Ignacia Loyola Garay Olguin
Expediente 853/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ignacia Loyola Garay Olguin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS, DE LOS QUE SE ADVIERTE QUE NO EXISTE ACTUACIÓN PENDIENTE DE PRACTICAR, NI DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; EN CONSECUENCIA, CONSERVESE LA DEMANDA Y LA SENTENCIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS RESTANTES ACTUACIONES.
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, Y ESTESE A LO ORDENADO EN EL PROVEIDO QUE ANTECEDE.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO POR EXTEMPORANEA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN TAL VIRTUD, DEVUELVASE EL EXPEDIENTE 440/2015-II, ASI COMO EL EXPEDIENTE 262/2013 A SU LUGAR DE ORIGEN, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO, Y EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el oficio 1270/2016, de la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 4964/2016, mediante el cual remite original y ocho copias de la demanda de amparo promovida por Ignacia Loyola Garay Olguín; constancias de emplazamiento en doce fojas, diverso oficio C-361/2016, con copia, con el que la autoridad responsable rinde su informe justificado, así como los autos del toca civil 440/2015-II y expediente 262/2013; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de oficio y aun preferente, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el numeral en cita. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, los cuales se computarán de acuerdo a lo que dispone el diverso numera 18 que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De lo anterior, se deduce que dicho término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 440/2015-II, derivado del Juicio Ordinario Civil promovido por la hoy quejosa, en contra de Idalid Olvera Osorio y Bulfrano Galindo Romero, formando el expediente 262/2013. Por otra parte, de las constancias integrantes del toca civil referido, las que por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja cincuenta y seis vuelta que la notificación del acto reclamado se realizó a la ahora quejosa por medio de lista fijada en el tablero notificador de la Sala responsable, el tres de mayo de dos mil dieciséis, la cual surtió sus efectos al día siguiente al en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que a continuación se transcribe: "Artículo 127.- Las notificaciones o el emplazamiento surten efectos al día siguiente a aquel en que se hubiere hecho.__ Por consiguiente, los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación o emplazamiento...". Asimismo, de la certificación que obra en la demanda de amparo en términos del numeral 178 de la ley de la materia, indica como fecha de notificación del acto reclamado a la ahora quejosa, el tres de mayo de dos mil dieciséis, misma que coincide con la asentada en el expediente en mención; así como data de presentación de la demanda el uno de agosto de la indicada anualidad. Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el nueve y concluyó el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis; por lo tanto, si la demanda fue presentada ante la responsable hasta el uno de agosto de dos mil dieciséis, es inconcuso que la misma se presentó extemporáneamente, razón por la que el acto reclamado fue tácitamente consentido por la quejosa, amén de que no se encuentra en ninguno de los casos excepcionales contenidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 en relación con el diverso 62 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ignacia Loyola Garay Olguín, en contra de la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 440/2015-II, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del dispositivo legal en cita. Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j) y III de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo a las partes para su conocimiento. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, ténganse como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en la demanda de amparo. En su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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