Ignacio Alejandro Guzman Natera
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Ignacio Alejandro Guzman Natera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio. Por recibido el oficio signado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene por informando que dicho tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y le correspondió el número de amparo en revisión ********************. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas del fallo constitucional dictado en el presente juicio de amparo, así como del auto en que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la parte quejosa. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Integración de expediente. Se reitera a las partes, que en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que sea necesario agregarse al expediente físico; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. Disposición de expediente electrónico. En tales condiciones, se pone a disposición de la superioridad, el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para su consulta, por tanto, se instruye al Analista Jurídico Sise para que habilite la consulta electrónica de éste asunto al tribunal de alzada; lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito signado por el licenciado Arturo Herrera Saldaña, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL****************************************En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Maura Verónica Reyes Seáñez, secretaria que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito, y las pruebas documentales ofrecidas. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.********************VISTOS; y,********************RESULTANDO****************************************PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ****************************************Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Ignacio Alejandro Guzmán Natera, solicitó el amparo protección de la justicia federal en contra las autoridades Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, y otra, de las cuales reclamó los actos que al efecto precisó. ****************************************En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo.******************** ********************La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 983/2023-VII, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados correspondientes y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos.****************************************Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa.****************************************CONSIDERANDO ****************************************PRIMERO. Competencia. ****************************************Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse una legislación estatal, con motivo de un acto de aplicación, en el que se aduce tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito.****************************************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 146/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, página 324, de rubro siguiente: ****************************************"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE".****************************************SEGUNDO. Fijación del acto reclamado.****************************************Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio.****************************************Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que ésta exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. ****************************************Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes:****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511).****************************************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255).****************************************Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes:****************************************Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo.****************************************i. La discusión, aprobación, expedición, promulgación firma y publicación de los artículos 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64 y 65 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023.****************************************ii. La expedición y promulgación de los artículos 11 al 38 del Decreto por el que se Otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, correspondiente al ejercicio fiscal de 2023.****************************************iii. Lo anterior, con motivo de su primer acto de aplicación, materializado en el cobro contenido en los recibos de pago con números de folio 769411391-A y 769411395-A de uno de junio y treinta y uno de mayo, de dos mil veintitrés.****************************************Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio, y en su caso, abordar el fondo del asunto.****************************************TERCERO. Existencia de los actos reclamados.****************************************Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo.****************************************La certeza de los actos que en el ámbito de su competencia se atribuye a las autoridades antes señaladas, se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del decreto que contiene la norma reclamada, pues forma parte de un ordenamiento jurídico general, abstracto e impersonal; de modo que constituyen presupuesto y materia propia del conocimiento del juzgador.****************************************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, página 260, de rubro siguiente:****************************************"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". ****************************************Máxime, que la norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, de cuya divulgación se desprende su existencia; lo que constituye un hecho notorio, y como tal, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º.****************************************Sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV, febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente:****************************************"LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA".****************************************Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional.****************************************CUARTO. Causales de improcedencia del juicio.******************** ********************Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas.****************************************En el caso, la autoridad responsable Congreso y Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, al rendir su informe justificado alegó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa no son idóneas para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, al constituir formatos de pago y no comprobantes de liquidación en institución bancaria.