Humberto Mar Martínez
Expediente 177/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Humberto Mar Martínez y Otros.
- Humberto Mar Martínez
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche, mediante el cual acusa recibo del oficio con el que se le remitió el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo instaurada por ********************en su carácter de apoderado legal de******************** que dio origen al referido juicio de amparo. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido...
- Principal
"...Agréguese a los autos el escrito de... en su carácter de apoderado legal... Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual desahoga la prevención formulada por este juzgado en auto de catorce de abril de dos mil veintiuno; atento a ello, se acuerda: COMPETENCIA Previo a acordar lo que en derecho corresponda, resulta necesario hacer el análisis de la competencia legal en razón de territorio de este juzgado, por ser un presupuesto procesal de orden público que puede analizarse en cualquier estado del juicio. Al respecto, es necesario puntualizar que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda planteada, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, en su orden establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "(.)" VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutar, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se obtienen los criterios básicos para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo; reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades, que haya prevenido, será el competente. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los supuestos indicados, puede apreciarse claramente que, para determinar la competencia de un Juez de Distrito, en principio debe atenderse a los efectos producidos del acto desde la perspectiva de la ejecución material. Sobre esa base, tomando como punto de partida el análisis efectuado al escrito de demanda, así como de su escrito aclaratorio de cuenta, se conoce que la parte quejosa, esencialmente hace consistir el acto reclamado en... Aunado a lo anterior, en el escrito de cuenta la parte quejosa, refiere que el embargo se llevará a cabo en la ventanilla única de la autoridad responsable denominada Enlace Financiero Exploración y Producción Región Marina Noreste de la Gerencia de Finanzas en las Empresas Productivas Subsidiarias, la cual, ha dicho del promovente, se encuentra ubicada en edificio administrativo Punta Norte, torre tres, piso seis, avenida Paseo del Mar, Lote dos, sin número, colonia Justo Sierra, código postal 21114, de la Ciudad del Carmen Campeche. Bajo esa perspectiva, resulta incuestionable que el acto de ejecución tendrá lugar en Ciudad del Carmen, Campeche, donde se encuentra ubicada las oficinas de la autoridad responsable; por tanto, el supuesto de competencia planteado en el inciso 1) se surte a favor del Juzgado Federal que ejerce jurisdicción dentro del territorio donde tiene ejecución el acto reclamado. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está impedido para conocer del presente asunto, ya que no existe evidencia en autos que el acto reclamado se pretenda ejecutar en el territorio en que ejerce jurisdicción este Juzgado, más cuando el tema de la competencia se erige como una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, remítanse los autos al Juez de Distrito en el Estado de Campeche en turno, con sede en Ciudad del Carmen, a quien se estima competente para conocer de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Lo anterior, en atención a que la población antes citada no se encuentra dentro del ámbito territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce competencia, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito que dispone: PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Campeche. [.] SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: [.] TRIGESIMO PRIMER CIRCUITO: 1. Un tribunal colegiado con residencia en Campeche. 2. Un tribunal unitario con sede en Campeche. 3. Dos juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en la ciudad del mismo nombre. TERCERO. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito es la que enseguida se indica: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. Al respecto cabe precisar, que no se está en presencia de un acto declarativo y, por ende, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo, sino que la competencia se fija con base en las reglas de ejecución, pues el acto reclamado requiere de ejecución material. Cabe señalar que tampoco se está en presencia de que los actos reclamados tengan ejecución en diversos lugares, pues lo que se reclama es que La orden de embargo de las estimaciones (facturas) generadas en el contrato No... de ahí que dicho acto conlleva una ejecución que se materializará en ese municipio. Por tanto, el acto reclamado en el presente juicio de amparo tendrá ejecución en un lugar diverso al en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, esto es, se materializará en Ciudad del Carmen, Campeche, pues es en ese lugar donde se encuentra el lugar en donde tiene residencia la autoridad responsable ejecutora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1985, parte VIII, Séptima Época Materia(s): Común, página 142, de rubro y texto: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno..."
