Ignacio Cruz Lerma
Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Cruz Lerma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas.Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por oficio a la autoridad responsable penitenciaria el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la cual, surtió efectos el mismo día y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diecinueve de agosto al ocho de septiembre de la presente anualidad, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto, así como tres y cuatro de septiembre todos del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión.Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años.En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años.Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción.Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula de los expedientes, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en cumplimiento al informe justificado y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, las documentales siguientes:( Seis discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el siete de enero, ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno, así como el diecinueve de enero de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA; y,( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el tomo I de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso Ignacio Cruz Lerma, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; por oficio a las autoridades responsables (a la foránea vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, por cualquier medio de comunicación interna al Actuario Judicial que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Intégrese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio PUE-EIL-E2C6-533/2022 signado por Emannuel Martínez Torres, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II-6 Puebla de la Delegación Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República; y, en atención a su contenido, téngase solicitando copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio; no obstante, a fin de que la representación social esté en mejores condiciones y en aptitud de continuar integrando la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0000799/2022, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- remítasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo 779/2021, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio a Emannuel Martínez Torres, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6 Puebla de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio PUE-EIL-E2C6-502/2022 signado por Emannuel Martínez Torres, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6 Puebla de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Puebla, mediante el cual, solicita que este órgano jurisdiccional, en colaboración con la investigación que se efectúa dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/PBL/0000799/2022, instruya al Actuario Judicial de la adscripción -que haya realizado las notificaciones al quejoso Ignacio Cruz Lerma a partir de la sentencia de amparo dictada el dieciocho de enero de dos mil veintidós- para que comparezca a las once horas del veintinueve de agosto de dos mil veintidós en las instalaciones de la citada fiscalía, a efecto de que se le recabe una entrevista en su calidad de testigo y comunique a la fiscalía la forma en la que se realizaron las notificaciones al quejoso en este asunto, desde el dictado de la sentencia. En ese sentido, dígase al fiscal oficiante que si bien es cierto, conforme al artículo 90, tercer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación al servidor público, distinto a los señalados en los párrafos primero y segundo de ese numeral, se hará por conducto del superior jerárquico respectivo, también es verídico que la forma idónea de obtener la información que requiere -"la forma en la que se realizaron las notificaciones al imputado citado en el trámite del juicio de amparo, desde el dictado de la sentencia"-, es a través de la documental pública respectiva. Por tanto, el fiscal deberá manifestar si es su deseo que este órgano jurisdiccional le expida nuevamente copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a fin de que esté en condiciones de constatar la forma en que se efectuaron las notificaciones al quejoso a partir de la sentencia de primera instancia emitida en autos. Lo anterior, tomando en consideración que en auto de siete de marzo de dos mil veintidós -en que se dio vista con hechos con apariencia de delito cometidos por el quejoso Ignacio Cruz Lerma-, se remitió, mediante oficio 287/2022 dirigido a Ramón Bautista González, Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano de control constitucional, copia certificada de todo lo actuado a partir de la citada sentencia de amparo (documental en la que se puede apreciar dicha conducta con apariencia de delito); lo cual, a su vez, fue remitido, por dicho fiscal federal, a Carolina Amor Romero Castellanos, Titular del Área de Ventanilla Única de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través del oficio 002/2022 de nueve de marzo del año en curso. Para mayor entendimiento, se ordena remitirle copia simple del acuse del indicado oficio 287/2022 de siete de marzo del actual, así como de la copia para conocimiento de la diversa misiva 002/2022 antes referida -registro 4348 de 2022-. Notifíquese por oficio a Emannuel Martínez Torres, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-6 Puebla de la Fiscalía General de la República, Delegación Estatal en Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de uno de agosto pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El dieciocho de enero de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte sobreseyó el asunto y, por otra, concedió el amparo al quejoso Ignacio Cruz Lerma, respecto de la determinación que lo vinculó a proceso, dictada en audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, celebrada dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, del Código Penal en el Estado de Puebla; por las razones expuestas en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Haciendo hincapié que se requirió a la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdo de veinte de enero del año en curso, se tuvo a la referida autoridad informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Inconforme con el fallo de amparo, la autoridad tercera interesada Cuauhtémoc Ulises Vázquez Wolburg, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía General del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 38/2022, en donde mediante ejecutoria dictada el catorce de julio de la presente anualidad confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el uno de agosto del