Humberto Vega Rodríguez

Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
528/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Humberto Vega Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    "...Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en representación del Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene adscrito a dicha Delegación, mediante el cual remite diversas constancias de las que se advierten las medidas que ha tomado a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, por ser medidas tendentes al cumplimiento, una vez que se reciba el pronunciamiento conclusorio, se dará vista a las partes para los efectos legales procedentes, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo..."

  2. Principal

    ".... Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente por la Coordinadora de Evaluación de Control Procedimental y de Amparos, en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual refiere que la autoridad que representa únicamente ejerce facultades legislativas en el proceso de creación de las normas, motivo por el cual se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dados los efectos para los que fue concedida. Al respecto, se reserva proveer hasta en tanto las restantes autoridades responsables remitan su informe en razón del cumplimiento a dicha sentencia y así, estar en aptitud de dar vista a las partes para los efectos legales procedentes, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En ese orden, como lo solicita la autoridad oficiante, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a los que menciona en su ocurso..."

  3. Principal

    ".... Agréguese el telegrama remitido por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que atento a los efectos para los cuales se concedió el amparo, ese órgano legislativo no tiene injerenciua en el cumplimiento a la ejecutoria de este juicio. Al respecto, se reserva proveer hasta en tanto las restantes autoridades responsables remitan su informe en razón del cumplimiento a dicha sentencia y así, estar en aptitud de dar vista a las partes para los efectos legales procedentes, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. ...

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefe de Administración Postal, con sede en esta ciudad, y anexo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de nueve de los cursantes, y al efecto remite copia del acuse de recibo del que se advierte que fue entregado el diverso 11675/2023 dirigido a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. En ese sentido, tomando en consideración que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas recurrieran la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En ese tenor, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se ordena requerir a las autoridades responsables, para que en el ámbito de sus competencias, dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, realicen lo siguiente: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación presente y futura del artículo 12 fracción II, inciso c), del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 112/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 192846, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia que, en acatamiento al principio de relatividad de las sentencias, la autoridad responsable participante en el proceso legislativo de creación de la norma reclamada, se encuentra exenta de realizar actuación alguna en cumplimiento al presente fallo protector; puesto que la concesión del amparo no afecta la vigencia de la norma cuestionada, ni la priva de su eficacia general, sino que el efecto del mismo, radica en que la norma declarada inconstitucional no se aplique en perjuicio de la parte quejosa; siendo que en el caso, el acto material de aplicación de dicha norma, no le es atribuible a la indicada autoridad. Resulta ilustrativa al caso, la tesis P. CXXXVII/96 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200006, de epígrafe y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Finalmente, la protección constitucional que antecede debe hacerse extensiva al acto de aplicación que se reclama de la Jefa del Departamento de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales comisionada a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), para el efecto: b) Deje insubsistente el oficio número ******************** de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se determina la improcedencia del pago de la pensión por viudez ******************** c) Emita una nueva determinación respecto a la solicitud formulada por la quejosa, referente a la pensión por viudez; pero en la que se abstenga de aplicar el contenido del artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la porción analizada en esta sentencia. Lo anterior implica que deberá proveer lo necesario para que se le paguen al quejoso las cantidades por pensión de viudez que conforme a derecho procedan, incluso aquellas que no fueron cubiertas con motivo de la aplicación del precepto aquí analizado, debiendo exhibir ante este Juzgado Federal las constancias fehacientes que así lo demuestren. Lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, deberá remitir las constancias que acrediten su cumplimiento. Ello, a fin de restituir al amparista en el goce de sus garantías violadas, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo. Puntualizado lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo se apercibe a las autoridades responsables que de incumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá a cada una, multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de Salario Mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha el presente auto), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Para mayor comprensión del requerimiento que se formula, este Juzgado estima pertinente reproducir el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." En vista de lo anterior, con fundamento en la parte final del párrafo primero del artículo 192 de la Ley de Amparo, notifíquese sin demora la presente determinación a las autoridades responsables. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. Notifíquese.

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