Hulver Noriega Tavira
Expediente 1169/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1169/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/03/2021
Partes del expediente
- Hulver Noriega Tavira
- Direccion General de la Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Delegado de la autoridad responsable Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto y remite las constancias con lo que acredita lo requerido por auto de quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, así como con el informe enviado por el Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vías de cumplimiento. Agréguense a los autos los oficios que remiten el Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad; ténganse por recibidas las constancias que refiere la autoridad citada en primer término, a las que adjunta la resolución dictada con veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, tomando en consideración que la referida autoridad manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar a la quejosa en el domicilio procesal por lo que solicitó que dicha resolución le fuera notificada por medio de este juzgado. Por tanto, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/99 de rubro: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO"; notifíquesele de manera personal a la parte quejosa la resolución que remite la responsable. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, toda vez que en auto de quince de febrero de la presente anualidad se tuvo como autoridad vinculada al cumplimiento al Subdirector de Atención a Usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió al Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, atendiera la ejecutoria dictada en los términos precisados endicho auto y remitiera las constancias con las que se demuestre haberse dado cumplimiento al fallo protector emitido el presente asunto, sin que hasta el momento lo haya hecho, en consecuencia se le requiere de nueva cuenta, para que dentro del plazo de veinticuatro horas legalmente computado, informe el cumplimiento dado al fallo protector en los términos precisados en la sentencia emitida en el presente asunto, requeridos en auto de quince de febrero pasado. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento para la autoridad que de no acatar lo antes precisado, esto es, de no informar, ni remitir las constancias conducentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la precitada ley, le será impuesta multa de cien días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Informes de cumplimiento a sentencia. En ese orden agréguense a los autos para que obren como correspondan, los oficios y anexos que remiten el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y el Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, ambos en esta ciudad; y atento a su contenido, se les tiene informando sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo en este asunto. Asimismo, el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, manifiesta bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad para notificar a la parte quejosa en el domicilio procesal, debido a que su autorizada se negó a recibir la notificación y refirió que en todo caso ésta le fuera notificada por medio de este juzgado. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexos que remite el Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dése vista a las partes y de forma personal a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo, a excepción de la parte quejosa, deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Sin embargo, el procedimiento para que causara estado la determinación aludida se encontraba suspendido; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, que se sustentó en los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, todos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y, en consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Y toda vez que en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso en los siguientes términos: ''SEXTO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el efecto de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es el siguiente: La autoridad responsable Dirección General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, dentro de las facultades que la ley le concede y en forma congruente a lo solicitado, deberá dar respuesta de inmediato a las peticiones realizadas por el quejoso Hulver Noriega Tavira el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Una vez hecho lo anterior, deberá notificar al quejoso la respuesta recaída a las referidas peticiones. Cabe aclarar, que la concesión del amparo no implica que se deba responder de forma favorable a los intereses de la parte quejosa." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector. Requerimiento al superior jerárquico. Igualmente, de conformidad con el artículo 192, párrafo tercero, de la ley de la materia, requiérase al Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en su carácter de superior jerárquico del Director de dicha comisión, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, realice las gestiones conducentes y conmine a la responsable citada con antelación, para que dé cumplimiento a la ejecutora de amparo, debiendo demostrar ante este órgano jurisdiccional que dio la orden conducente. Apercibimiento. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos, en el que se le hizo del conocimiento que para el caso de incumplimiento al fallo protector se impondría una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico no sólo se constriñe a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste le envíe recordatorios o comunicados pidiéndole que cumpla con el mismo, sino que debe de hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme las disposiciones aplicables puede formular e imponer a su subalterno para conminarlo a cumplir con el fallo protector, ello a fin de una pronta y expedita administración de justicia. Apercibimiento. Apercibidos que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá a cada una de las autoridades antes mencionadas una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, del libro doce del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, de noviembre de dos mil catorce, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese personalmente.
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