Igancio Sánchez Galindo y Otros.

Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1319/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Igancio Sánchez Galindo y Otros.
  • Fiscal General de Justicia del Estado de México
  • Igancio Sánchez Galindo
  • Joel García Acosta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se concedió la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General señalado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 13********************; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, recibido el mismo día en este Juzgado de Distrito, ********************en favor de********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que se precisarán en el considerando segundo. Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de quince de diciembre de la anualidad próxima pasada, este Juzgado radicó el ocurso constitucional, concedió la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura psicológica y requirió a los directos quejosos para que manifestaran si era su deseo ratificar la demanda presentada a su favor; posteriormente, atendiendo a que fue desahogada tal prevención en sentido afirmativo, el dieciséis de diciembre siguiente se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución en el territorio comprendido dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito considera que la parte quejosa reclama: La incomunicación. La privación de la libertad. La tortura psicológica. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en Tlalnepantla, Fiscal General de Justicia del Estado de México y Fiscal Regional de Tlanepantla, negaron la existencia de los actos precisados en los incisos a) y c) del considerando que antecede, y los impetrantes no ofrecieron prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos identificados en los incisos a) y c) del anterior punto considerativo, reprochados a las responsables indicadas, lo procedente es sobreseer en este juicio al tenor de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Debe tenerse por cierto el acto relativo a la privación de la libertad que se atribuye a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en Tlalnepantla, pues a pesar de que negó su existencia hizo manifestaciones que evidencian su certeza al sostener la legalidad y constitucionalidad del mismo. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Quinto. Análisis relativo a la procedencia del juicio. Una vez determinada la certeza del acto combatido consistente en la privación de la libertad de los quejosos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. En el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos del acto reclamado en comento. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica del gobernado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del impetrante es constitucional o no. Ahora, del informe rendido por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno en Tlalnepantla, se observa que los quejosos fueron detenidos y puestos a su disposición, sin embargo, a las veintiún horas del quince de diciembre del año en curso, fue decretada su libertad con las reservas de Ley en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales; de ahí que, sea procedente considerar que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo que se acredita con las constancias que la mencionada responsable anexo a su informe con justificación, entre otras, destaca la copia autentificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se observa que efectivamente fue decretada la libertad de los quejosos en esa propia fecha. Documentales que cuentan con pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y autentificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Bajo este contexto, si los agraviados se duelen de la detención de que fueron objeto y, posteriormente, fueron puestos en libertad, es claro que se está en presencia de una situación jurídica que destruyó los efectos del acto que motivo el amparo, ya que con ello se les dejó en el estado en el que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado, de ahí que se les haya restituido en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer en el juicio, como lo dispone el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo, como lo establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a la parte quejosa en auto de treinta de diciembre del año pasado, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de enero de dos mil veintidós. Agréguese la razón actuarial, por medio de la cual el fedatario de la adscripción señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa la determinación de treinta de diciembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a, ambos de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la aludida determinación y la presente, así como las subsecuentes por medio de lista consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal y fijada en los estrados del edificio en el que se localiza este Juzgado. Notifíquese. Se notifica auto de TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- "Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Fiscalía Regional de Tlalnepantla, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Luego, toda vez que de autos se advierte que ya obran la totalidad de los informes rendidos por las responsables, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa, por conducto de su representante común, el contenido de los mismos. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común. ".

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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