingenio, desde hace varios años y que, al no poder seguir sembrando, por la privación ilegal del uso del inmueble materia del delito, trasciende a la manutención no sólo de la víctima, sino, además, de su familia. Así también, por la propia naturaleza provisional de la medida, no constituye una pena anticipada sobre la reparación del daño, como equivocadamente lo afirmó el Juez de Control responsable, pues si bien es cierto que con la misma, bien pudiera prevenirse e incluso anticiparse, aparte de la ejecución del cumplimiento, de una eventual condena, sería hasta que se resolviera en definitiva cuando finalmente se decidiera, mediante la valoración probatoria, si el acusado efectivamente es plenamente responsable del hecho ilícito que se le imputa y, conforme a ello, determinar lo concerniente a la imposición de sanciones; dicha medida sólo devuelve las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de la ejecución del ilícito y con ello no se genera afectación alguna al principio de presunción de inocencia y, menos aún, al cumplimiento anticipado de una sentencia al imputado. Y en el SEGUNDO de los conceptos de violación, el impetrante de amparo sostuvo la ilegalidad de la resolución combatida, pues considera: Resulta infundado y discorde a la realidad jurídica, que el otorgamiento de la medida sería tanto coma generar una sentencia anticipada y que ello daría pie propiamente a dejar sin materia del juicio penal, porque la sentencia en materia penal tiene coma finalidad fundamental la de sancionar punitivamente a quien quede demostrado ejecutó una conducta típica, prevista en la ley penal, pero no tiene como finalidad la restitución de los bienes materia del delito, ya que esta última es una de las consecuencias que se generan cuando así lo permita el juicio, cuando existe una sentencia condenatoria en contra del procesado; lo que denota desatino en el juez de control sobre la identificación del objeto del proceso penal, pues se advierte de dicho precepto legal, que basta que la víctima u ofendido, en cualquier estado del procedimiento, solicite al órgano jurisdiccional coma medida provisional la restitución de sus bienes, para alcanzar el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, lo cual, así lo hizo la victima u ofendido Ignacio Izquierdo Hernández. También aduce que quedó en evidencia, que el quejoso venía poseyendo dichos inmuebles, tal como quedó corroborado en el juicio agrario 688/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI en Xalapa; incluso, que lo venía sembrando, cultivando y contratando con el Ingenio el Modelo del municipio de la Antigua. Además, reitera que la condena penal tiene como finalidad sustancial la de sancionar conductas tipificadas como delitos y no la de resolver sobre la reparación del daño, ya que ésta es la consecuencia de la afectación que generó a la víctima la ejecución del hecho delictivo y, en la especie, la reparación del daño no está supeditada a la devolución material del bien despojado, sino a la afectación. Así como también, que el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la restitución inmediata del bien objeto del delito, lo que no está limitado o restringido a determinados bienes, pues dicho precepto legal no lo distingue, por lo que resulta aplicable para el análisis de dicho precepto el principio de derecho que reza "donde la ley no distingue, el juzgador no puede hacerlo", De ahí que si el legislador consideró que debía instituir una vía ágil para restituir a la víctima u ofendido el bien objeto del delito, como en la especie lo es el inmueble del que fue despojado la victima aquí quejoso, es claro que dicho precepto debe ser aplicado en sus términos, MAXIME QUE EXISTEN elementos suficientes para ejecutar la medida provisional, puesto que ya se vinculó a proceso a los imputados. Así pues, se itera que los motivos de disenso antes referidos devienen inoperantes, pues en estos no expuso argumento alguno que desvirtúe la posición que estableció el juez de los autos del proceso penal de origen del que emana la resolución incidental que aquí se combate; específicamente, respecto de la falta de elementos que determinen la identidad de los bienes inmuebles de los que se solicitó su restitución provisional; pero sin precisar por qué razón es que en la especie no resultaba necesaria la identificación de los bienes que se pretende le sean restituidos o, que precisara cuál o cuáles son los datos o medios de prueba a través de los cuales se desprende la identificación de dichos bienes. Sobre todo, porque se considera, como así se advierte que fue la consideración del juez responsable, no se puede determinar cuál es la, o las fracciones de terreno de las que se solicita su restitución provisional por corresponder su posesión al aquí quejoso y, por ello, la falta de identidad de los bienes determina la insuficiencia de elementos para decidir cuál es el predio que le corresponde a Ignacio Izquierdo Hernández. Además, no pasa inadvertido que el juez responsable tampoco soslayó la existencia de antecedentes o datos de pruebas que a su criterio develan que el aquí quejoso usufructuó unas fracciones de terreno que se encuentran en ese lugar, lo cual se dedujo de los contratos de compraventa celebrados con un ingenio en ese lugar; además de la existencia de dos planos que el mismo impetrante de amparo informó fueron realizados por el ingeniero Daniel Hernandez Aguilar. Sin embargo, recogiendo la propia referencia que al respecto hizo el aquí quejoso, el juez responsable concluyó que esos planos hacen alusión a posesiones o propiedades de personas, pero sin establecer límites específicos con base en un título de propiedad o en un título ya legitimado. Lo anterior, según se concluyó, de que al margen de haberse informado por el quejoso que el predio de ciento cincuenta hectáreas, correspondiente al predio Jarero, fue establecido en una resolución ejecutoria por un Tribunal Unitario Agrario, porque a su consideración eso sólo corrobora que esas hectáreas están pendientes de distribuirse adecuadamente, por lo que si las personas han ejercido posesión como poder de hecho, ya que usufructuó algunas fracciones, eso no establece claramente cuáles son los derechos que están reclamando. Sin embargo, como se vio en la paráfrasis de los conceptos de violación que se esgrimen en este juicio de amparo, ninguno de ellos desvirtúa dichas consideraciones, es decir, no se precisa cuál o cuáles son los datos o medios de prueba que permiten identificar con precisión los bienes que pretende el quejoso le sean restituidos y, sobre todo, que estos fueron omisamente o inexactamente valorados por el juez aquí señalado como responsable. Además, importa precisar que en la especie, y de acuerdo al contenido de la audiencia que obra en audio y vídeo de la audiencia en al que se emitió la resolución que aquí se combate, el suscrito tampoco logra identificar el dato de prueba o medio de convicción, de aquellos que fueron aportados en dicha incidencia por la parte quejosa, y que permita advertir que las fracciones de terreno que se pretenden restituir provisionalmente están plenamente identificadas, a fin de estar en condiciones de determinar que su soslayo justifica la ilegalidad de la resolución impugnada. CONCLUSIÓN Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y. ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal NO ampara NI protege a Ignacio Izquierdo Hernández, contra el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, dictado en la carpeta administrativa relativa al proceso penal 723/2021 del índice del juzgado responsable, en el que se resolvió lo concerniente a la solicitud de restitución del bien inmueble involucrado en la causa penal de origen; lo anterior, por los motivos y razones expuestos en los considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo. Notifíquese en términos de ley. Lo anterior se notifica a los terceros interesados por estar ordenado en autos". Firmas y rúbricas.

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