Humberto Roa Ramirez
Expediente 313/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Humberto Roa Ramirez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto dictado el diez de marzo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo presentada por el quejoso ********** sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea y firmada mediante ******* no así por el quejoso directo *********, contra actos del Congreso del Estado de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 313/2017. Atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente, con una impresión de la demanda y de sus anexos, relacionándose en el sistema y procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Con relación a la solicitud que hace la parte quejosa en el proemio de su demanda, esto es, "que dicho juicio se lleve en línea"; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que el párrafo sexto del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 1/2013 y 1/2015, únicamente establecen que en cualquier caso, en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, empero, no existe disposición que regule el juicio en línea. De tal guisa, que se hace de su conocimiento que el presente asunto se llevará en ambas formas y así podrá consultarse a elección. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 6° El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la demanda presentada en línea, se desprende que Humberto Roa Ramírez, es el quejoso directo, esto es, quien pretende promover el juicio de amparo; sin embargo, de los anexos, concretamente, constancia de firma electrónica "FIREL", se advierte que **********, firmó electrónicamente el ocurso de cuenta, no así el propio quejoso; además, es requisito indispensable de los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, la utilización de la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, la demanda de cuenta al ser firmada electrónicamente por el autorizado, y no por el quejoso directo, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción; en tanto que su firma (en este caso, electrónica FIREL) y no la de su autorizado, constituiría la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional. Sirve como criterio orientador, la tesis III.4o.T.14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2361, tomo IV, noviembre de dos mil dieciséis, número de registro 2013100, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL).Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Asimismo, de la demanda y de los anexos, se advierte que, no se actualiza algunos de los supuestos legales para que sea signada por un tercero a su nombre, tal como (ejemplificativamente) establece el artículo 6 de la Ley de la Materia, esto es, que sea promovida por algún representante o apoderado, o bien, que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo el interesado directo, además, su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita; o tampoco en alguno de los supuestos del numeral 15 del mismo ordenamiento. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con artículo 6, ambos de la Ley Reglamentaria, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por HUMBERTO ROA RAMÍREZ. Es aplicable, la tesis VI. 2o. 692 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en la página 435, tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, número de registro 209959, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otro lado, se tiene a quien promueve señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Monte Etna número 117, segunda sección de Arboledas, de esta ciudad; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Fernando Julio Roa Hernández, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como profesionista del derecho debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Toda vez que se desechó la demanda de cuenta, notifíquese personalmente el presente proveído en el domicilio que se señaló para tal efecto, y los ulteriores acuerdos, con datos de FIREL usuario luis.roa, correo electrónico luis.fernando.roa@gmail.com, con excepción de los proveídos que se deban notificar de forma personal. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en caso de que así fuera necesario, atento a la modalidad en que se promovió la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENDO DEL AUTO DE DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida en línea y firmada mediante ******* no así por el quejoso directo *********, contra actos del Congreso del Estado de Guanajuato, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 313/2017. Atento a que la demanda de amparo se recibió en línea, fórmese el expediente electrónico e impreso respectivamente, con una impresión de la demanda y de sus anexos, relacionándose en el sistema y procédase a la digitalización de las constancias que se presenten en forma material; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. Con relación a la solicitud que hace la parte quejosa en el proemio de su demanda, esto es, "que dicho juicio se lleve en línea"; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, en razón de que el párrafo sexto del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 1/2013 y 1/2015, únicamente establecen que en cualquier caso, en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, empero, no existe disposición que regule el juicio en línea. De tal guisa, que se hace de su conocimiento que el presente asunto se llevará en ambas formas y así podrá consultarse a elección. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 6° El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la demanda presentada en línea, se desprende que Humberto Roa Ramírez, es el quejoso directo, esto es, quien pretende promover el juicio de amparo; sin embargo, de los anexos, concretamente, constancia de firma electrónica "FIREL", se advierte que **********, firmó electrónicamente el ocurso de cuenta, no así el propio quejoso; además, es requisito indispensable de los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información, la utilización de la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, la demanda de cuenta al ser firmada electrónicamente por el autorizado, y no por el quejoso directo, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción; en tanto que su firma (en este caso, electrónica FIREL) y no la de su autorizado, constituiría la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional. Sirve como criterio orientador, la tesis III.4o.T.14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2361, tomo IV, noviembre de dos mil dieciséis, número de registro 2013100, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL).Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Asimismo, de la demanda y de los anexos, se advierte que, no se actualiza algunos de los supuestos legales para que sea signada por un tercero a su nombre, tal como (ejemplificativamente) establece el artículo 6 de la Ley de la Materia, esto es, que sea promovida por algún representante o apoderado, o bien, que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo el interesado directo, además, su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita; o tampoco en alguno de los supuestos del numeral 15 del mismo ordenamiento. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61, en relación con artículo 6, ambos de la Ley Reglamentaria, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, promovida por HUMBERTO ROA RAMÍREZ. Es aplicable, la tesis VI. 2o. 692 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en la página 435, tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, número de registro 209959, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otro lado, se tiene a quien promueve señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Monte Etna número 117, segunda sección de Arboledas, de esta ciudad; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis Fernando Julio Roa Hernández, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como profesionista del derecho debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Toda vez que se desechó la demanda de cuenta, notifíquese personalmente el presente proveído en el domicilio que se señaló para tal efecto, y los ulteriores acuerdos, con datos de FIREL usuario luis.roa, correo electrónico luis.fernando.roa@gmail.com, con excepción de los proveídos que se deban notificar de forma personal. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en caso de que así fuera necesario, atento a la modalidad en que se promovió la demanda de amparo.
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