Humberto Ramírez Castro
Expediente 410/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Humberto Ramírez Castro y Otros.
- Humberto Ramírez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El juicio de amparo es depurable en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se negó la protección constitucional. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2031/2021 del cinco de julio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Téngase al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec con residencia en Coacalco, acusando recibo del oficio por el que se le devolvieron diversas documentales que remitió en apoyo a su informe justificado; de lo que se adquiere conocimiento. Asimismo, se deja sin efectos el apercibimiento decretado a la autoridad responsable mediante proveído de seis de julio del año en curso. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de julio de dos mil veintiuno.Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del diez de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria; lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. En congruencia con lo anterior, devuélvanse al Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, el tomo de pruebas que acompañó a su informe justificado. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; y mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Vista la razón de la cual se advierte la imposibilidad de notificar al quejoso ******************, la resolución del diez de junio del año en curso por los motivos ahí expuestos; de lo que se toma conocimiento. En congruencia con lo anterior, se ordena notificar al promovente de amparo la citada sentencia por medio de la lista electrónica. Notifíquese y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1142/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Como lo ordena el acuerdo que antecede se notyifica por lista electrónica la resolución del diez de junio del año en curso, al quejoso, que dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos del diez de junio de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 410/2021- I, promovido por ************************, por derecho propio, en presencia judicial de Michel Navarrete Archundia, Secretario en funciones de Juez de Distrito, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, se procede a su verificativo. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto este período, el secretario hace constar que el quejoso realizó diversas manifestaciones en vía de alegatos. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el precepto 124 de la legislación de amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 410/2021-I; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el diez de mayo de dos mil veintiuno, remitido por razón de turno el trece de esos mes y año, a este Juzgado de Distrito, **************************, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México. II. Por auto del catorce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo con el número 410/2021-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento a la tercero interesada a **************************; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: - La resolución del diecinueve de abril de dos mil veintiuno dictada en la audiencia inicial por el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, en el juicio (controversias sobre el estado civil de la personas y el derecho familiar sobre pensión alimenticia y guardia y custodia) ********* seguido por **************************, contra el ahora quejoso ****************************, en la que ordenó la reducción de la pensión alimenticia decretada como medida provisional y que lo fue a razón de un día de salario mínimo vigente en la zona, al cincuenta por ciento de los ingresos económicos tanto ordinarios como extraordinarios que obtiene de su trabajo. TERCERO. Es cierto el acto que se le atribuye al Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. CUARTO. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, procede el análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. En ellos sostiene en esencia: I. Que con la resolución reclamada la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el principio de proporcionalidad previsto en el numeral 4.136 del Código Civiles del Estado de México, ya que decreta una pensión a su cargo del 50% de su salario, lo que afecta su economía. II. Que si bien la autoridad responsable cuenta en esta etapa procesal con la documental necesaria e idónea, como lo es su constancia laboral para fijar proporcionalmente una pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, lo cierto es que fuera de toda proporcionalidad y equidad, desatiende lo establecido en el artículo 5.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, fundándose en una desatinada facultad discrecional y basada en una percepción subjetiva. III. Que transgrede lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, dada la inexacta aplicación del mismo, pues tal hipótesis se refiere cuando los ingresos del deudor alimentario no sean comprobables como se desprende de las propias actuaciones, y aun así el juez le fija una pensión provisional desproporcional e inequitativa. IV. Que al dejar de aplicar los principios de exactitud y dirección del proceso previstos en los artículos 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, viola en su perjuicio la garantía de debido proceso contemplada en el numeral 14 constitucional. Son jurídicamente ineficaces dichos argumentos. Una vez asentado lo anterior, previo analizar los conceptos de violación, conviene señalar lo qué se debe considerar al momento de fijar una pensión alimenticia. Debe considerarse que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece -en lo que aquí interesa- que constituye una prerrogativa fundamental de los menores (niños y niñas) la satisfacción de sus necesidades de alimentación, para