Igfi Arturo Pérez Gómez

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Igfi Arturo Pérez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a once de febrero de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite el Recaudador de Rentas de Lerdo, Durango, por medio del cual informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector; lo que informa para los efectos legales a los que haya lugar. Requerimiento a la parte quejosa. Como lo solicita la autoridad ocursante, requiérase a la parte quejosa a efecto que dentro del término de tres días, contado a partir que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste si tiene registrada alguna cuenta bancaria, en caso de que así sea, proporcione el número de la cuenta, clabe interbancaria, sucursal, plaza y banco, así como también copia de cédula de identificación fiscal y copia del estado de cuenta bancario, a fin de que la autoridad responsable dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo y pueda hacer la transferencia electrónica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Escrito. Visto lo de cuenta, se recibe el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio. Recurso de revisión. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación, por lo que, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancie el recurso de mérito, anexando el original y copias del escrito de interposición del recurso y agravios, para los efectos legales correspondientes. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer la historia procesal completa del Juicio de Amparo en que se actúa. Traslado. Con excepción de la parte recurrente, distribúyanse entre las demás partes copia del referido medio de impugnación, para los efectos legales correspondientes. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a trece de enero de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio 295/2021 signado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en La Laguna, al que acompaña el juicio de amparo 18/2021-III, promovido por Igfi Arturo Pérez Gómez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz, por considerar la actualización de la hipótesis contenida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Acuse de recibo. Acúsese de recibo de estilo. Se avoca al conocimiento del asunto. Este juzgado acepta el returno planteado y asume el conocimiento del asunto. Compensación. Ahora, toda vez el expediente en el que se actúa fue remitido de manera directa a este órgano jurisdiccional, infórmese dicha situación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, a fin de que proceda a su registro en el sistema y realice la compensación correspondiente de la demanda de amparo en favor de este juzgado, a cuyo efecto, remítase copia del oficio de cuenta y de la demanda de amparo, para los efectos legales correspondientes. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por Igfi Arturo Pérez Gómez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 32/2021-III. Incompetencia por razón de territorio. En ese sentido, vista la demanda de amparo, este juzgado federal estima que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo por razón de territorio. En efecto, en primer lugar es preciso dejar establecido que las reglas generales de competencia relativas al juicio de amparo, previstas por el artículo 37 de la Ley de la Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De lo anterior surgen las hipótesis de competencia siguientes: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Fijado lo anterior, de la primera de las hipótesis pueden derivarse cuatro supuestos específicos en los que se establece la competencia del Juez de Distrito de acuerdo a lo siguiente: a) el lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquél en donde: 1. El acto aún no ha sido ejecutado, y 2. En virtud de las autoridades responsables y el análisis de la demanda de amparo, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tiene que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, que es aquél donde la ejecución comenzó a llevarse a cabo con la finalidad de consumarla, pero que, sin embargo, no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendentes a consumar el acto, no fue posible el producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se ejecute, es aquél en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. d) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquél en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos, actos de tracto sucesivo y actos consumados con efectos que se prolongan en el tiempo. Ahora, en la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los que a continuación se digitalizan: Una vez analizada la demanda en su integridad, se advierte que el quejoso reclama la omisión, dilación y paralización total de su entonces causa penal 14/2017, hoy proceso penal J-17/2019, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz, lo anterior, en razón de que la autoridad responsable no ha dado el trámite correspondiente a su proceso, en razón de que a la fecha no ha sido enjuiciado, vulnerando así, su derecho una justicia pronta, completa y expedita. Ahora bien, dadas las características y naturaleza de los actos reclamados, requieren de ejecución material, pues sus efectos se traducen en que se le dé seguimiento a la causa penal de referencia, por lo que es claro que sus efectos se traducen al procedimiento y se materializan en el lugar donde éste se tramita. Así, a fin de establecer con precisión el principio de ejecución que se atribuye a los actos reclamados, conviene precisar, a manera de orientación, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los efectos de un auto de formal prisión tienen ejecución material, de ahí que algunos implican: 1) Dejar al inculpado cautelarmente privado de su libertad en un centro de reclusión destinado a la prisión preventiva. 