Ibon Ramirez Rosete

Expediente 945/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
945/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
02/02/2021

Partes del expediente

  • Ibon Ramirez Rosete
  • Juana Cova Bahena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de febrero de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en sesión de once de junio de dos mil veinte resolvió conceder la protección constitucional a Ibón Ramírez Rosete, contra el acto reclamado del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, consistente en la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada en el recurso de revisión administrativa 1034/2018. Los efectos de la ejecutoria de amparo, fue en los términos siguientes: "1.- Deje insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada en el expediente 1034/2018. 2.- En su lugar, dicte otra, en la que reitere lo que no fue motivo de la protección constitucional, es decir, la condena al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad; así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. 3.- Prescinda de considerar la figura de prescripción y con plenitud de jurisdicción resuelva lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional". Ahora bien, la Sala responsable con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió las constancias siguientes: I.- Copia certificada del proveído de primero de octubre de dos mil veinte, por el cual dejó sin efectos la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 114 y 115 del expediente de amparo). II.- Copia certificada de la sentencia de dos de octubre del año en curso dictada en el expediente 1034/2018 (fojas 133 a la 152 ibídem). Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte la parte quejosa realizó manifestaciones tendientes a demostrar que la responsable cumplió de manera defectuosa la ejecutoria de amparo (fojas 172 y 173 ídem). Mediante auto de cinco de noviembre del año en curso se hizo constar que la parte tercera interesada no realizó manifestaciones con relación a las actuaciones de la responsable dentro del plazo de diez días que se les otorgó para tales efectos (foja 179 ibíd). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. A fin de que la autoridad responsable diera cabal cumplimiento con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, debió proceder a lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve. 2.- En su lugar, dictar otra, en la que reitere la condena al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. 3.- Prescindir de considerar la figura de prescripción y con plenitud de jurisdicción resolver lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Ahora bien, el lineamiento número uno quedó cumplido porque la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada mediante proveído de primero de octubre de dos mil veinte. De igual forma quedó satisfecho el lineamiento dos, ya que la autoridad responsable al dictar la nueva sentencia reiteró lo que no fue materia de concesión, esto es, condenó al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. Tal y como se advierte de las consideraciones siguientes: "A. El pago por concepto de gastos funerarios. Al respecto debe decirse, que le asiste el derecho a la recurrente, para reclamar la prestación indicada, lo anterior, de conformidad con el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que el Estado está obligado a pagar las demás prestaciones a que tenga derecho, prestación que queda conferida en la parte conducente (demás prestaciones) razón por la cual, lo procedente es condenar a las autoridades señaladas como responsables, al pago por concepto de gastos funerarios, equivalente a cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que percibía el hoy difunto, antes de su fallecimiento, de conformidad con lo estatuido en el precepto legal 296 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. (.) En esa tesitura, conforme al contenido que se desprende de esa ley, se tiene que, la institución legalmente facultada para el otorgamiento de las prestaciones reclamadas por la recurrente deberán ser dirimidas ante la institución denominada "Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala" y no ante las autoridades responsables, como erróneamente lo adujo la recurrente. (.) E) Indemnización por concepto de veinte días de salario por año trabajado. Al respecto debe decirse, que no le asiste el derecho a la recurrente, para reclamar el pago de la indicada prestación, lo anterior, de conformidad con el artículo123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que el Estado está obligado a pagar la indemnización constitucional, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; circunstancia que no acontece en la especie, pues como quedó asentado en el considerando que antecede, no se actualiza el supuesto de separación del cargo del hoy difunto, hubiera sido por causa injustificada; razón por la cual, lo procedente es absolver a las autoridades señaladas como responsables del pago de la prestación reclamada. (.) B) Prima de antigüedad: Al respecto debe decirse que el pago de la prestación bajo análisis es estrictamente de naturaleza laboral; por tanto, atendiendo a que ni la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, resultan aplicables al presente asunto ni aun supletoriamente, ello en virtud de la relación establecida entre el hoy occiso y el Estado, como