Ignacio Estrada Martínez

Expediente 612/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
612/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Ignacio Estrada Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asuntose clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE 09 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad Madero, Tamaulipas, nueve de octubre de dos mil veinte. Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el[los] oficio[s] de cuenta, mediante el[los] cual[es] remite el juicio de amparo indirecto 506/2020-IV, promovido por Ignacio Estrada Martínez, contra actos del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Se acepta conocimiento previo y se ordena el registro de la demanda. En tales condiciones, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas se acepta el turno planteado de la demanda en cuestión, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo con el número de expediente 612/2020-I-A. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como acto destacado: ? El acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre aprobación de convenio de alimentos 883/2019. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"1. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. En la especie, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la ley de la materia, toda vez que se advierte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad, previamente a la presentación de la demanda de amparo. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El precepto transcrito, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Luego, de una interpretación literal de la fracción y numeral en comento, se llega a la decisión que para su actualización, deben concurrir los requisitos de forma y de fondo siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa así previsto dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Por su parte, en el caso, son aplicables los artículos 914, 915, 916, 917 y 918, del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, por ser un juicio de jurisdicción voluntaria sobre aprobación de convenio de alimentos del orden común, mismos que disponen lo siguiente: [A]rtículo 914. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo. Artículo 915. La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. Deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. Artículo 916. No se concederá término de prueba para sustanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla. Artículo 917. La revocación no suspende el curso del juicio. Artículo 918. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá tan luego como sea promovida. En los demás casos, se dará vista a las otras partes, por el término de tres días y, transcurrido dicho término, se resolverá sin más trámite, dentro de otros tres. La resolución que se dicte no admite recurso. De una interpretación sistémica y literal con relación al recurso de revocación, se advierte que procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite; la resolución que se dicte no admite recurso alguno. Por su parte, el artículo 105, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: I. Decretos, que son simples determinaciones de trámite; II. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes; y, III. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. En esa tesitura, se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, la aclaración y de los documentos que se anexen, así como, de las constancias del diverso juicio de amparo 1186/2019, [manifiesto] que se acredita: [1] que el acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitido por el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre aprobación de convenio de alimentos 883/2019; es en cumplimiento a la sentencia ejecutoria de amparo de siete de enero de dos mil veinte, emitida en el juicio de amparo 1186/2019, del índice de este juzgado de Distrito2; [2] que esa sentencia fue confirmada por acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintidós de julio de dos mil veinte, en el recurso de revisión 48/2020 civil; [3] que en la ejecutoria del referido Tribunal Colegiado se resolvió que contra ese acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, admite recurso -ahora de veintiuno de agosto de dos mil veinte, acto aquí reclamado-, toda vez que el referido órgano revisor expresó: "[q]ue si bien es cierto el acto reclamado puede recurrirse, por tratarse de un acuerdo de mero trámite susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas [.] Determinación que a consideración de este Tribunal Colegiado se encuentra ajustada a derecho, dado que si bien es cierto que el acto reclamado admite recurso en su contra como se expuso en la sentencia recurrida, también es cierto, que dado el estado de vulnerabilidad de la quejosa, no corresponde a un recurso adecuado, ya que no contempla la suspensión del acto reclamado"; [4] que el aquí quejoso Ignacio Estrada Martínez no se encuentra en estado de vulnerabilidad, pues así lo estima el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito al desestimar sus agravios al resolver el recurso de revisión 48/2020 civil, toda vez que informa el órgano revisor que no solo la edad permite considerar que una persona es vulnerable, como lo afirma Estrada Martínez, toda vez que al respecto le informa: "[r]esulta desacertado que por el solo hecho de ser adulto mayor, se debió considerar que el tercero con interés se encontraba en un estado vulnerable3"; y, [5] el quejoso de mérito tiene pleno conocimiento4 que contra ese acuerdo procede recurso de revocación, ya que del escrito de alegatos presentado en el referido expediente 1186/2019, expresa: "[t]oda vez debe agotar el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD", así como en el escrito de agravio para el recurso de revisión al respecto dijo: "[L]a Juez Décimo Tercero de Distrito pasa por alto el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD que debió agotar la quejosa". En ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque [1] que el auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, no es definitivo porque admite recurso como lo establece la ley procesal civil del estado; [2] que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley de la materia; y, [3] que contra ese acuerdo, previo a la presentación de la demanda de amparo, el aquí quejoso, debe interponer el recurso de revocación establecido en el artículo 914, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas; de ahí que, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en atención a que no se observó el principio de definitividad, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para obtener mayor información a la que actualmente se tiene, pues es patente que respecto al acto citado con antelación del que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, no es definitivo, porque admite el recurso de revocación, previo a la presentación del juicio de amparo. En las relatadas circunstancias, con fundamento en los arábigos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ignacio Estrada Martínez. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Alma Luz Soto Marín, por contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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