Icela Gonzalez Villalobos

Expediente 1281/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1281/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Icela Gonzalez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ANA ROSA ORTIZ LANGNER, en su carácter de apoderada legal de ICELA GONZÁLEZ VILLALOBOS, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1281/2019-V, que por orden le corresponde. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Acto reclamado. De acuerdo al escrito de cuenta la parte quejosa reclama: "A).- H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- El proceso legislativo en el que se aprobó el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y que trajo como consecuencia la expedición, promulgación y publicación del artículo 238, fracciones II y III de dicho Código, que fue publicado el 04 de septiembre de 2006, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE IINCONSTITUCIONAL. B).- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, Titular del Poder Ejecutivo adscrito al Gobierno del Estado: 1.- La promulgación del artículo 238, fracciones II y III del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que fue publicado el 04 de septiembre de 2004, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE INCONSTITUCIONAL. C).- SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- La expedición y publicación de la norma que se tilda de inconstitucional que lo es el artículo 238, fracciones II y III del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que fue publicado el 04 de septiembre de 2004, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE INCONSTITUCIONAL. D).- LA SALA AUXILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL DESCRITA EN LOS INCISOS a).-, b).- y c).- y que desembocó en la ilegal resolución dictada en fecha 23 de agosto de 2019, dictado por la autoridad antes mencionada dentro del TOCA CIVIL 430/2019-16, con JUICIO DE ORIGEN 786/2016-3, dentro de la cual la suscrita soy apelante y notificado personalmente a la suscrita a través de persona autorizada, mediante cedula de notificación de fecha 28 de agosto de 2019, en la que se resolvió y se declaró la confirmación de la sentencia apelada y dictada por el JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, principalmente en sus considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, así como puntos resolutivos primero y segundo." Al respecto, el suscrito juzgador estima que respecto al artículo 238, fracciones II y III, del Código Familiar, así como respecto a la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en que ocurrió el acto de aplicación de dicha norma se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, toda vez se consideran actos consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. A su vez, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En el caso, la norma que se impugna tiene naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que los efectos y obligaciones de la disposición legal reclamada, no surgieron de manera automática con su sola entrada en vigor sino que, se requirió de un supuesto legal previo que condicionó su aplicación, esto es, la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y notificada personalmente el veintiocho de agosto del presente año, al referir el quejoso que en ella se aplicó el artículo 238, fracciones II y III, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P.J/J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página cinco, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, bajo el número de toca civil 430/2019-16 el veintiocho de agosto del presente año, lo cual se corrobora con la cedula de notificación personal de dicha fecha, y la confesión expresa realizada por la parte quejosa en el capítulo de pruebas en su demanda de amparo en su narración del tenor siguiente: "II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la cedula de notificación de fecha 28 de agosto de 2019, en la cual se me notifica, por medio de persona autorizada la resolución de fecha 23 de agosto de 2019, dentro del TOCA CIVIL 430/2019-16, del índice de la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Dicha prueba se relaciona con todos y cada uno de los antecedentes y hechos precisados en el escrito de demanda y se ofrece con el objeto de acreditar la existencia e inconstitucionalidad del acto reclamado." Lo subrayado es propio. Confesión que de conformidad con los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, hace prueba plena de que la parte quejosa conoció de la referida resolución de veintitrés de agosto del presente año, dentro del toca civil 430/2019-16 de manera personal el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, es factible concluir, que si la quejosa fue notificada de la resolución en que ocurrió el acto de aplicación de la norma impugnada, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve); entonces, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para su impugnación transcurrió del veintinueve de agosto al dicinueve de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días treinta y uno de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince de septiembre de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, así como dieciséis de septiembre del mismo año, por estar previstos como inhábiles en el diverso numeral 19 del mismo ordenamiento legal en cita. Por lo que resulta indudable que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, toda vez que se promovió con posterioridad al plazo de quince días siguientes a que fue notificada del acto de aplicación de la norma, es decir, hasta el día veinte de septiembre de dos mil diecinueve, según el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. En