Humberto López Martínez

Expediente 1079/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1079/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Humberto López Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de quince de noviembre de dos mil veintidós, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiese realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Desechamiento de la demanda. Este juzgado advierte que se materializa el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la ley: De la interpretación de estos preceptos se obtiene que el amparo es improcedente cuando así lo establezca la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso, se advierte que: i) la demanda de amparo se presentó de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; ii) en el escrito de demanda no aparece ningún signo gráfico efectuado por la parte quejosa *********; y iii) la demanda fue firmada electrónicamente por una diversa persona, *********. En esa tesitura cabe referir que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó las jurisprudencias P./J. 32/2018 (10a.) y P./J. 8/2019 (10a.) en las que dispuso que cuando la demanda de amparo sea presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pero que no sea firmada electrónicamente por la persona quejosa, ya sea que carezca totalmente de firma alguna, o bien, que sea firmada pero por una persona diversa a la parte promovente como lo puede ser un autorizado procesal, dichas circunstancias hacen procedente el desechamiento de la demanda, debido a que resulta en la inexistencia de uno de los principios rectores del juicio constitucional, el de instancia de parte agraviada, ello debido a que no puede apreciarse la manifestación expresa de la voluntad de la persona quejosa para instar el juicio aludido. A excepción que se reclamen actos de los previstos en el artículo 15 de la ley, pues en dicho caso la demanda sí puede ser presentada por una persona distinta a la quejosa o carecer de firma electrónica. Dichos criterios expresan: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En consecuencia, conforme a lo expuesto en los criterios jurisprudenciales citados (cuya observancia es obligatoria para este juzgador con base en los fundamentos aludidos anteriormente), se advierte que lo procedente es desechar la demanda de amparo, ya que la misma carece de firma electrónica por quien presuntamente es la parte agraviada, sin que tampoco se hayan estampado signos gráficos en la misma y tampoco se está ante la presencia de actos reclamados de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Debido a lo que antecede, existe imposibilidad para pronunciarse sobre el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como los autorizados señalados en la demanda de amparo. Lo anterior, pues el desechamiento de la solicitud descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte promovente; ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, lo que se hace extensivo al señalamiento del domicilio y autorizados. No obstante, para el único efecto de notificar el desechamiento, practíquese por medio de lista. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado.

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