Ignacia Aguirre Moreno

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Ignacia Aguirre Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. VISTO; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ignacia Aguirre Moreno, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de la Defensa Nacional con destacamento en Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 555/2021-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La orden de citación emitida dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/FRE/0000413/2021, para que se presente la quejosa en calidad de testigo a las catorce horas del veintisiete julio de dos mil veintiuno, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Cédula II- 5 de Fresnillo, Zacatecas. No es óbice, que la accionante refiere como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, al señalar que la misma deriva porqué le llegó un citatorio para que se constituya en la fecha y hora indicada ante el citado agente del Ministerio Público Federal, sin embargo, adjuntó a la presente demanda copia del acto reclamado, del que se obtiene que es una citación para que comparezca a una diligencia ministerial en calidad de testigo, sin que ese mandato contenga apercibimiento de privación de la libertad, de ahí que se estime que el acto reclamado sea el que se destacó en el párrafo que antecede. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso, procede desechar la demanda porque se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del precepto 61, en relación con la fracción I del numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) De los dispositivos transcritos se tiene que para la procedencia de la acción de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo a la parte quejosa, es decir, que ésta ostente la titularidad de los derechos conculcados. Porque la procedencia del juicio se surte cuando se acredita la afectación, por el acto reclamado, de los derechos que se invocan; pues sin duda, un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona física o moral al lesionar directamente sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y es entonces cuando nace precisamente el derecho a instar el juicio constitucional. Y es que si bien la reforma de junio de dos mil once al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo, no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo sea promovido; sino que se requiere demostrar algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que al no traducirse en un beneficio personal para el quejoso, no le ocasiona una afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, registro 2012364, del siguiente texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En mérito de lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que una persona puede promover el juicio es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. En el caso, el juicio resulta improcedente, ya que el acto reclamado es la citación realizada a Ignacia Aguirre Moreno a fin de que en su calidad de testigo rinda su entrevista indagatoria ante el Ministerio Público Federal responsable, la cual no depara perjuicio personal y directo a la accionante del amparo. Efectivamente, la quejosa instó el presente juicio en contra del citatorio librado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/FRE/0000413/2021, para que se presente el veintisiete de ese mismo mes y año, en las oficina de la Agencia del Ministerio Público de la Federación Célula II-5, Fresnillo, Zacatecas, a fin de que se recabe su entrevista ministerial en calidad de testigo. Ahora, conforme al contenido de los numerales 211 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal corresponde al Ministerio Público explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y otros, dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la citación de la quejosa en calidad de testigo dentro de una carpeta de investigación, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la accionante, pues mediante la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo que es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación de la quejosa en su calidad de testigo constituye un acto procesalmente indispensable en la investigación necesaria al esclarecimiento del hecho; por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, que no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico de la quejosa, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable la tesis II.2o.P.51 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601, que es del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Además, es relevante precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis respecto de las órdenes de citación emitidas dentro de los procedimientos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, estudio que dio como resultado la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), en la que estableció que la orden de citación girada en contra de un imputado a efecto de que comparezca a la audiencia de formulación de imputación, no es un acto que afecte o restrinja su libertad personal, ya que ésta se trata únicamente de una simple comunicación entre el juzgador y el imputado. Con mayor razón, no se afecta la libertad personal con el citatorio ministerial para un testigo, sino que constituye una mera entrevista. De igual forma, la Primera Sala del Máximo Tribunal del Estado Mexicano señaló que no obstante que se aperciba al imputado con la comparecencia forzosa en caso de su inasistencia injustificada, dicho apercibimiento es un acto futuro e incierto, ya que su realización se encuentra condicionada a la asistencia o inasistencia del imputado, y a que la representación social lo solicite expresamente; por lo que, como se mencionó con anterioridad, la orden de citación no tiene una incidencia directa en la libertad personal del imputado. El mencionado criterio jurisprudencial es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239; con epígrafe y contenido siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Además, en el presente caso no hubo ningún apercibimiento de privación de la libertad contra la quejosa sino, que en caso de no presentarse o bien informar el motivo que le impiden hacerlo se hará acreedora a una multa como medio de apremio señalado el artículo 104, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en veinte unidades de medida y actualización equivalente a mil setecientos noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional. En ese sentido, la citación realizada a la amparista dentro de la carpeta de investigación FED/ZAC/FRE/0000413/2021 no irroga perjuicio a su esfera de derechos, pues se trata de una diligencia tendente al esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Además, el posible agravio se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede imponer alguna medida de apremio, en caso de que no se atienda el citatorio; empero, ello es un acto futuro de realización incierta que dependerá de la acción de la fiscalía, quien ante la contumacia de la quejosa, puede optar por ordenar un nuevo citatorio con apercibimiento. En efecto, el hecho de que conforme al artículo 131, fracción IX, y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiese ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada quejosa no asista, sin justificación, y que el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada. En el entendido que, si bien la testigo quejosa debe comparecer para que rinda testimonio en relación a los hechos que se investigan en la capeta de investigación de origen, no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad a la imputada. Consecuentemente, la orden de citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de Ignacia Aguirre Moreno y por ende, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; lo que conlleva a decretar a desechar la demanda de amparo en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por los motivos precisados en el este apartado. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Pedro Humberto Garbett Hernández, y únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a Agustín Mata Cepeda, por así solicitarlo la quejosa. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se efectuarán por lista las notificaciones hasta las de carácter personal, hasta en tanto la parte quejosa señala domicilio procesal en esta ciudad para tal efecto. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción 11 y 22, fracción 112 del citado Acuerdo General, se tiene como correos electrónicos y número de teléfono los que se mencionan, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3° del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del propio Pleno.

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