Ignacio Alarcon Rodriguez Pacheco
Expediente 193/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 08/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo"
- Ignacio Alarcon Rodriguez Pacheco
- Rosa María Hernández Díaz
- Rosa María Hernández Díaz y Otros.
- Titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos dependiente de la Comisión Ejecutiva Nacional, del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Queja
se recibe Oficio 35780/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual, la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, acusa recibo del diverso 1047/2023, del índice de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control electrónico, conforme al artículo 99, Título Tercero, Capítulo Uno, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. En tales condiciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años, a partir del dictado del presente proveído. Por otra parte, se hace constar que en el presente asunto no obran documentos originales presentados por las partes, susceptibles de ser devueltos. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al Expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.
- Amparo en revisión
se recibe Escrito signado por ÁZP, autorizada en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, de la parte recurrente Comité Ejecutivo, así como del Comité de Vigilancia, ambos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7de Mayo", mediante el cual, ÁZP, autorizada en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, de la parte recurrente Comité Ejecutivo, así como del Comité de Vigilancia, ambos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7de Mayo", desahoga la vista ordenada en proveído de seis de octubre del año en curso; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia de la Magistrada María Alejandra de León González, para los efectos legales procedentes.
- Queja
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que la parte recurrente haya interpuesto reclamación contra el proveído de diez de agosto del año en curso, por el que se desechó su recurso de queja, se declara que el mismo ha causado estado; por ende, queda firme. En consecuencia, devuélvase la copia certificada de diversas constancias que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1056/2023-III, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, solicitándole acuse recibo. ,
- Amparo en revisión
Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dese vista a los quejosos y recurrentes EEC, Mel CM M,MAJ, IAL, MGVF, JCF, LMOP, NHM, CLC, JP L, E RG, VLP, RMD, JBR, RCS, H UMZ, AEGG y AAB, por propio derecho, y en su carácter de integrantes electos del comité ejecutivo, así como SRM, RMHD,NSA, XC PP, CAH,OHM; QCR, JMB, J. PZR y MTM, por propio derecho y en su carácter de integrantes electos del comité de vigilancia, todos del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de mayo", por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ÁZP, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de cinco del mes y año en curso, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo de donde deriva el presente recurso, es factible que se actualice la causa de improcedencia que enseguida se destaca:"Es preciso resaltar que los quejosos hoy recurrentes, instaron el juicio de amparo, por propio derecho y como integrantes electos del comité ejecutivo y comité de vigilancia, para el periodo comprendido, el primero, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de abril de dos mil veintiséis; el segundo, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de octubre de dos mil veinticinco. En ese sentido, en cuanto a la promoción del controvertido constitucional por propio derecho de los impetrantes quejosos, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Para dar sustento a lo anterior, conviene precisar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Por su parte el diverso artículo 61, fracción XII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". El primer artículo transcrito, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia ; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un interés legítimo, esto es, según lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En el caso a estudio debe considerarse que los quejosos acuden al amparo alegando que el actuar de la autoridad responsable le causa un perjuicio real y directo a su esfera jurídicamente protegida, afirmación que este órgano de control constitucional no comparte, al considerar que el acto reclamado no afecta los derechos garantizados de los impetrantes, actualizándose así, la causa de improcedencia invocada al inicio del presente estudio. En efecto, de las constancias remitidas por el presidente y representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, relativas al expediente R.D.S. 01/1984 a la que se otorgó valor probatorio pleno, se advierte que los acuerdos reclamados no afectan la esfera jurídica de la parte quejosa, pues el mismo no deriva de un conflicto de intereses, sino que se refiere a cuestiones de la vida interna de un SINDICATO, por lo que tal actuación sólo incide en éste, porque fue quien comunicó al Pleno del Tribunal el resultado de la convocatoria de veinte de mayo de dos mil veintidós, de elección de integrantes de los Comités Ejecutivo y de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo", para el periodo comprendido, el primero, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de abril de dos mil veintiséis; el segundo, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de octubre de dos mil veinticinco; y no así a los quejosos que promueven el presente juicio por propio derecho. Ahora, los dispositivos 57, fracción II y 95, fracción III, de la Ley Laboral de Los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, disponen: "ARTÍCULO 57. Son obligaciones de los sindicatos: . II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y." "ARTÍCULO 95. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, será competente para: . III. Conceder o negar el registro de los sindicatos o en su caso, dictar la cancelación del mismo;.". Los ordinales transcritos prevén, por una parte, la obligación de los sindicatos de comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje los cambios en su directiva o comité ejecutivo, altas y bajas de sus miembros y modificaciones a sus estatutos; por otro lado, disponen que el aludido tribunal, al recibir la solicitud del sindicato, tomará registro de las modificaciones en la directiva, estatutos o bien de las altas y bajas de sus miembros, siendo su intervención en estos casos, exclusivamente administrativa. En tal sentido, se aprecia que el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje es como en el caso, la autoridad que concede el registro de los Sindicatos, efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo y de sus propios estatutos, para lo cual, se encarga sólo de revisar el cumplimiento de los aspectos formales. Deviene ilustrativa la jurisprudencia P./J. 32/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, tomo XXXIV, septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral Novena Época, que se transcribe: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 30/2000- SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos". Asimismo, debe indicarse que el caso se trata de la negativa de toma de nota respecto del resultado de la elección del comité ejecutivo y de vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo". De manera que los actos reclamados no provienen de una controversia, al tratarse de un acto administrativo de naturaleza declarativa, que tiene fundamento en la exigencia prevista por el citado artículo 57, fracción II de la Ley Laboral de Los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por