Humberto Senen Olvera Pineda
Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Humberto Senen Olvera Pineda
Actuaciones
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, se le tiene devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 83/2022-V, derivado del juicio de amparo en que se actúa. Sin que sea necesario notificar personalmente la presente determinación a la parte quejosa, toda vez que no le depara ningún perjuicio. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del veintiuno de febrero del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Asimismo, toda vez que el lugar donde se encuentra recluido el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, a saber, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS" CEFERESO 15, con fundamento en los artículos 2o., 27 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a un Actuario Judicial de su adscripción para que se constituya en dicho domicilio y notifique a la parte quejosa este proveído. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Federal exhortado realice la diligencia encomendada. Es preciso destacar que, para la práctica de la notificación personal ordenada en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Notifíquese mediante exhorto electrónico al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Téngase al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto 44/2022-V, derivado del juicio de amparo en que se actúa, del cual se advierte que el quejoso **********, quedó debidamente notificado del auto del veintiuno de febrero pasado. Sin que sea necesario ordenar personalmente la notificación de este proveído, toda vez que el mismo no le causa perjuicio alguno a la parte quejosa. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por *********, en favor del quejoso *********, contra actos del Director General del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Ecatepec. Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 174/2022-V. El acto reclamado en este asunto se hace consistir en la orden de traslado a diverso centro penitenciario del que se encuentra recluido el quejoso. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues esos actos son susceptibles de resolverse mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento. En efecto del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Lo anterior, pues si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 constitucional. Es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que conforme a los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que los actos combatidos en esta instancia constitucional, necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de traslado de un centro de reclusión a otro o bien un cambio de celda o dormitorio, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de Control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 5293, Libro 67, junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019987, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1701, del Libro 61, página 230, diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, cuyo rubro es el siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL". Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS" CFERESO 15, realícense las notificaciones personales en dicho centro de reclusión. Asimismo, toda vez que el lugar donde se encuentra recluido el quejoso se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 2o., 27 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a un Actuario Judicial de su adscripción para que se constituya en dicho domicilio y notifique a la parte quejosa este proveído. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Federal exhortado realice la diligencia encomendada. Es preciso destacar que, para la práctica de la notificación personal ordenada en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; mediante exhorto electrónico al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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