su desarrollo integral. Dicho numeral además prevé la obligación del Estado para que cumpla con su interés superior de protección del menor. Nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 26/2000-PS, definió el derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y en determinados casos del concubinato. La obligación legal de proporcionar los alimentos reposa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa, obedece a que las personas pertenecientes de un mismo grupo se deben recíproca asistencia. Efectivamente, debe considerarse que en la fijación del cumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la ley, deben imperar los principios de equidad y justicia, su monto deberá de atender a las condiciones reales prevalecientes en ese vínculo familiar de la que surge este derecho de alimentos. La proporcionalidad significa que para fijar el monto de la obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor que deba cumplirla, por lo que efectivamente, no es una mera operación matemática, como se propone de dividir los ingresos totales del obligado entre los alimentistas, sino que ciertamente habrá de atenderse, además de las posibilidades reales del deudor alimentario, a las necesidades de los acreedores, de acuerdo al entorno en que se desenvuelven, a la satisfacción de sus necesidades vitales y a proporcionarles una vida decorosa, ello de acuerdo con lo establecido en los numerales 4.136 y 4.138 del Código Civil del Estado de México. No obstante que los preceptos mencionados establecieren el monto mínimo del cuarenta por ciento de la pensión relativa, lo cierto es que ello, no desvincula el aludido principio de proporcionalidad, pues el propio precepto 4.138 citado, reconoce la posibilidad bajo los supuestos que en el mismo se describen la disminución de ese porcentaje hasta una unidad de medida y actualización; pero aún más, no debe perderse de vista que en el caso, se trata de los alimentos provisionales, lo cuales podrán ser objeto de modificación en su resolución definitiva, precisamente cuando juzgador de lo familiar, cuente con los elementos de prueba suficientes para advertir las necesidades de los acreedores, conforme a la reseñada dualidad y respecto de los parámetros establecidos en los citados numerales, de modo que no habrá de atenderse a esa norma tasada de manera aislada, sino de que de manera sistemática habrá de atenderse a dichos normativos para la fijación del monto de la pensión conforme a los elementos de contraste mencionados y que se obtengan de las circunstancias particulares de cada caso, a efecto de que la medida alimentaria sea eficiente y no genere un desequilibrio en torno al derecho que se pretende proteger. Los conceptos de violación identificados con los números romanos I y II, en los que refiere que la resolución reclamada la autoridad responsable transgrede en su perjuicio el principio de proporcionalidad previsto en el numeral 4.136 del Código Civiles del Estado de México, ya que decreta una pensión a su cargo del 50% de su salario, lo que afecta su economía; y que si bien la autoridad responsable cuenta en esta etapa procesal con la documental necesaria e idónea, como lo es su constancia laboral para fijar proporcionalmente una pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo, lo cierto es que fuera de toda proporcionalidad y equidad, desatiende lo establecido en el artículo 5.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, fundándose en una desatinada facultad discrecional y basada en una percepción subjetiva, son inoperantes. Ello es así, ya que la parte quejosa únicamente realiza dichas afirmaciones, pero no expone por qué jurídicamente debe considerarse de esa manera, esto es, no expresa qué situaciones particulares soslayó o dejó el juez responsable de tomar en consideración, basándose únicamente en su facultad discrecional; pues aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que para el análisis de los conceptos de violación basta con expresar la causa de pedir, ello no significa que los gobernados puedan realizar simples afirmaciones, sin sustento, como las que propone el quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 185425, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Diciembre de 2002, materias Común, página 61, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO". En relación al motivo de inconformidad identificado con el número III, en el que refiere que la responsable transgrede lo dispuesto en el último párrafo del artículo 4.138 del Código Civil del Estado de México, dada la inexacta aplicación del mismo, pues tal hipótesis se refiere cuando los ingresos del deudor alimentario no sean comprobables como se desprende de las propias actuaciones, y aun así el juez le fija una pensión provisional desproporcional e inequitativa, es ineficaz por los motivos que se pasa a exponer. El artículo 4.138 del Código Civil para el Estado de México, contiene el principio de proporcionalidad el cual se aplica para fijar pensión alimenticia provisional o definitiva, ya que los alimentos deberán ser proporcionados de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario y de las necesidades de quien debe recibirlos. Así en la resolución aquí impugnada, contrario a lo manifestado por el quejoso en sus conceptos de violación en el presente asunto no se transgreden sus derechos fundamentales pues aun cuando no se recabó medio de prueba alguno con el cual se acreditara la capacidad económica del acreedor alimentario, ello obedece a que en principio dicha carga probatoria corresponde al demandante solicitante, y en caso de que ello no se demuestre, el artículo 5.43 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que la pensión alimenticia se fijará en salarios mínimos, sin que pueda ser inferior a uno, circunstancia que sólo se permite tratándose del auto admisorio, ello en virtud de que en la prosecución del procedimiento, el