lo que el acto reclamado únicamente se encuentra vinculado con el ejercicio del derecho colectivo de asociación, ya que éste versó sobre la solicitud que realizó un sindicato para la toma de nota del Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia. Por su contenido se invoca la jurisprudencia 2a./J. 252/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicada en la página 317, tomo XXXI, enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, novena época, que se reproduce: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro". Por lo que se estima que en el caso, los quejosos carecen de derecho para combatir la actuación del Pleno del Tribunal; pues sería tanto como otorgarle un derecho del que carecen, cuenta habida que no tienen reconocida representación alguna del SINDICATO, independientemente de la representación que reclaman inherente al Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia, pues de cualquier forma no cuentan con legitimación. Por su alcance y sentido jurídico se invoca la tesis aislada I.10o.T.4 L (10a.), del Décimo Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, que se comparte, consultable en la página 2048, tomo 3, libro XII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia laboral, décima época, que se reproduce: "SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALÚRGICOS, SIDERÚRGICOS Y SIMILARES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. LAS SECCIONES QUE LO CONFORMAN CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE SUS ELECCIONES O TOMA DE NOTA. De conformidad con el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con facultades para realizar gestiones ante la autoridad laboral competente para obtener su registro, que en caso de competencia federal será ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y, en los casos de competencia local, ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Así, si el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, para regular su vida interna cuenta con el documento denominado "Estatutos y Declaraciones de Principios", en cuyo artículo 13 establece que para su funcionamiento se establecerán tantas secciones como sean necesarias en el territorio nacional; luego, aun cuando dichas secciones constituyen partes de aquél y cuentan, conforme a los numerales 68, 69, fracción II y 79, fracción II, de los referidos estatutos, con facultades de dirección y administración en cuanto a su régimen interno, dichas atribuciones no entrañan la posibilidad de cumplimentar la obligación establecida en el artículo 377, fracción II, de la citada ley; por tanto, no cuentan con legitimación para solicitar el registro de sus elecciones o toma de nota, pues ésta, constituye una facultad reservada para el Comité Ejecutivo Nacional, o quien represente dicho comité, en términos de los artículos 235 y 236 de los aludidos estatutos". En ese orden de ideas, los actos reclamados consistentes en los autos de uno de julio, dieciocho de agosto y veintidós de septiembre, todos de dos mil veintidós, el último de los citados, por el que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, determinó NO tomar nota del proceso de elección del Comité Ejecutivo y del Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo", para el periodo comprendido, el primero, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de abril de dos mil veintiséis; el segundo, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de octubre de dos mil veinticinco; no es susceptible de afectar derechos de los que vienen al amparo, en virtud de que la toma de nota de los comités en cuestión, conllevaría una afectación del propio Sindicato; por tener una naturaleza jurídica de acción colectiva (no de interés particular). En otro orden de ideas, por cuanto el juicio constitucional fue promovido por los quejosos en su carácter de integrantes electos del Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia, para el periodo comprendido, el primero, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de abril de dos mil veintiséis; el segundo, del veinticinco de mayo de dos mil veintidós al primer viernes de octubre de dos mil veinticinco, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 (aplicado en sentido contrario), de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". De la correlación de los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el promovente no sea el representante legal o apoderado de la persona física o jurídica que sea afectada con el acto reclamado, en términos del artículo 5, fracción I, de la propia ley. Sobre el tema de representación de los sindicatos, se debe atender al artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo,3 de aplicación supletoria a la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, conforme a su artículo 8º,4 que dispone que la representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Por tanto, se estima que los promoventes del juicio de amparo, al ostentarse como integrantes electos del Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia, no demuestran ser representantes legales de la parte afectada con la no toma de nota y acuerdos previos reclamados en el juicio de amparo, como lo exige el artículo 6° de la Ley de Amparo, al señalar que el quejoso podrá promover el juicio por sí, por conducto de su representante legal, por medio de su apoderado, o por cualquier persona, en los casos previstos en esa ley. Ello, toda vez que para que los ocursantes acreditaran contar con la personalidad aducida, resultaba indispensable que presentara la toma de nota correspondiente, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es a través de ésta que se otorga a quien la ostenta la defensa de los agremiados, así como la suerte de los intereses sindicales. Ciertamente, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció al resolver la contradicción de tesis 366/2009, que los trabajadores en lo individual carecen de legitimación para reclamar actos cuya conexión jurídica sólo exista entre la autoridad responsable y el sindicato. En tales consideraciones, en lo que interesa, se precisó lo siguiente: "[.]. "En la especie, resultan atendibles las consideraciones de la Cuarta Sala, pese a que se reclama una toma de nota, pues si bien no se trata de una negativa de registro de sindicato, lo cierto es que la inscripción de la nueva directiva, únicamente trasciende a los derechos colectivos, es decir, a los del sindicato, no así a los trabajadores en lo particular. Al respecto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/2000-SS, analizó la importancia de la toma de nota. En la ejecutoria relativa, en lo que interesa, consideró lo siguiente: "(.) Ahora bien, una vez que por la elección mencionada se ha hecho el cambio de la mesa directiva, el sindicato tiene la obligación de hacerlo saber a la autoridad, como lo establece el artículo 377, fracción II, de la ley citada, que dice: "Artículo 377. (Se transcribe). Allegados los elementos a que se refiere el precepto acabado de transcribir, la autoridad debe registrar o "tomar nota" del cambio de directiva, expidiendo a continuación la constancia respectiva, acto que es de suma importancia. En efecto, el artículo 368 del ordenamiento en cita, establece: "Artículo 368. (Se transcribe)." Además, el artículo 692, fracción IV, de la ley, establece que la personalidad del sindicato se acredita, a través de sus representantes, con la certificación de mérito: "Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas: I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite; III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello; y IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del sindicato." Basta lo anterior para poner de manifiesto la importancia que tiene la toma de nota, puesto que la certificación correspondiente pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato en los términos del artículo 374 ya transcrito, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales. Importancia de tanto peso hace de todo punto necesario que la autoridad encargada de registrar o tomar nota del cambio de directivos, verifique que en el trámite o procedimiento respectivo se respetó la voluntad de los agremiados constante, precisamente, en los estatutos y, subsidiariamente, en la Ley Federal del Trabajo. Si la autoridad no tuviera la obligación de cotejar lo actuado materialmente con los términos estatutarios, todos los requisitos y garantías establecidos en la ley serían ociosos, pues si el sindicato, al registrarse, debe presentar sus estatutos; si éstos deben llenar ciertas reglas mínimas; si los nuevos directivos deben ser electos mayoritariamente en asamblea legalmente convocada, y si éstos deben dar aviso a la autoridad encargada de tomar nota acompañando acta de la asamblea en que fueron elegidos, la interpretación armónica y concatenada de las disposiciones correspondientes hacen llegar a la conclusión de que la autoridad no debe, simplemente, tomar nota y dar la certificación a cualquiera que se lo solicite y exhiba cualquier tipo de acta, sino que debe cotejar lo actuado con los estatutos para resolver en consecuencia. La unificación de criterios en comento, derivó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 86/2000, consultable en la página 140 del tomo XII, correspondiente a septiembre de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época y Apéndice (actualización 2001). Tomo: V. Trabajo. Jurisprudencia SCJN. Tesis: 49. Página 66, que dice: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Es cierto que en la Ley Federal del Trabajo no existe ningún precepto legal que faculte de manera expresa a la autoridad del trabajo encargada de tomar nota del cambio de directiva de los sindicatos, para cotejar si las actas y documentos que le presentan los representantes sindicales se ajustan, o no, a las reglas estatutarias; sin embargo, tal facultad se infiere con claridad de la interpretación armónica y concatenada de los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto establecen que para obtener su registro, los sindicatos deben exhibir copia de sus estatutos, los cuales deben reglamentar los puntos fundamentales de la vida sindical y que deben comunicar los cambios de su directiva acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; requisitos que, en conjunto, justifican que la autoridad laboral verifique si el procedimiento de cambio o elección de directiva se apegó a las reglas estatutarias que reflejan la libre voluntad de los agremiados, máxime si se toma en consideración la gran importancia de la toma de nota, ya que la certificación confiere a quienes se les otorga no sólo la administración del patrimonio del sindicato, sino la defensa de sus agremiados y la suerte de los intereses sindicales. En tal virtud, no es exacto que ese cotejo constituya una irrupción de la autoridad en demérito de la libertad sindical consagrada en la Carta Fundamental, y tampoco es verdad que la negativa a tomar nota y expedir la certificación anule la elección, pues esto sólo podría ser declarado por una Junta de Conciliación y Arbitraje, oyendo a los afectados a través de un juicio, quienes en todo caso, podrán impugnar esa negativa a través del juicio de garantías." Como se ve, la importancia de la toma de nota se encuentra íntimamente ligada a los intereses colectivos, por ello, en caso de existir algún vicio de legalidad, el afectado sería el sindicato, al que la ley reconoce como persona moral; por ende, éste podría ejercer la acción de amparo por conducto de sus representantes legalmente reconocidos. En efecto, solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar un acto de esa naturaleza, pues en términos del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde al Secretario General o a la persona que designe la directiva, no a los trabajadores (o patrones en el caso de sindicatos de esta índole), ya que, recogiendo las consideraciones de la Cuarta Sala, la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota. Ahora bien, derivado de lo antes dicho resulta importante mencionar, que del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que la representación del sindicato también la puede ejercerla persona que se designe en los estatutos; sin embargo, de la norma estatutaria en análisis (artículo 49, fracción I) no se advierte que los trabajadores se encuentren legitimados para promover un juicio de amparo en contra de la toma de nota de la directiva sindical. En efecto, las obligaciones que se imponen a cada socio en la cláusula estatutaria, son insuficientes para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior, porque como ya se vio, el sindicato actúa por conducto de sus representantes; a través de éstos, ejerce derechos y adquiere obligaciones, por ello, la importancia del registro y la toma de nota, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales En el caso, la norma estatutaria transcrita no otorga la representación del ente colectivo, sino que únicamente impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, pero en ningún momento se aprecia que sus miembros hayan tenido la intención de erigir o reconocer como representante del gremio al socio que se oponga a los acuerdos y actos, sólo porque a su parecer, son contrarios al convenio estatutario. Lo anterior, porque el estatuto sindical no podría prever la representación genérica o universal del sindicato a favor de cualquiera de sus miembros o de todos los trabajadores sino que dicha representación necesariamente debe recaer en una persona individualmente identificada o identificable en forma limitativa, por lo que, en el caso, de la redacción del artículo 49, fracción I, no puede desprenderse una intención de otorgar la representación del sindicato a cualquier trabajador miembro de aquél; sino sólo impone la obligación y un derecho de denuncia u oposición a lo individual por infracción a las normas estatutarias. Además, sería absurdo que la representación del sindicato estuviera sujeta a la consideración que cada socio tuviera respecto de los actos y acuerdos de la directiva, lo que sería contrario a la certeza jurídica que se pretende en cuanto a que los intereses colectivos se encuentren debidamente representados. Así, el citado artículo 49 refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia, que les permite ejercer acciones entre ellos, ante las instancias ordinarias, para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, y sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero de ninguna manera confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo en los términos ya referidos, pues el hecho de que le permita oponerse a cualquier acuerdo contrario a los estatutos no significa que pueda oponerse a actos de autoridad, como corresponde al juicio de garantías. La consideración anterior cobra mayor relieve, si se toma en cuenta que los estatutos son el contrato social del sindicato, que rige la vida interna de la organización, por ende, la vigilancia que cada socio debe hacer en términos de la cláusula en cita, es en relación con los actos de los demás miembros o su directiva; por ende, es congruente que las acciones que intenten para denunciar u oponerse sea únicamente respecto de actos de los mismos socios, pero no respecto de actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados carecen de legitimación porque reclaman un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, al reclamar la toma de nota del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una sección del mismo; sin embargo, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro." Como se advierte de las