Ignacio Espinoza Velasco

Expediente 382/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
382/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Espinoza Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y terceros interesados se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado. Con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación y las subsecuentes al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante los oficios OF-TJA-P3-105/20212 y OF.TJA-P3:139/20213, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que, con los mismos y sus anexos, mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno4, se ordenó dar vista a la parte quejosa5 y a los terceros interesados,6 la cual fue desahogada la que fue desahogada por dos de los terceros interesados a través de los oficios de cuenta. En esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veinte de mayo de dos mil veintiuno,7 éste órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el impetrante, para los siguientes efectos, por vicios formales: "(.) que el Tribunal responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Dicte otra en la cual, al valorar la testimonial rendida por LCGP, prescinda de tomar en consideración la respuesta dada a una pregunta que no aparece citada en los términos que asevera fue formulada, y, con libertad de jurisdicción, a partir de la valoración del caudal probatorio, resuelva lo que en derecho corresponda respecto del acto reclamado consistente en la orden verbal de destitución y/o separación del recurrente, de su puesto de Policía Administrativo de Vialidad del Municipio de Tlaxcala, y las prestaciones reclamadas como consecuencia. 3. Además, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, atenta a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria en el apartado de análisis correspondiente, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la diferencia salarial reclamada por el quejoso, para lo cual deberá tener en cuenta el contenido de los informes rendidos por las autoridades demandadas. 4. Lo anterior, en la inteligencia de que debe reiterar aquello que no fue materia de la concesión, es decir, las condenas al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, teniendo en consideración que, respecto de los montos líquidos que determine en cuanto de las prestaciones indicadas, quedaran sujetos a lo que se resuelva respecto del reclamo de la diferencia salarial. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que:  Por auto de tres de junio de dos mil veintiuno8, dejó insubsistente la sentencia reclamada.  Luego, el catorce de junio de dos mil veintiuno9 emitió una nueva sentencia, en la que: - Una vez que prescindió de tomar en consideración la respuesta a que se hizo referencia en la consideraciones que rigen en la ejecutoria, en ejercicio de la plenitud de jurisdicción otorgada, determinó que con las pruebas testimoniales ofrecidas por el recurrente, quedaba acreditado que fue objeto del despido aducido y, declaró la nulidad absoluta del cese injustificado que se reclamó, tras estimar que no se siguió el procedimiento administrativo correspondiente. Como consecuencia, condenó al pago de la indemnización a razón de tres meses de sueldo base percibido por el recurrente al momento de la separación, veinte días por cada año efectivo de servicio, así como el pago de las demás prestaciones a las que tuviere derecho. De igual forma, en virtud de la separación ilegal, determinó procedente condenar al pago de la remuneración diaria ordinaria, no así, por el concepto de prima de antigüedad, por el que decretó absolución. - Asimismo, por lo que toca a la diferencia salarial reclamada, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada declaró fundada la excepción de prescripción hecha valer por las responsables. - Finalmente, reiteró aquello que no fue materia de la concesión, esto es, la condena al pago por aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración los argumentos vertidos por los terceros interesados que desahogaron la vista que se le dio con la sentencia dictada por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que los ocursantes, de manera coincidente, se duelen de un proceder incongruente por parte del magistrado responsable, en relación con la condena al pago de la prestación denominada remuneración diaria ordinara y, para ello aseveran que se trata de un concepto que no se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala vigente. Con el propósito de demostrar que fue ilegal la condena por la aludida prestación, vierten un diverso argumento, derivado de un análisis contrastado con los pronunciamientos practicados en cuanto al pago de la prima de antigüedad. Así las cosas, a efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por los terceros de referencia no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.)10, y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que lo resuelto por la responsable a la que se dejó en la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en el particular, respecto de las condenas por diversos