Ignacio Alfonso Sotelo Abbud

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Alfonso Sotelo Abbud

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, así como de la lectura integra de la demanda de amparo que diera origen al presente asunto, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Los actos de autoridad violatorios, desplegados en perjuicio del suscrito y de mi propiedad, realizados por el C. Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Juez Quinto Civil del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Secretario Actuario al Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, C. Juez Cuarto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, C. Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Cuarto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Juez Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, C. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, por mandato expreso del C, Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en virtud del cual se pretende privar del derecho de propiedad que le asiste al suscrito quejoso respecto del inmueble "PH1", con una superficie aproximada de 163m2 construidos y 11m2 de terraza aproximadamente ubicado en la torre "A", del conjunto de condominio "Mirabella Residencial", ubicado en Lomas del Río Oriente, número 82, manzana VIII, norte 9, colonia Riohondo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Precisado lo anterior, y después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó que en este mismo Juzgado Federal se encuentra radicado el juicio de amparo 855/2021-V, promovido por Ana Molchadsky Livovsky, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: III AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridad responsable ordenadora la siguiente: C. Juez Sexagésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Señalo como autoridad responsable ejecutora la siguiente: Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA reclamo el siguiente acto: Todos los actos, decretos, resoluciones, emplazamiento o notificaciones que se me hayan realizado, dictadas dentro del Juicio Especial Hipotecario, con número de expediente 1778/2009, seguido ante el Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por la hoy tercero interesada Promotores Asociados de Empresas, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de diversas personas ajenas y diversas al suscrito así como la orden de lanzamiento y/o desocupación y/o toma de posesión a favor del tercero interesado, lo que se traduce en la orden de lanzamiento y entrega de la posesión que se pretende ejecutar en contra de la quejosa, respecto del inmueble de mi propiedad, inscrito bajo el folio real electrónico 00075547 ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, identificado como departamento PB1-A (Torre A, Departamento PB1), Régimen de Propiedad en Condominio del Conjunto Habitacional denominado "Mirabella II", ubicado en el número 82, de la Avenida Lomas del Río Oriente, Lote 9, manzana VIII, Colonia Río Hondo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cabe aclarar que se ha ordenado la desocupación del inmueble de mi propiedad, sin que la suscrita haya sido llamada a juicio natural de donde emana el acto reclamado, por lo que no he sido oída ni vencida en el juicio natural de referencia. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA reclamo los actos siguientes: La ejecución de todos los actos que reclamo de la autoridad ordenadora, así como todos aquellos que estén en proceso de ejecutarse. Todo acto o diligencia por virtud de la cual se pretenda dar cumplimiento a las órdenes de mandamientos girados por la autoridad ordenadora por los que se pretende ejecutar la orden de lanzamiento y/o ejecución y/o toma de posesión a favor del tercero interesado, es decir la orden de lanzamiento y entrega de la posesión que se pretende ejecutar en contra del quejoso, respecto del inmueble de mi propiedad inscrito bajo el folio real electrónico 00075547 ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, identificado como departamento PB1-A (Torre A, Departamento PB1), Régimen de Propiedad en Condominio del Conjunto Habitacional denominado "Mirabella II", ubicado en el número 82, de la Avenida Lomas del Río Oriente, Lote 9, manzana VIII, Colonia Río Hondo, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por lo anterior, se advierte que se trata de asuntos que fueron promovidos contra la misma autoridad responsable, a saber, Juez Sexagésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y en contra de actos que derivan del mismo juicio de origen, es decir, del expediente 1778/2009, del índice del Juez Sexagésimo Cuarto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; lo que este Juzgador Federal toma en consideración como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para efectos de decretar la acumulación del juicio de amparo en que se actúa, al diverso 855/2020-V. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 24/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I. Décima Época, página 19, que establece: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal. En efecto, el objetivo primordial de la acumulación, es acatar el principio de economía procesal y la simplificación del procedimiento, traducidos en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo donde se haya señalado a las mismas autoridades responsables, se reclamen actos que deriven del mismo procedimiento de origen y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias, ello con independencia de que la Ley de Amparo, no contemple expresamente la figura jurídica de la acumulación; sin embargo, se emite la presente determinación en base a la Jurisprudencia citada con antelación y al artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, mismo que se lee: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." Con base en lo anterior, debe concluirse que para evitar que en los juicios de amparo que nos ocupan, se dicten fallos que resulten contradictorios respecto a un mismo acto, lo prudente es ordenar la acumulación del juicio de amparo 876/2021-III, al diverso 855/2021-V. Del análisis de los presente asuntos, se advierte que el expediente 876/2021-III, es más reciente que el diverso 855/2021-V, por tal motivo, el primero de los asuntos señalados deberá acumularse al segundo de los mencionados; lo anterior, por así advertirse de las papeletas de ingreso de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad. Cabe citar al respecto la tesis aislada, página ciento setenta y siete, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que literalmente establece: "ACUMULACIÓN. FACULTAD DISCRECIONAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA TRAMITARLA. Del análisis del artículo 57 de la Ley de Amparo, el cual establece que en los juicios de amparo, en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio, no se desprende que el dispositivo en cuestión imponga imperativamente la obligación, a cargo del juez de Distrito, para que en todo caso tramite la acumulación que llegara a plantearse, sino por el contrario le otorga atribución a fin de que, potestativamente, pueda decidir, si lo estima conveniente, iniciar el trámite que al efecto establece la ley mencionada." Por todo lo antes expuesto, remítanse los autos originales del presente expediente al diverso juicio de amparo 855/2021-V del índice de este Juzgado Federal, para que se provea lo conducente, así como el original y duplicado de los incidentes de suspensión derivados del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, lo procedente es dejar sin efectos la audiencia constitucional prevista para tener verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veintiuno, sin que sea dable señalar nuevo día y hora para tal efecto, ello toda vez, que será materia del sumario al cual serán acumulados los presentes autos. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL 876/2021-III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 876/2021- III, promovido por Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se procede a celebrarla ante la presencia de René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante Oscar Duran Valdés, Secretario que da fe, sin comparecencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias de autos entre las que se encuentran: 1. Copia simple de la demanda de amparo suscrita por Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho. 2. Auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se formó por duplicado y separado la presente incidencia y se proveyó sobre la suspensión provisional del acto reclamado. 3. Informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron y autos en los que fueron recibidos. Asimismo, el Secretario da cuenta con el estado de autos del que se advierte que en autos de cuatro de octubre del dos mil veintiuno se requirió a la quejosa para que en el término de tres días legalmente computados, manifestara la denominación actual y correcta de la autoridad: "Secretario Actuario Adscrito al Juzgado Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México". Que designó como responsable en su escrito inicial de demanda, plazo que a la data en que sea actúa no se tiene registro de que el quejoso haya aclarado la denominación, por lo que se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado dejándola de tener como autoridad responsable. Acto seguido el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes, y se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con relación al estado de autos a que se hace referencia, provéase lo conducente en al momento de dictar la resolución interlocutoria. Abierto el periodo de pruebas: El Secretario hace constar que en auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno el quejoso exhibe como prueba documental diversas copias certificadas consistentes en: ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506 de fecha 04 de Marzo del 2014, pasada en el libro de cotejos número 11, del contrato de Compra venta con reserva de dominio, sujeta a condición de fecha 26 de Abril del 2004, celebrado entre la moral Inmobiliaria y constructora Star Buildings, S.A. de C.V. representada en dicho acto por Allan Israel Atri y Michel Israel Atri, conjuntamente en su carácter de presidente y tesorero respectivamente del consejo de administración, en su calidad de vendedor y por otra parte Jaqueline Miche e Ignacio Sotelo, en su carácter de comprador. ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506 de fecha 04 de Marzo del 2014, pasada en el libro de cotejos número 11, del pagare de fecha 26 de Febrero del 2005, por la cantidad de $1,409,950.00 (un millón cuatrocientos nueve mil, novecientos cincuenta pesos 00/100) ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506 de fecha 04 de Marzo del 2014, pasada en el libro de cotejos número 11, de 23 pagares que amparan la cantidad de $28,000.00 (veintiocho mil pesos moneda nacional 00/100), signados en fecha 22 de abril del 2004 y cuatro pagares numerados por la cantidad de $75,000.00 (Setenta y cinco mil pesos moneda nacional 00/100), $77,600.00 (Setenta y seis mil seiscientos pesos moneda nacional 00/100), $248,000.00 (doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos moneda nacional 00/100), y $691,550.00 (Seiscientos noventa y un mil quinientos cincuenta pesos moneda nacional 00/100) ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506 de fecha 04 de Marzo del 2014, pasada en el libro de cotejos número 11, del recibo de pago expedido por Star Buildings, S.A. de C.V, expedido en fecha 26 de Abril de 2004, que ampara la cantidad de $180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos moneda nacional 00/100), por concepto de pago enganche inicial del departamento PH1, Torre "A". ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506 de cuatro de Marzo de dos mil catorce, pasada en el libro de cotejos número 11, del recibo de pago expedido por Star Buildings, S.A. de C.V, expedido en fecha 13 de Febrero de 2007, que ampara la cantidad de $22,000.00 (veintidós mil pesos moneda nacional 00/100), por concepto de pago Fonde de mejoramiento Mirabella II, PH1, Torre "A". ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 14,427 de fecha 15 de Marzo del 201, pasada en le libro de cotejos número 12, por lo que hace al acta de recepción del departamento PH1, Torre "A", del Conjunto residencial, "residencial Mirabella II", ubicado en A. Lomas del Río, Naucalpan de Juarez, Estado de México, C.P. 52830, de fecha 08 de Diciembre del 2006. ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506, de fecha 04 de Marzo del 2014, pasada en el libro de cotejos número 11, de la carta de finiquito de fecha 26 de Enero del 2009. ? Copia certificada pasada ante la fe del notario público Juan Carlos Villacaña Soto, Notario Público Número 85 del estado de México, según acta 13,506, de fecha 04 de Marzo del 2014, del contrato de cesión de derechos del 08 de diciembre del 2006. Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que para tal efecto ofreció la parte quejosa en su demanda de amparo, al haber sido remitidas por la responsable misma que será tomada en consideración al momento de emitir la resolución interlocutoria que en derecho corresponda. Abierto el período de alegatos: El Secretario hace constar que únicamente el quejoso hizo uso de este derecho. Acto seguido el Juez acuerda: Se tienen por formulados los alegatos de la quejosa, los cuales serán tomados en consideración al momento de resolver el presente incidente, sin más alegatos por reproducir se concluye con esta etapa. En los términos precedentes se tienen por desahogadas las etapas de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas y alegatos de la audiencia incidental, por lo que se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la resolución que en derecho proceda, con la que concluirá dicha audiencia. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 876/2021-III, promovido por Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en la copia de la demanda con que se formó este cuaderno, los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado el mismo día, Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan. SEGUNDO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución interlocutoria. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 140 y 144, de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo primero fracción II, segundo fracción II y cuarto fracción II, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa, tienen ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. En primer término, es preciso establecer que de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que son materia de estudio en la presente audiencia incidental, se hacen consistir en: ? La falta de emplazamiento al juicio 1778/2009, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, así como, todo lo actuado dentro de dicho asunto. ? La orden de lanzamiento emitido en el Juicio Especial Hipotecario 1778/2009, dictado por el Juez responsable, donde ordena la desocupación el inmueble ubicado en departamento PH1, Torre "A", del Conjunto residencial, "residencial Mirabella II", ubicado en A. Lomas del Río, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 52830 y en su caso proceder al lanzamiento del mismo, del cual aduce tener la posesión. TERCERO. Las siguientes autoridades al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto reclamado. 1. Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. 2. Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. 3. Notificadora Enlace Adscrita al Juzgado Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, 4. Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables citadas negaron la existencia del acto reclamado, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia incidental, sin que lo haya hecho. En consecuencia, si en la especie los actos reclamados son un hecho positivo, era obligación de los agraviados probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. En tal virtud, como la parte promovente del amparo no aportó pruebas en contrario, procede negar la suspensión definitiva por OSCAR DURAN VALDES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.38.cb 09/10/23 14:39:05 las autoridades de mérito y por los actos reclamados en cita, al no existir materia sobre qué aplicarla. CUARTO. Por otro lado, las siguientes autoridades aceptaron la existencia de los actos reclamados: 1. Ejecutor Adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México 2. Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 3. Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México 4. Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Se procede al análisis de los requisitos precisados en los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución,1 y 128, 131, segundo párrafo, 138 y 147 de la Ley de Amparo,2 a efecto de determinar si se debe conceder la suspensión en el presente asunto: a) Que sea material y jurídicamente posible dictar la medida cautelar. En primer lugar, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción 1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." 2"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público Artículo 131. [.] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: [.] Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. [.]." de tesis 85/20183, determinó que el elemento clave para determinar si el acto reclamado es susceptible de ser suspendido, es decir, si la medida cautelar resulta material y jurídicamente posible, radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, ello con independencia de la naturaleza del acto reclamado4. Sobre esas bases, primeramente, debe decirse que si bien uno de los actos reclamados podría considerarse de carácter omisivo, lo cierto es que éste tiene efectos positivos al incidir directamente en la ejecución del otro acto reclamado; por ende, se estima que los actos reclamados, sí son susceptibles de ser suspendidos, porque requieren de un actuar por parte de las autoridades responsables, que aún no ha sido ejecutado, por lo tanto, los efectos de la suspensión -que de acuerdo al artículo 147, de la Ley de Amparo seria que las autoridades no ejecuten el lanzamiento ordenado del bien inmueble que defiende la quejosa-, se actualizarían de momento a momento, y en su caso los efectos para los que se conceda sí podrían ser suspendidos en caso de que se niegue la suspensión definitiva, o inclusive, el amparo en la sentencia ejecutoria. En otras palabras, la concesión de la suspensión, no es susceptible de dejar sin materia el juicio de amparo. Por tanto, se estima que los actos reclamados sí son susceptibles de ser suspendidos. b) Que exista la solicitud de la parte quejosa; Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la 3Resuelta el dieciséis de enero de dos mil diecinueve por mayoría de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 4 Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Página 286, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." petición la realice la persona que vea afectado su interés ya sea jurídico o legítimo por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con los actos reclamados, pues según lo expuesto en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, el quejoso refiere que con motivo de la tramitación del juicio Especial Hipotecario 1778/2009, del índice del Juzgado Sexagésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, se le pretende desalojar y lanzar del inmueble ubicado en departamento PH1, Torre "A", del Conjunto residencial, "residencial Mirabella II", ubicado en A. Lomas del Río, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y para acreditar indiciariamente su interés suspensional exhibe el original del contrato de compraventa celebrado con Inmobiliaria y constructora Star Buildings, S.A. de C.V. (vendedor), sin que se le haya dado intervención, aun cuando ejerce un derecho de posesión sobre el inmueble citado. Por ello, se estima que existen elementos suficientes que evidencian con cierto grado de certeza el interés jurídico del quejoso, en tanto éste puede resentir una afectación en su derecho de posesión, al ser la persona que resentirá de manera directa la orden de desocupación y lanzamiento que por esta vía se reclama. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 4/2009, emitida por la Primera Sala, legible en la página 515, Tomo XXIX, abril de 2009, publicada en el Seminario de Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien." c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, debiéndose realizar, en su caso, un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Al respecto, este juzgador, en términos del artículo 129, de la Ley de Amparo, estima que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que no se continúa con el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; no se permite la producción o el comercio de narcóticos; no implica la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; tampoco conlleva el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; no se impide la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave; el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción. Tampoco se permite el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil; no se afectan intereses de menores o incapaces ni se les puede causar trastorno emocional o psíquico; no se impide el pago de alimentos; ni el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, no se incumplen con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación; tampoco se incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afecta la producción nacional; no se impiden ni interrumpen los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras; no se impide la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo, del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se obstaculiza al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Federal. Así, reunidos los requisitos señalados, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute la orden de lanzamiento y desocupación del departamento PH1, Torre "A", del Conjunto residencial, "residencial Mirabella II", ubicado