consideraciones substanciales de la referida ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó la importancia de la toma de nota, al encontrarse íntimamente ligada a los intereses colectivos y, que en caso de existir algún vicio de legalidad, el afectado sería únicamente el sindicato, al que la ley reconoce como persona moral, y no sus agremiados; por ende, únicamente aquél podría ejercer la acción de amparo por conducto de sus representantes legalmente reconocidos. Asimismo, precisó que solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar un acto de esa naturaleza, pues en términos del artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde al Secretario General o a la persona que designe la directiva, no a los trabajadores, ya que la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota. Concluyó que los trabajadores individualmente considerados carecen de legitimación, porque reclaman un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato, al reclamar la toma de nota; sin embargo, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los socios, sino que se encuentra vinculada con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. Dicha ejecutoria dio lugar a la transcrita jurisprudencia 2a./J. 252/2009. En suma, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por cuanto los quejosos promovieron el juicio como integrantes electos del Comité Ejecutivo y Comité de Vigilancia, pero no acreditan tener la representación legal del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo" al momento de promover el juicio de amparo, ni al resolver este recurso; de ahí que, si bien por diversas causas, debe persistir el sobreseimiento del juicio. No se soslaya que los promoventes del juicio de amparo afirmaran que la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo", está "acéfala"; que en ejercicio de la voluntad soberana, de facto, las dos terceras partes de los agremiados, adoptaron como medida urgente inaplicar los artículos 17, fracción I, incisos a), 24, 100, 101, 102, 103, 104, 106 y 107 del Estatuto de su organización sindical; que atender a su contenido implicaría que durante sesenta días estaría acéfalo el sindicato, lo que se traduciría en una parálisis de la actividad sindical, en afectación de sus derechos laborales.5 Sin embargo, esa circunstancia particular, por sí sola, no legitima a los quejosos; considerar lo contrario implicaría dar por hecho la legalidad de su representación, a ellos y a cualquier grupo o facción, que no obtuviera la toma de nota de acuerdos que el tribunal laboral estimó que incumplían con los estatutos del rigen la vida del sindicato, lo que se traduciría en incertidumbre jurídica, además de carecer de sustento legal. Lo anterior es de esta manera, porque el Pleno del Alto Tribunal ha interpretado que la toma de nota es acorde con los principios de libertad sindical, pues a través de ésta, la autoridad administrativa coteja las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo. En efecto, al resolver sobre la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró en lo que aquí interesa, lo siguiente: ".Pues bien, atendiendo de entrada al hecho de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los sindicatos, en tanto que su artículo 25, párrafo tercero, establece que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación, identificando, entre otros, a las organizaciones de trabajadores (párrafo séptimo); su artículo 28, párrafo octavo, prevé el carácter no monopólico de las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses; y, su artículo 123 contempla a los sindicatos como una organización que está vinculada o que tiene que desarrollar los derechos de sus agremiados, al establecer, por ejemplo, su apartado A, fracción XVI, que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera; y, por otra parte, atendiendo al decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al que se ha hecho referencia, resulta pertinente hacer un análisis directo de lo dispuesto en el citado Convenio Número 87, relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, al tratarse precisamente de un convenio internacional celebrado por el Estado mexicano. Aquí, lo que cobra relevancia es verificar si la facultad de la autoridad encargada de tomar nota de cambio de directiva sindical a que se ha hecho referencia, que deriva de la Ley Federal del Trabajo, guarda coincidencia con las disposiciones convencionales. Con ese propósito se tiene presente el texto de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 8o. del citado convenio que, dentro del nuevo contexto constitucional precisado, deben tener una aplicación eficaz y directa dentro de nuestra legislación doméstica, en tanto que la autoejecutividad o autoaplicabilidad de los tratados, pactos y convenciones en materia de derechos humanos posibilita la aplicación de sus disposiciones directamente en el derecho interno, sin que sea menester un desarrollo legislativo previo; y, en cuanto a que los derechos humanos han de ser interpretados acorde con lo que resulte más favorable en aras de su efectiva vigencia para todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano (principio de universalidad): "Artículo 1 Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes: ..." "Artículo 2 Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas." "Artículo 3 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal. "Artículo 4 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa." "Artículo 8 1. En el ejercicio de los derechos establecidos en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, están obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de manera que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio. Como se puede observar, dentro de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, la garantía de legalidad tiene prevalencia, en tanto permite la vigencia efectiva de esos derechos y, en ese sentido, se advierte también una coincidencia entre las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y las precisiones con que el convenio en comento recoge el derecho a la libre sindicación. Lo anterior se debe a que acorde con los artículos recién transcritos los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección, así como de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de que se conformen respetando y ajustándose a los estatutos por ellas mismas establecidos, pues ello se traducirá en la protección del mismo ejercicio de la libertad sindical, como se verá más adelante. Ciertamente, se establece el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción, y si bien las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención, ello es sobre la base de que no pueden actuar de forma que tienda a limitar ese derecho o a impedir su ejercicio legal. Esto es, la autoridad no debe limitar o impedir el ejercicio de determinación de sus estatutos y reglamentos administrativos, así como de elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción, pero esa prohibición en el actuar de la autoridad pública, es justamente para impedir limitación alguna a esos derechos o impedir su ejercicio legal. Por otra parte, la disposición en el sentido de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa constituye una norma que se repite en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 370. Ahora, la disposición respecto del ejercicio de los derechos establecidos en el convenio en comento tampoco es ajena a la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a que los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. La referencia del convenio en cita respecto a las demás personas o las colectividades organizadas para el respeto a la legalidad lo que hace es remitir a la legislación nacional, en cuanto a que ésta no menoscabará ni será aplicada de manera