****************************************Debe desestimarse la actualización de esa causal de improcedencia. ****************************************En efecto, contrariamente a lo aducido por las autoridades responsables, la parte quejosa sí exhibió documentos idóneos para justificar el acto de aplicación, pues en el caso, ofreció como prueba los recibos de pago con números de folio 769411391-A y 769411395-A, los cuales cuentan con la clave de autorización estatal que garantiza la procedencia del mencionado formato único de pago, como si se tratara de los documentos con firmas autógrafas, según lo dispone el artículo 16 del Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza.****************************************Por tanto, los recibos de pago en cuestión tienen plena validez para acreditar el pago de las contribuciones reclamadas, y gozan de valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.****************************************Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2000, página 112, de rubro siguiente: ****************************************"LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS".****************************************Por otra parte, respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, consistente en la firma y publicación de la legislación impugnada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, éste último, interpretado en sentido contrario.****************************************Ello, ya que a ésta no le corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que los actos que se le reclaman no fueron impugnados por vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo de la norma tildada de inconstitucional.****************************************Efectivamente, en términos del artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio de la norma general reclamada, deben ser señaladas como responsables, únicamente cuando se impugnen sus actos por vicios propios; es decir, que en la demanda de amparo se formulen conceptos de violación tendentes a desvirtuar por ilegal el procedimiento mismo del refrendo y publicación de la normativa señalada como inconstitucional. ****************************************En el caso, de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa hubiere formulado concepto de violación alguno tendente a combatir de ilegal el procedimiento de firma y publicación de la norma reclamada en el que tiene participación la autoridad responsable.****************************************Por tanto, al no combatirse vicios propios de su actuación en el proceso legislativo del Decreto reclamado, no les corresponde el carácter de autoridad responsable para efectos de esta instancia, y procede sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo.****************************************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 23, octubre de 2015, tomo III, página 2248, de rubro siguiente:****************************************"AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS".****************************************Luego, al no advertirse otra causal de improcedencia, resulta procedente analizar los conceptos de violación que formula la parte quejosa.****************************************QUINTO. Conceptos de violación.****************************************No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción.****************************************Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente:****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU RANSCRIPCIÓN".****************************************SEXTO. Decisión judicial.****************************************Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en su escrito de demanda, por lo siguiente.****************************************La parte quejosa sostiene, en esencia, que los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3), así como los artículos 11 al 34 del Decreto por el que se otorgan Estímulos Fiscales en Materia de Contribuciones Estatales, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el año dos mil veintitrés, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal.****************************************Es así, debido a que los derechos por inscripción o registro de documentos que fueron motivo de los cobros reclamados se establecieron tomando en consideración al tipo de acto u operación que se contiene en el documento a inscribirse y al monto de la operación; y en el caso, para fijar el monto del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado representa la prestación del servicio independientemente del valor de la operación.****************************************Ello, ya que por servicios similares se cobra la cantidad de $308.00 pesos, porque en el año 2016 se cobraba una cuota mínima de $1,640.00 pesos, aumentando desproporcionalmente a la actual, lo cual se encuentra viciado de origen.****************************************Del mismo modo, compara la cuota fija que se cobra respecto el mismo derecho en otros Estados de la República. ****************************************En ese sentido, la tasa o cuota establecida no va en relación directa con el costo que representa para el Estado la prestación de ese servicio, ya que la cantidad a pagar depende del monto o valor de la operación que se contenga en el documento a inscribir; por lo que, el monto a pagar será distinto, atendiendo al valor de la operación, no obstante que para el Estado representa el mismo costo prestar el servicio de inscripción de los documentos cuando su valor sea de cierta cantidad, exceda de la anterior cantidad, o bien cuando se refiere a la cancelación de inscripciones en el registro o por inscripción de avisos preventivos por cada lote o inmueble, otorgando así un trato inequitativo y desproporcional.****************************************Asimismo, la parte quejosa argumenta que los preceptos impugnados al establecer que por los mismos servicios se cobren cantidades distintas, atendiendo tanto al valor de la operación como al contenido o denominación del documento a inscribir, se traduce en un trato desigual y desproporcional para sujetos que reciben el mismo servicio por parte del Estado, ya que contrariamente a ello, a la autoridad le genera el mismo esfuerzo y costo al inscribir un título o documento que contenga la transmisión de un inmueble que el cancelar la inscripción, aún y cuando no se conozca el importe de los derechos pagados para su inscripción.****************************************Además, a través del decreto en cuestión por el que se otorgan estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales, se establece un trato diferenciado al fijar diversos descuentos a la citada cuota atendiendo el valor de la operación contenida en el documento que se inscribe, lo que al final genera que los contribuyentes paguen distintas cuotas por un mismo servicio.