efecto la notificación de la resolución combatida ocurrió el veintiocho de agosto del presente año y de acuerdo a los artículos 131, 135, 138 y 142 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, surtió efectos el mismo día en que se practicó ósea el referido veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; ésto es así porque de la interpretación integral de dichas normas, los plazos por regla general empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, en tanto que las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican y, por ende, los términos judiciales empiezan a computarse a partir del día siguiente; de ahí que para efectos de computar el plazo para la promoción del juicio de amparo, en términos de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los cuales disponen que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo de quince días computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución de veintitrés de agosto de del año en curso, surtió efectos al día hábil siguiente, invocándose por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia PC.XVIII.J/11C. (10a), de rubro "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICAN PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).", en la que se interpretaron disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, y en la que se concluyó que las notificaciones personales surten efectos en el momento en que se practican; y son de idéntico contenido a los relativos citados del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. En tales condiciones, al haberse promovido de forma extemporánea la demanda para recurrir la norma y la resolución ya explicada, se torna improcedente el reclamo que se hace a través de la demanda que se provee. En estas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente tanto respecto a las normas impugnadas del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, así como en relación con el acto en que se aplicaron, es decir respecto a la a la resolución ya referida, por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto y que éste no sea extemporáneo para efectos del juicio de amparo, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al ser extemporáneo el acto concreto en el que se aplicó la norma tildada de inconstitucional, el juicio de amparo efectivamente resulta improcedente en contra de la misma. En lo conducente robustece lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintiocho, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN.". Asimismo, apoya lo anterior la Tesis: 2a. IV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de cuenta; asimismo se tienen como autorizados con las facultades que refiere a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ANA ROSA ORTIZ LANGNER, en su carácter de apoderada legal de ICELA GONZÁLEZ VILLALOBOS, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1281/2019-V, que por orden le corresponde. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Acto reclamado. De acuerdo al escrito de cuenta la parte quejosa reclama: "A).- H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- El proceso legislativo en el que se aprobó el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y que trajo como consecuencia la expedición, promulgación y publicación del artículo 238, fracciones II y III de dicho Código, que fue publicado el 04 de septiembre de 2006, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE IINCONSTITUCIONAL. B).- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, Titular del Poder Ejecutivo adscrito al Gobierno del Estado: 1.- La promulgación del artículo 238, fracciones II y III del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que fue publicado el 04 de septiembre de 2004, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE INCONSTITUCIONAL. C).- SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- La expedición y publicación de la norma que se tilda de inconstitucional que lo es el artículo 238, fracciones II y III del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, que fue publicado el 04 de septiembre de 2004, en el Diario Periódico Oficial para el Estado de Morelos "Tierra y Libertad", dispositivo legal que SE TILDA DESDE ESTE MOMENTO DE INCONSTITUCIONAL. D).- LA SALA AUXILIAR DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS: 1.- EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA QUE SE TILDA DE INCONSTITUCIONAL DESCRITA EN LOS INCISOS a).-, b).- y c).- y que desembocó en la ilegal resolución dictada en fecha 23 de agosto de 2019, dictado por la autoridad antes mencionada dentro del TOCA CIVIL 430/2019-16, con JUICIO DE ORIGEN 786/2016-3, dentro de la cual la suscrita soy apelante y notificado personalmente a la suscrita a través de persona autorizada, mediante cedula de notificación de fecha 28 de agosto de 2019, en la que se resolvió y se declaró la confirmación de la sentencia apelada y dictada por el JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, principalmente en sus considerandos primero, segundo, tercero, cuarto, así como puntos resolutivos primero y segundo." Al respecto, el suscrito juzgador estima que respecto al artículo 238, fracciones II y III, del Código Familiar, así como respecto a la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en que ocurrió el acto de aplicación de dicha norma se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, toda vez se consideran actos consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. A su vez, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En el caso, la norma que se impugna tiene naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que los efectos y obligaciones de la disposición legal