Ignacia Sánchez Rodríguez
Expediente 1615/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1615/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ignacia Sánchez Rodríguez
- Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe la quejosa ************ , mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dos de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de referencia, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre la materia de la queja a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el dos de junio de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo promovida por ************ , con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados. Remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en turno, el escrito original de expresión de agravios, para la substanciación de dicho recurso; y, a través de la acción de vinculación - relación de expedientes mediante SISE - requiérase a la Oficial Judicial A de este juzgado, para que realice adecuadamente los movimientos necesarios en el sistema que posibiliten la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico, en términos de la circular DGGJ/0012/2020, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, del diez de julio del dos mil veinte, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual remite, testimonio de la ejecutoria de dieciocho de mayo del año en curso, dictada dentro del recurso de queja administrativo 429/2022, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja.". Anótese el registro y acúsese recibo. Ahora bien, en acato a la citada ejecutoria de amparo y como lo ordena la superioridad, la Juez acuerda: Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias que se acompañaron a la misma, se precisa que el acto reclamado en este juicio lo constituye la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión interpuesto contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento administrativo de derechos sucesorios 801/2015. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la ineludible obligación de quien conozca de la demanda de amparo, de analizarla en su integridad y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Así, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, así como de las constancias respectivas; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con anterioridad, se advierte de manera notoria y manifiesta, que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los mencionados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a los numerales transcritos, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos seguidos en forma se juicio, se encuentra supeditada a dos hipótesis (i) que se trate de la última resolución, o (ii) que sean actos de imposible reparación; es decir, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestra que producen consecuencias que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la Ley de Amparo, en su artículo 107 señala en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V (antes transcrita), cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este supuesto de afectación sustantiva, no se puede catalogar a la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, por el Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, en el recurso de revisión en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento administrativo de derechos sucesorios 801/2015.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el ocurso que suscribe la quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto de referencia, que desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe sobre la materia de la queja a la Superioridad, haciéndole saber que es cierto que el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, con base en los fundamentos y por los motivos en el mismo asentados. Remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en turno, el escrito original de expresión de agravios, para la substanciación de dicho recurso; y, a través de la acción de vinculación - relación de expedientes mediante SISE - requiérase a la Oficial Judicial A de este juzgado, para que realice adecuadamente los movimientos necesarios en el sistema que posibiliten la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico, en términos de la circular DGGJ/0012/2020, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, del diez de julio del dos mil veinte, para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
********************, ********************, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de ********************, por violación a diversos artículos constitucionales; en consecuencia, la jueza acuerda: Registro de la demanda. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1615/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Precisión del acto reclamado. De la lectura de la demanda de derechos fundamentales, así como de las constancias que se acompañaron a la misma, se precisa que el acto reclamado en este juicio constituye la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión interpuesto contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento administrativo de derechos sucesorios ******************** Desechamiento. Del artículo 113 de la Ley de Amparo, se aprecia la ineludible obligación de quien conozca de la demanda de amparo, de analizarla en su integridad y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; así, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, así como de las constancias respectivas; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con anterioridad, se advierte de manera notoria y manifiesta, que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Los mencionados numerales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley...". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Conforme a los numerales transcritos, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos seguidos en forma se juicio, se encuentra supeditada a dos hipótesis (i) que se trate de la última resolución, o (ii) que sean actos de imposible reparación; es decir, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestra que producen consecuencias que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Entonces, la Ley de Amparo, en su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones las precisiones para comprender el alcance de la expresión actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V (antes transcrita), cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad, que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En este supuesto de afectación sustantiva, no se puede catalogar a la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintidós, por el Secretario General de Gobierno del Estado de ********************, en el recurso de revisión en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento administrativo de derechos sucesorios ******************** Lo anterior es así, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, así como de las constancias que acompañó a la misma, consistentes en la resolución combatida, se aprecia; (i) Que el treinta de mayo de dos mil diecinueve, el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, emitió acuerdo de adjudicación respecto del lote número ********************, ********************, con superficie de ******************** hectáreas de labor, ubicado en colonia ********************, en terrenos expropiados a la ********************, del municipio de ********************, ********************. (ii) En contra de dicho auto ******************** interpuso recurso de revisión; y, (iii) Al resolver dicho recurso, el Secretario General de Gobierno del Estado de ********************, dejó insubsistente dicho auto de adjudicación, así como todo lo actuado hasta el auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, para que de manera fundada y motivada el inferior en grado se pronuncie sobre los mecanismos de defensa pendientes de resolver y que se encuentran estrechamente vinculados con las actuaciones que definirán el sentido del procedimiento. Como se aprecia de los antecedentes expuestos, se concluye que los efectos de la resolución que en vía constitucional se pretende combatir, implican la reposición del procedimiento, por ende: a) no es la última resolución en el procedimiento y b) no afecta derechos sustantivos, porque sus efectos son meramente procesales. Es así, pues si bien existen actos que indirectamente inciden en el derecho a la tutela judicial (artículo 17 de la Ley Fundamental), lo cierto es que esa garantía de seguridad jurídica no puede servir de fundamento para determinar la procedencia del amparo, porque tiene influencia en los derechos procesales, por ende, no toda violación que tenga su fundamento en esa precisión constitucional, puede ser impugnada inmediatamente en el amparo indirecto, ya que ello tornaría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. De ahí que la excepcionalidad del amparo bi-instancial se reduzca a la afectación a derechos sustantivos, dada la imposibilidad de su reparación, pese a la obtención de un fallo favorable. Es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/92, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Efectivamente, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución de imposible reparación, en atención a que solo afecta derechos adjetivos o procesales, puesto que en éstos, el perjuicio que en su caso se ocasione, pueden ser reparados al momento de emitirse resolución definitiva, en caso de ser favorable a los intereses de la quejosa; es decir, dicha resolución no afecta irremediablemente un derecho sustantivo del quejoso, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la quejosa. Ciertamente, la determinación combatida no conlleva una afectación directa a los derechos sustantivos del quejoso, pues éstos son los que se identifican con los bienes de la vida, como lo pudieran ser, a modo enunciativo, no limitativo, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la propiedad, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; lo que implica que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la protección de derechos sustantivos. Sirve como apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), aprobada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Entonces, si como ya se dijo, se trata de posibles violaciones a derechos adjetivos, en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, de ahí que se insista que dicha determinación no conlleve una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos de la quejosa. Cabe mencionar que al resolver la contradicción de tesis 17/90, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que a efecto de determinar si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia -de segundo grado- que ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, es decir, la propia naturaleza de la reposición del procedimiento no debe desvincular el estudio del asunto a fin de determinar si las consecuencias de esa reposición afectan derechos sustantivos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/91, del Pleno de nuestro Alto Tribunal, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Sin embargo, la afectación a derechos sustantivos no se produce en el caso en estudio, porque el hecho que se haya dejado sin efecto el auto de adjudicación correspondiente, así como las actuaciones ahí indicadas a efecto que se resolvieran los medios de impugnación pendientes, no afecta de manera inmediata ningún derecho sustantivo reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello depende del sentido de la o las resoluciones que se dicten respecto de dichos recursos pendientes, por