Ignacio Escalante Sandoval

Expediente 1153/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1153/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Escalante Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1153/2023-III. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el acuerdo que desechó la demanda causó estado (quedó firme), porque el quejoso no lo recurrió. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Sin cuaderno incidental. No ha lugar a emitir pronunciamiento sobre el cuaderno incidental, porque la demanda de amparo se desechó y por tal motivo no se abrió el incidente. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente, que realice las anotaciones en la carátula del expediente; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet, donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si el quejoso deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1153/2023-III. En ocho de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la jueza con una demanda de amparo presentada de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, al parecer con seis copias para traslado, pero sin anexos originales; recibida en este juzgado el día hábil anterior a la fecha, e incorporada al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y registrada con el folio de control interno 13877. Conste. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por el quejoso Ignacio Escalante Sandoval, por derecho propio, contra un acto del ".Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla.". En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso a que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se advierte que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: El auto de formal prisión de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el proceso penal Sin embargo, de los antecedentes narrados en la demanda se advierte que el quejoso se ostenta sabedor del mencionado auto de formal prisión desde el veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales,1 contra el auto de formal prisión, de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 20/2018, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal2 o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción.3 Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que de la demanda que origina el presente juicio de amparo, se advierte el quejoso se ostentó sabedor del auto de formal prisión, desde el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado en la causa penal 20/2018: el veinticinco de abril de dos mil veintitrés; ello conforme a los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la que se ostentó sabedor, esto es, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Máxime que esa fecha corresponde a la del acuerdo mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo, dictada en el expediente 1396/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Y que el ahora quejoso tuvo pleno conocimiento del auto de recaptura reclamado, sobre todo porque recibió materialmente copia íntegra de dicho proveído, pues se le corrió traslado con la determinación de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa la jurisprudencia I.16o.T. J/4 (10a.), sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2016438, Décima Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3109, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. OPORTUNIDAD PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO SE SUBSUME AL DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRACTICÓ AL QUEJOSO DEL AUTO POR EL QUE LE DIO VISTA CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando el quejoso se ostentó sabedor del nuevo auto de formal prisión de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 20/2018 . Ello, de la forma siguiente: el auto de formal prisión de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, fue notificado al quejoso veinticinco de abril de dos mil veintitrés -fecha en la cual aquél se ostenta sabedor-; por tanto, el plazo de quince días que tenía para ejercer la acción de tutela constitucional, inició el veintiséis siguiente, y terminó el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el seis de noviembre de dos mil veintitrés, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto del acto combatido en el presente juicio: el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal número 20/2018. Finalmente, no se inadvierte que la parte quejosa pretende que el cómputo para la presentación de la demanda de amparo se realice a partir del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, en el que se notificó dentro del amparo indirecto 1396/2022 que el recurso de inconformidad que planteó se declaró infundado por la superioridad. Lo cual, resulta inviable puesto que debe tenerse en cuenta que el plazo con el que contaba la parte quejosa para impugnar a través del juicio de amparo indirecto la referida resolución, era de quince días, pues así lo prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado en nada encuadra en ninguna de las demás hipótesis previstas. Asimismo, se desprende que el plazo para para presentar la demanda de amparo, cuando el acto reclamado haya sido emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió el amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto reclamado. Así, la parte quejosa en la demanda de amparo es omisa en indicar cuándo le fue notificado por la autoridad responsable el auto de formal prisión que reclama, dictado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Por ende, debe atenderse a la data en la que se ostenta sabedor. Sin que en el caso, no puede computarse el plazo a partir de la data en la que se declaró infundado el recurso de inconformidad que planteó en un diverso juicio de amparo indirecto, porque no existe en la ley de amparo alguna disposición que lo prevea como una hipótesis de excepción. Amén, a que la presentación de ese medio de impugnación no coartó el derecho de la parte quejosa de presentar su demanda de amparo indirecto, al ser medios de defensa autónomos. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2010666, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL En otras palabras, cuando el quejoso fue notificado en el anterior juicio de amparo y ya que en él se le entregó copia (traslado) de la determinación adoptada y ahora reclamada, hace prueba fehaciente e irrefutable de que tuvo acceso completo y pleno conocimiento del acto ahora reclamado, de ahí que el cómputo respectivo comenzó y concluyó en los términos ya precisados; por lo que no resultaba necesario esperar a que la autoridad responsable le notificara formalmente la resolución reclamada para que estuviera en aptitud de solicitar la protección de la Justicia Federal, pues basta con que tenga conocimiento de ello por cualquier otro medio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, de contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ Además, el nuevo marco constitucional y la progresividad de los derechos humanos no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; lo anterior, también en respeto de otros principios judiciales como el de certeza jurídica, porque, de lo contrario, la contraparte del quejoso no tendría conocimiento hasta cuándo debe dejar de defenderse. Lo anterior, no pugna con el acceso a un recurso efectivo o deja en estado de indefensión al quejoso, pues diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han fijado4 que la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en asuntos del orden penal, es de tal amplitud que permite que las personas afectadas por los actos de autoridad, aun en estado de reclusión, presenten sus recursos o juicios sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad de las determinaciones impugnadas, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador de amparo examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo, incluso, en ausencia total de esa expresión de agravios o conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; de ahí que sea inconcuso que no es posible ampliar, bajo ninguna circunstancia, el plazo señalado para la presentación de la demanda. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido el acto de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días.5 Por tanto, se concluye que el acto reclamado por el quejoso en la demanda de este juicio, debe subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis6 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Ignacio Escalante Sandoval, porque el acto delimitado en esta pretende combatirlo después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación electrónica, acceso al expediente electrónico, autorizado y medios de contacto. El quejoso pidió en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporcionó el nombre de usuario "". Además, esta juzgadora de tutela encontró ese nombre de usuario, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico para el quejoso, con el referido nombre de usuario. Asimismo, se tiene autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la persona de nombre, porque aquél le otorgó esas facultades, y ésta tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, queda recibida la dirección de correo que ofreció el promovente, al inicio de su demanda, pero sólo habrá de tenerse como medio de contacto no procesal, debido a que la Ley de Amparo carece de previsiones legislativas que permitan realizar notificaciones personales por correo electrónico. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese de forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.

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