Igancio Luna Catsro
Expediente 345/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Igancio Luna Catsro
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que aducen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES ... Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Asimismo, a criterio de este órgano federal no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. En diverso aspecto, con relación a los documentos que la parte quejosa exhibió, con fundamento en el citado artículo 21 del acuerdo general, se dejan a su disposición, previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Finalmente, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---------- y ----------, ambos por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 345/2021-IV. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, de la atenta lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa hace consistir su reclamo en: La interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Ecatepec, con residencia en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, relativa al incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, dentro del juicio ejecutivo mercantil 279/2019; así como su auto aclaratorio de sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno. De lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento sine qua non con relación a que deben agotarse antes de promover el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". A efecto de evidenciar la actualización de la improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta traer como hecho notorio los antecedentes que dieron lugar al acto aquí reclamado, los cuales se extraen de la ejecutoria emitida dentro del juicio de amparo directo 833/2019 promovido por Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero, contra el acto de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de la que incluso la parte quejosa hace relación en su escrito inicial de demanda, los cuales son: Mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, ante el Juzgado Cuarto Civil de Ecatepec, con Residencia en Coacalco, Estado de México, en la vía ejecutiva mercantil Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de sus apoderados ----------, ----------y ---------- demandaron de ---------- y ----------, las siguientes prestaciones: "A. El pago de la cantidad de $823,543.54 (Ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y tres pesos 54/100 M.N), por concepto de suerte principal (capital vencido), tal y como se desprende del estado de cuenta certificado realizado por contador público facultado por nuestra representada para tal efecto, Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES.--------------------B).El pago de la cantidad de $14,470.10 (Catorce mil cuatrocientos setenta pesos 10/100 M.N.), por concepto de Intereses Ordinarios correspondiente a las mensualidades con vencimiento desde el día 03 de octubre de 2018 hasta el 03 de noviembre de 2018, de conformidad con lo establecido en la cláusula Séptima del Capítulo Segundo del Contrato base de la acción, tal y como se desprende del Estado de Cuenta certificado realizado por contador público facultado por nuestra representada para tal efecto, Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES, más los que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia.---------------------------------- C). El pago de la cantidad de $51,914.81 (Cincuenta y un mil novecientos catorce pesos 81/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios causados a partir del 04 de noviembre de 2018 y hasta el 20 de febrero de 2019, de conformidad con los establecido en la cláusula Octava del Capítulo Segundo del Contrato de compra base de la acción, tal y como se desprende del Estado de Cuenta Certificado realizado por contador público facultado por nuestra representada para tal efecto, Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES, más los que se sigan generando hasta la total resolución del presente juicio, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia. ---------------- D) El pago de la cantidad de $2,635.07 (Dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 07/100 M.N) por concepto de Comisión por Autorización del Crédito Diferida, generadas del vencimiento del 03 de octubre de 2018 hasta el 20 de febrero de 2019, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Primera del Capítulo Segundo del Contrato de base de la acción, tal y como se desprende del Estado de Cuenta Certificado realizado por contador Público facultando por nuestra representada para tal efecto, Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES.-------------------- E) El pago de la cantidad de $412.60 (cuatrocientos doce pesos 60/100 M.N), por concepto de Comisión por Cobranza correspondiente al vencimiento de fecha 03 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en la cláusula Décima Primera del Capítulo Segundo Contrato base de la acción, tal y como se desprende del Estado de Cuenta Certificado realizado por contador Público Facultado por nuestra representada para tal efecto . Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES.-------------------------------------------------- F) El pago de la cantidad de $66.02 (Sesenta y seis pesos 02/100 M.N), por concepto de impuesto al valor agregado sobre las comisiones por cobranza correspondiente al vencimiento de fecha 03 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Tercera del Capítulo Segunda del Contrato base de la acción, tal y como se desprende del Estado de Cuenta Certificado realizando por contador Público facultado por nuestra representada para tal efecto, Estado de Cuenta que se acompaña al presente escrito como ANEXO TRES.------------------------------------------------ G) El pago de gastos y costas que origine el presente juicio." 2. Por auto de veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, el Juez Cuarto Civil de Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado y emplazar a Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero, para que en el término de ocho días dieran contestación a la instaurada en su contra y para oponer las excepciones correspondientes. 