reclamada, no surgieron de manera automática con su sola entrada en vigor sino que, se requirió de un supuesto legal previo que condicionó su aplicación, esto es, la sentencia definitiva de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve y notificada personalmente el veintiocho de agosto del presente año, al referir el quejoso que en ella se aplicó el artículo 238, fracciones II y III, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P.J/J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página cinco, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computarán de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, bajo el número de toca civil 430/2019-16 el veintiocho de agosto del presente año, lo cual se corrobora con la cedula de notificación personal de dicha fecha, y la confesión expresa realizada por la parte quejosa en el capítulo de pruebas en su demanda de amparo en su narración del tenor siguiente: "II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la cedula de notificación de fecha 28 de agosto de 2019, en la cual se me notifica, por medio de persona autorizada la resolución de fecha 23 de agosto de 2019, dentro del TOCA CIVIL 430/2019-16, del índice de la Sala Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Dicha prueba se relaciona con todos y cada uno de los antecedentes y hechos precisados en el escrito de demanda y se ofrece con el objeto de acreditar la existencia e inconstitucionalidad del acto reclamado." Lo subrayado es propio. Confesión que de conformidad con los artículos 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, hace prueba plena de que la parte quejosa conoció de la referida resolución de veintitrés de agosto del presente año, dentro del toca civil 430/2019-16 de manera personal el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, es factible concluir, que si la quejosa fue notificada de la resolución en que ocurrió el acto de aplicación de la norma impugnada, el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve); entonces, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo para su impugnación transcurrió del veintinueve de agosto al dicinueve de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días treinta y uno de agosto, uno, siete, ocho, catorce, quince de septiembre de dos mil dieciocho, por ser sábados y domingos, así como dieciséis de septiembre del mismo año, por estar previstos como inhábiles en el diverso numeral 19 del mismo ordenamiento legal en cita. Por lo que resulta indudable que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, toda vez que se promovió con posterioridad al plazo de quince días siguientes a que fue notificada del acto de aplicación de la norma, es decir, hasta el día veinte de septiembre de dos mil diecinueve, según el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito. En efecto la notificación de la resolución combatida ocurrió el veintiocho de agosto del presente año y de acuerdo a los artículos 131, 135, 138 y 142 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, surtió efectos el mismo día en que se practicó ósea el referido veintiocho de agosto de dos mil diecinueve; ésto es así porque de la interpretación integral de dichas normas, los plazos por regla general empiezan a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento o la notificación personal, en tanto que las notificaciones personales surten efectos el día en que se practican y, por ende, los términos judiciales empiezan a computarse a partir del día siguiente; de ahí que para efectos de computar el plazo para la promoción del juicio de amparo, en términos de los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, los cuales disponen que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo de quince días computados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución de veintitrés de agosto de del año en curso, surtió efectos al día hábil siguiente, invocándose por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia PC.XVIII.J/11C. (10a), de rubro "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS EL DÍA EN QUE SE PRACTICAN PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).", en la que se interpretaron disposiciones del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, y en la que se concluyó que las notificaciones personales surten efectos en el momento en que se practican; y son de idéntico contenido a los relativos citados del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. En tales condiciones, al haberse promovido de forma extemporánea la demanda para recurrir la norma y la resolución ya explicada, se torna improcedente el reclamo que se hace a través de la demanda que se provee. En estas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente tanto respecto a las normas impugnadas del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, así como en relación con el acto en que se aplicaron, es decir respecto a la a la resolución ya referida, por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto y que éste no sea extemporáneo para efectos del juicio de amparo, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al ser extemporáneo el acto concreto en el que se aplicó la norma tildada de inconstitucional, el juicio de amparo efectivamente resulta improcedente en contra de la misma. En lo conducente robustece lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintiocho, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN.". Asimismo, apoya lo anterior la Tesis: 2a. IV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de cuenta; asimismo se tienen como autorizados con las facultades que refiere a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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