Ibis Miguel Bernabé Begines
Expediente 430/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 430/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ibis Miguel Bernabé Begines
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al que adjunta el diverso 10364/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual acusa recibo de la misiva por la que se le remitió el original del juicio de amparo al rubro citado con motivo de la incompetencia planteada, e informa que la aceptó; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y en su oportunidad archívese el cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido. En ese sentido, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se declaró la incompetencia legal, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 177/2023 del índice de este órgano federal, librada a efecto de notificar el proveído de doce de abril del año en curso al quejoso. Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado que la constancia que se obtiene del Sistema Integral de Seguimiento a expedientes (SISE) al devolver la comunicación oficial, hace las veces del acuse respectivo, aunado a que no fue solicitado expresamente. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Ibis Miguel..., regístrese bajo el número 430/2023-III. ACTOS RECLAMADOS De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: El traslado efectuado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 en Miahuatlán, Oaxaca; atribuido al Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato. La resolución que convalidó la orden de traslado efectuada contra el quejoso, emitida por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Primera Región de Guanajuato. No se soslaya que el impetrante haga referencia en uno de sus conceptos de violación que, derivado del traslado del que fue objeto, ha sufrido tortura, golpes, encierro prolongado y discriminación; lo anterior, puesto que tales aspectos no son actos reclamados destacados, sino que los hace depender de la orden de traslado y la resolución que la convalidó; aunado a que las circunstancias que relata son inherentes a las condiciones de su internamiento en el centro carcelario en el que actualmente se encuentra. Por los motivos anteriores, el suscrito considera innecesario pronunciarse en torno a la suspensión de plano de la tortura, golpes, encierro prolongado y discriminación que aduce padecer el quejoso. INCOMPETENCIA Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia para seguir conociendo del asunto, en términos del artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues de la lectura de dicho numeral se advierte que será competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado, deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Debe decirse que, conforme al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia por razón de territorio recae en los Juzgados de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse; así, el legislador contempló en la Ley de Amparo tres reglas diferentes para determinar dicha competencia, como se advierte del numeral 37 de la normatividad de la materia. La primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. La segunda indica que cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en otro, será competente cualquiera de dichos jueces, a prevención, esto es, ante el que primero se haya presentado la demanda. Y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, de la demanda de amparo se aprecia que el agraviado Ibis Miguel... se encontraba interno en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de San Miguel de Allende, Guanajuato; sin embargo, con posterioridad fue trasladado al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número 13 en Miahuatlán, Oaxaca, lo que pone de manifiesto que se ejecutó en esta última entidad federativa. Además, la resolución que convalidó la orden de traslado no puede considerarse como un acto absolutamente declarativo, ya que su existencia origina un acto ejecutivo, que en el caso concreto se traduce en la subsistencia de la orden de traslado reclamada y la consecuente permanencia del impetrante en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 en Miahuatlán, Oaxaca. En efecto, cuando los actos de autoridad no sean totalmente declarativos, se desenvolverán normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora (orden de traslado y su convalidación), y otra, la ejecutiva (materialización de la orden de traslado); por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se ejecuten, que en el caso en concreto es, como se dijo, en Miahuatlán, Oaxaca, por ser el lugar donde se localiza el centro carcelario donde permanece interno el ahora agraviado. En ese sentido, atendiendo a que los actos reclamados traen consigo una ejecución material, debe tomarse como base para determinar la competencia del presente juicio constitucional la regla prevista en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, esto es, que será competente el Juez de Distrito del lugar en el que se haya ejecutado el acto reclamado. Cabe aclarar que en el caso concreto no resulta aplicable lo establecido en la fracción II del artículo 37 de la Ley de Amparo, consistente en que la competencia para conocer del caso en que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, se decidirá por el criterio de prevención, porque respecto de la jurisdicción que ejerce este órgano jurisdiccional no hay lugar donde deban tener ejecución, traten de ejecutarse, se ejecuten o se hayan ejecutado los actos que se reclaman. Esto es, tal prevención no debe desvincularse de la regla general de ejecución, sino que debe entenderse que la competencia se surtirá si el acto reclamado tiene ejecución, pues es lo que permite al juzgador conocer; de otro modo, limitar su interpretación a la mera presentación de la demanda, pudiera dar lugar a una selección de juzgador derivada de la intención del promovente y no de la ley aplicable. Por consiguiente, no es factible considerar que este órgano jurisdiccional sea competente para conocer del presente asunto por el simple hecho de que el ocurso constitucional fue presentado en esta jurisdicción, pues como se dijo, no se advierte ningún dato objetivo que lleve a concluir que los actos de autoridad puedan tener ejecución, traten de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado dentro de los municipios del Estado de México sobre los cuales se ejerce jurisdicción. Resulta orientadora, por tenerse certeza del lugar donde se ejecutó el traslado, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro digital 2020828, que señala: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: 'COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.', determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Por ello, no cobran aplicación al caso en particular las jurisprudencias 1a./J. 63/2019 y 1a./J. 35/2008, de la Primera Sala del Alto Tribunal, que llevan por títulos: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO." y "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.". En las relatadas condiciones, este órgano jurisdiccional declina la competencia para conocer del presente asunto a favor del Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, quien ejerce jurisdicción en el territorio donde tienen ejecución los actos reclamados, solicitándole que de no tener inconveniente, informe si acepta o no la competencia planteada. Para ello, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales de la parte quejosa, el lugar en que se encuentra recluido. Tomando en cuenta que el quejoso Ibis Miguel Bernabé Begines se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 en Miahuatlán, Oaxaca, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, gírese atenta comunicación oficial vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya al actuario de su adscripción, a efecto de que le notifique personalmente este auto, corriéndole traslado. En la inteligencia que de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita al Juzgado exhortado que la remisión de las constancias de notificación se realice mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el cual se remite el exhorto de mérito. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez exhortado para que habilite los días y horas inhábiles, para llevar a cabo la diligencia solicitada y para que ordene y desahogue todas las diligencias necesarias a fin de llevar a cabo la misma. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente; II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación; III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; y, IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
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