Ignacio Claveria Morant
Expediente 1264/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1264/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 26/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ignacio Claveria Morant
- Juez Primero de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del oficio 1220-II-A (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 1264/2016-II-A y dos cuadernos incidentales -original y duplicado-) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ignacio Clavería Morant. Ahora bien, háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.
- Principal
PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para resolver el presente juicio de garantías 1264/2016-II-A, promovido por Ignacio Claveria Morant, contra los actos del 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 4. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, consistente en la orden aprehensión dictada en su contra y su ejecución, atento a las consideraciones expuestas en considerando primero. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos de considerado segundo.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que es un hecho notorio que en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por emplazado a la tercero interesada María Lucila Alavéz Sosa, quien no señaló domicilio para recibir sus notificaciones en los términos precisados en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia. En consecuencia, se ordena notificar lo actuado el cinco, ocho y diecinueve de septiembre, todos de dos mil dieciséis, así como el presente proveído a la tercero interesada de referencia, para los efectos legales correspondientes. AUTO DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016: San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1264/2016-II-A, promovido por Ignacio Claveria Morant, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla2 Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca3 Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla 4 Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca En principio, resulta necesario establecer que para la tramitación del presente incidente de suspensión, en lo que se refiere a sus efectos formales y procesales se aplicará la Ley de Amparo abrogada, porque las autoridades que fueron señaladas como ordenadoras conocen del sistema penal tradicional, lo cual hace evidente que la presente incidencia deba tramitarse con la Ley de Amparo abrogada. Cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. EL TRÁMITE Y LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO EN LOS CASOS EN DONDE NO HAYA ENTRADO EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, DEBERÁN REGIRSE CONFORME A LA LEY DE AMPARO ABROGADA. De la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada (no así en la vigente), en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar, pues ésta debe entenderse como una institución unitaria; sin que sea válido establecer que la "parte general" será regulada por la nueva Ley de Amparo, y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, ya que la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes. Lo anterior, en aras de garantizarles un principio de seguridad jurídica, derivado de la existencia de sendas diferencias entre los sistemas de enjuiciamiento mixto y acusatorio que actualmente coexisten. Contradicción de tesis 75/2014. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 130, 131, 132, 133, 136 y 138 de la Ley de Amparo abrogada, pídase a las autoridades responsables su informe previo, quienes deberán rendirlo dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de su notificación, ante este Juzgado de Distrito, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, enviándoles para tal efecto copia autorizada de la demanda. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo abrogada se les impondrá una multa de forma separada, equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Así mismo, con fundamento en el artículo 134 de la Ley de Amparo abrogada, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí parte quejosa o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes. Apercíbase a dichas autoridades responsables que de no hacerlo, con fundamento en el precepto 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en relación con el 132 de la Ley de Amparo se les impondrá por separado una corrección disciplinaria por la cantidad equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil dieciséis, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. De la lectura íntegra de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: I. La orden de aprehensión, presuntamente dictada en su contra, así como su ejecución. En consecuencia, con fundamento en los artículos 124, fracciones I, II y III; 136, párrafos primero, cuarto y quinto y 138 de la Ley de la materia abrogada, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. En el entendido de que si el delito atribuido a la parte peticionaria del amparo por el que se le dictó la resolución combatida, se refiere a algún ilícito de los que conforme a la ley no se permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión producirá el único y exclusivo efecto de que la parte quejosa al ser aprehendida quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluida, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo, de conformidad con el párrafo quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada. La suspensión que se otorga dejará de surtir sus efectos si en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto, la quejosa no exhibe una garantía por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos, cero centavos moneda nacional),. En efecto, la parte quejosa podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera), debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta; pero de exhibirla en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: EN CASO DE EXHIBIR BILLETE DE DEPÓSITO: a) En el apartado AUTORIDAD asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y, b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado CONCEPTO deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a IGNACIO CLAVERIA MORANT en el incidente de suspensión 1264/2016-II-A. EN CASO DE EXHIBIR PÓLIZA DE FIANZA: a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión provisional concedida a IGNACIO CLAVERIA MORANT en el incidente de suspensión 1264/2016-II-A; y, c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que el artículo 124 bis de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías abrogada prevé como requisito de efectividad de la suspensión, que se exija a la parte quejosa la exhibición de una garantía, la que deberá fijarse tomando en consideración: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; y, II. La situación económica de la parte quejosa y la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias, a fin de que la parte quejosa, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que la parte inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que la