ejemplo, se resultar fundados o infundados, puede o no trascender al resultado final; y, será en ese momento cuando la parte quejosa acuda ante la instancia -ordinaria o constitucional- correspondiente. Por ende, tal determinación no afecta de manera inmediata algún derecho derivado de relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la propiedad, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros, y que ese derecho se viera afectado directamente con la resolución de referencia, pues dicha resolución que se delimitó a analizar cuestiones puramente procesales. Por ende, el hecho que se haya ordenado la reposición del procedimiento para que se resolvieran diversos medios de impugnación, no puede considerarse como un acto de ejecución de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la ley ordinaria a los particulares para hacer valer sus derechos frente a terceros, debe sujetarse a éste con las cargas que ello le conlleva, no obstante que no exista la posibilidad de resarcírseles el tiempo dedicado a ello. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia I.5o.C. J/29, aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." Máxime que, por regla general, la reposición de las actuaciones necesarias del procedimiento, no afectan el derecho a la jurisdicción tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal derecho se integra con distintos elementos, como son la completitud, la imparcialidad, la prontitud, así como el apego a los plazos y términos que fijen las leyes. Entonces, la satisfacción de los elementos que integran el derecho a la jurisdicción, sólo queda satisfecha con el cumplimiento concurrente de todos sus elementos, de modo que no resulta jurídicamente factible, como por ejemplo, privilegiar la prontitud de una decisión judicial, frente a la completitud de integración del asunto y la imparcialidad del mismo; pues no tendría validez un fallo judicial hecho con gran celeridad, pero con violación de las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que la prontitud hace referencia al menor tiempo posible para resolver un litigio con apego a la normatividad procedimental y sustantiva que resulte aplicable. Es orientadora a lo antes expuesto, por los motivos que en ella se exponen, la tesis aislada I.4o.C.247 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE PRUEBAS. POR REGLA GENERAL NO AFECTA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo cuando sus efectos o consecuencias afectan directa e inmediatamente derechos fundamentales del gobernado, tutelados en la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Un acto reclamado no es susceptible de conculcar directamente el derecho a la jurisdicción consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si ordena la reposición de las actuaciones necesarias del procedimiento para hacer posible y oportuno el desahogo de una prueba, porque tal derecho a la jurisdicción se integra con distintos elementos, como son: la completitud, la imparcialidad, la prontitud, así como el apego a los plazos y términos que fijen las leyes. Los elementos desglosados se encuentran expuestos con vocablos de gran generalidad y abstracción, que son además de carácter relativo, especialmente el concepto prontitud, por lo cual requieren un desarrollo y precisión en la legislación secundaria, de modo que difícilmente podía existir un caso en que se violara directamente alguno de estos imperativos constitucionales, sino que su transgresión sólo se dará de manera indirecta a través del incumplimiento de las leyes ordinarias. Por otra parte, la satisfacción de los valores tutelados con el derecho a la jurisdicción sólo queda satisfecha con el cumplimiento concurrente de todos sus elementos, de modo que no resulta jurídicamente factible, como por ejemplo, privilegiar la prontitud de una decisión judicial, frente a los términos previstos por la ley para llegar a la decisión; esto es, no tendría validez un fallo judicial hecho con gran celeridad, pero con violación de las formalidades esenciales del procedimiento; de modo que la prontitud hace referencia al menor tiempo posible para resolver un litigio con apego a la normatividad procedimental y sustantiva que resulte aplicable." Lo anterior evidencia, que no todas las determinaciones (autos, resoluciones, sentencia, etcétera) son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues para el caso que nos ocupa, solo pueden combatirse en la vía indirecta las que tienen una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos del quejoso, hipótesis que no se surte en el caso, acorde a los razonamientos vertidos en los párrafos que preceden. Pues, se reitera, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo bi-instancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone nuestra Constitución. Entonces, si como ya se dijo, se trata de posibles violaciones a derechos adjetivos, en estos últimos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, de ahí que se insista que dicha determinación no conlleve una ejecución de imposible reparación en los derechos sustantivos de la quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción III, éste último aplicado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por demanda de amparo promovida por ********************. Designación de autorizado. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, en la ciudad de ********************, ********************. Comunicaciones no procesales.
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- Idaul Lacunza Mendoza350/2022
- Idemar Ramírez Martínez1055/2018
- Ignacia Aguirre Moreno555/2021
- Ignacia Sánchez Rodíguez1256/2023
- Ignacio Aguirre Tovar468/2020
- Ignacio Andrade Lerma217/2023
- Ignacio Aparicio de la Torre65/2016
- Ignacio Herrera Gonzalez463/2016
- Ignacio Leaños Suárez del Real1448/2022
- Ignacio López Ibarra241/2020