Humberto Moises Carrillo Lopez
Expediente 1036/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1036/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Humberto Moises Carrillo Lopez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 357/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno respecto de su contenido, siendo que mediante proveído de veintitrés de junio del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, y en acuerdo de trece de los corrientes, en términos del artículo 214 de la ley de la materia, se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia del auto que sobreseyó este juicio fuera de audiencia, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintitrés de junio de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, en ausencia del titular, con sede en esta ciudad, junto el anexo que adjunta; ahora bien, del contenido del informe justificado, la responsable manifiesta que es cierto el acto que se le reclamaba, pero agregó, que no en los términos en los que reclamó la parte quejosa, ya que el expediente laboral 275/2017, no se encuentra para dictar laudo, sino en etapa de alegatos, por lo que el catorce de junio del año en curso concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos. Es decir, se encontraba transcurriendo el plazo de alegatos con fundamento en el artículo 150 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán; y con el propósito de verificar lo expuesto, anexó una copia certificada del acuerdo de catorce de junio del año en curso, en la que concedió a las partes el término de tres días para que presenten sus alegatos. Documentales a la que esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Ahora bien, en relación con los actos omisivos reclamados en una demanda de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de tesis 99/2018, señaló lo siguiente: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Del criterio anterior se puede advertir, que el Alto Tribunal determinó, que el juzgador de amparo en el capítulo de existencia del acto reclamado, debe analizar las manifestaciones de la autoridad responsable al rendir su informe, esto es, si niega la omisión reclamada, con la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, se debe verificar esta circunstancia, esto es, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución. Con ese marco de referencia y como quedó precisado, la junta responsable al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de la omisión reclamada, esto es, reconoció que no había dictado el laudo correspondiente; sin embargo, agregó que la omisión reclamada no era en los términos planteados por la quejosa, pues aún se encontraba transcurriendo el término para que presentaran sus alegatos las partes, y con el propósito de demostrar que esa omisión todavía no le era atribuible, remitió una constancia del juicio laboral como apoyo a sus manifestaciones. Del contenido de la jurisprudencia ya indicada, así como de las manifestaciones de la responsable al rendir su informe justificado, y del contenido de la constancia que remitió, consistente en copia certificada del acuerdo de catorce de junio de este año, mediante el cual, otorgó a las partes un término de tres días para la presentación de alegatos, por lo que se desprende que la omisión apuntada por el titular de la acción constitucional, es inexistente por las siguientes razones. Como se indicó en el párrafo inmediato anterior, del análisis realizado a dicha constancia se deduce, que la manifestación de certeza de la responsable en relación con la omisión alegada por la parte quejosa, de que no se ha dictado el laudo respectivo se debe en cierta forma, en la medida que el juicio laboral se encuentra en el término para presentar alegatos. Con base en lo anterior, es correcta la aceptación de la responsable de la omisión reclamada, pues no había dictado el laudo respectivo al momento de presentarse la demanda de amparo; sin embargo, si bien es cierto que la responsable admitió la existencia de la omisión del dictado del laudo correspondiente, también lo es, que el juicio de origen no se encontraba en la fase correspondiente para que se emitiera el fallo respectivo del que se duele la parte agraviada, sino en una etapa anterior. Como se advierte de lo narrado, la autoridad laboral no estaba en condiciones de emitir el laudo respectivo, toda vez que el procedimiento laboral de origen, no estaba en estado de resolución, pues incluso al momento de que la quejosa accionó este juicio constitucional, no se había otorgado un término para que presentaran las partes sus alegatos, pues esto aconteció hasta el catorce de junio de dos mil veintiuno, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado, pues se reitera, aun cuando la responsable aceptó la omisión apuntada, es decir, la falta del dictado del laudo respectivo, ello obedeció a causas no atribuibles, pues no se encontraba en la condiciones de emitirlo, ya que la etapa procesal hasta el momento de presentarse la demanda de amparo, era la del período de pruebas, tal como lo establece el artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, quedando pendiente otorgar un término para alegar, lo que ya aconteció, pero de forma posterior a la fecha de presentación del ocurso constitucional, que incluso, en este último momento procesal, tampoco se tenía las condiciones para emitir el fallo respectivo, pues de conformidad con el ordinal 150 de la citada ley, una vez transcurrido el término de alegatos, y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, la responsable podrá dictar laudo en la propia audiencia o fijará fecha y hora para la resolución del conflicto en un término que no excederá de un mes. En ese orden de ideas, es claro que al momento en que se presentó la demanda de amparo, que dio origen a este juicio, el procedimiento laboral se encontraba en la fase de conclusión de desahogo de pruebas, quedando pendiente de otorgar término para alegatos y un diverso plazo para el dictado del laudo, por tal motivo, es que la omisión apuntada por la parte quejosa, resulte inexistente. En las relatadas consideraciones, al resultar inexistente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por WENDY FABIOLA PALMA BARAHONA, quien se ostenta apoderada del directo quejoso HUMBERTO MOISES CARRILLO LÓPEZ, contra el acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce a la ocursante el carácter de apoderada del citad quejoso, en términos de la copia con firmas autógrafas de la resolución de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictado en autos del juicio laboral 275/2017, del índice de la citada autoridad responsable. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda; por tanto, dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que limita el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, los informes requerido podrán rendirlos vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad responsable ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Ahora bien, teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, por lo que respecta a la persona moral mencionada por el apoderado de la quejosa en el capítulo de terceros interesados, resérvese acordar lo relativo al carácter que le recae en este juicio, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las pruebas documentales que la apoderada del quejoso anexó a su demanda de amparo, las cual serán valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizados a las personas que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y sus autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, la parte quejosa proporciona los nombres de usuario "elomendez" "Eileen" "Grisel-iveth" y "LPR24", para el acceso y consulta del expediente electrónico; por tanto, se acuerda de conformidad la solicitud de la parte promovente, y se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa, a través de los citados usuarios, por lo que podrá promover en el mismo con sus nombres de usuario. En el propio tenor, de la lectura del escrito de cuenta se advierte que existe solicitud expresa del referido quejoso, para recibir notificaciones vía electrónica; en consecuencia, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y los artículos 39 y 55 párrafos segundo y tercero del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena realizar a la parte quejosa las notificaciones personales inherentes a este asunto por medio de los usuarios "elomendez" "Eileen" "Grisel-iveth" y "LPR24" Hágase lo anterior conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), téngase como dirección de correo electrónico de la parte quejosa, así como su número de celular, el proporcionado por la promovente en su demanda de amparo; ello a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la referida Ley de Amparo.
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