que menoscabe las garantías (esto es, derechos humanos fundamentales) previstas en el propio convenio. Conforme a lo apuntado, del cumplimiento de la legalidad no se exenta a las organizaciones sindicales, por el contrario, se encuentra expresamente inserto en el Convenio Número 87 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical, legalidad que está conformada sustancialmente por los propios estatutos sindicales. En este contexto, es claro que lo que la autoridad registradora en la toma de nota de la directiva sindical ha de verificar debe hacerse precisamente conforme al procedimiento que marcan los estatutos y subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo, lo que conlleva a que, para el cambio de directiva del sindicato, se cotejen las actas relativas para verificar que se siguió el procedimiento que establecen los estatutos, y en forma subsidiaria en la ley, atendiendo a la legalidad que debe primar en su actuar, con lo que se garantiza el cumplimiento de las disposiciones convencionales, pues en última instancia con ello se protegen los derechos relativos a la libertad sindical de manera práctica y eficaz. Así, es de subrayarse que entre los derechos fundamentales de los trabajadores está el de designar con toda libertad a sus representantes, cumpliendo los requisitos que ellos mismos establezcan en sus estatutos, lo que conlleva necesariamente a que se respete el principio de legalidad, sin que implique, como hemos visto, intromisión en la vida sindical, siendo de hecho ésta la forma en que es posible equilibrar el reconocimiento constitucional de los sindicatos y la libertad sindical con la situación individualizada de los derechos de los agremiados. En este sentido, los sindicatos no deben violentar los derechos de sus agremiados ni están en una situación en la cual, respecto de ellos, puedan hacer cualquier cosa al amparo de ese reconocimiento constitucional o, incluso, por el ejercicio de la libertad sindical. Aquí, cabe agregar que para efectos del registro relativo a la toma de nota por cambio de directiva del sindicato, la autoridad administrativa no tiene porqué examinar y calificar los estatutos, pues sólo debe tenerlos presentes por constituir justamente el referente normativo que rige dicho cambio, y poder llevar así a cabo la revisión formal de las actas relativas, debidamente requisitadas y firmadas por los funcionarios estatutariamente autorizados para ello, en las que se haya asentado precisamente el seguimiento de las etapas del procedimiento, lo que se traduce en el cotejo de que en las actas se dé fe precisamente de ello, de forma que el procedimiento que conste en actas sea congruente con la normativa contenida en los estatutos. Lo anterior encuentra ya sustento en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, puesto que conforme a su párrafo tercero, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad (en tanto se reconocen a todos los individuos que habitan en el territorio nacional), interdependencia (porque el ejercicio de unos derechos se torna en condición de posibilidad y en vía de realización de otros), indivisibilidad (en cuanto a que los derechos siendo fines en sí mismos tienen como núcleo esencial la dignidad humana) y progresividad (que propugna por la aplicación preferente de aquel ordenamiento que mejor tutele los derechos humanos ya sea, indistintamente, un tratado internacional o la Constitución). Ahora, la toma de nota con motivo de cambio de la directiva ya no admite que el Estado haga una revisión de fondo de los estatutos, pues éstos ya habrán sido materia de revisión y autorización por parte de la autoridad correspondiente al constituirse la asociación sindical o al cambiar sus estatutos. Esto es, se trata de las denominadas tomas de nota que no tienen ya que ver con la modificación de los estatutos sino con la aplicación que se haga de los estatutos en la vida ordinaria de los propios sindicatos, que implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica. Así, en lo que se refiere a la aplicación de los estatutos en relación con los integrantes del sindicato, el Estado necesariamente tiene que vigilar para evitar abusos y violaciones a los derechos fundamentales de los agremiados, pues no se puede permitir que el sindicato trate a sus integrantes sin respeto a sus derechos fundamentales. Ahora, desde luego que no todos los actos individuales que realiza el sindicato han de ser materia de autorización, revisión o cotejo por parte del Estado, a través de la autoridad correspondiente, sino solamente aquellos actos de la vida externa o interna que tengan una naturaleza trascendental, como son, por ejemplo, el registro de la constitución de los sindicatos, las modificaciones estatutarias y los cambios de directiva, como se desprende, fundamentalmente, del contenido de los artículos 357, 359, 365 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en tanto que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa y luego, en ejercicio de la libertad sindical, los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción, pero tienen a la par, el deber de registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, así como la obligación de comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de diez días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas, los cuales deben ser autorizados por el secretario general, el de organización y el de actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. Para precisar y acotar a su justa dimensión la facultad de que se habla se toma en cuenta que el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo establece que el registro de los sindicatos no se otorgará si, entre otros casos, no se exhiben los documentos a que se refiere su numeral 365 y también prevé que: "Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. "Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva." En cuanto a la aplicación por analogía del procedimiento a que se refiere la disposición recién transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente aprobó la jurisprudencia 109/2011 que converge justamente en el tema que nos ocupa, cuyos rubro, texto y precedente son los siguientes: "TOMA DE NOTA DE DIRECTIVA SINDICAL. ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien no existe norma expresa que establezca el procedimiento para la toma de nota establecida en el artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al artículo 17 del mismo ordenamiento, ante la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes. Por tal motivo, y como el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, se concluye que a la toma de nota le es aplicable por analogía el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la propia ley, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar la garantía de seguridad jurídica. "Contradicción de tesis 183/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 1 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco." En atención a lo anterior, es claro que si la autoridad correspondiente no tuviera las actas relativas a la elección no podría entonces otorgar certidumbre de lo asentado en actas por quienes están estatutariamente facultados para hacer constar los hechos referentes a las diversas etapas del proceso a través del cual renuevan a su dirigencia. Ciertamente, las causas para negar el registro correspondiente son muy limitadas; además, la autoridad está obligada a actuar en los términos de la disposición recién transcrita, donde puede llegar a operar una especie de positiva ficta para el caso de que no resuelva lo conducente al registro, de ahí que se corrobora que la negativa del registro sólo puede darse válidamente si no se presenta la documentación requerida (copia autorizada del acta de asamblea, de los estatutos y del acta