ya se dijo, es de naturaleza eminentemente administrativa; en consecuencia se rige exclusivamente por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. En consecuencia lo procedente es absolver a las autoridades señaladas como responsables del pago de la prestación bajo análisis. En ese tenor, se condena a la autoridad responsable al pago de prima vacacional en cantidad de $4,136.88 (cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 m.n.) correspondientes al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; asimismo a la cantidad de $4,023.09 (cuatro mil veintitrés pesos 09/100 m.n.) respecto del periodo del uno de enero al veinte de diciembre del año dos mil dieciséis que falleció el trabajador." Finalmente fue acatado el lineamiento tres, porque la autoridad prescindió de considerar la figura de prescripción, pues nada adujo en el nuevo fallo, y con plenitud de jurisdicción resolvió lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, al grado que estimó procedentes tales prestaciones y condenó a su pago, tal y como quedó reflejado en el punto resolutivo tercero de la sentencia. "TERCERO. Se condena al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, a través de las personas que legalmente le representen, al pago de gastos funerarios, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en los términos precisados en el Considerando VII de la presente resolución." Por lo anterior, se declara por cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anterior las manifestaciones que formula la quejosa en el sentido de que la responsable cumplió de manera defectuosa la ejecutoria de amparo, al señalar que las prestaciones materia de la condena fueron calculadas de manera errónea, pues debió tomarse en cuenta como salario base para la cuantificación el equivalente a seis salarios mínimos, o en su caso, la suma de percepciones que asciende a la cantidad de $5,109.00 (cinco mil ciento nueve pesos) que el trabajador recibía quincenalmente. Es así, porque el monto del salario para la cuantificación de las prestaciones, o en su caso, la forma de calcular las prestaciones, son aspectos ajenos a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues en el fallo protector nada se dijo ni se analizó sobre ese tema. Notifíquese, personalmente al quejoso, así como a Juana Cova Bahena, por sí y en representación de su menor hija (cuya identidad se protege), y por oficio a los terceros interesados Presidente y Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; así como al Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de dicho Ayuntamiento, Así proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que en sesión de once de junio de dos mil veinte resolvió conceder la protección constitucional a Ibón Ramírez Rosete, contra el acto reclamado del Magistrado de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, consistente en la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada en el recurso de revisión administrativa 1034/2018. Los efectos de la ejecutoria de amparo, fue en los términos siguientes: "1.- Deje insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve dictada en el expediente 1034/2018. 2.- En su lugar, dicte otra, en la que reitere lo que no fue motivo de la protección constitucional, es decir, la condena al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad; así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. 3.- Prescinda de considerar la figura de prescripción y con plenitud de jurisdicción resuelva lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional". Ahora bien, la Sala responsable con el objeto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitió las constancias siguientes: I.- Copia certificada del proveído de primero de octubre de dos mil veinte, por el cual dejó sin efectos la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 114 y 115 del expediente de amparo). II.- Copia certificada de la sentencia de dos de octubre del año en curso dictada en el expediente 1034/2018 (fojas 133 a la 152 ibídem). Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte la parte quejosa realizó manifestaciones tendientes a demostrar que la responsable cumplió de manera defectuosa la ejecutoria de amparo (fojas 172 y 173 ídem). Mediante auto de cinco de noviembre del año en curso se hizo constar que la parte tercera interesada no realizó manifestaciones con relación a las actuaciones de la responsable dentro del plazo de diez días que se les otorgó para tales efectos (foja 179 ibíd). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. A fin de que la autoridad responsable diera cabal cumplimiento con los lineamientos precisados en la ejecutoria de amparo, debió proceder a lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la sentencia de diez de octubre de dos mil diecinueve. 2.- En su lugar, dictar otra, en la que reitere la condena al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. 3.