Humberto Peñuelas Pelgo

Expediente 1253/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1253/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Humberto Peñuelas Pelgo
  • Juez de Control Especializado En Tecate, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCIÓN III, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE QUE EN SINTESIS DICE: SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    Se ordena notificar por estrados. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Humberto Peñuelas Pelgo, el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que en la misma se exponen. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar al quejoso en comento, por lista de acuerdos tanto el aludido proveído de veinticinco de octubre del año en curso, este auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    hago constar que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se practica la notificación de los proveídos de veinticinco de octubre y ocho de noviembre de este año al quejoso Humberto Peñuelas Pelgo, en el juicio de amparo 1253/2019-III, por medio de lista de estrados, mismos que en síntesis dicen: "Radicación. Vista la demanda de cuenta fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1253/2019-III. Requerimiento al quejoso. Tomando en consideración que del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Humberto Peñuelas Pelgo, no cuenta con un defensor que lo represente en esta instancia constitucional, previo a pronunciarse sobre la admisión o no de la misma, se estima necesario que, a fin de no dejar en estado de indefensión al peticionario del amparo y a efecto de que cuente con un asesor jurídico que lo represente en esta instancia constitucional, se le prevenga para que designe un abogado. Por tal motivo, se previene a Humberto Peñuelas Pelgo, para que al momento de la notificación de este proveído o dentro del plazo de tres días legalmente computado, nombre un defensor que lo represente en este juicio de amparo. Apercibimiento. Con el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 187/2017, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro electrónico 2020495, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja". Notificaciones al quejoso. Dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que todas las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo, con la entrega de la copia correspondiente, se realicen personalmente al impetrante de amparo en dicho centro penitenciario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.C.27 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2016464, Tomo IV, marzo de 2018, materia común, página 3424, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones." "Se ordena notificar por estrados. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Humberto Peñuelas Pelgo, el acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por los motivos que en la misma se exponen. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso a) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar al quejoso en comento, por lista de acuerdos tanto el aludido proveído de veinticinco de octubre del año en curso, este auto, así como los subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto."

  4. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte quejosa JUAN ERNESTO ROMERO AMEZCUA, no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de dieciséis de octubre del año en curso, dictado en el Juicio de Amparo 205/2018-V, del índice de esta Juzgado, al mencionado quejoso., mismo que en síntesis dice "...se advierte que existe documentos originales y copias certificadas exhibidas por la parte quejosa, hágase de su conocimiento que a partir de ese momento quedan a su disposición para su devolución, con el apercibimiento que de no acudir a recogerlos dentro del lapso de noventa días hábiles dicha documentación serán destruidos...

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