2) Dejar al ahora procesado a disposición del juez de primera instancia. Luego, tales efectos necesariamente se trasladan de manera directa al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, ello aun cuando el quejoso se encuentre recluido en otra jurisdicción, por lo que el juez competente para conocer del juicio de amparo promovido en contra de un acto que incide en el procedimiento, es el que radica en la jurisdicción del juez de la causa, pues es ante su potestad que el procesado se encuentra sometido. Consideraciones sustentadas en jurisprudencia 1ª./J. 118/2011 (9ª.), con número de registro 160608, localizable en la página dos mil ciento ochenta y tres, libro III, Diciembre de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". En tales condiciones de si de la demanda de cuenta se advierte que el acto reclamado esencialmente es la omisión, dilación y paralización total de su entonces causa penal 14/2017, hoy proceso penal J-17/2019, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz, lo anterior, en razón de que la autoridad responsable no ha dado el trámite correspondiente a su proceso, en razón de que a la fecha no ha sido enjuiciado, vulnerando así, su derecho una justicia pronta, completa y expedita; dicho acto se traduce en la permanencia del quejoso en el Centro de Reinserción Social en el que se encuentra recluido y por ende, es un acto de ejecución material para los fines del juicio de amparo; pues tales actos son con motivo o derivan de la ejecución material de la vinculación a proceso en el proceso penal de origen J-17/2019, del índice del mencionado órgano jurisdiccional. De modo tal que, los actos reclamados por el quejoso, al contar con un principio de ejecución, y se insiste, estos efectos se trasladan directamente al proceso penal de origen. En consecuencia, si el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé entre otros supuestos que el juez competente para conocer de un amparo es el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del juez de la causa, la ejecución material de dichos actos, será en el lugar de residencia del juez que conoce del proceso penal, y, por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo contra dichos actos se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de instancia que conoce del proceso penal, en el caso, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno. Regla de competencia aplicable. En efecto, lo es la contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo que ordena que será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame tenga ejecución, porque se reclaman entre otras cosas, la omisión y dilación procesal en la causa penal que se instruye en su contra, las cuales tienen un principio de ejecución. En ese sentido, los actos tendrán ejecución en la causa penal J-17/2019, radicada ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz, porque ahí es donde se busca que los derechos ejercidos por el quejoso produzcan su mayor beneficio, por tanto, el competente para conocer del juicio de amparo es el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno. Lo anterior es así, aunque se mencione en la demanda que el impetrante está privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS Durango", con residencia en Gómez Palacio, Durango, puesto que, si bien, se podría argumentar que regularmente la dilación procesal en el procedimiento penal carece de ejecución material, lo cierto es que sí tienen un principio de ejecución, como se precisó, ya que tiene entre sus efectos que el procesado permanezca privado de su libertad a disposición del juez de la causa; de ahí que repercuten directamente en el procedimiento que se le instruye, en interrelación con los efectos precisamente en causa penal J-17/2019, radicada ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Acayucan, Veracruz. En ese sentido, quien esto resuelve estima que cuando se reclama una omisión como la que se reclama en la demanda de amparo en estudio, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recae en el órgano de amparo que ejerce jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Ello es así, puesto que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Sobre todo si se tiene en cuenta que el no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 1a./J. 24/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1873, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital 2023548, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Aunado a lo anterior, debe tenerse en consideración que en el caso, debe privilegiarse la justicia expedita que se logra si la competencia del juicio de amparo recae en el juzgador de amparo con sede en el mismo lugar donde se substancia el procedimiento de donde derivan los actos, porque esa cercanía favorece la pronta solución del juicio de amparo. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por primer párrafo del referido artículo 37, y 48, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del Número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al Número a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Igfi Arturo Pérez Gómez, y declina la misma en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, jurisdicción en que se instruye el proceso penal contra el quejoso, puesto que como se precisó los actos reclamado tienen un principio de ejecución que se trasladan directamente a la libertad del procesado en interrelación con el proceso penal. Adicionalmente, debe considerarse que el criterio aquí sostenido, obedece, sobre todo, a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 constitucional. En tales condiciones, con apoyo en lo previsto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se declina la competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, en turno, por lo que remítasele el original de la demanda promovida por Igfi Arturo Pérez Gómez, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para que resuelva lo que en derecho corresponda, respecto a la incompetencia planteada. Acuse. Solicítese respetuosamente informe a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el centro en donde se encuentra recluido y que indican en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.

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