Ignacio Dzul Aké

Expediente 164/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
164/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Dzul Aké

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y que carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las catorce horas con veinte minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 164/2020-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. A continuación, el secretaria da cuenta con el escrito de demanda, con el acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte, que proveyó sobre su admisión, con las constancias de notificación a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables los cuales obran agregados a los presentes autos, con los que oportunamente se dio vista a las partes. Asimismo, le informo que de autos se advierte que en acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, se acordó que feneció el término que se concedió a la parte quejosa por auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin que hubiese hecho manifestación alguna con relación a su voluntad de ampliar la demanda de amparo respecto a la contestación emitida por la autoridad responsable a lo solicitado, que obra en los oficios números ISS/SPGF/OS/493/2020, ISS/SPGF/OS/370/2020 y ISS/SPGF/OS/371/2020, de veintinueve de enero de dos mil veinte. El Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; respecto a la prevención realizada a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda de amparo, dado que no realizó manifestación alguna, en consecuencia, en acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veinte, no se tuvo por ampliada su demanda respecto de las contestaciones emitidas por la autoridad responsable. Se abre el período de pruebas, en el que el secretario da cuenta con la documental, la presuncional en su doble aspecto, es decir, legal y humano, así como la instrumental pública de actuaciones ofrecidas por la parte quejosa junto con su escrito de demanda de amparo, así como con las constancias que la apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), acompañó a su informe justificado. El Juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas reseñadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, para ser consideradas al dictar sentencia, con lo que concluye esta etapa. Seguidamente, se abre la etapa de alegatos, en el que la secretaria da cuenta con el alegato ministerial 164/2020 de la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, en el que, por los motivos que expone solicita se niegue el amparo o se sobresea en el presente asunto. En atención a lo cual el Juez acuerda: se tienen por formulados los alegatos vertidos en el escrito de cuenta, para ser tomados en consideración en su oportunidad, con lo cual se concluye la fase de referencia. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 164/2020-V promovido por Ignacio Dzul Aké, Evelyn del Socorro Manzur Góngora y María Mirna Aracelly Torres Rosado, contra actos que reclaman al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y otra autoridad, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, Ignacio Dzul Aké, Evelyn del Socorro Manzur Góngora y María Mirna Aracelly Torres Rosado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de treinta de enero de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete y se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra omisiones atribuidas a autoridades con residencia dentro del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el acto que en apariencia señaló como tal. En ese sentido, se precisa que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar y proveer respecto de tres memoriales de nueve de diciembre de dos mil diecinueve presentados el diez de diciembre del mismo año. Tercero. Negativa del acto reclamado. El Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, autoridad responsable, al rendir su informe justificado negó expresamente el acto que se le atribuye, lo anterior sin prueba en contrario aportada por la parte quejosa que desvirtúe tal negativa. Lo anterior es así, debido a que de los escritos exhibidos como prueba por la parte quejosa se advierte que éstos no se encuentran dirigidos directamente al Gobernador Constitucional del Estado, aunado a que si bien tales escritos se emitieron con copia para la nombrada autoridad, lo cierto es que en éstos no se formuló petición o solicitud formal alguna a dicha autoridad, por lo que no puede considerarse que éste tuviese la obligación de atender una solicitud que no le fue planteada. De ahí que lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de la nombrada autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Tomo XLIII, a foja 181, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada de las constancias que remitió con su informe justificado, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se tienen por ciertos los actos que se le reclaman a dicha responsable. Quinto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Es innecesaria la trascripción y estudio de los conceptos de violación que aduce la parte quejosa, toda vez que por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en la especie se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia, lo hagan valer o no las partes, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar y proveer respecto de tres memoriales de nueve de diciembre de dos mil diecinueve presentados ante dicha responsable el diez de diciembre del mismo año. Sin embargo, de las constancias que la apoderada general para pleitos y cobranzas y asuntos judiciales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), remitió en apoyo a su informe justificado a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veinte, la responsable emitió diversos oficios, en los que hace del conocimiento de los ahora quejosos la respuesta a lo solicitado en sus memoriales de referencia, mismos oficios que les fueran notificados de manera personal a la aquí parte quejosa, el trece de febrero de dos mil veinte, según se desprende de los acuses de mérito. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el veintinueve de enero de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esas condiciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán de proveer sobre los memoriales presentados por los ahora amparistas, es inconcuso que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que el veintinueve de enero de dos mil veinte, se emitieron diversos oficios en los cuales se da contestación a las solicitudes planteadas, y se notificó a los representantes de la parte quejosa el trece de febrero de dos mil veinte, dejando de subsistir el acto impugnado y de producir sus efectos; habida cuenta que el auto de mérito repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 79 de la Ley de Amparo: S e r e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ignacio Dzul Aké, Evelyn del Socorro Manzur Góngora y María Mirna Aracelly Torres Rosado, contra actos del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, por las razones expuestas en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.

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