de elección de la directiva) o si esa documentación revela por sí sola (por lo asentado en las propias actas) que no se hayan llevado a cabo la etapas básicas del proceso de elección que contemplen los estatutos o que se consigne algo distinto a la voluntad de los trabajadores. Se trata pues, de una revisión formal que conlleva precisamente a formalizar legalmente el nombramiento de la directiva, pues el hecho de que en términos del artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo el registro o toma de nota produzca efectos ante todas las autoridades, exige sin duda que la autoridad registradora verifique el cumplimiento de las formalidades consignadas en los estatutos, y subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo, pues de conformidad con el diverso numeral 692, fracción IV, de la propia ley, la personalidad del sindicato se acredita a través de sus representantes, precisamente con la aludida certificación, lo que tiene repercusiones importantes puesto que con independencia de que se considere a la toma de nota como una medida de publicidad o una medida declarativa, no constitutiva de derechos, lo cierto es que la certificación relativa pone en manos de quienes la reciben no sólo el patrimonio del sindicato, sino además la defensa de sus agremiados e incluso la suerte de los intereses sindicales, en tanto que pueden llevar a cabo múltiples actos jurídicos, atendiendo fundamentalmente al contenido de los artículos 374 y 692 ya citado, ambos de la aludida ley, así como a la noción de que la legitimación de la sindicalización opera en función del derecho de los individuos en tanto trabajadores y no en sí misma, pues la fuente de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Sería un contrasentido que si a propósito de la toma de nota la autoridad administrativa otorga legalidad y certidumbre jurídica al cambio de directiva de las asociaciones sindicales (al establecer un reconocimiento legal que tiene los alcances apuntados en el párrafo anterior), dicho cambio no contara con los requisitos mínimos de legalidad conforme a los propios estatutos que sus agremiados se hubieran dado. Primero, en donde el Estado y las autoridades deben reconocer la libertad sindical es en sus estatutos. Luego, el registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, que produce efectos ante todas las autoridades conforme al numeral 368 de la propia ley, encuentra también su razón en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, en el sentido de que la regularidad y su libre ejercicio de autodeterminación se significó en un estatuto. Y es que el sindicato como persona moral, al haberse dado estatutos y haber sido aprobados originalmente por el órgano competente, rigen su vida y tienen que ser respetados porque son parte de la legalidad a la que están obligados los sindicatos por el propio Convenio 87 de libertad sindical Ahora bien, la intervención del Estado para verificar el cumplimiento de esos deberes u obligaciones no significa, por sí sola, una intromisión indebida del Estado en la vida de los sindicatos, ni que afecte la libertad sindical, entendida como un bien que tiende a satisfacer las necesidades de los individuos y grupos sociales, como la defensa y mejora de sus intereses; sino que ese registro se constituye en la salvaguarda y respeto al principio de legalidad establecido como una condición en el ejercicio de los derechos que establece el Convenio Número 87 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical de todos los actores, de forma que no se menoscaben los derechos que contempla el convenio y, especialmente nuestra Constitución Federal. A todo esto debe agregarse que en el respeto a esos derechos se establece la obligación de la autoridad de aplicar la normativa de manera que no se menoscaben esos derechos (artículo 8o. del convenio). Esto es, la intervención del Estado en la materia no es indebida por sí misma, sino sólo cuando tal intervención tienda o resulte en el límite del derecho que tienen las organizaciones de trabajadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, con la consecuente posibilidad de elegir libremente a sus representantes, a organizar su administración y sus actividades y a formular su programa de acción, de la misma manera será indebida la intervención cuando la autoridad pretenda impedir el ejercicio legal de tal derecho (artículo 3o. de la citada convención). Lo que pone de manifiesto que el ejercicio de la libertad sindical no está exento del deber de respetar el principio de legalidad y en esa medida la intervención de la autoridad no infringe esa libertad o derecho humano cuando su actuar incide precisamente en la salvaguarda del principio de legalidad. Éste es el alcance y la medida de un actuar debido, legal, de la autoridad en su intervención, que en la práctica se tornará arbitrario cuando tienda precisamente a limitar el derecho de referencia o impida su ejercicio legal sobrepasando el marco normativo que los propios trabajadores organizados se hayan dado. Bajo esa justa medida de intervención del Estado, es claro que si el actuar de la autoridad tiene por objeto determinar si los sindicatos han ajustado sus actuaciones trascendentales al principio de legalidad, y con ello al respeto de los propios estatutos que los trabajadores se hayan dado, será entonces que estará actuando en respeto a los principios contenidos en el convenio internacional multicitado, y garantizará, con ello, que el ejercicio de la libertad sindical, como derecho humano, sea a la vez conforme con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que establece nuestra Constitución Federal. De ahí que en el caso de cambio de directiva de un sindicato, la medida y el equilibrio entre el actuar de las autoridades públicas y el ejercicio de la libertad sindical, radica en que dichas autoridades se limiten a cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, con el único propósito de poder determinar si el procedimiento se apegó o no a las disposiciones de los estatutos, o subsidiariamente a la Ley Federal del Trabajo, con lo que los estatutos sindicales y la ley, en su caso, se alzan como el referente de comparación con lo asentado en las actas relativas, pues de la congruencia entre el marco normativo y lo asentado en actas resultará que el ejercicio de elegir libremente a sus representantes se haya realizado legalmente. Así, la confrontación del marco normativo con lo que se dé fe en las actas correspondientes conlleva a que la autoridad esté en aptitud de concluir si el sindicato se apegó o no a los propios lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato (y subsidiariamente a los establecidos en la ley de la materia), para así proceder ineludiblemente a la toma de nota o registro, y si no, simplemente rechazarlo, en tanto que el acto de la elección con motivo del cambio de directiva, no concuerde o resulte incongruente con las previsiones estatutarias y, por consiguiente, contrario a la prerrogativa de libertad sindical. Conforme a lo anterior, la revisión que realice la autoridad con el fin de tomar nota de la elección o cambio de directiva de los sindicatos no podrá constituirse nunca en una indagatoria enfocada a examinar la veracidad de los actos y circunstancias cuyo resultado esté asentado en las actas correspondientes, sino, simple y llanamente, ha de enfocarse a verificar que en la elección de directiva se respetaron los pasos o etapas de los procedimientos formales determinados en los estatutos, que constituyen el marco normativo para cotejar con lo que se haya hecho constar en las actas relativas, debidamente firmadas y requisitadas, pues la autoridad sólo debe constreñirse a determinar si en su aspecto formal se llevó a cabo el procedimiento en apego al principio de legalidad. De esta forma, puede concluirse