Idalinda Bautista Guillen
Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 409/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Idalinda Bautista Guillen
- Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalia General del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por IDALINDA BAUTISTA GUILLEN, por su propio derecho contra actos de la Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 409/2021-II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, de su análisis integral del escrito de cuenta, se desprende que el acto reclamado es el siguiente: "Se reclama de la responsable la omisión y/o falta de cumplimiento al escrito de fecha 23 de septiembre de 2020, que le realizo la C. LIC. JENNY ALONSO FLORES, Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Publico de Hechos de Tránsito" (sic) Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que, si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al numeral 1 ambos de la ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..." Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del contenido integral de la demanda, se desprende que la peticionaria de amparo reclama en esencia la omisión por parte del Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos en entregar los dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre, fotografía y necropsia, esto con el fin de integrar la carpeta de investigación SC01/5474/2014. De igual modo, los dictámenes en comento fueron solicitados por la aquí quejosa a la Agente del Ministerio Público Jenny Alonso Flores encargada de la referida carpeta; que mediante oficio recordatorio de veintitrés de septiembre de dos mil veinte solicitó nuevamente al Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos la entrega de los dictámenes solicitados. De lo anterior se desprende claramente que no existe una petición efectuada por parte de la quejosa que haya sido dirigida al Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para que pueda determinarse, en el juicio de amparo, la presencia de una autoridad cuya actitud omisa pueda ser susceptible de violar derechos fundamentales y sus garantías, y con ello se le pueda atribuir el carácter de responsable Se afirma lo anterior, ya que en términos del artículo 5 fracción II de la Ley de Amparo, para determinar la presencia de una autoridad en el juicio de garantías, hay que atender al hecho de que ésta pueda ordenar, ejecutar o intentar ejecutar el acto combatido, precisamente por haber recibido una petición por parte del gobernado y colocarse en una relación de supra a subordinación, lo que en la especie no acontece, como se detallará a continuación: La parte quejosa refiere que, en la carpeta de investigación SC01/5474/2014 la Agente del Ministerio Público Jenny Alonso Flores encargada de dicha carpeta, mediante oficio recordatorio de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte solicitó nuevamente al Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos remitiera los dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre, fotografía y necropsia con el fin de integrar por completo la multicitada carpeta de investigación SC01/5474/2014, lo que coloca a dichas autoridades en un plano de coordinación, sin que pueda afirmarse, válidamente, que la parte quejosa se encuentre en un plano de supra a subordinación respecto del Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos por no haberle efectuado solicitud alguna y que, en caso de no dar respuesta, en términos del artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, pueda estimarse trasgresión de garantías constitucionales en perjuicio de la parte quejosa, sin que pase desapercibido que la Agente del Ministerio Público Jenny Alonso Flores no fue señalada como autoridad responsable. De acuerdo con la estructura constitucional orgánica, el ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su propio desempeño emanado de la Constitución y de las normas derivadas de ella. Así, las autoridades como tales están constreñidas a cumplir con sus obligaciones surgidas de la Ley, sean éstas de carácter positivo o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar la obligación de hacer lo que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley prohíbe. El incumplimiento a esas obligaciones (traducido en actos positivos o negativos), que pueda repercutir en la esfera jurídica de los particulares, da lugar al surgimiento de un derecho público subjetivo a favor de éstos, que permite acudir al juicio de amparo; de manera que, de no existir un supuesto de obligación para determinadas autoridades, no puede hablarse entonces de un incumplimiento o de una trasgresión formal o material respecto de precepto legal o disposición constitucional alguna y, por tanto, en esos casos, el actuar por parte de la autoridad, queda al margen de su actividad jurídicamente regulada y sujeta a control, lo que se traduce en que, en tales supuestos, la conducta o comportamiento del ente público no constituya un acto de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, es de concluirse que la obligación del Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana Dependiente de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en dar contestación a la aquí quejosa y remitir los dictámenes periciales en materia de tránsito terrestre, fotografía y necropsia, esto con el fin de integrar la carpeta de investigación SC01/5474/2014, no tiene el carácter de vinculante con relación al reclamo formulado por la parte quejosa, al no existir una obligación legal de su acatamiento forzoso, precisamente al actuar la autoridad requerida en plano de coordinación o coadyuvancia con la Agente del Ministerio Público Jenny Alonso Flores, quien es precisamente la rectora de la carpeta de investigación y quien se le podría atribuir en su caso una actitud contraria al principio de acceso a la justicia; por tanto, es evidente que el comportamiento indiferente o de negativa respecto a la remisión de los dictámenes periciales en comento por parte del Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana, no representa el incumplimiento a un deber por parte de éste, como acto de autoridad para los efectos del amparo. La anterior determinación encuentra sustento, por analogía, en la tesis II.2o.P.70 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1023, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de dos mil tres, Novena Época, cuyo rubro se cita a continuación: "AMPARO, JUICIO DE. NO PUEDE SER UTILIZADO DE MANERA QUE SUPLA CAPRICHOSAMENTE EL EJERCICIO DE LOS DIVERSOS MEDIOS JURÍDICOPROCESALES QUE PREVÉ EL MARCO NORMATIVO NACIONAL, NI SER SUSTITUIDO POR OTRAS INSTANCIAS SUPRANACIONALES, NO VINCULANTES EN LA TUTELA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL CONTEXTO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL." Máxime que en términos de la codificación procesal aplicable, en el caso de estimar actualizada la actitud omisa en la integración de una carpeta de investigación, la quejosa cuenta con un medio de defensa para tales efectos. Ello con base en la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 945 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, correspondiente a la Décima Época, registro digital: 2017641 de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 XXIII en relación con el artículo 1° de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizados en los términos precisados en el escrito que se provee, a las personas propuestas. Finalmente, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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