****************************************Así, en concepto de la parte quejosa, los artículos combatidos son inconstitucionales, porque otorgan un trato distinto para sujetos que se encuentran en la misma situación, pues no obstante que el hecho generador del derecho es el mismo para todos -la inscripción o cancelación de inscripción-, la ley otorga un trato desproporcional e inequitativo, ya que atienden al valor de la operación y a la denominación formal del concepto. ****************************************En conclusión, la parte quejosa sostiene que si existen diferentes cantidades, cuotas o montos para el pago de los derechos registrales, pero es igual el procedimiento que debe realizar el Registro Público de la Propiedad en todos los casos, es evidente que las cantidades o cuotas no guardan relación con el servicio prestado, pues atienden a un elemento ajeno que es, en el caso particular, el monto o valor de la operación a inscribir, así como la denominación formal del concepto, inscripción o cancelación.****************************************Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que por razón de método, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se analizaran de manera conjunta, dada la simetría de su contenido, y en un orden distinto al que fueron planteados.****************************************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, de rubro siguiente: ****************************************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO".****************************************De inicio, debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:****************************************"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:****************************************(.)****************************************IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes".******************** ********************De la anterior trascripción, se colige que en materia tributaria las leyes y los actos realizados con apoyo en éstas, deben atender entre otros, a los principios de proporcionalidad y equidad, además de que toda contribución, debe cumplir con los requisitos de legalidad, que significa que debe estar prevista en la ley, ser equitativa y proporcional y destinarse a sufragar los gastos públicos; tratándose de derechos fiscales, éstos principios de proporcionalidad y equidad están regidos por un sistema distinto al de los impuestos, dada la naturaleza de este tipo de contribuciones. ****************************************La contribución en análisis es un derecho, definido en el artículo 3º del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.****************************************Entonces, los derechos por servicios, son una especie del género de las contribuciones, que tiene su causa en la recepción de lo que propiamente se conoce como actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, con motivo de la cual se establece una relación singularizada entre la administración y el usuario, que justifica el pago del tributo.****************************************Así, la causa generadora de los derechos es la prestación de un servicio, característica que los distingue de las demás contribuciones, y para que cumplan con los principios de equidad y proporcionalidad establecidos el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciban igual servicio, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el estado tenga la ejecución del servicio.****************************************Pues bien, los artículos 54 y 60 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente para el ejercicio fiscal 2023, establecen lo siguiente:****************************************"(ANTERIORMENTE ARTÍCULO 79, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016)********************ARTÍCULO 54. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos a la propiedad, causarán derechos conforme a la siguiente:******************** ********************TARIFA******************** ********************(REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019)********************I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.).****************************************(REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) ********************II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos:****************************************1). Por la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado.******************** ********************2). Por la inscripción de la escritura constitutiva de sociedades civiles y asociaciones de carácter civil, así como cualquier modificación a la escritura constitutiva.******************** ********************3). Los contratos mercantiles en que medie condición suspensiva, resolutoria, reserva de dominio o cualquier otra modalidad que dé lugar a una inscripción complementaria para su perfeccionamiento.******************** ********************4). La inscripción de gravámenes sobre bienes inmuebles, sea por contrato, por resolución judicial o por disposición testamentaria; la de los títulos por virtud de los cuales se adquieran, transmitan, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles, distintos del dominio; los que limiten el dominio del vendedor, del embargo, así como de cédulas hipotecarias, de servidumbres y de fianzas.****************************************5). (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019)****************************************(REFORMADO, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) ********************6). Las inscripciones que deriven de la inscripción de actos jurídicos por los que se deban pagar los derechos establecidos en el artículo 60 fracción II, de la Sección de Comercio.******************** ********************7). La inscripción de títulos de propiedad, de bienes o derechos que modifiquen, aclaren o disminuyan el capital y sólo sean consecuencia legal de contratos que se otorguen por las mismas partes que figuran en la primera escritura, sin aumentar el capital ni transferir derechos.******************** ********************8). La inscripción del título o contrato cuando se aumente el capital o se transfiera algún derecho.****************************************(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) ********************Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción y al Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza deban registrarse, se incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan.********************(ANTERIORMENTE ARTÍCULO 82, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2016)********************.********************ARTÍCULO 60. Los servicios prestados por el Registro Público, relativos al comercio, causarán derechos conforme a la siguiente:****************************************TARIFA****************************************(REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019)********************I. El examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse esta por no ser procedente o cuando se devuelva sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará $308.00 (TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.).****************************************(REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2022) (REFORMADA, P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 2021) (REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018) (REFORMADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017); ********************II. Se pagará una cuota de $23,089.00 (VEINTITRÉS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), en los siguientes supuestos:****************************************1). La inscripción de la escritura constitutiva de sociedades mercantiles o de las relativas a aumentos de su capital social.