- Principal
"...Vista la razón que antecede, se advierte la imposibilidad del actuario adscrito para notificar al promovente ********************, en su carácter de apoderado legal ********************, el proveído de catorce de abril del año en curso, en virtud de que, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte la autorización de la parte quejosa para recibir notificaciones vía electrónica, como fue indicado en el referido auto. En esas condiciones, se encomienda a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que realice los ajustes pertinentes en dicho sistema para estar en aptitud de realizar la notificación de que se trata, así como las subsecuentes que se llegasen a ordenar en el presente juicio de amparo.
- Principal
"...Vista la demanda de amparo instaurada por... en su carácter de apoderado legal OPP Servicios Petroleros, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se ordena formar expediente, y registrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 177/2021-II-B. Ahora, a efecto de proveer respecto a la admisión del escrito constitucional, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." En vinculación con lo anterior, el artículo 108, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. [.]" Como se puede advertir de los artículos anteriores, el juez de distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: Irregularidades, como podrían ser deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, como el señalamiento preciso del acto reclamado. Imprecisión del acto reclamado, así como la falta de exhibición de las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. Cabe destacar que de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la promovente refiere dar cumplimiento a los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo; sin embargo, una vez que el suscrito se impuso de la demanda en estudio, se advierte que se actualizan los previstos en las fracciones IV y V, en virtud de lo siguiente... Cabe señalar que mi representada desconoce en este momento el contenido de los actos reclamados, reservándose el derecho de ampliar la presente demanda de amparo en el momento procesal oportuno." Por su parte, en el capítulo relativo a los conceptos de violación, expone... Asimismo, se estima que en la demanda de amparo que nos ocupa se omitió el requisito previsto por el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que al haberse presentado la demanda de amparo y sus anexos vía electrónica a través de su firma "FIREL", es su obligación expresar bajo protesta de decir verdad que el documento consistente en: Escritura pública con número setecientos veintitrés, de uno de noviembre de dos mil trece, pasada ante la fe de la Notaria Público número Setenta y Nueve, con sede en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Es copia íntegra e inalterada del documento impreso, lo cual como ya se vio es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación del quejoso manifestar su relato de hechos con sujeción a la verdad. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Aunado a lo anterior, el promovente no realizan una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público. Aspectos que se estima imprescindible, a fin de que este Juzgado estén en aptitud de determinar la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto; imprecisiones que pueden dar lugar a diversas confusiones, verbigracia: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados, que en su caso tengan ese carácter, no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo. Lo expuesto, encuentra sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos noventa y siete, tomo IX, Materia Común, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Imprecisiones que cobran relevancia en la especie, toda vez que deja en estado de indefensión a las autoridades responsables, ya que al momento de rendir su informe no sabrán con claridad cuál es el acto que le reclama, amén que incide directamente en determinar al momento de pronunciarse sobre la medida suspensional peticionada. En mérito de lo anterior, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente y cumplir con los requisitos establecidos en el citado artículo, requiéranse a la promovente, para que, dentro del improrrogable término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que se realice la notificación del presente acuerdo, y con las copias necesarias para correr traslado, conforme al artículo 110 de la referida ley, especifique lo siguiente: Precise el acto reclamado que pretende impugnar en esta instancia constitucional, esto es, si reclama la falta de emplazamiento a juicio o únicamente el que refiere en el capítulo respectivo a su acto reclamado. En caso de ser únicamente el que señala en el capítulo respectivo a su acto reclamado, especifique en donde se llevará a cabo el embargo que refiere. Precise qué autoridad residente en esta ciudad o en alguna diversa, a la cual le atribuye la ejecución del acto reclamado. Señale bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que anexó a su escrito de demanda es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Refiera el lugar de residencia de la autoridad responsable que señala como ejecutora. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda. Apercibida que, en caso de no dar cumplimiento dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda conforme al penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten con relación al acto reclamado, puede resultar en responsabilidad penal, al ser constitutivo de delito previsto por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]..."
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