3. Seguido el juicio por su trámite legal, la Juez dictó sentencia el cinco de julio de dos mil diecinueve, en la que sus puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Por los motivos establecidos en los considerandos que anteceden, se declara que ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil ejercitada por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE para la tramitación y sustanciación de este juicio, en la que la parte actora probó su acción, en tanto que la parte demandada IGNACIO LUNA CASTRO Y ARACELI SAUCEDO ROMERO contestaron la demanda incoada en su contra sin acreditar sus excepciones ni defensas.------------------------------------------------------ SEGUNDO. Se condena a IGNACIO LUNA a pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE las siguientes cantidades: - La cantidad de $823,543.54 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de capital vencido;--------------------------------- La cantidad de $14,470.10 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios correspondientes al período del tres de octubre de dos mil dieciocho hasta el tres de noviembre de dos mil dieciocho; ----------------------- La cantidad de $51,914.81 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses moratorios causados a partir del cuatro de noviembre de dos mil dieciocho al veinte de febrero de dos mil diecinueve; -------------------------- La cantidad de $2,635.07 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de autorización de crédito diferida desde el tres de octubre de dos mil dieciocho hasta el veinte de febrero de dos mil diecinueve;------------------------------------------------------ La cantidad de $412.60 (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de comisión por cobranza correspondiente al vencimiento de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho;------------------------------------------------------- La cantidad de $66.02 (SESENTA Y SEIS PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuesto al valor agregado sobre las comisiones por cobranza correspondiente al vencimiento de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho.----------------- En términos de los considerandos precedentes, concediéndole al sentenciado el plazo de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución para hacer pago de las mismas apercibido que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución de la sentencia lo que en derecho corresponda.----------------------------------------------------- TERCERO. Se condena además a ---------- a pagar a la parte actora los demás intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando a partir del día cuatro de noviembre de dos mil dieciocho y hasta la total liquidación del presente adeudo, lo que deberá liquidarse conforme a las bases establecidas en el propio contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria base de la presente acción en ejecución de sentencia, corriendo a cargo de la actora exhibir el correspondiente certificado de adeudos por medio de contador público facultado para la liquidación de los conceptos antes señalados, mismo que deberá ajustarse a lo pactado por las partes en el contrato base de la presente acción.------ CUARTO. Se condena a ---------- a pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE las costas generadas en la presente instancia, las que igualmente deberán ser liquidadas en ejecución de sentencia en términos de la ley del Arancel correspondiente.------------------------------------------------ QUINTO. Se absuelve a ARACELI SAUCEDO ROMERO de todas las prestaciones que se le fueron reclamadas en términos de los considerandos precedentes.----------------------------------------------------- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE". 4. Inconformes con la anterior determinación ----------, en su carácter de apoderado de Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca múltiple, Grupo Financiero Banorte y el codemandado ---------- interpusieron recurso de apelación, del que conoció la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, México, quien el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve dictó sentencia; cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Los agravios formulados por el codemandado ----------, resultaron infundados e inoperantes; en tanto que, los motivos de disenso hechos valer por la actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, por conducto de su apoderado legal, resultaron en esencia fundados; en consecuencia.------ SEGUNDO. Se modifica la sentencia combatida, para quedar en los términos siguientes: -------------------------- "Primero: por los motivos establecido (sic) en los considerandos que anteceden, se declara que ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil ejercitada por BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, para la tramitación y sustentación de este juicio, en la que la parte actora probó su acción, en tanto que la parte demandada IGNACIO LUNA CASTRO Y ARACELI SAUCEDO ROMERO contestaron la demanda incoada en su contra sin acreditar sus excepciones ni defensas.---------------- SEGUNDO. Se condena a IGNACIO LUNA CASTRO Y ARACELI SAUCEDO ROMERO a pagar a la parte actora BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE las siguientes cantidades:-------------- La cantidad de $823,543.54 (OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 54/100 moneda nacional) por concepto de capital vencido.------------ La cantidad de $14,470.10 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses ordinarios correspondientes al periodo del tres de octubre de dos mil dieciocho hasta el tres de noviembre de dos mil dieciocho.---------------------- La cantidad de $51,914.81 (CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de intereses moratorios causados a partir del cuatro de noviembre de dos mil dieciocho al veinte de febrero de dos mil diecinueve.