conceptos que procedían tras determinar que el recurrente sí fue objeto de la separación injustificada que alegó, entre ellos, aquel señalado por los terceros interesados consistente en la remuneración diaria ordinaria -que la responsable sustentó en la obligación de resarcitoria del Estado, ante la imposibilidad de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, no obstante que se haya resuelto que su separación fue injustificada-, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria. Se sostiene lo anterior, pues, como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, no se vinculó a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido en torno al aludido tema, antes bien, este pronunciamiento derivó de la separación injustificada aseverada por el recurrente, razón por la cual esa actuación puede ser sometida nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretenden los terceros interesados, basados en su inconformidad con la forma en que declaró la condena al pago de uno de los conceptos reclamados, respecto de lo cual no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable, mediante los oficios OF-TJA-P3-105/2021 y OF.TJA-P3:139/2021, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, por lo que, con los mismos y sus anexos, mediante proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y a los terceros interesados, la cual fue desahogada la que fue desahogada por dos de los terceros interesados a través de los oficios de cuenta. En esas circunstancias, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de veinte de mayo de dos mil veintiuno, éste órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el impetrante, para los siguientes efectos, por vicios formales: "(.) que el Tribunal responsable: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada; 2. Dicte otra en la cual, al valorar la testimonial rendida por LCGP, prescinda de tomar en consideración la respuesta dada a una pregunta que no aparece citada en los términos que asevera fue formulada, y, con libertad de jurisdicción, a partir de la valoración del caudal probatorio, resuelva lo que en derecho corresponda respecto del acto reclamado consistente en la orden verbal de destitución y/o separación del recurrente, de su puesto de Policía Administrativo de Vialidad del Municipio de Tlaxcala, y las prestaciones reclamadas como consecuencia. 3. Además, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada, atenta a las consideraciones plasmadas en esta ejecutoria en el apartado de análisis correspondiente, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la diferencia salarial reclamada por el quejoso, para lo cual deberá tener en cuenta el contenido de los informes rendidos por las autoridades demandadas. 4. Lo anterior, en la inteligencia de que debe reiterar aquello que no fue materia de la concesión, es decir, las condenas al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, teniendo en consideración que, respecto de los montos líquidos que determine en cuanto de las prestaciones indicadas, quedaran sujetos a lo que se resuelva respecto del reclamo de la diferencia salarial. (.)". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que:  Por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia reclamada.  Luego, el catorce de junio de dos mil veintiuno emitió una nueva sentencia, en la que: - Una vez que prescindió de tomar en consideración la respuesta a que se hizo referencia en la consideraciones que rigen en la ejecutoria, en ejercicio de la plenitud de jurisdicción otorgada, determinó que con las pruebas testimoniales ofrecidas por el recurrente, quedaba acreditado que fue objeto del despido aducido y, declaró la nulidad absoluta del cese injustificado que se reclamó, tras estimar que no se siguió el procedimiento administrativo correspondiente. Como consecuencia, condenó al pago de la indemnización a razón de tres meses de sueldo base percibido por el recurrente al momento de la separación, veinte días por cada año efectivo de servicio, así como el pago de las demás prestaciones a las que tuviere derecho. De igual forma, en virtud de la separación ilegal, determinó procedente condenar al pago de la remuneración diaria ordinaria, no así, por el concepto de prima de antigüedad, por el que decretó absolución. - Asimismo, por lo que toca a la diferencia salarial reclamada, en ejercicio de la libertad jurisdiccional otorgada declaró fundada la excepción de prescripción hecha valer por las responsables. - Finalmente, reiteró aquello que no fue materia de la concesión, esto es, la condena al pago por aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. No se oponen a esta consideración los argumentos vertidos por los terceros interesados que desahogaron la vista que se le dio con la sentencia dictada por la responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que los ocursantes, de manera coincidente, se duelen de un proceder incongruente por parte del magistrado responsable, en relación con la condena al pago de la prestación denominada remuneración diaria ordinara y, para ello aseveran que