- Prescindir de considerar la figura de prescripción y con plenitud de jurisdicción resolver lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Ahora bien, el lineamiento número uno quedó cumplido porque la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada mediante proveído de primero de octubre de dos mil veinte. De igual forma quedó satisfecho el lineamiento dos, ya que la autoridad responsable al dictar la nueva sentencia reiteró lo que no fue materia de concesión, esto es, condenó al pago de los gastos funerarios, que las autoridades demandadas no son competentes para resolver sobre el otorgamiento y pago de las pensiones de viudez y orfandad, así como la negativa a condenar al pago de veinte días por año y la prima de antigüedad. Tal y como se advierte de las consideraciones siguientes: "A. El pago por concepto de gastos funerarios. Al respecto debe decirse, que le asiste el derecho a la recurrente, para reclamar la prestación indicada, lo anterior, de conformidad con el artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que el Estado está obligado a pagar las demás prestaciones a que tenga derecho, prestación que queda conferida en la parte conducente (demás prestaciones) razón por la cual, lo procedente es condenar a las autoridades señaladas como responsables, al pago por concepto de gastos funerarios, equivalente a cuatro meses de los sueldos, salarios y haberes que percibía el hoy difunto, antes de su fallecimiento, de conformidad con lo estatuido en el precepto legal 296 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. (.) En esa tesitura, conforme al contenido que se desprende de esa ley, se tiene que, la institución legalmente facultada para el otorgamiento de las prestaciones reclamadas por la recurrente deberán ser dirimidas ante la institución denominada "Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala" y no ante las autoridades responsables, como erróneamente lo adujo la recurrente. (.) E) Indemnización por concepto de veinte días de salario por año trabajado. Al respecto debe decirse, que no le asiste el derecho a la recurrente, para reclamar el pago de la indicada prestación, lo anterior, de conformidad con el artículo123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece que el Estado está obligado a pagar la indemnización constitucional, cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; circunstancia que no acontece en la especie, pues como quedó asentado en el considerando que antecede, no se actualiza el supuesto de separación del cargo del hoy difunto, hubiera sido por causa injustificada; razón por la cual, lo procedente es absolver a las autoridades señaladas como responsables del pago de la prestación reclamada. (.) B) Prima de antigüedad: Al respecto debe decirse que el pago de la prestación bajo análisis es estrictamente de naturaleza laboral; por tanto, atendiendo a que ni la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, resultan aplicables al presente asunto ni aun supletoriamente, ello en virtud de la relación establecida entre el hoy occiso y el Estado, como ya se dijo, es de naturaleza eminentemente administrativa; en consecuencia se rige exclusivamente por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala. En consecuencia lo procedente es absolver a las autoridades señaladas como responsables del pago de la prestación bajo análisis. En ese tenor, se condena a la autoridad responsable al pago de prima vacacional en cantidad de $4,136.88 (cuatro mil ciento treinta y seis pesos 86/100 m.n.) correspondientes al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; asimismo a la cantidad de $4,023.09 (cuatro mil veintitrés pesos 09/100 m.n.) respecto del periodo del uno de enero al veinte de diciembre del año dos mil dieciséis que falleció el trabajador." Finalmente fue acatado el lineamiento tres, porque la autoridad prescindió de considerar la figura de prescripción, pues nada adujo en el nuevo fallo, y con plenitud de jurisdicción resolvió lo concerniente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, al grado que estimó procedentes tales prestaciones y condenó a su pago, tal y como quedó reflejado en el punto resolutivo tercero de la sentencia. "TERCERO. Se condena al Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, a través de las personas que legalmente le representen, al pago de gastos funerarios, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en los términos precisados en el Considerando VII de la presente resolución." Por lo anterior, se declara por cabalmente cumplida la ejecutoria de amparo. No obsta a lo anterior las manifestaciones que formula la quejosa en el sentido de que la responsable cumplió de manera defectuosa la ejecutoria de amparo, al señalar que las prestaciones materia de la condena fueron calculadas de manera errónea, pues debió tomarse en cuenta como salario base para la cuantificación el equivalente a seis salarios mínimos, o en su caso, la suma de percepciones que asciende a la cantidad de $5,109.00 (cinco mil ciento nueve pesos) que el trabajador recibía quincenalmente. Es así, porque el monto del salario para la cuantificación de las prestaciones, o en su caso, la forma de calcular las prestaciones, son aspectos ajenos a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues en el fallo protector nada se dijo ni se analizó sobre ese tema. Notifíquese, personalmente al quejoso, así como a Juana Cova Bahena, por sí y en representación de su menor hija (cuya identidad se protege), y por oficio a los terceros interesados Presidente y Síndico del Ayuntamiento del Municipio de Apizaco, Tlaxcala; así como al Director de Seguridad Pública, Vialidad y Transporte de dicho Ayuntamiento, Así proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de nueve de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/ghm

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