Ignacia Mendoza Hernández
Expediente 147/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2013.
Datos del expediente
- Expediente
- 147/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2013
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ignacia Mendoza Hernández
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS Y TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE SE INCONFORMARA CON LA RESOLUCION QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN ESTE ASUNTO; POR TANTO, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCION.- EN MERITO DE LO ANTERIOR, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE LA DEMANDA Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCION DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca, Hidalgo, a treinta de agosto de agosto de dos mil trece. Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido a las partes en auto de doce de julio de dos mil trece, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, así como, en su caso, hicieran valer el exceso o defecto en su cumplimiento, no habiéndose recibido escrito alguno signado por las partes. Ahora bien, como cuestión previa debe señalarse que este Tribunal Colegiado analizará el cumplimiento de la ejecutoria en el presente asunto, con apego en las disposiciones de la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, en términos de su artículo Tercero Transitorio, toda vez que la sentencia concesoria que nos ocupa causó estado con posterioridad a esa fecha. Lo anterior, además con apoyo en la jurisprudencia 49/2013 (10), aprobada el veinticuatro de abril de dos mil trece, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicación, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. ...En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas. Establecido lo anterior, es conveniente precisar que la concesión de un amparo siempre tiene como sustento la violación de un derecho fundamental, que a su vez se traduce en la violación del orden jurídico que se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por eso, a fin de restablecer ese orden jurídico, que finalmente es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, la sentencia que concede el amparo y protección de la Justicia Federal, debe dictarse de tal manera que vincule a la autoridad responsable a restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En ese tenor, si el restablecimiento del orden jurídico mencionado depende de la manera en que se dé cumplimiento a la sentencia de amparo, es claro que el determinar si una ejecutoria de amparo fue o no acatada, necesariamente se traduce en una cuestión de orden público.Es así, porque si bien la sociedad en general puede no estar interesada en la manera en que, en lo particular, se restituyen las garantías violadas a la parte quejosa, sí está interesada en la conservación del orden jurídico constitucional, pues como ya se dijo, ese orden es lo que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados.Por ello, en principio, el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya enteramente cumplido la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o no haya materia para la ejecución, así determinado por el órgano de amparo. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, de ahí que cuando en una sentencia el órgano de control constitucional concede la protección de la Justicia Federal, dicho juzgador tiene la obligación de notificar esa determinación a la autoridad responsable y a su superior jerárquico, e incluso a cualquier otra autoridad vinculada con su cumplimiento, a fin de que dichas autoridades, dentro de los límites de su respectiva competencia, realicen todos los actos que resulten necesarios para dar cumplimiento a la sentencia protectora.Así, una vez que la autoridad responsable informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, el órgano de control constitucional, después de dar vista a las partes con lo informado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y en su caso, para que aleguen el defecto o exceso en el cumplimiento, tiene la obligación ineludible de examinar si dicha ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos, pronunciándose al respecto.Pronunciamiento en el que necesariamente se encuentra constreñido a tener en cuenta los términos en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de efectuar un examen suficientemente razonado acerca del por qué considera que dicha ejecutoria se tiene o no por cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, para que, por un lado, si no se tiene por cumplida, se continúe con el trámite respectivo, imponiendo las multas y remitiendo los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y por otro lado, en caso de tenerse por cumplida, las partes puedan rebatir lo razonado por dicho juzgador a través de la inconformidad a que alude el artículo 201 de la propia ley.En ese orden de ideas, se puede concluir que cuando el juzgador que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, decide tener por cumplida dicha ejecutoria, se encuentra obligado a motivar su determinación en los términos antes precisados, es decir, teniendo en cuenta los efectos y alcances de la protección constitucional otorgada, debe hacer un examen suficientemente razonado acerca del por qué, aun en el supuesto de existir desacuerdo de las partes, considera que dicha ejecutoria se debe tener por cumplida totalmente.Aunado a ello, si se tiene en consideración que, como se dijo, el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, no sólo porque busca restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, sino porque con dicho cumplimiento se debe restablecer el orden jurídico constitucional que da seguridad y certeza jurídica a los gobernados, es claro que entre más expeditamente se resuelva si la determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo es o no acertada, más pronto se decidirá si el orden jurídico violado ha sido o no restablecido.El artículo 196 de la nueva ley de la materia, en lo que aquí interesa señala: Artículo 196: [.]Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente.Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.Como se advierte, este tribunal colegiado debe pronunciarse sobre el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo, sin que existan excesos ni defectos.Ahora bien, se estima que existe exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional; por otra parte, se considera existe defecto en el cumplimiento de una sentencia que concedió el amparo, cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata.Así también, es necesario establecer que todas las sentencias que conceden la protección constitucional, en las que se ordena dejar insubsistente la sentencia reclamada y se ordena emitir una nueva, pueden tener vinculación total, parcial o ninguna vinculación.Si la ejecutoria señala los puntos resolutivos y los fundamentos que debe observar la autoridad responsable, habrá vinculación total del reenvío a la ejecutoria.Por otra parte, si la ejecutoria remueve impedimentos o dilatorias, para que la resolución reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicción, existe vinculación parcial.Finalmente, si la autoridad responsable violó el procedimiento por omisión de examen, de calificación o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estará desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo substancial del negocio.La anterior división doctrinaria, tiene relevancia para efectos del asunto en estudio, pues si la autoridad responsable se encuentra vinculada a resolver en determinado sentido, cualquier violación que cometa podrá constituir defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria; en otro sentido, si no existe vinculación respecto a la nueva resolución, y se otorga plenitud de jurisdicción a la responsable, no constituirá defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apoyan las consideraciones anteriores, por igualdad jurídica, la tesis jurisprudencial y criterio aislado sustentados por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados respectivamente en el Apéndice de 1995, Tomo VI, parte SCJN, página 41 y en el Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, XXXII, Sexta Época, página 258, que son del rubro y texto siguiente:AMPARO, PROCEDENCIA DEL, Y NO DEL RECURSO DE QUEJA. La segunda sentencia que la autoridad responsable pronuncia al cumplir con la ejecutoria de amparo, puede tener vinculación total, parcial, o ninguna vinculación. En este último caso, la autoridad responsable, al dictar la sentencia de reenvío, reasume plenamente su jurisdicción y cualesquiera violaciones que cometiere, no serán en defecto o exceso del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sino tendrán carácter autónomo de lo juzgado por dicha ejecutoria y, por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo y no por el recurso de queja, que en esas circunstancias resulta improcedente.SENTENCIAS DE REENVÍO, VINCULACIÓN DE LAS. AMPARO Y QUEJA. La segunda sentencia que una autoridad responsable pronuncie al cumplir con la ejecutoria de un amparo, puede tener, bien vinculación total, parcial o ninguna vinculación con tal ejecutoria. Si la ejecutoria señala los puntos resolutivos y los fundamentos que deba observar la autoridad responsable, habrá vinculación total del reenvío a la ejecutoria. Si en otro aspecto, esta remueve impedimentos o dilatorias, para que la resolución reclamada entre al fondo del negocio y lo resuelva la autoridad responsable ejercitando la plenitud de su jurisdicción, existe vinculación parcial. Si la autoridad responsable violó el procedimiento por omisión de examen, de calificación o enlace de pruebas, como lo manda la ley, la segunda sentencia estará desvinculada totalmente de la ejecutoria en cuanto al fondo sustancial del negocio. Esta diferenciación no es sólo doctrinaria, sino de una gran trascendencia material para las partes, porque en la vinculación parcial y total, en los puntos desvinculados, la autoridad responsable al dictar la sentencia de reenvío reasume plenamente su jurisdicción, y cualesquiera violaciones que se cometieren, no serán en desobediencia de la ejecutoria de amparo, porque tendrán el carácter de actos autónomos de los juzgados por dicha ejecutoria y, por tanto, serán impugnables mediante nuevo amparo. Sólo en el caso de que la autoridad responsable no se ajuste a la vinculación determinada por la ejecutoria, y persista en su actitud anterior, juzgada ya por la Suprema Corte, se estará frente a un caso de desobediencia que podrá ser intencional o por defecto de interpretación, evento en el que, el remedio está en la queja, y no en el amparo que sería improcedente.Ahora bien, en la ejecutoria dictada el once de abril de dos mil trece, por este Segundo Tribunal Colegiado, en la parte conducente, se estableció lo siguiente:.En las relatadas circunstancias lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa IGNACIA MENDOZA HERNÁNDEZ, por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, con residencia en Tepeji del Río de Ocampo, que se hizo consistir en la sentencia definitiva emitida el quince de enero de dos mil trece, y su aclaración de veintidós de ese mes y año, dentro del procedimiento familiar especial de divorcio unilateral número 762/2012, para el efecto de que la citada autoridad responsable deje insubsistente la sentencia que nos ocupa, ordene la reposición del procedimiento a fin de que la audiencia respectiva se lleve a cabo con la presencia de las partes, del agente del ministerio público y de los integrantes del Consejo de Familia, y en su momento, al dictar la nueva sentencia, al resolver sobre la subsistencia o no de la medida provisional, tome en consideración la presunción humana a que se hacer referencia en la presente ejecutoria.Como se advierte de la sentencia concesoria, esta resulta ser parcialmente vinculatoria, por cuanto establece los parámetros que tiene que seguir la autoridad responsable, para dar cumplimiento a la ejecutoria, en una parte, y en otra la deja en libertad para resolver con plenitud de jurisdicción. Es así, pues la protección constitucional otorgada por este órgano pluripersonal fue para que la sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra, en la que ordenara la reposición