Ignacio Escalante Sandoval
Expediente 1189/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1189/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Escalante Sandoval
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1189/2023-IX. En Puebla, Puebla a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo, signada por ****, por derecho propio, contra actos del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se examinó de manera integral el escrito de demanda y se detectó que la promovente señaló como acto reclamado al Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla: El oficio UAJ/****/2023 de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual negó la solicitud de copias de un contrato de servicios subrogados celebrado entre el **** y la empresa denominada *****, sociedad anónima de capital variable, vigente al trece de marzo de dos mil catorce, formulada en la petición de nueve de octubre de dos mil veintitrés, ello, con la finalidad de presentarla como prueba dentro del proceso penal ****/2018, instruido en su contra del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. De lo referido con antelación, permite visualizar dos causales de improcedencia con las características de indudables y manifiestas, previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II y 107, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto a la primera, el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De la interpretación de dichos preceptos, se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos transcritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los numerales transcritos se pone de manifiesto que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes, actos u omisiones de la autoridad que transgredan derechos humanos, y que se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares también pueden tener la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de otros particulares en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por lo tanto, es necesario precisar el concepto de autoridad responsable, entendiendo por tal, aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o tratándose de un particular, para ser considerado como sujeto de control constitucional, deberá realizar actos equivalentes a los actos antes señalados, y sus funciones deberán estar determinadas por una norma general, lo que no acontece en el presente asunto. Por ello, a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame, esto es, examinar si la norma legal lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sobre este tópico la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad en relación con los gobernados, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación la tesis 2ª. CCIV/20011 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa virtud, estas características no restringen el concepto de autoridad a aquellos organismos que forman parte de la administración pública en sus distintos órdenes (federal, estatal o municipal); se trata de cualquier ente público, en donde se incluyen organismos centralizados, paraestatales, autónomos, cualquiera que sea su denominación. También puede observarse que no siempre los entes que conforman directamente la administración pública serán autoridad para los efectos del amparo ya que para determinar la calidad de autoridad responsable es indispensable analizar: 1.- Las características particulares de aquél a quien se le imputa el acto reclamado; y, 2.- La naturaleza de éste. Bajo tal contexto, no todo acto, aun emitido formalmente por una autoridad, puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque los titulares de organismos públicos realizan cotidianamente acciones que pueden afectar a un particular, sin generar necesariamente una relación de supra a subordinación. Al efecto se cita la jurisprudencia 58 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 889, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, de la Novena Época, de rubro siguiente: "AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA PARA EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.". En esa medida, siguiendo los lineamientos de los criterios invocados, apreciando el caso en particular, se estima que el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, a quien le es atribuible la emisión del oficio UAJ/****/2023, de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, carece de la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, debe señalarse que el actuar reclamado, no constituye, de acuerdo a su naturaleza, acto de persona de derecho público o de autoridad, sino de particulares, pues la señalada como responsable no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino como entes particulares -ente asegurador-, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclama una situación de esta especie resulta improcedente. En el caso en estudio, el oficio **** de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, deriva de la petición que hizo el quejoso **** en su calidad de particular, para que le fuera expedida copia de un contrato de servicios subrogados celebrado entre el **** y **** sociedad anónima de capital variable, vigente al trece de marzo de dos mil catorce. De lo anterior se obtiene que su actuación no la realiza en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni del ropaje estatal, ni como una entidad pública, pues no actúa con base en una ley sino en un plano de igualdad con la parte quejosa, como entes privados. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 211/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 165782, que a la letra reza: [.] De ahí que el acto efectuado por el ente asegurador señalado como autoridad responsable, no lo ejecuta con base en una ley, sino como consecuencia de una relación de igualdad entre particulares, por lo que su actividad no puede equipararse a la de una autoridad. Al efecto, como se señaló, si bien el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, lo cierto es que tales elementos no se advierten en el acto atribuido a la señalada como responsable, dado que el acto reclamado queda comprendido en una relación entre particulares, en el que la indicada como autoridad responsable, actúa en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes y no por una norma jurídica general, expedida por un órgano del Estado. Ilustra lo anterior la siguiente tesis XI.1o.A.T.25 K (10a.), con registro digital 2010168: [.] Por otra parte, respecto a la diversa causa de improcedencia que se actualiza, relativa a la estatuida en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, se actualiza por las consideraciones siguientes. Se reitera, el acto reclamado consiste en el oficio **** de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en el cual negó la solicitud de copias de un documento que la parte quejosa pretende ofrecer como prueba dentro del proceso penal ****/2018, instruido en su contra del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Ello conduce a visualizar que el reclamo planteado en la demanda, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse en amparo indirecto durante el trámite de un proceso, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación; esto es, aquél que produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva (en el presente la obtención de una prueba); además deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, se estima que el acto reclamado relativo al oficio **** de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitido por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, mediante el cual se le negó a la parte quejosa su solicitud de copias de un documento que pretendía ofrecer como prueba dentro del proceso penal ****/2018, instruido en su contra del índice del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, no encuadra en los de imposible reparación que, como ya se precisó, por regla general marcan la pauta para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues no afecta de manera directa los derechos sustantivos del aquí quejoso. En efecto, la primera exigencia de que el acto que se reclama afecte materialmente derechos, equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda exigencia consiste en que el derecho afectado materialmente debe entrar en la categoría de sustantivos. Expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva (en los que la afectación no es actual, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden confirmarse). Así, cuando como en el caso, el acto reclamado resulte de la eventual violación a los artículos 14 o 17 constitucionales, no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como actos adjetivos, porque no se trata de una violación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular; sino que se da justamente dentro del mismo: la pretensión de ofrecer una prueba en el proceso penal, por lo que el acto aquí reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo. En consecuencia, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II y 107 todos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado por el quejoso. Por ello, al quedar demostrada la notoria actualización de las causas de improcedencia a que hizo referencia en esta determinación, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ****. Anotación interna. Se instruye a la oficial judicial "A" que realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en relación al desechamiento. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en su demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla.) Como lo solicita, se autoriza al usuario ****, para la consulta del expediente electrónico, por lo que se instruye a fin de que se habilite en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, términos del artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo, se ordena que las notificaciones de las resoluciones derivadas del presente asunto se realicen de forma electrónica. Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, en virtud de que cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al correo electrónico que indica se tiene únicamente como medio de contacto no procesal. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. No obstante ello, se tiene la manifestación expresa del quejoso en estar de acuerdo que se publiquen los acuerdos emitidos, sin supresión de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de forma personal al quejoso (electrónicamente), y cúmplase.
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