parte promovente en su demanda de garantías no proporciona datos exactos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos la parte inculpada no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende. Tampoco es factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada hasta en tanto las autoridades responsables de la causa en su caso, informen respecto al delito que se atribuye a quien solicita el amparo, ya que existe peligro de que se ejecute la orden de aprehensión con notorios perjuicios para la parte quejosa, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, constitucional y 124, fracción III de la Ley de Amparo abrogada, el objeto de la suspensión es, precisamente, evitar que se causen tales perjuicios. Así, para el otorgamiento de la suspensión provisional que aquí se decreta, se toman en cuenta únicamente la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución del acto, por lo que lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, antes reseñado, se considerará al resolver lo procedente sobre la suspensión definitiva, para tal efecto, con fundamento en dicho precepto: a) Se requiere a los jueces penales responsables para que en el término de veinticuatro horas que se les otorgó para rendir su informe previo, manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que haya ordenado la aprehensión de la parte quejosa y, de ser necesario, remitan copia certificada de las constancias conducentes, asimismo, para que manifiesten el origen del acto reclamado, y si éste se dictó para el cumplimiento de una sentencia firme en el ámbito penal. b) Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 138, párrafo segundo del ordenamiento legal en cita abrogado, comparezca ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días a rendir su declaración preparatoria o para la continuación del proceso, debiendo acreditar el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del término de tres días siguientes a su presentación. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del erario federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar la orden de captura reclamada e internar a la parte quejosa en el reclusorio correspondiente. Signifíquese a la parte quejosa que la obligación descrita en el párrafo precedente será exigible hasta que tenga la certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. c) Se requiere al Juez Penal responsable para que a más tardar en la fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, informe del cumplimiento dado a lo señalado en el inciso anterior. Así mismo, se sirva informar si a la parte quejosa ya se le resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo contra el mismo acto reclamado. d) Con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 136 del citado cuerpo de leyes, se dicta como medida de aseguramiento de la parte quejosa a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de no concederse el amparo, que comparezca a firmar en el libro de procesados que gozan del beneficio de la libertad provisional bajo caución en el juzgado de la autoridad responsable, los días viernes de cada semana, desde que se notifique esta resolución y hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal. Signifíquese al juez penal responsable que deberá informar el incumplimiento de la parte quejosa de la medida antes referida. De igual modo, se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo establecido anteriormente, la suspensión dejará de surtir efectos dejando a las autoridades en aptitud de cumplir la orden de captura reclamada y se hará efectiva la garantía que, en su caso, exhiba. La medida cautelar no surtirá efecto alguno si la orden de captura reclamada es dictada por autoridad federal o por autoridad judicial distinta a la aquí señalada o si se sorprende a la parte quejosa en la comisión flagrante de delito. En caso de que el acto reclamado consista en una orden de reaprehensión dictada para el cumplimiento de una sentencia penal ejecutoriada, procede conceder la suspensión contra dicho acto para el efecto de que el sentenciado quejoso quede a disposición de este Juzgado por cuanto a su libertad personal y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar sólo se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme. Tiene aplicación la jurisprudencia por contradicción, cuyos rubro y texto son los siguientes: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, AUN CUANDO ÉSTA HUBIESE CAUSADO EJECUTORIA. Procede conceder la suspensión cuando el acto reclamado lo constituye la orden de reaprehensión dictada en cumplimiento de una sentencia condenatoria en contra del reo, aun cuando ésta hubiese causado ejecutoria. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que entre los requisitos previstos en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra el relativo a que con la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que la orden de reaprehensión es un acto independiente de la sentencia ejecutoriada, cuya legalidad y constitucionalidad no han sido determinadas, y puede contravenir las leyes que la rigen. Por tanto, procede conceder la suspensión contra dicho acto, con el objeto de que el responsable quede a disposición del Juez de Distrito únicamente por cuanto a su libertad personal, y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, lo cual no contraviene el interés social ni las disposiciones de orden público, pues con tal medida cautelar solamente se posterga la compurgación de la pena impuesta en la sentencia firme, ya que la sociedad está interesada en que quienes resulten penalmente responsables de la comisión del delito en una sentencia ejecutoria purguen la pena correspondiente. Esto es, al concederse la suspensión contra la orden de reaprehensión, no se determina que el sentenciado no compurgue dicha condena, sino que únicamente se postergue hasta en tanto exista certeza legal de que, con independencia de la sentencia firme, tal acto se haya llevado a cabo de acuerdo con la legislación que lo rige, y no se violen preceptos de la Constitución Federal; de no ser así, se afectarían disposiciones de orden público, aunado a que, en la observancia de la legislación relativa y de los principios contenidos en la Ley Fundamental, la sociedad en general tiene un interés superlativo, pues está interesada en que cualquier acto que afecte la libertad de una persona se lleve a cabo conforme a las disposiciones vigentes. Lo anterior no obstante que la parte quejosa reclame una orden de aprehensión pues en caso de que se hubiere designado erróneamente el acto reclamado por desconocimiento del impetrante del amparo, ello no da motivo a considerar que el acto no existe en la forma expresada por la parte quejosa. Por su contenido sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: ORDEN DE REAPREHENSIÓN. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL QUEJOSO AL INTERPONER SU DEMANDA DE AMPARO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo vigente, expídasele copia certificada por duplicado del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional. De conformidad con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. INTERLOCUTORIA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016: En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1264/2016-II-A (foja 6 vuelta), María Eugenia Gómez Villanueva, Jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistida de Maribel Pereda Corvera Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por IGNACIO CLAVERIA MORANT (fojas 1 a 4) y auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (suspensión provisional, con fojas 5 a 10). Y da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Por otra parte, agréguese el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se niegue la suspensión definitiva en el presente incidente; y, 3. Se le expida copia de la resolución correspondiente. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, así como la certificación secretarial que anteceden, para los efectos legales conducentes; y con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, por rendidos el informe de la autoridad en cita. Ahora bien, no obstante que en esta fecha se puso a la vista el informe antes aludido, no ha lugar a reservar la celebración de la presente audiencia, ya que el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada exige que la audiencia se realice dentro del plazo de cinco días, con informe o sin él. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, la parte quejosa están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, téngasele por hechas las manifestaciones vertidas de la Agente del Ministerio Público adscrita, EN VÍA DE ALEGATOS; solicitando se niegue la suspensión definitiva a la parte quejosa; y en su momento, notifíquesele la resolución que se dicte en este expediente. Cerrado el Periodo probatorio y abierto el de alegatos: la Secretaria hace referencia al pedimento 422/2016 de la Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrita a este órgano jurisdiccional. Enseguida, la Jueza acuerda: Ténganse por efectuadas las manifestaciones de la Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparo Penal adscrita a este órgano jurisdiccional, en vía de alegatos, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de amparo abrogada. Luego, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1264/2016-II-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por IGNACIO CLAVERIA MORANT; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por IGNACIO CLAVERIA MORANT, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, el acto reclamado en el presente asunto es: I. La orden de aprehensión; y su ejecución. TERCERO. Reserva de la audiencia incidental. Debe puntualizarse que de autos se advierte que las autoridades responsables 2. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y 4. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la fecha en que se actúa, no han rendido su respectivo informe previo ni existe constancia de la cual se advierta que estén notificadas del proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se les requirió su informe previo. En consecuencia, con la finalidad de que éstas tengan la debida oportunidad para rendir sus informes previos y este juzgado cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva, se reserva resolver lo procedente a la suspensión definitiva, señalando para tal efecto las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto se citan a continuación: AUDIENCIA INCIDENTAL, DIFERIMIENTO DE LA. CUANDO NO SE NOTIFICÓ A LA RESPONSABLE. Aunque por regla general, la audiencia incidental no debe diferirse por la naturaleza misma del incidente, sin embargo, para que pueda celebrarse es preciso que las autoridades señaladas como responsables, sean sabedoras del contenido de la demanda, a fin de que estén en condiciones de rendir su informe previo y sobre esa base, decidir si ha lugar o no a conceder la medida cautelar. De manera que si aquellas autoridades no son notificadas oportunamente del proveído que las requiere para que rindan su informe, debe diferirse la audiencia incidental, pues resulta inaplicable la presunción de certeza de los actos reclamados, ya que dichas autoridades no omitieron rendir su informe, sino que se vieron imposibilitadas para hacerlo; en consecuencia procede revocar la interlocutoria recurrida y ordenar la reposición del procedimiento. Sin perjuicio a lo anterior, requiérase al Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a fin de que en el término de cinco días, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional las piezas postales relativas a los oficios II-0989-G-2 y II-0989-G-4, dirigidos a las autoridades responsables 2. Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y 4. Director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, correspondientes a la facturación de seis de septiembre de dos mil dieciséis, misma que se le anexa. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo abrogada y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Aunado a lo anterior y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, remítanse los oficios mediante los cuales se les requirieron sus respectivos informes previos a las autoridades de mérito vía fax y telegráfica. CUARTO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA NEGÓ 14 3 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA NEGÓ 21 Las referidas autoridades responsables, al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. Por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de actos y autoridades responsables, respectivamente. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se reserva la audiencia incidental fijada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, para su celebración únicamente respecto a las autoridades responsables y en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por IGNACIO CLAVERIA MORANT, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas. INTERLOCUTORIA DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016: PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por IGNACIO CLAVERIA MORANT, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el oficio 5995/2016 signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 189/2016 (orden 751/2016) del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara al presente controvertido constitucional a la tercero interesada María Lucila Alavez Sosa. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en comento, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Así mismo, como de la certificación de cuenta se advierte que la tercero interesada María Lucila Alavéz Sosa, no señaló domicilio en esta ciudad de Puebla, para que reciba notificaciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de octubre del actual (fojas 32 a 34), y, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se ordena notificarle el presente auto, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. Con lo anterior, dese vista al incidente de suspensión que deriva del presente sumario constitucional para los efectos legales procedentes.
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