del procedimiento a fin de llevar a cabo la audiencia con la presencia de las partes, del agente del Ministerio Público y los integrantes del Consejo Familiar, así como para que al dictar la nueva resolución tomará en consideración la presunción humana relativa a la necesidad de los alimentos.Bajo ese contexto, debe decirse que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de este tribunal colegiado, en cuanto a que se le vinculó a que repusiera el procedimiento y llevara a cabo la audiencia con la presencia de las partes, lo cual realizó; así también para que al dictar la sentencia tomara en cuenta la presunción humana señalada en la ejecutoria, lo cual también realizó resolviendo con plenitud de jurisdicción. Es así, pues de una lectura íntegra de la nueva resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria, se advierte que la autoridad responsable, tomando en cuenta las consideraciones jurídicas que realizó este tribunal colegiado, en la ejecutoria a cumplir, decretó la reposición del procedimiento, celebró la audiencia y dictó una nueva sentencia.En efecto, de manera textual en la nueva resolución la autoridad responsable, en los puntos resolutivos señaló:PRIMERO.- El suscrito juez ha sido y es competente para conocer y resolver, respectivamente el presente juicio. - SEGUNDO.- Procedió la vía especial familiar por medio de la cual se substanció el presente juicio. - TERCERO.- Ha sido procedente la solicitud de divorcio unilateral presentada por el señor ***, respecto del matrimonio contraído con ***. - CUARTO.- En virtud de la declaración contenida en el punto que antecede, se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado entre los señores *** e ***, el 29 veintinueve de abril de 2000 dos mil, inscrito ante le Oficialía del Registro del Estado Familiar de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, en el libro 01, del año 2000, foja número 166, acta número 00166. - QUINTO.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese atento oficio al Oficial del Registro del Estado Familiar de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo, a efecto de que proceda a levantar el acta de divorcio correspondiente y publique un extracto de la resolución durante quince días en los tableros de notificaciones de sus oficinas, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 116 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. - SEXTO.- Ambas partes quedan en aptitud de contraer nuevas nupcias. - SÉPTIMO.- Al no existir elementos para resolver de manera definitiva, este juzgador se abstiene de formular pronunciamiento alguno con relación a liquidación de la sociedad conyugal, y demás consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial dejándose a salvo los derechos de las partes para que en la vía y forma correspondiente se resuelva ante el órgano jurisdiccional competente lo inherente. - OCTAVO.- En base a los argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución, deberá girase (sic) atento oficio al Pagador del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, con domicilio en Melchor Ocampo, número 32, colonia el Edén, con el objeto de que proceda a realizar el descuento consistente en el 35 treinta y cinco por ciento de los ingresos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe MACLOVIO CRUZ MARTÍNEZ, como pensionado en dicha institución con el número de afiliación 1390600346, y con número de pensión 73/IP Régimen Patronal Pensión 01; y la cantidad que resulte sea entregada a ***, debiendo informar el pagador correspondiente, a esta autoridad en el término de 3 tres días el cumplimiento que al respecto realice respecto de lo antes especificado, con apercibimiento de doble pago en caso de desacato y de imponerme medida de apremio hasta lograr su cumplimiento. - NOVENO.- En términos de lo ordenado en el considerando VIII de la presente resolución y de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, que establece: (se transcribe), una vez que la presente resolución quede firme deberá de hacerse pública; por lo tanto hágase saber a las partes el derecho que les asiste para otorgar su consentimiento por escrito dentro del término de 3 días a partir de que sean notificados de la presente resolución a efecto de que se publiquen sus datos personales y en caso de no hacerlo, se tendrá por negada dicha autorización. - DÉCIMO.- Cumplimiento a la ejecutoria decretada en el amparo directo 147/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; mediante atento oficio, remítase de forma inmediata copia debidamente autorizada de la presente resolución a dicha autoridad federal, con el objeto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria ya referida. - UNDÉCIMO.- Cumplimiento que sean los puntos que preceden y ejecutada que sea la presente resolución en sus términos, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en los libros de control administrativo de este juzgado. - DUODÉCIMO.- Notifíquese y cúmplase. En esa condición, este tribunal colegiado considera cumplido, de forma total, sin exceso ni defecto, el fallo protector, toda vez que la autoridad responsable se sujetó, en estricto cumplimiento a la sentencia concesoria, en la parte que le vinculaba, sin que se haya extralimitado en su cumplimiento, al ir más allá, ni tampoco se quedó corta en los efectos del cumplimiento, pues como se dijo, se ajustó al tenor exacto del fallo.En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, en términos del cuarto párrafo del artículo 196 de la nueva Ley de Amparo; hágase del conocimiento de las partes que en caso de desacuerdo con la presente resolución, en términos del artículo 201 de la citada ley, es procedente el recurso de inconformidad.
- Juicio de Amparo Directo
TODA VEZ QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO CONCEDIDO A LAS PARTES PARA MANIFESTAR LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVINIERE SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE DICE DAR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL; EN CONSECUENCIA, DESE CUENTA AL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES.
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