******************** ********************(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019)********************2). Tratándose de sociedades mercantiles de capital fijo, por los aumentos de capital que se presente para su inscripción y sus modificaciones;****************************************(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2020)********************3). La inscripción actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración.****************************************(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2019) (ADICIONADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2018)********************Además de los servicios por la inscripción de los actos jurídicos que conforme a esta fracción deban registrarse, incluyen los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición de los asientos registrales digitales, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y en lo general todo aquello que genere una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan.****************************************III. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017).****************************************IV. (DEROGADA, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2017);" ****************************************De los preceptos legales transcritos, se observa que establecen una cuota fija de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por la inscripción ante el Registro Público de los documentos que ahí se señalan, tales como la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por medio de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración.****************************************Asimismo, se advierte que esa tarifa incluye los costos por su revisión, calificación de procedencia, la publicidad y disposición para su consulta de los asientos registrales digitalizados, así como la utilización de recursos materiales, humanos y tecnologías de la información para la clasificación y presentación de la información y todo aquello que se requiere para una adecuada conservación y archivo perene de los documentos que se resguardan. ****************************************Ahora bien, contrariamente a lo aducido por la parte quejosa, los citados artículos en modo alguno establecen distintas tarifas ni hacen distinción entre los actos jurídicos que son materia de inscripción, pues como se puede advertir de su contenido, éstos establecen la misma tarifa tanto para inscripción de documentos en los que se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado, así como aquéllos en los que conste la celebración de contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración.****************************************Dicho de otro modo, los preceptos legales en análisis no introducen un elemento ajeno para la cuantificación del pago del derecho -como es el valor de lo que ha de inscribirse-, toda vez que el legislador local estableció expresamente una cuota fija para el cobro por derechos del servicio de inscripción de documentos relativos a la propiedad y créditos de cualquier clase, a razón de $23,089.00 (veintitrés mil ochenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, al fijar el legislador una cantidad para todos los casos en los cuales se solicite la inscripción o cancelación de inscripción se cubrirá la misma cuota establecida independientemente del monto de la operación.****************************************Además, tampoco existe un mecanismo que tome en consideración el monto de la operación del acto jurídico o documento a inscribir, para cuantificar el derecho por la inscripción, esto es, no se prevé algún elemento extraño para la fijación del costo, sino que, según esa norma, es igual para todos los que reciben el mismo servicio.****************************************Por tanto, si la tarifa que se le cobró a la parte quejosa como derecho por el servicio de inscripción de documentos, no atiende a un elemento ajeno para la cuantificación del citado pago, como es el valor de lo que ha de inscribirse, es inconcuso que los preceptos impugnados no adolecen del vicio de inconstitucionalidad aducido, y por ende, no trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.****************************************Del mismo modo, el hecho que sobre la cuota fija señalada como contraprestación por la realización del servicio, el legislador hubiere determinado la aplicación de un estímulo fiscal que será calculado de acuerdo con el valor que resulte mayor entre el de la operación, el del avalúo o el catastral o entre otros factores, ello no implica que se transgredan los principios de justicia tributaria, porque en primer término se determina la cuota fija para todos los que soliciten el mismo servicio, y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal concedido por el legislador, el cual para nada incide o repercute en alguno de los elementos esenciales del derecho de inscripción reclamado, para poder considerar que el estímulo tenga una relevancia impositiva.****************************************Es así, porque éste no integra ni forma parte de la mecánica para la determinación del derecho, ya que incluso, desapareciendo el estímulo fiscal concedido por el legislador, todos los elementos esenciales del derecho combatido subsisten, debido a que el estímulo no está adherido a ninguno de esos elementos esenciales, como son el sujeto pasivo, el objeto del derecho, la base, o su tasa o tarifa; por lo que, la aplicación del estímulo no rompe con la naturaleza del derecho de inscripción impugnado, pues primero se determina la tarifa que se está cobrando como contraprestación de acuerdo al costo fijado por el legislador y, posteriormente, se aplica el estímulo fiscal correspondiente.****************************************Así, aun cuando en algunos casos se aplica un estímulo del 80% y en otros no existe estímulo por el monto de la operación a registrar, por el valor de la operación; lo cierto es que ello no significa que la ley dé un trato distinto a personas que se encuentran en situaciones análogas, pues el valor de la contraprestación fijada por el legislador es igual para todos los sujetos que solicitan el servicio; y si bien, posterior a la determinación del pago de la contraprestación, se puede aplicar un estímulo al contribuyente dependiendo del valor de la operación, fijado de acuerdo a una tabla que va de un límite inferior a límite superior, esto de ninguna manera implica que se dé un trato inequitativo o desproporcional a personas que solicitan el mismo servicio, pues en este caso, el estímulo fiscal no incide o repercute en alguno de los elementos del derecho.