que el ejercicio de la facultad apuntada ha de hacerse a manera de comprobación por lista de requisitos, no de juicios de valor, sino de existencia de la legalidad mínima inventariada, pues la toma de nota debe constituirse en una garantía precisamente de la voluntad de los agremiados vertida en sus estatutos, lo que quiere decir que la autoridad administrativa no puede calificar, aprobar o desaprobar su contenido Así, el cotejo de las actas relativas se constriñe a verificar que, cumpliendo éstas con los requisitos de autentificación de la Ley Federal del Trabajo (validadas con las firmas de los funcionarios sindicales respectivos o conforme a lo que establezcan lo estatutos sobre ese tipo de actas), den efectivamente fe de que todas y cada una de las etapas o requisitos formales establecidos en los estatutos y subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo (marco normativo referente) han sido satisfechos, lo que de ser así, significará, desde luego, que el resultado de la elección de la directiva se ajusta a las condicionantes previstas en los estatutos y por ello respeta el principio de legalidad, estando obligada la autoridad respectiva en tal caso a otorgar el registro, el que sólo podrá negar si no queda asentado en actas la realización de una o varias de las etapas formales que establezcan los estatutos en torno al cambio de directiva o, porque se dé fe de un procedimiento que en parte o en todo no guarda correspondencia con las etapas básicas previstas en el citado marco normativo. Se concluye así que ha lugar a modificar la jurisprudencia para dejar en claro cuáles son los alcances de la facultad de la autoridad laboral para verificar el procedimiento de elección o cambio de directiva sindical y proceder a su toma de nota. Recapitulando, la interpretación que se ha venido haciendo a lo largo de esta resolución, en atención con el nuevo contexto constitucional que nos rige, tiene como propósito fundamental precisar el alcance de la facultad de la autoridad registradora del cambio de directiva sindical, partiendo de las propias bases contenidas en la resolución de la contradicción de tesis 30/2000-SS, cuya jurisprudencia dio origen (86/2000) a la solicitud que nos ocupa, donde la Segunda Sala estableció en cuanto a la elección de las directivas sindicales particularmente lo considerado en el sentido de que: "... el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados, esto es, a manera de ejemplo, que la asamblea se haya convocado conforme a las reglas estatutarias, que haya el quorum requerido, que la función de los directivos haya llegado al final de su periodo, que los nuevos dirigentes hayan sido electos por la mayoría necesaria, etcétera." Éstas son condiciones objetivas que se reflejan cuando la tesis de jurisprudencia 86/2000 refiere que se ha de constatar que las actas que se presentan simplemente den cuenta de las partes formales que establecen los estatutos, sin que en caso alguno se admita la posibilidad de que la autoridad pueda erigirse en autoridad revisora de las condiciones de la elección, que vaya más allá del cotejo, y que, por ello, pueda efectuar indagaciones para determinar si los sujetos que participaron reúnen, por ejemplo, requisitos de elegibilidad o no, pues ello sería, en todo caso, materia de impugnación a través de la autoridad jurisdiccional que corresponda, sino que debe limitarse a efectuar una verificación de la legalidad en la actuación del sindicato, entendida en el sentido de que sus procedimientos de elección se han ajustado al principio de legalidad con base en los propios estatutos que el sindicato se otorga en ejercicio de la libertad sindical. Cada sindicato constituido se da un marco normativo conforme al cual debe renovar sus dirigencias mediante el señalamiento y determinación de etapas o pasos de procedimiento, y eso es lo que debe constar en actas, las cuales deben ser presentadas ante la autoridad laboral que corresponda, para que verifique sólo si formalmente se cumplió con lo que establecen los estatutos en ese aspecto sobre el cambio de directiva, protegiendo con ello la vida interna de los sindicatos y salvaguardando los derechos de los agremiados. De ahí que, verbigracia, si en una asamblea se presentase una discusión sobre una votación, inclusive dudosa, pero quedara asentado en actas, debidamente requisitadas y firmadas, una determinada votación a favor de alguna planilla o candidato que es declarado triunfador conforme a lo que los estatutos señalan, la autoridad en sede administrativa, ni de oficio ni porque fuesen cuestionadas ante ella las irregularidades cometidas, estaría facultada para negar la toma de nota, en todo caso, podría si así lo considera pertinente, hacer constar las irregularidades de que se hubiese percatado y las quejas recibidas, para que, si se presentase una reclamación en sede jurisdiccional, el órgano competente pudiera tomar en cuenta esas circunstancias y las constancias que se hubieren presentado, para resolver; pues no es lo mismo verificar o constatar las reglas estatutarias que rigen el procedimiento para la elección de una directiva, que erigirse en autoridad electoral revisora del proceso respectivo. Por ello, se reitera, la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 30/2000-SS se refirió a los siguientes aspectos: "... el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados, esto es, a manera de ejemplo, que la asamblea se haya convocado conforme a las reglas estatutarias, que haya el quorum requerido, que la función de los directivos haya llegado al final de su periodo, que los nuevos dirigentes hayan sido electos por la mayoría necesaria, etcétera", lo cual no quedó debidamente reflejado o plasmado en la tesis de jurisprudencia a la que dio origen dicha contradicción, en cuanto a que todo ello debe ser conforme con lo que conste en el acta, o en su caso en las actas, que se le presentan a la autoridad laboral debidamente requisitadas y firmadas por los funcionarios estatutariamente autorizados para ello (y no haciendo indagaciones de oficio o a petición de parte de supuestas o reales irregularidades), puesto que, como también se dijo en la citada ejecutoria, al obligar la Ley Federal del Trabajo, particularmente la fracción II del artículo 377, a que los sindicatos acompañen por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios de nota, ello es, "obviamente, para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si se cumplieron o no." En suma, el cotejo de lo actuado con los términos estatutarios no es otra cosa sino la comparación del procedimiento y del resultado constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si éstos, y subsidiariamente la Ley Federal del Trabajo se cumplieron o no, lo cual se traduce en una revisión de carácter formal, que conduce indefectiblemente a determinar si se cumple o no con el principio de legalidad que prima entre los derechos establecidos en el convenio multicitado, de suerte que el fin último de la facultad que tiene la autoridad laboral para cotejar el procedimiento de elección o cambio de directiva sindical no es otra que determinar que se haya realizado precisamente a partir de la prerrogativa de la libertad sindical. Se insiste en que lo anterior pone de manifiesto que la facultad de verificación no puede incidir en aspectos sobre la elegibilidad de quienes fueron electos, menos aún, la conveniencia de que sean ellos los dirigentes sindicales, pues simplemente se pueden revisar formalidades estipuladas por los estatutos (y subsidiariamente por la Ley Federal del Trabajo), de la documentación con que se acompaña la solicitud de toma de nota. Debe dársele el valor de cierto a lo asentado en actas mientras no se controvierta en vía jurisdiccional, se trata de una especie de presunción de legalidad que sólo puede ser