deudor alimentario se encuentra en aptitud de acreditar su capacidad económica y en su caso, solicitar una reducción atendiendo a los medios de convicción que se ofrezcan, o bien se recaben de manera oficiosa en caso de ser necesarios. Ello en virtud de que la finalidad de fijar una pensión alimenticia en el auto que le da entrada a una demanda donde se peticione dicha circunstancia, es con la finalidad de asegurar la subsistencia del acreedor, por lo que en ese momento, es suficiente la acreditación del parentesco con el deudor alimentista; la cual será revisada por la autoridad en la audiencia inicial en la etapa de medidas provisionales, como de forma acertada lo estableció la responsable, pues de lo contrario se incurriría en el riesgo de que aquél quedará en estado de insubsistencia durante la tramitación del juicio. Asimismo, es necesario precisar que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera se determina sin audiencia, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que hayan aportado las partes en el juicio y los que de oficio se haya allegado el juzgador, que sean necesarias para conocer las particularidades del caso, pues es hasta entonces cuando estará en condiciones de normar su criterio. Consideraciones que fueron determinadas en la jurisprudencia 1ª./J. 57/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007719, materia civil, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 575, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ)". En la ejecutoria que le dio origen concluyó que las pruebas para fijar el monto de la pensión alimenticia deben recabarse durante el procedimiento con la finalidad de que sean tomadas para la pensión alimenticia definitiva que se fije en la sentencia correspondiente, de igual forma precisó que la pensión alimenticia provisional se determina con base en la información con que se cuenta al momento de la presentación de la demanda, de ahí que se estime correcta la determinación de la responsable de confirmar el auto impugnado, donde se fijó como pensión alimenticia a su cargo el 50% de su salario. Asimismo, en todo caso, será hasta que se dicte sentencia definitiva cuando pueda modificarse dicha medida provisional, o también la misma podrá revisarse de oficio por la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 5.45 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, por lo que con ello tampoco se transgreden sus derechos humanos. Esencialmente será hasta la sentencia definitiva cuando se fijen los montos para el pago de alimentos conforme a la capacidad económica del deudor y las necesidades de la menor, pues se contaran con mayores elementos de prueba para determinar tal situación, con base en los principios y necesidades de quien debe cubrirlos y necesitarlos. De igual manera, se aprecia que hasta este momento de manera presuntiva se advierte que el deudor tiene capacidad para cubrir los alimentos de su menor hijo, como se advierte de la constancia laboral, y dada la presunción legal de necesitar los alimentos que establece el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, fue que la autoridad responsable actuó en tal sentido. Luego, contrario a lo aducido por el impetrante de amparo, hasta ese momento procedimental, existe una proporcionalidad entre el pago que realizara por concepto de alimentos, ya que la responsable fijó el porcentaje con lo medios convictivos que en ese momento tuvo a la vista y con los argumentos que expuso en su escrito de demanda la solicitante, sin que sea obligatorio, como se estableció, requerir mayor medio de prueba para su determinación, ya que también al momento de decretar los alimentos deben atenderse las necesidades básicas del deudor y acreedor y no fijarlas de manera caprichosa, motivo por el cual fijó la cantidad del cincuenta por ciento de sus percepciones. De ahí que tampoco la autoridad haya dejado de aplicar los principios de exactitud y dirección del proceso previstos en los artículos 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, y con ello la garantía de debido proceso contemplada en el numeral 14 constitucional, dado que la resolución reclamada se encuentra debidamente ajustada a derecho, pues es claro que el juzgador responsable explicó las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para emitir el acto reclamado, con lo cual adecuó los motivos aducidos a las normas aplicadas al caso concreto. Debe decirse, que al tratarse de una medida provisional, está por tramitarse el juicio en donde habrán de probarse entre otras cosas, la necesidad del acreedor y la posibilidad de satisfacerla por parte del deudor alimentario, por tanto es en el juicio que se llevará para debatir sobre dicho derecho, donde deben analizarse plenamente las pruebas para determinar esa necesidad y esa urgencia, y en la medida precautoria únicamente deberá desahogarse prueba que racionalmente convenza al juzgador de la necesidad de percibir alimentos y de su urgencia, como se actualizó en la especie. Sirve de apoyo la tesis II.3o.C.71 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el con registro digital 173721, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1378, de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI EL DEUDOR ALIMENTARIO NO ESTÁ CONFORME CON EL MONTO IMPUESTO DEBE IMPUGNARLO A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE REDUCCIÓN RELATIVO POR SER EL MEDIO IDÓNEO PARA LOGRAR ESA DISMINUCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". Así, la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; la cual es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos. En las relatadas consideraciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ************************, en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, por lista a la tercero interesada y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe. Doy fe."
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