IGNACIO ESTRADA MARTINEZ y Otros.

Expediente 636/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
636/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • IGNACIO ESTRADA MARTINEZ y Otros.
  • ENRIQUE ESTRADA MARTINEZ y Otros.
  • Ignacio Estrada Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente, hubiera recurrido en queja el auto de diez de julio del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días precisado a la parte quejosa Ignacio, Enrique y Nemesio, todos de apellidos Estrada Martínez, por acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, para que dieran cumplimiento a la prevención contenida en proveído de dieciocho de junio de este año, sin que al efecto lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen a la formación del presente expediente.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio, Enrique y Nemesio, todos de apellidos Estrada Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 636/2019-III-A. PREVENCIÓN Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente, es preciso destacar lo contemplado en el artículo 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, que dispone: Como se puede advertir del artículo anterior, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en caso de una irregularidad en la demanda de amparo, el juzgador deberá prevenir dicha promoción, ya que es indispensable para que las autoridades responsables estén en condiciones de rendir sus informes justificados de manera concreta y puedan defender la constitucionalidad de su actuación; es decir, es un aspecto fundamental para no dejarlas sin defensa. Además, resulta necesario que la demanda sea clara para fijar la litis constitucional, así como para determinar si el juicio de amparo es procedente o, en su caso, si se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 de la ley de la materia. En tanto que la fracción III del numeral transcrito, contempla la posibilidad de prevenir al quejoso cuando no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o el exhibido resulte insuficiente. Esto es, que el juez de distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, omitir la exhibición de copias necesarias de la demanda, etcétera; En la especie, se estima que en la demanda que nos ocupa se actualizan los supuestos señalados, como enseguida se demuestra. Los artículos 5°, fracción I, y 108, fracciones I y II de la citada Ley de Amparo, estatuyen: Del análisis de los artículos transcritos, se advierte que el promovente del amparo tiene la insoslayable obligación de precisar en su escrito de demanda el nombre de la persona que pide la protección constitucional y en su caso, de quien promueve en su nombre, lo cual lleva implícitamente la obligación de acreditar la representación que se aduzca tener, al constituir un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho, el juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. De este modo, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso, es parte integrante de la demanda, y en ese sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la ley invocada, se deben exhibir no solo las copias de la demanda, sino también del documento con el que se acredita la personalidad, con el objetivo de que la autoridad responsable adquiera certeza jurídica del promovente con relación a su representación. Lo anterior es así, dado que la personalidad no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda en términos de lo dispuesto en el numeral 108, fracción I, de la ley de la materia, incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para activar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del precepto 110 de la mencionada ley reglamentaria, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. Adicionalmente, cabe hacer la precisión de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga procesal de proporcionar el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Ahora bien, lo anterior cobra relevancia en el caso concreto, toda vez que en el contenido íntegro del escrito de demanda, se advierte que los impetrantes del amparo acuden al juicio de amparo por sus propios derechos. Pero Ignacio Estrada Martínez, además dice acudir a instar la acción constitucional en su calidad de tutor de Ma. Leonor Martínez Pérez. Sin embargo, ninguno de los solicitantes del amparo refieren qué carácter les asiste en el proceso penal del cual emana el acto reclamado, de manera que pueda sostenerse el carácter de quejosos que al efecto define el artículo 5°, fracción I de la Ley de Amparo antes transcrito, más allá de referir que son denunciantes de los hechos a que se refiere dicho proceso penal, lo que de suyo es insuficiente para tener por reconocido el carácter de víctimas u ofendidos en el citado expediente penal. En tanto que, Ignacio Estrada Martínez, tampoco acredita con documento alguno tener el carácter de tutor de la víctima directa Ma. Leonor Martínez Pérez, en el proceso penal de origen. Por otra parte, del escrito de demanda, también se colige que los quejosos simple y llanamente fueron omisos en señalar el nombre y domicilio del tercero interesado, a pesar de que ello constituye un requisito así previsto en la fracción III del artículo 5° de la Ley de Amparo. En consecuencia, se previene a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, legalmente computados, por escrito y con tantas copias del mismo como anexó a su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad: PRIMERO. Aclaren qué personalidad tienen reconocida en los autos de la causa penal de origen. SEGUNDO. En el caso de Ignacio Estrada Martínez, además deberá acreditar con documento idóneo tener el carácter de tutor de la víctima directa Ma. Leonor Martínez Pérez, así reconocido en el proceso penal del cual emana el acto reclamado. TERCERO. Deberán manifestar si en contra del auto de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado en los autos de la Causa Penal 2/2018 del índice del juzgado responsable (acto reclamado), promovieron algún recurso ordinario o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificado, revocado o nulificado; y, en caso de ser afirmativa su respuesta, entonces exprese qué estado guarda el mismo, esto es, si fue admitido, se encuentra en trámite o ya fue resuelto. Lo anterior se torna necesario, cuenta habida que de la redacción íntegra del escrito de demanda se desconoce a plenitud el estado del procedimiento de origen; por lo que se estima que salvando dicha circunstancia, este órgano de control constitucional estará en aptitud legal de proveer lo relativo a la admisión o no de la demanda de que se trata. CUARTO. Mencione el nombre y el domicilio correcto de quien, en términos del artículo, 5° fracción III, inciso c) y d), de la Ley de Amparo, le resulte el carácter de tercero interesado; y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Ello se determina así, se insiste, en razón de que conforme a lo dispuesto por el ordinal 108, fracción II de la Ley de Amparo, la parte quejosa tiene la carga de proporcionar el dato en cita, el cual resulta imprescindible para integrar la relación jurídico procesal en esta instancia. Sin embargo, por la naturaleza del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, a decir, el proceso penal, se desprende que en dicho procedimiento intervienen, por un lado, la victima u ofendido como sujeto pasivo del delito, carácter que le asiste a Ma. Leonor Martínez Pérez; y por el otro, el procesado como sujeto activo del delito, quien según lo refieren en su demanda de amparo recae en la persona de Apolonio Estrada Martínez. Por tanto, es de concluirse que al procesado dentro de la causa penal 2/2018, del índice del juzgado responsable, le asiste el carácter de tercero interesado al ser contraparte de la parte quejosa en el multicitado procedimiento penal; sin embargo, no le atribuye tal carácter y menos aún proporciona el domicilio en donde puede ser emplazado. APERCIBIMIENTO Desde luego, se apercibe a los promoventes que de no cumplir con cada uno de los requerimientos contenidos en el presente proveído SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE AMPARO; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrán realizarlo quienes promueven este asunto, es decir, Ignacio, Enrique y Nemesio, todos de apellidos Estrada Martínez, por constituir un acto de carácter personalísimo, De igual forma, hágase del conocimiento de los promoventes el delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: REPRESENTANTE COMÚN En otro aspecto, toda vez que el presente juicio de amparo fue promovido por Ignacio, Enrique y Nemesio, todos de apellidos Estrada Martínez; con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, éste órgano jurisdiccional le designa como representante común de la parte quejosa a Enrique Estrada Martínez, esto sin perjuicio que con posterioridad los quejosos, en caso de estimarlo conveniente, puedan substituir dicha designación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señalan en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a los profesionistas que mencionan en su escrito de demando; por no contar con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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