se trata de un concepto que no se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala vigente. Con el propósito de demostrar que fue ilegal la condena por la aludida prestación, vierten un diverso argumento, derivado de un análisis contrastado con los pronunciamientos practicados en cuanto al pago de la prima de antigüedad. Así las cosas, a efecto de demostrar que las manifestaciones producidas por los terceros de referencia no tienen el alcance de modificar la consideración de que la ejecutoria de amparo está cumplida de manera total, sin excesos ni defectos, es menester precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXII/2018 (10a.), dejó establecido que la libertad de jurisdicción otorgada a la autoridad responsable, para que dé el cumplimiento correspondiente a una sentencia de amparo, encuentra su límite en la materia de lo que fue analizado, por ende, no está desvinculada de la obligación de atender las consideraciones y razonamientos contenidos en la sentencia de amparo. Empero, debe dejarse claro que se trata de lineamientos legales que, ciertamente, deben observarse al dictar una nueva resolución, la cual, en ejercicio de la mencionada plenitud jurisdiccional puede ser en el sentido jurídico que la responsable estime procedente, es decir, no se le define éste. En eso consiste la libertad conferida, es decir, en que de nueva cuenta realice un ejercicio de ponderación, solventando las irregularidades detectadas por el órgano constitucional. El criterio en cuestión fue publicado con el número 1a. LXII/2018 (10a.)10, y es del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo". Con ese orden de ideas, puede sostenerse que lo resuelto por la responsable a la que se dejó en la libertad de hacerlo de conformidad con su interpretación jurídica, en el particular, respecto de las condenas por diversos conceptos que procedían tras determinar que el recurrente sí fue objeto de la separación injustificada que alegó, entre ellos, aquel señalado por los terceros interesados consistente en la remuneración diaria ordinaria -que la responsable sustentó en la obligación de resarcitoria del Estado, ante la imposibilidad de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, no obstante que se haya resuelto que su separación fue injustificada-, en todo caso, puede ser objeto de una nueva controversia a través de diverso juicio de amparo, más no análisis del cumplimiento de esta ejecutoria. Se sostiene lo anterior, pues, como se desprende de las consideraciones que rigen a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, no se vinculó a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido en torno al aludido tema, antes bien, este pronunciamiento derivó de la separación injustificada aseverada por el recurrente, razón por la cual esa actuación puede ser sometida nuevamente al control de legalidad que se ejerce en el juicio constitucional. En ese contexto, si al emitir pronunciamiento sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, no se aprecia que actuó de una forma distinta a lo indicado, el sentido en que lo hizo no puede ser suficiente para declararla no cumplida, como en concreto lo pretenden los terceros interesados, basados en su inconformidad con la forma en que declaró la condena al pago de uno de los conceptos reclamados, respecto de lo cual no se sentaron lineamientos que debieran ser atendidos en una forma determinada que implicara su vinculación a resolver en cierto sentido. Al respecto, por su sentido y alcance jurídico, resulta aplicable la tesis 2a. CVI/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL JUZGADOR DE AMPARO DEJA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APTITUD DE EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. El precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución; no obstante, cuando el juzgador de amparo deja a la autoridad responsable con libertad de jurisdicción para emitir la nueva resolución con la cual dará cumplimiento al fallo protector, ésta puede combatirse a través de un nuevo juicio de amparo, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación no podría considerarse cosa juzgada, considerando que esas decisiones no atienden a los lineamientos fijados por el órgano federal de amparo, por lo que es procedente el juicio constitucional contra los nuevos actos emitidos con libertad de jurisdicción por la autoridad responsable". Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, remite copia certificada de la sentencia de catorce de junio de dos mil veintiuno, dictada por el citado tribunal; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con copia autorizada de éste a las partes quejosa y terceros interesados, así como con el diverso TJA-P3-105/2021, con su anexo, para que dentro del término de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, expresen lo que a su interés corresponda. Notificación que habrá de realizarse a las partes en términos del artículo 26, fracción III (lista), con excepción de aquellas que tengan que efectuarse por oficio.

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