Idalia de los Reyes León
Expediente 926/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 46 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 02/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Idalia de los Reyes León
- Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dos de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien firma electrónicamente en conjunto con la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo: Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de trece de marzo de dos mil veinte el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del Oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 926/2019, en la que concedió a ******************** la protección constitucional en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo combatido. 2. Reponga el procedimiento para que deje sin efectos la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que se desecharon las pruebas de inspección ocular, así como la grabación de audio en formato "USB", ofrecidas por la parte actora y proceda a ordenar su desahogo; en tanto, que con relación a la última en atención al principio de razonabilidad motive por qué no se podría desahogar el medio de convicción aludido. 3. Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, dicte un nuevo laudo en el que: a) Considere que el documento consistente en el finiquito de veintidós de mayo de dos mil quince, no demuestra la existencia legal de una liquidación respecto de las prestaciones ahí contenidas; b) Al analizar el pago de horas extras reclamadas por la actora, prescinda de considerar que éste no demostró que haya solicitado la autorización por escrito de su superior para laborarlas, determinado lo que en derecho proceda" (foja 68 frente y vuelta). Precisado lo anterior, este órgano colegiado, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte tuvo por recibido el oficio 879/2020 del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 926/2019 con la sentencia dictada en el mismo y expediente laboral 599/2015 y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria y lo informara (foja 85). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Junta dejó insubsistente el laudo reclamado y tácitamente repuso el procedimiento al admitir la prueba de inspección, no así la grabación de audio en memoria "USB" (foja 91). Por diverso auto de veinte de noviembre de dos mil veinte la Junta acordó que no fue posible el desahogo de la prueba de inspección ocular ante la inexistencia de las documentales sobre las cuales versaría, por lo que se hicieron efectivos los apercibimientos decretados a la demandada (foja 114). Cabe mencionar que, por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno este órgano colegiado determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida, por lo siguiente: "No obstante lo anterior, la autoridad del trabajo incumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, por lo siguiente. En relación al medio de convicción consistente en la grabación de audio en formato "USB", en la ejecutoria de amparo se determinó: (.) De acuerdo con la reproducción parcial de los razonamientos que sustentan la ejecutoria de amparo, el tribunal colegiado auxiliar tildó incorrecto el proceder de la Junta al desechar la prueba de mérito al no acompañarse el medio necesario para su desahogo, además expresó las consideraciones que prevalecen en las instituciones de gobierno en relación con los equipos de cómputo que permiten la reproducción de discos compactos de audio y video, además de contar con puertos para leer memorias usb. De ahí que, estableció el órgano colegiado que la responsable al momento de pronunciarse sobre la admisión de la mencionada prueba, debía ponderar las situaciones mencionadas y con base en ello, motivar su determinación. Esto es, el lineamiento dado en la ejecutoria de amparo es que la Junta al momento de pronunciarse respecto a la grabación de audio en formato "USB", debía motivar el por qué no se podría desahogar el medio de convicción aludido. Sin embargo, la autoridad del trabajo en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, si bien dijo que ella tenía la capacidad para proveer los instrumentos o aparatos para apreciar el dispositivo USB; lo cierto es que emitió razonamientos apreciando el medio de convicción, como enseguida se corrobora: (.) Empero, como se dijo, en la ejecutoria se ordenó que, al ocuparse de ese medio de convicción, en atención al principio de razonabilidad motivara el por qué no se podría desahogar, pero relacionado con la carencia de equipos de cómputo que imposibilitara su desahogo. En cambio, para no admitir ese medio de convicción la Junta expresó razonamiento que tienen que ver con su apreciación y, en determinado momento la eficacia convictiva, lo que es propio del dictado del laudo (fojas 174 a 179). En cumplimiento a lo anterior, la Junta en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, admitió la prueba ofrecida por la actora consiste en la grabación de audio en formato "USB 782", por lo que señaló fecha y hora para su desahogo, mismo que tuvo verificativo el treinta abril siguiente (foja 203, 215 a 217). El tres de febrero de dos mil veintitrés la autoridad responsable dictó nuevo laudo en el que con plenitud de jurisdicción: a) Consideró que el documento consistente en el finiquito de veintidós de mayo de dos mil quince, no demostraba la existencia legal de una liquidación respecto de las prestaciones ahí contenidas (vacaciones, prima vacacional y aguinaldo), pues incumplía con lo dispuesto en el numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo (foja 371 y 372). b) Al analizar el pago de horas extras reclamadas por la actora, prescindió de considerar que ésta no demostró que haya solicitado la autorización por escrito de su superior para laborarlas, por lo que atribuyó al demandado la carga de la prueba para desvirtuar la aseveración de su contraparte de haber trabajado tiempo extraordinario, sin que resultara suficiente lo acordado en el contrato individual del trabajo, de ahí que lo condenó a pagar dicho reclamo (fojas 373 y 374). De lo anterior se desprende que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo: Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de trece de marzo de dos mil veinte el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del Oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 926/2019, en la que concedió a ******************** la protección constitucional en los términos siguientes: "1. Deje insubsistente el laudo combatido. 