en A. Lomas del Río, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, hasta en tanto las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva que se llegare a dictar en el presente incidente de suspensión. Requisitos para que continúe surtiendo efectos la suspensión. El artículo 132, primer párrafo de la Ley de Amparo5 establece que, para el caso de que sea procedente la suspensión, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora, con los datos que hasta este momento se tienen se puede considerar que con la concesión de la medida cautelar no se está impidiendo la obtención de una cantidad líquida, sino que obstaculiza la disposición del bien inmueble dentro del juicio del que derivan los actos reclamados, lo que impide que se pueda destinar a su uso, o bien a arrendarlo, lo cual genera una afectación directa al derecho humano de propiedad privada reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último precepto que señala que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. En consecuencia, para hacer efectivo el texto del artículo 132, de la Ley de Amparo, que establece que el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo, se concluye que la garantía que se fije por esos conceptos debe atender al monto que, en todo caso, el tercero interesado pudiera obtener de las rentas generadas por el inmueble del que no podrá disponer. Lo anterior es así, porque con motivo de la suspensión decretada, la parte tercera interesada está imposibilitada para usar, 5 "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo (.)" disponer y disfrutar los inmuebles materia del juicio de origen, lo que genera un daño, pues mientras el quejoso lo ocupe, impide a aquélla a obtener las ganancias lícitas que derivaren de la renta de ese bien. Por tanto, para obtener datos objetivos para establecer la rentabilidad del inmueble materia del juicio de origen, este juzgado al momento sólo cuenta con los datos expresados en la demanda y documentales ofrecidas; sin embargo, no se desprende elemento objetivo alguno que proporcione al suscrito, indicios respecto de algún monto que la parte tercera interesada pudiera recibir por rentar tal inmueble. Con la dirección del inmueble descrito con antelación, se puede determinar aproximadamente el valor en que la parte tercera interesada podría rentarlo y determinar así, los daños que sufrirá mientras surta efectos la suspensión decretada a favor de la quejosa, al no disponer de dicho bien raíz. Así, tenemos que atendiendo al dispositivo 79 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que faculta a los juzgadores a valerse de cualquier persona o de cualquier documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin más limitación de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos a dilucidar; los órganos jurisdiccionales pueden auxiliarse de las herramientas tecnológicas actuales, tales como el internet que permite accede a múltiples bases de datos, acorde al tipo de conocimiento del que se tenga la necesidad de ilustrar. Da sustento a lo que antecede, la tesis en materia civil, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo criterio es el que puede consultarse en la página mil trescientos seis, tomo XVI, agosto de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO." Ahora bien, atiende a las características con las que hasta este momento se cuenta sobre el bien raíz materia del juicio natural, se puede acceder a portales de internet especializados en el mercado inmobiliario, a fin de conocer de manera objetiva, práctica y rápida cuál es el parámetro que existe acerca del monto de las rentas con respecto a casas situadas en el Municipio de Naucalpan, Estado de México. Ejemplo de ello es el sitio electrónico https://www.inmuebles24.com/departamentos-en-renta-en lomasdelrio.html, en el cual es susceptible obtener el valor de una renta mensual de inmuebles ubicados en la Avenida Lomas del Río, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, zona en la cual se ubica el inmueble materia de litis, datos que constituyen un hecho notorio susceptible de ser invocado en una resolución. Corrobora lo considerado, la tesis número I.3o.C.35 K(10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, de número de registro 2004949, cuyo título dice: "PÁGINAS WEB ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIOY SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓNJUDICIAL." Así al hacer la consulta relativa en la página electrónica https://www.inmuebles24.com/departamentos-en-renta-en lomas del rio.html, se aprecian datos diversos departamentos en renta en Avenida Lomas del Rio, que oscilan entre 22,000.00 (veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional) y $28,000.00 (veintiocho mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, por lo que al sacar un promedio de esas cantidades se obtiene el monto de $25,00.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional)mensuales, que se estima sería la cantidad aproximada que el tercero interesado podría obtener de rentar el inmueble materia del juicio de origen, lo que ese dato debe tenerse como base objetiva para efectuar el cálculo de la garantía por los posibles daños y perjuicios que pudiera causarse al tercero interesado. En ese tenor, debe tomarse en cuenta el tiempo probable en que se resolverá el juicio de amparo, pues ese será el tiempo que en su caso surta efectos la suspensión concedida al quejoso, que traerá como consecuencia que la parte tercera interesada no pueda disponer del bien inmueble descrito. Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 46/2012 (10a.)determinó que la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la parte quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero interesado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo entre otros a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos. Al acudir a los datos proporcionados por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, que aparece en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx, referentes a la productividad de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, en el año dos mil diecinueve, por ser la fecha más próxima de la que se reporta información (rubro en el que se hace alusión al número de días que transcurren en ese órgano jurisdiccional, desde el ingreso de los juicios de amparo hasta que se emite la sentencia),se tiene que ese lapso es de 56.76 (cincuenta y seis punto setenta y seis días. En relación a la segunda instancia, debe destacarse que tomando en cuenta que de momento no se sabe si será recurrida esta determinación, y por ende, menos aún a que Tribunal Colegiado en Materia Civil podría corresponder el conocimiento del mismo, se obtendrá la media de la totalidad de los Órganos Colegiados en esa materia, y al acudir a la citada estadística, en el rubro en el que se hace alusión al número de días que transcurren desde el ingreso hasta que se emite la sentencia delos amparos en revisión, arroja un promedio de 47.12 (cuarenta y siete punto doce días), que es la media promedio que debe tomarse en consideración para la resolución de la segunda instancia en relación a los Tribunales Colegiados en Materia Civil. El criterio invocado, es consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Página 363, que dice: "GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO ENAMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DELTIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIOPARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos" Así, la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos00/100 moneda nacional) mensuales, que se estima sería la cantidad mínima aproximada que el tercero interesado podría obtener de rentar el inmueble materia del juicio de origen, multiplicados por tres (3), da como resultado es $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que es el tiempo en que se estima se resolverá el juicio en el que se actúa, en definitiva. En conclusión, la garantía que deberá exhibir la parte quejosa dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación, para que continúe surtiendo efectos la suspensión aquí decretada es la cantidad de es $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). La garantía decretada deberá ser cumplida, con el apercibimiento que de no hacerlo Se reitera dicha garantía podrá ser exhibida en billete de depósito, expedido por Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, o en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, garantía que se fija en términos delo expuesto en la presente determinación ejecutar el acto reclamado. En el supuesto de que pretendan exhibir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores, de conformidad al artículo 877, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince, los mismos se recibirán en el Órgano Jurisdiccional únicamente mediante billete de depósito certificado u otro instrumento análogo. En caso de presentar billete de depósito el mismo deberá ser expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el rubro atinente a concepto deberá precisarse que es para garantizar la suspensión definitiva concedida dentro del incidente derivado del juicio de amparo 876/2021-III, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. Y en el supuesto de que exhiban póliza de fianza, deberán ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 5, tercer párrafo, fracción V y 45, de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 174, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse, en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el numeral 282, del citado ordenamiento. Por lo expuesto y fundado con apoyo, además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Ignacio Alfonso Sotelo Abbud, por propio derecho, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la promoción de cuenta, por medio de la cual rinde su informe previo la autoridad responsable siguiente: Juez Sexagésimo Cuarto de lo Civil en la Ciudad de México Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 140, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase por rendido dicho informe y dese cuenta con el mismo al momento de la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se les dio vista con los informes justificados rendidos por el Juez y Ejecutor, ambos adscritos al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México Para dar margen a lo anterior lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y día disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este órgano de control constitucional. Al respecto, con apoyo en el numeral 25, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente en la audiencia constitucional de manera virtual, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia y proporcionen un correo electrónico; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que manifiesten tal situación, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan al desahogo de la audiencia constitucional en forma virtual, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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