actual, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y, con el contenido del oficio 1832/2022/JC y su anexo -registro 13152 de 2022, remitido por la referida autoridad en cumplimiento al fallo protector-, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se declaró inconstitucional la resolución dictada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, mediante la cual el juez de control responsable vinculó a proceso al quejoso Ignacio Cruz Lerma, por violar la garantía de exacta aplicación de la ley penal (legalidad), consagrada en el artículo 14 Constitucional, respecto al incorrecto encuadramiento del hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, del Código Penal en el Estado de Puebla. Consecuentemente, se concedió al quejoso el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dichos actos. Lo anterior, con base en las siguientes premisas: A. Que, con base en la institución jurídica de la preclusión, en este juicio no podía ser materia de estudio la resolución de imposición de la medida cautelar ni aquellas violaciones procesales que no se hicieron valer por la parte promovente, así como las que se no se invocaron de oficio por este juzgador en el juicio de amparo 45/2021 del índice de este juzgado, sino solamente aquellas violaciones de forma y de fondo que, en su caso, se cometieron al momento del dictado de la resolución de vinculación a proceso reclamado. B. Que si el quejoso estuvo o está en desacuerdo con algunas de las consideraciones que fueron plasmadas en la primera sentencia de amparo o estima que existieron más vicios procesales que subsanar, debió hacerlos valer en el recurso de revisión para que el Tribunal de Alzada, de resultar fundados sus agravios, las modificara o revocara. Asimismo, si a pesar de la concesión del amparo, el quejoso hubiere estimado que la responsable no cumplió con la ejecutoria en el sentido de corregir los vicios procesales detectados en la sentencia, tenía a su alcance el recurso de inconformidad que procede contra la determinación que declara por cumplida la ejecutoria, con el objeto de que el Tribunal de Alzada, de resultar fundados sus motivos de disenso, precisara que la responsable no acató cabalmente con el fallo protector y, por ende, requiriera su total cumplimiento . C. Que la fiscalía expresó los datos de prueba con los que sustentó su pretensión de vincular a proceso al aquí quejoso y que el auto de vinculación se emitió dentro del plazo constitucional. D. Que no se estableció correctamente el hecho con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, del Código Penal en el Estado de Puebla, ya que el fiscal no logró establecer objetiva ni claramente la existencia de esos recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que, a su decir, procedieron o representaron el producto de una actividad ilícita, esto es, aquéllos que, aparentemente, fueron sustraídos ilegalmente de la BUAP, por las personas que refirió en su imputación, tampoco en definir en qué consistió la actividad ilícita de donde derivó el recurso que se pretende reintegrar al sistema financiero. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamada. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia de amparo, resolver la situación jurídica del quejoso, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, debería señalar que el fiscal no logró establecer objetiva ni claramente la existencia de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que, a su decir, procedieron o representaron el producto de una actividad ilícita, esto es, aquéllos que, aparentemente, fueron sustraídos ilegalmente de la BUAP, por las personas que refirió en su imputación, tampoco en definir en qué consistió la actividad ilícita de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenar el cese de las medidas cautelares impuestas al ahora quejoso, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la citada causa penal. Asimismo, se precisó que el auto de no vinculación a proceso que se dictara no necesariamente impedía que el Ministerio Público continuara con la investigación y, posteriormente, formulara nueva imputación, de conformidad con el citado artículo 319 del código nacional, pues en la sentencia se consideró que no se cumplieron requisitos de fondo establecidos en el artículo 19 Constitucional. Bajo esa óptica, el fiscal se encontraba en aptitud de exponer los mismos datos de prueba e incluso de reunir nuevos para cumplir con los aludidos requisitos y, claro, subsanado los vicios detectados en este fallo, sin perjuicio de que el juez de control pudiera estimar actualizada alguna causal de sobreseimiento que culminara con el procedimiento penal. Finalmente, se dijo que el citado juez de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en audiencia oral de diecinueve de enero de dos mil veintidós, celebrada dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en contra del quejoso Ignacio Cruz Lerma en audiencia celebrada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, del Código Penal en el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla -resolución reclamada-. 2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno. 3. Enseguida, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia de amparo, resolvió la situación jurídica del quejoso, dictando auto de no vinculación a proceso, para lo cual, señaló que el fiscal no logró establecer objetiva ni claramente la existencia de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que, a su decir, procedieron o representaron el producto de una actividad ilícita, esto es, aquéllos que, aparentemente, fueron sustraídos ilegalmente de la BUAP, por las personas que refirió en su imputación, tampoco en definir en qué consistió la actividad ilícita de donde derivó el recurso que se pretendió reintegrar al sistema financiero a través del lavado de dinero. 4. Y, finalmente, ordenó el cese de las medidas cautelares impuestas al ahora quejoso, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente por cuanto a la referida causa penal. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate de formulación de la imputación, medida cautelar, solicitud de vinculación a proceso y plazo para el cierre de investigación complementaria, en los términos de las audiencias de ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno; iii) dictó auto de no vinculación a proceso por los motivos expuestos en la sentencia de amparo; y, iv) ordenó el cese de las medidas cautelares impuestas al ahora quejoso, únicamente por cuanto a la causa penal de origen. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso Ignacio Cruz Lerma, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables (a la foránea vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.
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