2. Reponga el procedimiento para que deje sin efectos la audiencia de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que se desecharon las pruebas de inspección ocular, así como la grabación de audio en formato "USB", ofrecidas por la parte actora y proceda a ordenar su desahogo; en tanto, que con relación a la última en atención al principio de razonabilidad motive por qué no se podría desahogar el medio de convicción aludido. 3. Hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción, dicte un nuevo laudo en el que: a) Considere que el documento consistente en el finiquito de veintidós de mayo de dos mil quince, no demuestra la existencia legal de una liquidación respecto de las prestaciones ahí contenidas; b) Al analizar el pago de horas extras reclamadas por la actora, prescinda de considerar que éste no demostró que haya solicitado la autorización por escrito de su superior para laborarlas, determinado lo que en derecho proceda" (foja 68 frente y vuelta). Precisado lo anterior, este órgano colegiado, por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte tuvo por recibido el oficio 879/2020 del Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 926/2019 con la sentencia dictada en el mismo y expediente laboral 599/2015 y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria y lo informara (foja 85). En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Junta dejó insubsistente el laudo reclamado y tácitamente repuso el procedimiento al admitir la prueba de inspección, no así la grabación de audio en memoria "USB" (foja 91). Por diverso auto de veinte de noviembre de dos mil veinte la Junta acordó que no fue posible el desahogo de la prueba de inspección ocular ante la inexistencia de las documentales sobre las cuales versaría, por lo que se hicieron efectivos los apercibimientos decretados a la demandada (foja 114). Cabe mencionar que, por resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno este órgano colegiado determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida, por lo siguiente: "No obstante lo anterior, la autoridad del trabajo incumplió con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, por lo siguiente. En relación al medio de convicción consistente en la grabación de audio en formato "USB", en la ejecutoria de amparo se determinó: (.) De acuerdo con la reproducción parcial de los razonamientos que sustentan la ejecutoria de amparo, el tribunal colegiado auxiliar tildó incorrecto el proceder de la Junta al desechar la prueba de mérito al no acompañarse el medio necesario para su desahogo, además expresó las consideraciones que prevalecen en las instituciones de gobierno en relación con los equipos de cómputo que permiten la reproducción de discos compactos de audio y video, además de contar con puertos para leer memorias usb. De ahí que, estableció el órgano colegiado que la responsable al momento de pronunciarse sobre la admisión de la mencionada prueba, debía ponderar las situaciones mencionadas y con base en ello, motivar su determinación. Esto es, el lineamiento dado en la ejecutoria de amparo es que la Junta al momento de pronunciarse respecto a la grabación de audio en formato "USB", debía motivar el por qué no se podría desahogar el medio de convicción aludido. Sin embargo, la autoridad del trabajo en el acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, si bien dijo que ella tenía la capacidad para proveer los instrumentos o aparatos para apreciar el dispositivo USB; lo cierto es que emitió razonamientos apreciando el medio de convicción, como enseguida se corrobora: (.) Empero, como se dijo, en la ejecutoria se ordenó que, al ocuparse de ese medio de convicción, en atención al principio de razonabilidad motivara el por qué no se podría desahogar, pero relacionado con la carencia de equipos de cómputo que imposibilitara su desahogo. En cambio, para no admitir ese medio de convicción la Junta expresó razonamiento que tienen que ver con su apreciación y, en determinado momento la eficacia convictiva, lo que es propio del dictado del laudo (fojas 174 a 179). En cumplimiento a lo anterior, la Junta en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, admitió la prueba ofrecida por la actora consiste en la grabación de audio en formato "USB 782", por lo que señaló fecha y hora para su desahogo, mismo que tuvo verificativo el treinta abril siguiente (foja 203, 215 a 217). El tres de febrero de dos mil veintitrés la autoridad responsable dictó nuevo laudo en el que con plenitud de jurisdicción: a) Consideró que el documento consistente en el finiquito de veintidós de mayo de dos mil quince, no demostraba la existencia legal de una liquidación respecto de las prestaciones ahí contenidas (vacaciones, prima vacacional y aguinaldo), pues incumplía con lo dispuesto en el numeral 33 de la Ley Federal del Trabajo (foja 371 y 372). b) Al analizar el pago de horas extras reclamadas por la actora, prescindió de considerar que ésta no demostró que haya solicitado la autorización por escrito de su superior para laborarlas, por lo que atribuyó al demandado la carga de la prueba para desvirtuar la aseveración de su contraparte de haber trabajado tiempo extraordinario, sin que resultara suficiente lo acordado en el contrato individual del trabajo, de ahí que lo condenó a pagar dicho reclamo (fojas 373 y 374). De lo anterior se desprende que ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por la quejosa Idalia de los Reyes León; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que refiere, autorizando para recibirla a las personas que menciona, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. En conformidad con lo dispuesto en el precepto 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, se exhorta a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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