------------------------- La cantidad de $2,635.07 (DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 07/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de autorización de crédito diferida desde el tres de octubre de dos mil dieciocho hasta el veinte de febrero de dos mil diecinueve.----------------------------- La cantidad de $412.60 (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de comisión por cobranza correspondiente al vencimiento de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho.--- La cantidad de $66.02 (sesenta y seis pesos 02/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de impuesto al valor agregado sobre las comisiones por cobranza correspondiente al vencimiento de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho.--- En términos de los considerandos precedentes, concediéndole a los sentenciados el plazo de cinco días contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución para hacer el pago de las mismas apercibidos que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución de la sentencia lo que en derecho corresponda.-------------------- TERCERO. Se condena además a IGNACIO LUNA CASTRO Y ARACELI SAUCEDO ROMERO, a pagar a la parte actora los demás intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando a partir del día cuatro de noviembre de dos mil dieciocho y hasta la total liquidación del presente adeudo, lo que deberá liquidarse conforme a las bases establecidas en el propio contrato de apertura de crédito y garantía hipotecaria base de la presente acción en ejecución de sentencia, corriendo a cargo de la actora exhibir el correspondiente certificado de adeudos por medio del contador público facultado para la liquidación de los conceptos antes señalados, mismo que deberá ajustarse a lo pactado por las partes en el contrato base de la presente acción.------------------------ CUARTO. Se condena a IGNACIO LUNA CASTRO Y ARACELI SAUCEDO ROMERO, a pagar a BANCO MERCANTIL DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE las costas generadas en la presente instancia, las que igualmente deberán ser liquidadas en ejecución de sentencia en términos de la ley del Arancel correspondiente."------- QUINTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.------ 5. Dicha resolución, fue el acto reclamado en el juicio de amparo directo 833/2019 promovido por los aquí también quejosos Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero, en el que, mediante ejecutoria de doce de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal. 6. Finalmente, la institución actora en el juicio principal Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte promovió incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, el que fue resuelto por interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, que en el caso, constituye el acto reclamado. De lo antes narrado se evidencia, que contra las determinaciones aquí combatidas la parte quejosa debió interponer recurso de apelación, en los términos que al efecto señalan los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, vigente al momento en que se inició el juicio de origen, que establece: "Art. 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 (Seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." De la transcripción anterior se tiene que las partes podrán recurrir en apelación las resoluciones interlocutoras, siempre y cuando lo fueran las definitivas tomando en cuenta la cuantía del negocio principal; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación de la determinación que ahora señala como reclamada. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que en el juicio ejecutivo mercantil se condenó a los demandados, ahora quejosos Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero a pagar a la parte actora Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por concepto de capital vencido, la cantidad de $823,543.54 (ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y tres pesos 54/100 moneda nacional), por lo que en términos de lo previsto en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio vigente en la época de los hechos, la sentencia definitiva era recurrible toda vez que el monto del negocio era mayor a ($662,957.06) seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos, prevista en tales preceptos para el año dos mil diecinueve, circunstancia que incluso se actualizó, pues inconforme con la sentencia de primera instancia, la institución bancaria actora, así como el codemandado Ignacio Luna Castro interpusieron recurso de apelación, del que conoció y resolvió la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec, México. En consecuencia, al ser apelable la sentencia condenatoria, también lo son los autos y las interlocutorias dictadas en el procedimiento mercantil, pues en términos de lo dispuesto en el citado 1341 Código de Comercio, las interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas, para dar claridad a lo anterior, resulta necesario tener en cuenta los artículos 1339 y 1340, que disponen en: "Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. . Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $662,957.06 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Los numerales antes transcritos necesariamente deben interpretarse conjuntamente, dado que contienen reglas generales aplicables al procedimiento mercantil, respecto de la procedencia del recurso de apelación considerando el monto del negocio. Así, en el primer párrafo del artículo 1339 expresamente, se estatuye que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a ($662,957.06) seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos. Ello se reitera en el numeral siguiente, en el que se niega la procedencia del recurso de apelación aludiendo específicamente a los "juicios mercantiles", cuando por la cantidad que se reclama se substancien en juzgados de paz o de cuantía menor, así como en el supuesto de que el valor del negocio sea inferior a la referida cantidad. En ese sentido, dicha regla está indicada para los autos, acuerdos, interlocutorias y sentencias, esto es, en general, para las determinaciones dictadas en el juicio mercantil; sin embargo, la procedencia del recurso está condicionada a la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar. Lo anterior permite establecer que, procede el recurso de apelación contra las interlocutorias emitidas en los juicios mercantiles cuando el monto de lo reclamado sea superior a $662,957.06 seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos con seis centavos, por concepto de suerte principal; lo que en el caso se actualiza, dado que el monto de lo condenado en el juicio principal excedió lo previsto en el numeral 1339 del código mercantil, pues como se vio, Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero fueron condenados a pagar a la parte actora, por concepto de capital vencido, la cantidad de $823,543.54 (ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y tres pesos 54/100 moneda nacional). Con base en lo anterior, debe considerarse que contra la resolución reclamada es necesario agotar el recurso de apelación, en términos de los artículos 1340 y 1341 del Código de Comercio, porque al existir una prestación de cuantía determinada, superior a la suma que señala dicho numeral para que proceda el recurso de apelación, es suficiente para estimar la improcedencia del amparo indirecto. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.13o.C.41 C sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de dos mil nueve, página tres mil ciento setenta y tres, cuyo contenido es: RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. EN LOS JUICIOS INICIADOS CON POSTERIORIDAD A LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN VIGOR A PARTIR DEL 17 DE JULIO DE 2008, SÓLO ES APELABLE CUANDO EL MONTO DE LA SUERTE PRINCIPAL RECLAMADA EN EL JUICIO SEA MAYOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación sistemática de los artículos 1339, 1340 y 1348 del Código de Comercio reformados el diecisiete de abril de dos mil ocho se concluye, que la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución de un incidente de liquidación depende directamente de la cuantía de la suerte principal del juicio cuya sentencia definitiva se pretende liquidar; es decir, aun cuando se trate de sentencia que ponga fin a un incidente de liquidación, debe atenderse al monto del negocio; por ende, si en un juicio ejecutivo mercantil se reclamó una cantidad menor a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en cuenta intereses y accesorios, la sentencia definitiva no será apelable y, en consecuencia, tampoco lo serán los autos ni interlocutorias que se dicten en el mismo. De no interpretarlo así, las resoluciones recaídas a los incidentes de liquidación de sentencia resultarían apelables en cualquier caso, lo cual nulificaría la intención del legislador al proscribir el recurso de mérito contra los autos, interlocutorias y sentencias dictadas en los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal no exceda de doscientos mil pesos. Lo anterior es aplicable siempre y cuando la demanda hubiera sido admitida después del diecisiete de julio de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las citadas reformas al Código de Comercio. Por tanto, contra el acto reclamado en esta vía constitucional consistente en la sentencia interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno y auto aclaratorio de sentencia de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, de conformidad con lo antes expuesto, la parte quejosa debió interponer el recurso de apelación, dado que, a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de la determinación que combate. Sin que en la especie, la parte peticionaria de amparo se encuentre en alguno de los casos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los actos aquí reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. De la misma forma, no consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, o una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos u orden de arresto. Las determinaciones que se combaten, tampoco encuadran en el supuesto de afectación a la libertad personal de la parte quejosa que actualizaría una excepción al principio de definitividad, ni resultan extraños al procedimiento, pues como se advierte de los antecedentes, son parte demandada en el juicio de origen. En ese mismo orden, la procedencia del recurso señalado, no se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal no se considera insuficiente para determinarlo, para que la parte quejosa quede en libertad de interponer dichos recurso o acudir al juicio de amparo, pues los numerales analizados, respectivamente, establecen en qué casos procede el recurso de apelación, esto es, la propia legislación es precisa y no requiere de una interpretación adicional, para concluir que la parte quejosa debió interponer el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Ignacio Luna Castro y Araceli Saucedo Romero, ambos por propio derecho. En otro orden, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo designado. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, a Francisco Ignacio Mora Pérez, Erika Serrano Ocampo, Jorge Vargas Moctezuma y Norma Alcántara Pichardo, quienes podrán gozar de las amplias facultades que les confiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así las diversas personas que refiere, quienes únicamente podrán oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula en el sistema antes referido. En diverso aspecto, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Se hace del conocimiento de la promovente que el número telefónico oficial del Secretario encargado del asunto Luis Daniel Hernández Ortiz, siendo el número 55 53870500, extensión 1385, para la atención del presente asunto. En otro orden, se hace del conocimiento de la quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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