Ignacia de los Angeles Chale Lara
Expediente 210/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ignacia de los Angeles Chale Lara
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tienen por recibidos los oficios 630/2021 y sin número remitidos por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán y por el Actuario de su adscripción, con los que informan el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, los cuales se ordenan glosar a este expediente para que obren como correspondan y con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, pónganse los oficios de cuenta, así como el diverso oficio 305/2021 remitido por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y sus anexos, a la vista de las partes por el plazo de tres días para el uso de sus derechos y transcurrido dicho plazo, desahogada la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional resolverá lo que en derecho corresponda en términos del citado numeral 196, párrafo segundo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 201/2021 suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, autoridad señalada como responsable en los presentes autos, al que acompaña en apoyo al citado oficio las constancias conducentes del juicio laboral *********. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo 2003, visible en la página 386, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la junta responsable de emitir acuerdo mediante el cual de contestación al escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte, por el que le solicitó la ejecución del monto total del laudo, así como la falta de notificación de dicha contestación, en autos del juicio laboral 738/2016 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sin embargo, de las copias certificadas que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo a su informe justificado y al diverso oficio 201/2021, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, dio contestación a lo solicitado mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veinte por la parte quejosa, ordenando el requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $*****siendo que mediante audiencia de fecha veinte de noviembre de dos mil veinte, se le hizo entrega a la parte quejosa de dicha cantidad mediante el cheque ***** relativo a la cuenta ************ del Banco *****************, esto con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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