desvirtuada en vía jurisdiccional, pues si la autoridad pretendiera exigir pruebas para generar una convicción plena sobre algún aspecto del procedimiento, implicaría un exceso en las facultades de la autoridad registradora, cuando que debe constreñirse a verificar el cumplimiento de las formalidades previstas en los estatutos o subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo. En este sentido, si en el acta se asienta el cumplimiento de un requisito, tiene que darse por satisfecho éste, sin que se pueda indagar si en efecto fue correcto o incorrecto haberlo señalado así en el acta, en tanto que se pretenda analizar directamente las circunstancias en que se llevó a cabo la elección correspondiente. De esta manera, la toma de nota será obligatoria para la autoridad, si en las actas que formule el propio sindicato se señala que se han satisfecho las etapas formales del procedimiento de elección que estén contemplados en sus estatutos, haciéndose relación de cada una de ellas, ello en garantía de la legalidad estatutaria. Dicho de otra forma, el cumplimiento al principio de legalidad que obliga a las organizaciones sindicales a la verificación de que se cumplieron los pasos o etapas de la elección, es importante para lograr el respeto de la voluntad de los trabajadores, inmersa en los estatutos, sin que ello exceda de tal fin. Cabe agregar que de hecho, la defensa a los estatutos de un sindicato es en favor de los trabajadores, congenia con la libertad sindical que significa finalmente la voluntad de los miembros del sindicato para que pueda primar sobre cualquier situación de hecho adversa a ellos, es por ello que es necesaria la verificación formal o cotejo referido en sede administrativa de la renovación periódica de sus dirigencias, con el propósito de registrar esa voluntad de decisión, conforme a las reglas que se hayan dado al efecto, reglas primarias que hay que verificar, con los límites apuntados, si se cumplieron o no, caso este último que de acontecer desde luego sería adverso a los intereses de los agremiados. Como corolario, se reitera que, como se desprende de la propia resolución emitida en la contradicción de tesis 30/2000-SS, si la autoridad no tuviera la obligación de cotejar lo actuado y asentado en el acta en los términos estatutarios, todos los requisitos y garantías establecidos en la ley como garantía de los agremiados carecerían de sentido, pues si el sindicato al registrarse debe presentar sus estatutos y si éstos debieron cumplir ciertas reglas mínimas, si los nuevos directivos deben ser electos mayoritariamente en asamblea legalmente convocada y si éstos deben dar aviso a la autoridad encargada de tomar nota acompañando acta de la asamblea en que fueron elegidos, es lógico que lo dispuesto en los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo conducen a concluir que la autoridad no debe simplemente tomar nota y dar la certificación a cualquiera que lo solicite y exhiba cualquier tipo de acta, sino que debe cotejar lo actuado con los estatutos para resolver en consecuencia. En las anotadas condiciones, y precisados los alcances sobre la facultad de la autoridad laboral en sede administrativa para cotejar las actas de asamblea relativas a la elección o cambio de la directiva, a fin de verificar si el procedimiento se apegó a los estatutos o, subsidiariamente, a la Ley Federal del Trabajo, partiendo de las propias bases que se asentaron en la resolución de la contradicción de tesis 30/2000-SS, así como del nuevo contexto constitucional a que se hizo referencia, lo que procede en la especie es emitir una nueva jurisprudencia que sustituya a la anterior, a fin de dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia, en donde se define en términos generales el marco de actuación de la autoridad.". De conformidad con lo anterior, se aprecia que el Pleno del Alto Tribunal consideró que la toma de nota constituye una revisión formal que conlleva precisamente a formalizar legalmente el nombramiento de la directiva, pues el hecho de que en términos del artículo 368 de la Ley Federal del Trabajo el registro o toma de nota produzca efectos ante todas las autoridades, exige sin duda que la autoridad registradora verifique el cumplimiento de las formalidades consignadas en los estatutos, y subsidiariamente en la Ley Federal del Trabajo, pues de conformidad con el diverso numeral 692, fracción IV, de la propia ley, la personalidad del sindicato se acredita a través de sus representantes, precisamente con la aludida certificación, lo que tiene repercusiones importantes puesto que con independencia de que se considere a la toma de nota como una medida de publicidad o una medida declarativa, no constitutiva de derechos, lo cierto es que la certificación relativa pone en manos de quienes la reciben no sólo el patrimonio del sindicato, sino además la defensa de sus agremiados e incluso la suerte de los intereses sindicales, en tanto que pueden llevar a cabo múltiples actos jurídicos, atendiendo fundamentalmente al contenido de los artículos 374 y 692 del Código Obrero, así como a la noción de que la legitimación de la sindicalización opera en función del derecho de los individuos en tanto trabajadores y no en sí misma, pues la fuente de los derechos fundamentales es la dignidad humana. Además, estimó que la toma de nota es acorde con el principio de libertad sindical, porque el sindicato como persona moral, al haberse dado estatutos y haber sido aprobados originalmente por el órgano competente, rigen su vida y tienen que ser respetados porque son parte de la legalidad a la que están obligados los sindicatos por el propio Convenio 87 de libertad sindical . Precisando que la intervención del Estado para verificar el cumplimiento de esos deberes u obligaciones no significa, por sí sola, una intromisión indebida del Estado en la vida de los sindicatos, ni que afecte la libertad sindical, entendida como un bien que tiende a satisfacer las necesidades de los individuos y grupos sociales, como la defensa y mejora de sus intereses; sino que ese registro se constituye en la salvaguarda y respeto al principio de legalidad establecido como una condición en el ejercicio de los derechos que establece el Convenio Número 87 relativo a la libertad sindical y a la protección al derecho sindical de todos los actores, de forma que no se menoscaben los derechos que contempla el convenio y, especialmente nuestra Constitución Federal. Por tal motivo, si los promoventes se sustentan como integrantes del Comité de ejecución y Comité de vigilancia, pero respecto de su elección la autoridad determinó no tomar nota, entonces, es inconcuso que carecen de representación legal del sindicato, y la toma de nota es precisamente el medio por el cual se salvaguardan los derechos colectivos de los miembros del sindicato, en la medida que la autoridad administrativa constata el apego del proceso de elección de la directiva sindical a los estatutos adoptados por el sindicato. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, Constitucional, respecto de la promoción del juicio por propio derechos de los impetrantes; así como diversa 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6° interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por cuanto a que los quejosos promovieron el controvertido como integrantes electos de la Comisión Ejecutiva y Comisión de Vigilancia, del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo", lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.". En consecuencia, al advertirse de oficio la posible actualización de la causa de sobreseimiento enunciada, notifíquese la vista prevista en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa y recurrente para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.
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