****************************************Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2ª./J.26/2010, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, marzo de 2010, página 1032, de rubro siguiente: ****************************************"ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN". ****************************************Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.185/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, diciembre de 2010, página 497, de rubro siguiente:****************************************"ESTÍMULO FISCAL. EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO DEBE LLEVARSE A CABO BAJO LA ÓPTICA DE LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA TRIBUTARIA".****************************************En otro aspecto, no asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que los artículos impugnados, se cobran por otros servicios, en cantidades inferiores a las normas reclamadas, y que por ello existe una distinción en el cobro por los servicios prestados por el Registro Público.****************************************En efecto, en los dispositivos legales señalados por la parte quejosa, se advierte que prevén, respectivamente, que el examen de todo documento público o privado que se presente para su inscripción, cuando se rehúse ésta por no ser procedente, o cuando se devuelvan sin inscribir a petición del interesado o por resolución judicial o se deniegue por causas insubsanables, o cuando no se cumpla con los requisitos exigidos en la suspensión, se pagará la cantidad de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100). ****************************************No obstante ello, si bien los artículos 54 y 60, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, prevén una diversa cuota inferior a los preceptos reclamados; lo cierto es, que aquellas porciones normativas prevén servicios distintos a la inscripción o registro de documentos que refieren los artículos tildados de inconstitucionales, pues disponen el pago de $308.00 (trescientos ocho pesos 00/100), cuando se rehúse la inscripción de documentos públicos o privados que se presenten con esa finalidad; pero no así la inscripción de documentos previstos en las diversas porciones normativas que reclama la parte quejosa.****************************************Por lo que, los servicios que se contemplan en esos numerales no guardan similitud con los servicios previstos en los artículos 54, fracción II, inciso 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, la inscripción o registro de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier clase de títulos, por virtud de los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, aun cuando el valor del documento a inscribir sea indeterminado; así como la inscripción de actos relacionados con contratos de arrendamiento financiero, de créditos de cualquier clase, hipotecarios, prendarios, refaccionarios, de habilitación o avío y otros, otorgados por instituciones de crédito, agrupaciones financieras o particulares, o su reestructuración.****************************************Además, el solo hecho que existan cuotas distintas para inscribir un documento ante el Registro Público de la Propiedad, no implica que ello torne inconstitucional la legislación combatida, en la medida que, como puede apreciarse, son distintos los procedimientos a efectuar dependiendo del documento a inscribir.****************************************De modo que, si en el caso, los preceptos legales combatidos establecen una tarifa mayor a las diversas señaladas en dispositivos distintos, ello obedece al proceso que implica su inscripción; sin embargo, el procedimiento no se agota en un solo acto genérico de inscribir, ni se trata de idéntico servicio, pues la actividad registral requiere una estructura administrativa, operativa y funcional para alcanzar su fin, que también depende de la naturaleza y no del monto del documento a inscribir.****************************************Aunado a que, las tarifas que se establecen en la legislación combatida, no tienen por qué ser iguales para todos los documentos que se pretendan inscribir, en la medida que, dependiendo de su contenido, ameritan un análisis diferente, pero ello no hace patente la inconstitucionalidad de la norma reclamada, y dicha confronta es insuficiente, por sí sola, para considerarla inconstitucional, en la medida que las legislaturas locales cuentan con la libre configuración en materia tributaria, sin mayor exigencia que las disposiciones que emitan se encuentren apegadas a la Constitución.****************************************Máxime, que la parte quejosa omitió aportar medios de prueba a fin de acreditar que el monto por el servicio de inscripción de documentos, previstos en los preceptos 54, fracción II, incisos 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda de Coahuila de Zaragoza, es superiores al costo que tiene en el mercado, y por ende, desproporcional, pues únicamente exhibió como probanzas las documentales consistentes en los recibos con número de folio 769411391-A y 769411395-A de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, las cuales si bien tienen valor probatorio al contener el sello digital que acredita su autenticidad, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no son idóneas para configurar un parámetro que permita determinar si, efectivamente, existe o no un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio.****************************************Apoya lo expuesto, la tesis 2a. CX/2013 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 2, enero de 2014, tomo II, página 1589, que señala lo siguiente:****************************************"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen".****************************************No pasa desapercibido lo argumentado con relación a las legislaciones de referencia que estiman cobros análogos, sin embargo, con base en los razonamientos antes indicados, la parte quejosa no probó que el costo que representa para el Estado, es superior al costo que tiene en el mercado, y por ende, desproporcional.****************************************Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado, por lo que hace a los artículos 54, fracción II, incisos 1) y 60, fracción II, inciso 3) de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila de Zaragoza.****************************************Por lo expuesto y fundado, se resuelve:****************************************PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Ignacio Alejandro Guzmán Natera, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.****************************************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara no protege a Ignacio Alejandro Guzmán Natera, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.****************************************Notifíquese.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Igfi Arturo Pérez Gómez1887/2022
- Igfi Arturo Pérez Gomez831/2021
- Igfi Arturo Pérez Gómez1433/2018
- Igfi Arturo Pérez Gómez32/2022
- Ignacia Celedonia Hernández2138/2015
- Ignacia Yolanda Orozco Sánchez368/2018
- Ignacio Antonio Velazquez Rosas1343/2021
- Ignacio Becerra Saucedo1233/2018
- Ignacio Benjamín Torres Vazquez1655/2023
- Ignacio Carrillo Acevedo1059/2018
- Ignacio Carrillo Reveles864/2021
- Ignacio Carrillo Reveles972/2018